Un perseguido político por defender el territorio en Jujuy

Cuatro muertos en un año y medio, dos de ellas de adolescentes, exponen una trama más profunda que hechos aislados: comunidades terapéuticas sin habilitación, controles estatales ausentes y denuncias que no logran activar respuestas a tiempo. En esta nota se advierte sobre un sistema que encierra, vulnera y, cuando falla, deja morir.

Maxi Castillo estuvo siete años preso, desde que tenía 16. Creció en la calle, sufrió verdugueos, torturas y la represión policial dentro y fuera del sistema penal. Su vida, ahora, está en un libro de poesía. La abogada especializada en Prevención de la Violencia Institucional Tatiana Delgado lo entrevistó y analiza, a partir de su historia, cómo y por qué la baja de la edad de punibilidad no soluciona nada.

La Policía Bonaerense entró a la casa de José Luis Orellana sin orden de allanamiento, lo golpeó brutalmente delante de su esposa e hijas y se lo llevo detenido. No es la primera vez que pasa. Este hombre, con discapacidad intelectual, estuvo dos años preso por una causa armada. Fue absuelto, pero la persecución continua.

La Justicia bonaerense condenó a dos años de prisión a la oficial Vanesa Núñez por incumplimiento de su deber policial al no “supervisar” la celda en la que la joven, única detenida en la comisaría de Laprida, se ahorcó con su propia campera el 5 de junio de 2022.

En la Patagonia, la historia de Héctor Inalef y su familia expone otras formas de violencia durante la dictadura: detenciones sin registro, desalojos y vivencias que quedaron fuera del relato oficial.

Las 140 identidades restituidas son la bandera que con mayor orgullo sostienen las abuelas buscadoras de identidades robadas. La continuidad de ese camino de 48 años se prologa ahora en la generación de nietos y nietas.

Pensar los 50 años del Golpe de Estado en clave villera nos lleva al ejemplo de la lucha comunitaria de la Villa 21-24 de Barracas donde también se cumple medio siglo, en abril, de la desaparición de su primera Junta Vecinal. ¿Qué luchas de los 70 aún laten en los pasillos del barrio popular más extenso de Argentina? Los desalojos, los derechos ausentes, los curas tercermundistas, la organización de base y un bebé que siguen buscando.

La Retaguardia, medio de comunicación nacido en 2003, lanza “50 historias de juicios por la dictadura en Argentina”, un libro de dos tomos que recoge las vivencias sobre el horror contadas en los juicios contra genocidas y aliados. Aquí compartimos un adelanto.

A los 72 años, Ana Tapia no descansa. Activista desde la adolescencia y hoy referente en “Jubilados Insurgentes”, carga en su cuerpo las marcas de la represión y en su voz, la convicción de que envejecer con derechos es pelear todos los días. Su historia revela cómo la discriminación por edad, la pobreza y el derecho a la protesta se entrecruzan en la Argentina de hoy.

La abogada Claudia Cesaroni, militante antipunitivista, explica en diez puntos por qué el avance del Régimen Penal Juvenil es una medida demagógica, violenta y perjudicial para toda la sociedad argentina.

Entre la ausencia de datos étnicos en el sistema de salud y el impacto de la megaminería, los cuerpos de las mujeres mapuche enfrentan una violencia sistemática. Un análisis desde el territorio sobre el derecho a decidir y los abortos no deseados por contaminación.

La Red del Bajo Flores nos comparte una columna sobre las infancias y su acceso a espacios de recreación y educación. En medio de un nuevo debate por la baja de la edad de punibilidad, ¿qué sucede con lxs niñxs de barrios populares como la 1-11-14?

El Espacio Luciano Arruga fue el punto de encuentro militante para intercambiar experiencias y miradas sobre represión estatal, proyectos políticos y otros futuros posibles para el país gobernado por la ultraderecha. Y una invitación urgente a construir una “memoria dinámica”.

Con la excusa del riesgo de derrumbe y el peligro para sus habitantes, el Gobierno porteño avanza con una política de dejar a familias enteras en la calle. La Boca es el ejemplo claro de cómo opera una gestión que solo piensa la vivienda en términos de lucro para privados.

En 2019 una trabajadora del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) denunció por abuso sexual al directivo Carlos Alberto DebiaggI, además del adoctrinamiento económico que luego recibió por parte de las autoridades del organismo. Seis años después comienza el juicio oral contra el funcionario.

El asesinato de Gabriel González a manos de la fuerza porteña reaviva las denuncias por violencia institucional en los barrios populares. Testigos y familiares denuncian que la policía "cazó" a la víctima, plantó pruebas falsas y obligó a lavar la escena del crimen.

En Misiones, más de 130 comunidades viven en estrecha relación con el monte, fuente de alimento, medicina y espiritualidad. Pero su modo de vida ancestral se ve amenazado por el avance de empresarios y la falta de respuestas del Estado. Voces desde el territorio.

