"Todavía falta mucho para que dejemos de morir antes de los 40"

por Revista Cítrica
Fotos: Vicky Cuomo
31 de marzo de 2021

Martina Ansardi, activista por los derechos de las personas trans e integrante de la agrupación La Nelly Omar, reflexiona sobre las deudas que acarrean los gobiernos y el Estado con respecto a los derechos del colectivo travesti trans.

Por Martina Ansardi*

Hay todo un aparato social que está hecho para invisibilizarnos y estigmatizarnos. La visibilidad del colectivo travesti trans no solamente significa mostrarnos, sino también que nuestra historia, la historia de los colectivos vulnerados, que es lo más importante que tenemos en materia social, aparezca también en los libros, en los medios de comunicación, porque no estamos en ninguna parte del relato histórico de la Argentina. 

Hace muy poco que se empezó a hablar de la historia del colectivo travesti trans. El libro del Archivo de la Memoria Trans es un trabajo enorme que hicieron compañeras archivistas que primero se capacitaron y pudieron rescatar las historias de cada de cada foto recuperada, de sus propios archivos y de los archivos de la Biblioteca Nacional. 

Recuperar esa historia da cuenta de algo que venimos diciendo hace varios años, y es que en el colectivo travesti trans venimos sufriendo un genocidio. Parece grande la palabra, pero, si vamos a los términos internacionales de lo que significa la palabra genocidio -un plan sistemático por parte de un Estado para la eliminación de un grupo de personas ya sea por motivo de creencia, raza, religión- es nuestro caso. La realidad es que el colectivo travesti trans ha sufrido un plan sistemático de eliminación y eso se refleja en la historia, los códigos contravencionales que hasta el 95 estuvieron vigentes, así como las leyes que prohibían hasta  2012 las cirugías de cambio de sexo y cómo las compañeras eran encarceladas solamente por salir de la casa a comprar pan. 

El colectivo travesti trans ha sufrido un plan sistemático de eliminación.

Todo eso lleva a una un nivel de vulneración tal que hace que nuestros cuerpos sean sobrevivientes y tengan las marcas de esa historia en nuestro país y en nuestro continente, de intento de eliminación de nuestras vidas. Una de las consecuencias de esto es que la expectativa de vida del colectivo es de 35 a 40 años. Queremos mostrar todo lo que sucedió en la historia de nuestro colectivo para que no vuelva a suceder y para que las nuevas generaciones puedan vivir mejor y puedan sentirse representadas por otra historia, otras referentes a las que se puedan parecer, que puedan soñar con un futuro que no sea solamente el trabajo sexual o el show.

La pandemia nos llevó a una situación crítica y nos demostró que estar por fuera del sistema laboral formal, realmente te deja expuesta de una manera muy salvaje, que te puede llevar a la muerte incluso. Hay un problema muy grande a resolver que es el acceso al trabajo formal.

El decreto de Cupo laboral Trans vino a resarcir algo, pero aún falta que las instituciones estatales se pongan a trabajar. El decreto ya está, el reglamento también, pero las instituciones estatales no lo pusieron en práctica. Tienen que relevar cuántos puestos hay y pedir los perfiles al Ministerio de Mujeres Género y Diversidad, que es el encargado de enviarlos para que se hagan efectivas las contrataciones y lo tienen que pedir a cada organismo y a los municipios.

Sin embargo, no alcanza con el cupo, necesitamos que haya una ley de cupo e inclusión laboral para personas travestis y trans a nivel nacional para que esto ayude a resolver de base la problemática.  Sabemos que al decreto van a adherir las provincias que tengan una apertura a la temática, pero las que son más conservadoras no van a adherir y lo mismo va a pasar con los municipios. La ley es lo único que va a traer una real inclusión, también en el sector privado, que es lo que nos interesa, para que las compañeras puedan trabajar y tener la posibilidad de crecer en las empresas privadas. 

Foto: Agustina Salinas

Foto: Agustina Salinas

Otra de las cuestiones que falta es una reforma judicial feminista con conciencia social. Nosotras estamos absolutamente expuestas a los violentos, a los transodiantes sin ningún tipo de protección por parte del sistema judicial ni de las fuerzas de seguridad, porque esas instituciones están absolutamente sumidas en una lógica patriarcal, machista, transodiante, que nos deja absolutamente afuera de la posibilidad siquiera de hacer una denuncia.

Cuando llamamos a un móvil de la policía para que nos asista ante un hecho de violencia, no solamente la polícia actúa de la misma manera que actúa con todas las mujeres, que es minimizando la denuncia, culpándonos a nosotras por los hechos de violencia, sino que, además, tiene toda una carga transodiante que hace que encima quieran ir contra nosotras cada vez que hacemos una denuncia. Muchas compañeras que han denunciado un hecho de violencia terminan siendo ellas mismas denunciadas por violencia, por robo o lo que fuera, por la misma policía después. Ni hablar del aparato de salud que nos recibe cuando sufrimos violencia de género, que debería recoger pruebas y hacer la denuncia de oficio, pero no lo hace. Los procesos de las fiscalías, los procesos de recogida de las pruebas, todo esto está absolutamente manchado de trans odio, misoginia, típico proceso patriarcal de la Justicia. 

Nosotras estamos absolutamente expuestas a los violentos, a los transodiantes sin ningún tipo de protección.

Cuando llegamos a una instancia judicial, los jueces y los fiscales no tienen capacitación en género, no tienen bibliografía de base para poder encarar estos juicios con perspectiva de género. En cambio, los defensores de los femicidas y de los violentos que nos roban, nos matan, nos violan tienen precedentes para tirar para arriba, bibliografía para justificar en un juicio que lo que sucedió en teoría no es violencia de género. 

Los pocos fiscales que tienen perspectiva de género y las querellas, las abogadas a favor de las víctimas tienen que hacer malabares para hacerle entender a los jueces que aparte de violencia de género, hay un odio al colectivo travesti trans que quita derechos y que son agravantes cuando se trata de un delito de violencia contra nosotras. Como pasó con la sentencia por el travesticidio de Diana Sacayán, aceptaron el término transfemicidio, pero no aceptaron el odio al género. No aceptaron que la persona que la asesinó con tanta saña fue porque odiaba al género trans. Me parece que todavía falta mucho para que nosotras dejemos de morir a los 35 o 40 años. 

Ojalá empecemos a pensar ya en el derecho a la reparación histórica de nuestras trans adultas mayores, ellas no tienen la posibilidad de trabajar en ningún lado porque sus cuerpos ya tienen 60 años con suerte, pero parecen de 80 o 90 años por la violencia que sufrieron durante tantas décadas. Son personas que vivieron la dictadura y necesitan una reparación por el genocidio que sufrieron durante tantos años. Necesitamos políticas públicas y que la sociedad también esté a la altura de las circunstancias para poder discutirlas y para que las nuevas generaciones tengan la libertad de poder desarrollarse sin discriminación ni violencia, sea cual sea su identidad. 
 

* Activista por los derechos de las personas trans e integrante de la organización La Nelly Omar.

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