Pensar los 50 años del Golpe de Estado en clave villera nos lleva al ejemplo de la lucha comunitaria de la Villa 21-24 de Barracas donde también se cumple medio siglo, en abril, de la desaparición de su primera Junta Vecinal. ¿Qué luchas de los 70 aún laten en los pasillos del barrio popular más extenso de Argentina? Los desalojos, los derechos ausentes, los curas tercermundistas, la organización de base y un bebé que siguen buscando.
Los inicios de la primera Junta Vecinal de la Villa 21-24 de Barracas tienen antecedentes desde 1975. Era una época de sucesivas organizaciones populares, asambleas, reuniones en torno a agrupaciones de izquierda como también peronistas. Además, los curas tercermundistas tenían un rol más allá de lo espiritual en los barrios precarios de la Ciudad de Buenos Aires. El sesgo político-territorial se extendía hace varios años en una coyuntura argentina muy complicada que tuvo su mayor etapa de oscuridad tras la llegada de la última dictadura militar, con el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Meses previos, la Junta ya estaba militando con sus actividades en el barrio sin saber que, para el 29 de abril de ese mismo año, sus responsables serían secuestrados, asesinados y/o desaparecidos.
En esa búsqueda estaban las vecinas María Ester Peralta, Oscar Zalazar, Teodoro Urunaga y Ricardo Gamarra Ortíz. Sus destinos se cruzaron en tiempos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas pero sus intenciones, lejos del famoso “algo habrán hecho”, no iban más allá de dignificar el barrio donde crecían sus hijos. Hoy mismo, en los pasillos por donde caminaron, todavía muchas de sus luchas son derechos básicos pendientes en esta que es la villa más extensa del país.
“Martita”, como le decía su padre a Marta Urunaga, tenía cinco años cuando en la madrugada del 29 de abril un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió a golpes en su casa de la villa. Engañaron a la familia diciendo “¡soy Ricardo!” para que abrieran la puerta y, ya adentro, pusieron contra la pared a su mamá, a su papá Teodoro Urunaga (presidente paraguayo de la Junta) y a dos tíos adolescentes. Mientras ella miraba sin entender, su hermanito bebé lloraba en otra habitación. A sus 54 años todavía recuerda una escena que no pudo borrar: uno de los hombres entró al cuarto y le puso un revólver en la boca al bebé como amenaza. Esa noche se llevaron a su papá y nunca más volvió.
Gladys Zalazar (hermana de Oscar Zalazar y cuñada de María Ester Peralta), por otra parte, milita con Abuelas de Plaza de Mayo buscando todavía a ese bebé que llevaba cinco meses en la panza de María. “Este año estaría cumpliendo 50 años”, dice. “Mi hermano militaba desde los 15 años en Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional (JAEN). Fue impresionante su actividad por la corta edad que tenía, 21 años. Estudió mecánica, era mecanógrafo también, pero en el barrio supe que hacía varias cosas de electricidad y apoyo escolar”.
“Estábamos dispuestas a morir antes que entregar nuestra casa”, nos dice Celia González, una referenta histórica de este barrio, a propósito de los 50 años de la desaparición de toda esa Junta. Porque el hilo conductor de la persecución de los militares contra las villas era el constante desalojo de obreros que buscaban asentarse cerca de sus zonas de trabajo para llevar el pan a sus familias. Mientras tanto, con las casas de lona y de madera, había que tener agua, luz y documentos en orden para laburar como también aprender a leer y escribir o que los niños tuvieran apoyo escolar.
Las voces de las familias que pueden o quieren hablar nos ayudan a reconstruir las secuelas que dejó en los vecinos y vecinas la última dictadura. Pero también son un paso para entender que hay una memoria abierta, villera, que todavía lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia desde diferentes rincones. Es, tal vez, lo duradero y lo que más une a la Villa 21-24 con el paso de los años. Un puente generacional que incluso hoy se vuelve trinchera frente a tanto negacionismo.
Celia, la memoria viva
Celia González es una de las referentes que siempre está para conversar, para sembrar memoria en tiempos adversos. Cada marcha de antorchas la encabeza contando la historia de la Junta y también de las resistencias villeras de los ‘90 y 2000. Llegó de Misiones a Buenos Aires con 17 años, en 1972, para juntar plata por un año y volver. "Me llamó la atención que estábamos a diez minutos de la Casa de Gobierno y el barrio era enorme, con todas sus casillas precarias y necesidades. Pero también me encantó que estuviera llena de paraguayos, me hacía sentir más cerca de mi provincia", dijo.
Se integró a la militancia con la alfabetización. Como oriunda de tierras guaraníticas, le fue más fácil comunicarse con los migrantes que se asentaron en la 21-24. Muchos no estaban alfabetizados y solo hablaban guaraní. Allí conoció a miembros de la Junta Vecinal y al Padre Daniel de la Sierra, cura tercermundista que seguía la misma doctrina religiosa y política que el Padre Mugica en la Villa 31.
"La Junta nació de una necesidad. Ir a una ferretería a pedir palas, carretillas o lo que fuera requería institucionalizarse como vecinos, con un sello, para decir quién estaba pidiendo eso. Lo mismo para cualquier exigencia al Gobierno”, contó Celia. Recuerda también un desalojo: un policía gritó: '¡El 2 de enero del '80 no va a quedar ni el polvo de la villa!' (en referencia al Plan de Erradicación de Villas coordinado por el gobierno militar de Cacciatore). Daniel de la Sierra me dijo: 'Anda mujer, pregúntale cómo va a hacer para que no quede nada de la villa'".