Los tres policías implicados en la muerte violenta de “Tino” John en Chubut fueron encontrados “no culpables” por un jurado popular de 12 miembros. Se consagró la impunidad tras cuatro años de un crimen que conmovió a la Comarca Andina.

“Ya es considerado el operativo más sanguinario de la historia de Brasil”, advierte desde Río de Janeiro la periodista Michelle de Melo. Más de 120 muertos, cuerpos mutilados y una política de seguridad que Amnistía Internacional define como “una política de muerte” marcan la masacre en las favelas de Penha y Alemão bajo el gobierno de Cláudio Castro.

El triple narcofemicidio de Lara, Brenda y Morena reveló la violencia cotidiana que atraviesa a las pibas de los barrios populares. Entre redes de narcotráfico, precarización y ausencia del Estado, sus historias muestran un patrón sistemático de explotación y abandono. Hacemos un recorrido por los hechos, el impacto mediático y la responsabilidad estructural, desde las villas hasta las calles de la política argentina.

La Cámara de Diputados de la Nación, en una decisión que resonó en las calles, rechazó los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica y al financiamiento de las universidades públicas. Esta votación, celebrada por miles de manifestantes, evidencia que, una vez más, la presión popular logró torcer el brazo del oficialismo.

Pablo Solarz es un argentino judío que integra la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda humanitaria a la población palestina. Desde Túnez, y con la noticia de que su velero no seguirá viaje, habla del genocidio israelí, la confusión que instalaron entre antisemitismo y antisionismo y la importancia de tomar partido.

La UTEP y organizaciones sociales se movilizaron contra el "abandono planificado" del gobierno en políticas de adicciones y salud mental. Denuncian el ajuste y la desfinanciación de programas claves para combatir las problemáticas de consumo.

Alrededor de 200 personas marcharon en una tarde fría por los derechos de la infancia y contra la impunidad de Claude Staicos tras el proceso judicial de custodia del menor M. Sin cobertura mediática, la protesta deja al descubierto cómo el control de los medios amenaza la democracia en Neuquén.

La comunidad disca se unió para rechazar el veto de Javier Milei que afectaba a sus derechos, logrando una victoria histórica en el Senado y declarando la emergencia en el sector.

Santiago Beltrán tenía apenas 15 años cuando su vida fue brutalmente arrebatada. El 29 de junio en Moreno, la Policía Federal lo baleó con siete disparos. Su tío, con el dolor a flor de piel, alzó la voz en la 11ª Marcha contra el Gatillo Fácil en Plaza de Mayo, denunciando no solo la muerte de su sobrino, sino el horror que se multiplica en cada vida que las balas del Estado apagan.

Cada año, el dolor y la rabia se convierten en un ritual de denuncia en Argentina. La Marcha contra el Gatillo Fácil convoca a miles de personas en Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades del país, uniendo a familiares y amigxs de víctimas de la violencia policial. Este año, la undécima marcha no fue la excepción: reunió a rostros conocidxs, como el de Emilia Vasallo, madre de Pablo “Paly” Alcorta, y a nuevas familias que se sumaron al dolor colectivo. Cada año, el listado de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad crece, y con él, el horror de la represión.

Diputados frenó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en discapacidad. Las familias y los colectivos que se congregaron afuera del Congreso lo festejaron como un gol. Ahora falta el partido en el Senado.

Florencia Fuertes coordina el Centro de Acompañamiento en consumos de la Villa 31. Desde esa experiencia, advierte cómo el neoliberalismo expulsa a miles hacia la intemperie y cómo la crisis económica golpea en la salud mental y las posibilidades de futuro. Mientras los datos del 3er Censo Popular revelan casi 12 mil personas viviendo en las veredas porteñas, Fuertes pone el foco en la deshumanización de las políticas oficiales y en el rol vital de los espacios comunitarios.

Sergio Maldonado presentó en la sede de la CTA Autónoma el libro en el que reconstruye las vivencias personales y familiares desde la desaparición de su hermano Santiago hasta nuestros días, siete años después del caso que todavía sigue impune.

El frío vuelve a matar en las calles, mientras el Estado mira para otro lado. Con cifras que escalan cada invierno, la sociedad puede hacer algo hoy: donar abrigo, exigir respuestas y romper la indiferencia. Un llamado urgente a la acción y una crítica frontal a la ministra Petovello por su inacción. La calle no es lugar para vivir, ni para morir congelado.

En el AMBA el 70% de quienes ejercen el periodismo gana por debajo de la línea de pobreza y más de la mitad debe tener dos o más trabajos para subsistir. La precarización, sumada a agresiones y hostigamiento oficial, configura un escenario crítico para la libertad de expresión. Con represión en las calles, violencia digital y medios asfixiados económicamente, informar se ha convertido en un acto de resistencia.

Entre perdigones que llegaron al rostro de un nene de nueve años y la solidaridad de un merendero, las escenas de represión en el barrio Santa María, en Bernal, ponen sobre la mesa la mezcla de violencias que se vive en los barrios más postergados del conurbano. El Estado no lleva alimentos a los comedores, pero sí balas.