La Policía Bonaerense entró a la casa de José Luis Orellana sin orden de allanamiento, lo golpeó brutalmente delante de su esposa e hijas y se lo llevo detenido. No es la primera vez que pasa. Este hombre, con discapacidad intelectual, estuvo dos años preso por una causa armada. Fue absuelto, pero la persecución continua.
El 13 de marzo José Luis Orellana, su pareja María Celeste Salinas y sus hijas ya habían comido, cuando José Luis salió al patio a fumar, Celeste se acercó porque escuchaba gritos, pero ya había empezada la pesadilla: entró la policía, sin orden de allanamiento, rompieron el portón, le apuntaron a José Luis y lo golpearon, causándole heridas en la cabeza.
Sus hijas menores de 7 y 10 años lloraban muy asustadas, así que su mamá se las llevó fuera del domicilio. Mientras los policías golpeaban salvajemente a Orellana y su hija mayor intentaba defenderlo, un policía de gran contextura física se le tiró encima a la nena.
La imputación a Orellana es por “resistencia a la autoridad”, sin embargo, al otro día, ya preso, le mostraron una medida cautelar de restricción perimetral por violencia de género hacia Celeste, su pareja, que manifiesta que lo denunció en enero porque él estaba alcoholizado y tiró su propio celular al piso. El juzgado de familia nunca antes de esa declaración notificó a Orellana de la restricción perimetral. La Fiscalía de Juicio y Flagrancia Nº 20, a cargo de Roxana Tornett, envió la citación a Celeste Salinas para el lunes 13 de abril, ella lo supo por la abogada defensora y se presentó a declarar, la citación nunca llegó.
Asímismo, consta en el expediente que una persona llamó al 911, a través de capturas de pantalla del sistema policial, en las que la misma fuerza manifiesta que no se constató violencia, sin embargo, José Luis sigue detenido desde hace un mes y el juez de garantías en lo penal número 2 Carlos Mariano González le negó ayer la excarcelación, en una audiencia solicitada por la defensora.
José Luis vive en San Miguel, provincia de Buenos Aires, es padre de tres nenas y está en pareja con Celeste desde hace 17 años. Ella tenía 14 y él 16 cuando empezaron a salir. Él tiene discapacidad intelectual y lleva un mes detenido. Otra vez la Policía Bonaerense irrumpiendo, con golpes y un accionar cargado de prejuicios. Otra vez, como hace 13 años.
Pánico por volver a la cárcel
José Luis Orellana ya vivió lo que es ser señalado por la policía y la connivencia judicial. El 24 de mayo de 2013 fue detenido por efectivos de la Comisaría tercera de San Miguel, acusado de asesinar al custodio de un supermercado chino, Miguel Angel Centurión de 51 años, en un presunto robo. La única testigo indicaba que quién lo cometió era menor de edad y tenía marcas en los ojos, que Orellana no tenía y ella no participó de la rueda de reconocimiento. Esta testigo también señaló que la persona tenía rasgos coya y José Luis fue el único de los cuatro que estaban en la rueda de reconocimiento que los tiene. Además, nadie pudo hacer un identikit de quién cometió el hecho.
Para completar la ineficiencia en la investigación, aunque lo detuvieron de inmediato, no le hicieron la prueba del dermo-test para buscar indicios de restos de pólvora en sus manos.
José Luis se pasó dos años preso. Durante ese periodo estuvo en cuatro penales donde fue víctima de robos reiterados, golpes con palos y fierros con punta. Su timidez lo hacía especialmente vulnerable. Intentó quitarse la vida varias veces y su estado de nerviosismo le provocó convulsiones, que no fueron atendidas en el penal.
La fiscal Roxana Cuttita lo acusó de Robo calificado en concurso con asesinato criminis causa y pidió perpetua. Luego de 2 años, el Tribunal oral número 6 lo absolvió. Organizaciones sociales se daban cita en la puerta del Tribunal, junto con su familia que nunca bajó los brazos, confiando en su inocencia.
Según manifestaban, todo San Miguel sabía quién era el asesino de Centurión. La gente indicaba a un joven apodado “melli”, que nunca fue juzgado. Así, el crimen de Centurión quedó impune y Orellana, preso injustamente durante dos años, no recibió resarcimiento alguno por el abuso en la prisión preventiva, que se produce habitualmente cuando se involucra a personas pobres.
La prisión preventiva seguida de absolución no genera automáticamente indemnización, hay que probar errores judiciales graves o actuación irregular del Estado. Litigar contra el Estado suele ser largo y costoso, y para las organizaciones sociales -que muchas veces acompañan estos casos- no es sencillo sostener este tipo de demandas.
Datos, no opiniones
Según un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional, en 2024 40,6% de las personas presas estaban sin condena en el Servicio Penitenciario Federal, es decir, con prisión preventiva. En 2025, bajó a 36,9%, pero sigue siendo un porcentaje alto, 1 de cada 3 personas detenidas no tienen condena. Si consideramos a la provincia de Buenos Aires, que es la jurisdicción con más personas privadas de su libertad, según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, en 2024 el 50% estaba presa sin condena y el promedio de prisión previa a la sentencia, era de 444 días. Entre las mujeres, el 55% está presa sin condena, entre las personas trans el porcentaje trepa al 61% y entre los varones baja al 48% .
La prisión preventiva se utiliza entonces como herramienta habitual del sistema y no se implementa como una medida cautelar, incurriendo así en muchos casos en los que personas inocentes permanecen en prisión durante períodos extensos e incluso durante tiempos más largos de la pena que les cabría de ser culpables.
No hay estadísticas sobre a cuantas de las personas que están detenidas sin condena, se absuelve, sin embargo, podemos inferir que el caso de Orellana es tan sólo un ejemplo de violencia institucional y de connivencia policial y judicial que colabora con la impunidad, la estigmatización hacia personas pobres y con discapacidad.
*Periodista especializada en discapacidad, género y derechos humanos.
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