Los desalojos eran comunes. "¿Qué hacíamos las mujeres? Nos metíamos dentro de las casas con los chicos y unas pocas se quedaban en la puerta para desafiar a quien viniera. Decíamos que estábamos dispuestas a morir antes que entregar nuestra casa".
En sus recuerdos están la primera canilla comunitaria, las casillas de madera frágil, los tendidos eléctricos iniciales, la presencia de militares y el miedo constante. Pero nunca se quebrantó su compromiso político.
"Los integrantes de la Junta fueron secuestrados el 29 de abril y aparecieron el 7 de mayo del '76 en el Parque Centenario: acribillados. Los medios dijeron que fueron a atropellar una comisaría, pero no era así. María Peralta, todavía desaparecida, estaba embarazada de cinco meses. Seguimos buscándola y a su bebé", contó.
La página oficial de Abuelas señala que María Ester estuvo secuestrada en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Puente 12, denominación que simplifica el nombre División Cuatrerismo/Brigada Güemes. La hermana de María Ester, Isabel Peralta, reconstruyó bastante de esto. El juicio de 2024 no fue muy favorable, a pesar de que es un espacio que dependía de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz. No se tiene mucha más información que aquel niño o niña -tal vez- haya nacido en Puente 12 entre agosto y noviembre del ‘76.
Desde mediados de los ‘90, la historia oral alimenta la Comisión de DDHH del barrio: “Surgió para luchar contra la violencia institucional y el gatillo fácil. En reuniones de vecinos y organizaciones se decidió su creación”, dicen desde la Comisión. Con participación de vecinos y organizaciones, instalaron zócalos en memoria de los desaparecidos, cambiaron nombres de pasillos, organizaron ollas y murales que reconstruyen la memoria año tras año.
Este 29 de abril se harán actividades educativas y artísticas por los 50 años de la desaparición de la Junta. Organizaciones sociales, políticas, religiosas y autoconvocados preparan un festival y una caminata con velas en pedido de Memoria, Verdad y Justicia. Como cada año, se suman consignas históricas, murgas, comidas y músicos.
En la retina de Celia, aquel abril de ‘76 queda el horror que no queremos que Nunca Más se repita. "La camioneta del Ejército decía: '¡Apaguen las luces y encierren los perros!'. Todo el mundo se metió adentro pero yo miré por la mirilla porque oía gritos”, recordó. Y trajo al presente la brutalidad de la dictadura en los barrios populares: “Vi cómo sacaban a Ricardo Gamarra por el pasillo, pateándolo y a los gritos. Fue la última vez que lo vi con vida. Después fueron a las otras casas y desaparecieron al resto también".
¡Los Derechos Humanos se defienden!
Traer al 2026 las causas de Ricardo Gamarra Ortíz, Oscar Zalazar, María Ester Peralta y Teodoro Urunaga es una tarea constante en la Villa 21-24/Zavaleta. El negacionismo, el chicaneo de “zurdos de mierda”, el estigma y los discursos de odio no terminan en las redes o en los medios. También aparecen en nuestros pasillos cuando algunos vecinos aplauden la represión a jubilados, acosan activistas o promueven votar a Milei y bancan a Trump.
La derecha villera existe. Las victorias electorales de Macri en la Villa 31 o los resultados en barrios como la 1-11-14 lo demuestran. Es un sector poco organizado que empieza a despertar para respaldar medidas como la baja de la edad de punibilidad o señalar a comedores y asambleas como “los kukas” o “los políticos que nunca hacen nada por la villa”. No dar pie a esas narrativas es el desafío, pero ignorarlas también nos trajo hasta acá.
En la 21-24, por ejemplo, Yamil Santoro tuvo presencia acompañado por quienes antes fueron peronistas, luego macristas y ahora libertarios. Aunque perdieron por goleada, pegaron afiches y difundieron panfletos de la Unión Porteña Libertaria. Por eso la reorganización comunitaria vuelve a aparecer como una tarea urgente.
En el barrio viven cerca de 80 mil personas -algunos referentes ya hablan de 100 mil- a orillas del Riachuelo. Allí el acceso a la electricidad sigue siendo una deuda estructural: el 93% de las viviendas está expuesta a riesgo eléctrico por instalaciones precarias o inexistentes. En una villa sin red de gas natural, el 94% de los hogares depende de la electricidad para cocinar o calefaccionarse.
El problema no es nuevo. En 2010 vecinos presentaron un amparo colectivo y en 2013 la Justicia ordenó al Gobierno porteño elaborar un plan integral con obras y presupuesto. Más de una década después el fallo sigue sin cumplirse: nueve de cada diez viviendas sufrieron cortes en el último año y gran parte del tendido continúa improvisado.
La crisis también atraviesa el acceso al agua. En la Villa 21-24/Zavaleta el 88% de los habitantes no tiene agua segura. Aunque la mayoría de las viviendas está conectada a alguna red, solo el 37% recibe agua suficiente durante todo el día y apenas el 12% dice que llega sin olor, color o sabor.
A esto se suma la paralización de la Causa Mendoza, por parte de la Corte Suprema, que obligaba a sanear el Riachuelo y relocalizar a las familias que viven en sus orillas. Hoy todavía unas 1700 familias (de la 21-24 y otros barrios populares de CABA) siguen esperando ser trasladadas lejos de una de las zonas más contaminadas de la Ciudad.
Desde 1975 las vecinas y vecinos del barrio construyen espacios para reclamar lo que corresponde constitucionalmente. La Junta Vecinal del ‘76 pagó con sus vidas el hecho de exigir lo básico para subsistir. Y con los años crecieron la villa y sus carencias, pero también la capacidad organizativa de una comunidad que sigue levantando la historia de esos militantes como bandera.
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