Marcha contra la impunidad del aparato represor

por Revista Cítrica
Fotos: Juan Pablo Barrientos
28 de agosto de 2019

Familiares de víctimas de gatillo fácil marcharon de Congreso a Plaza de Mayo para exigir justicia y consciencia social, en un país donde cada 21 horas muere un pibe o una piba a manos de las fuerzas represivas del Estado.

La mamá de Kiki Lezcano recibió un llamado de la comisaría que le informaba que su hijo había sido enterrado como nn, tenía 17 años. Pablo se enteró en el día de su cumpleaños que su amigo Diego Cagliero fue asesinado por un policía de la bonaerense en Martín Coronado. Graciela asistía cada año a las marchas contra el gatillo fácil por solidaridad, nunca pensó que un día tendría que marchar por Andrés, su propio sobrino. Micaela, levanta un cartel con la foto de su hermano Matías Banuera, tenía tan solo 15 años cuando el oficial Cristian Alejos lo asesinó en Quilmes. Vidas atravesadas por el dolor, cuando el gatillo fácil se convierte en política de Estado.


De Congreso a Plaza de Mayo, las calles se inundaron de fotos con las caras de pibes y pibas asesinadxs por las fuerzas represivas estatales, madres y padres que gritan sus nombres y exigen justicia, lloran, se abrazan, miran al cielo, marchan, aprendieron a transformar el dolor en lucha y entonan canciones sobre la impunidad de las fuerzas de seguridad autorizadas a matar. Como desde hace 5 años, una vez más, lxs familiares de las víctimas de gatillo fácil salieron a las calles en más de 15 ciudades de todo el país, para denunciar que el Estado es el responsable de la violencia institucional que día a día se cobra vidas en barrios, comisarias, cárceles e instituciones de menores. 


Marchan como Angie, hermana de Kiki Lezcano, asesinado en 2009 por el policía Daniel Veyga de un tiro en la cabeza en Villa Lugano, tenía 17 años y estuvo desaparecido dos meses y medio. “Nosotros lo buscamos, hicimos marchas, hasta que un día la llamaron a mi mamá para decirle que había un nn enterrado y resultó que era mi hermano. Sentimos mucho dolor y cada vemos más remeras con las caras de chicos y chicas muy jóvenes asesinados por la policía”, cuenta. Historias como la de Kiki se repiten de a cientas, se trata pibes perseguidos, hostigados, amenazados, torturados y desaparecidos por las fuerzas de "seguridad".


Miles de familiares que también denuncian los discursos de los grandes medios de comunicación que avalan las versiones policiales, las causas armadas, y construyen el estereotipo del pibe peligroso, pero nada dicen sobre la violencia institucional que mata a un pibe, una piba cada 21 horas, tampoco dicen que, en realidad, son lxs jóvenes lxs que están en peligro. “A mi sobrino Andrés de Marinis lo mató una bala de la policía en Mataderos, el 24 de febrero de 2018 y aún no hay ningún policía detenido. Yo solía venir a las marchas porque siempre me solidaricé, pero nunca pensé que me iba a tocar a mí”, cuenta Graciela.

Yo solía venir a las marchas porque siempre me solidaricé, pero nunca pensé que me iba a tocar a mí.


En la mayoría de los casos el mecanismo es siempre el mismo, lxs policías matan, y comienza una cadena de encubrimientos de todas las instituciones del Estado. Desde la vuelta a la democracia ya suman más de 6500 asesinatos a manos del Estado, estas practicas represivas se repiten en todo el país y ningún gobierno está excento. Esa violencia hoy es legitimada por el gobierno nacional y la ministra de seguridad, a través de la doctrina Chocobar, que defiende el gatillo fácil, la justicia por mano propia y pretende liberar de toda responsabilidad a lxs policías que matan por la espalda. La impunidad con la que defienden el uso excesivo de esa violencia quedó en evidencia frente a la negación de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, que aún hoy el gobierno niega. 


Ivonne Kukoc, mamá de Juan pablo, asesinado por el oficial que dio nombre a la matanza premiada por Mauricio Macri cuenta: “El policía que mató a mi hijo fue felicitado por el presidente”. Y agrega con la voz quebrada: “Es muy feo tener que decirles a mis hijos tenemos que prepararnos para ir al cementerio porque solo ahí lo podemos encontrar a mi hijo. Es la segunda marcha que vengo y sé que la lucha se gana en las calles, sé que nadie me va a devolver a mi hijo, pero quiero decirle al policía que no solo mató a Juan sino a toda su familia.” 


VICTIMAS COLATERALES DE LA VIOLENCIA POLICIAL


Las fuerzas represivas no solo asesinan a pibes y pibas, también destruyen familias, son miles de nenes y nenas que pierden a sus madres y padres desde muy pequeñxs.  
Patricia Solorza de 40 años quedó privada de su libertad después de ser denunciada por médicos que dijeron que se había practicado un aborto, cuando en realidad fue espontáneo. Tenía dos hijos, uno de 8 y otro de 19 con un retraso madurativo y a pesar de eso le negaron el arresto domiciliario. Murió a principios de mes, esposada de pies y manos en la camilla de un hospital con custodia policial, estuvo varios días pidiendo asistencia médica, que llegó demasiado tarde.

Micaela tenía 21 años y dos hijos de 6 y 8. Se encontraba privada de su libertad en la Unidad 33 de La Plata, el domingo pasado se suicidó. Estaba depresiva pero no recibió la atención adecuada, hacía tiempo que pedía ayuda, pero ningún responsable del penal la escuchó. La dejaron morir.


La mamá de Cristian Vergara lleva colgada de su cuello una foto con la cara de su hijo, asesinado por el gendarme Antonio Enrique Eliezer Acosta el 25 de marzo de este año, tenía 26 años, tres hijos y un cuarto que está por nacer. “Mi hijo trabajaba de seguridad y era paisajista, vengo a pedir justicia por mi hijo, es muy triste lo que estoy viviendo, la justicia ni siquiera me dice que pasó con él y el asesino está libre”, denuncia.


Grisel medina es la viuda de Hernán Gómez, asesinado de un disparo en el tórax el 16 de noviembre de 2018 en Zabaleta por la oficial Analía Costilla de Jesús, quien actualmente continúa en su cargo. “Está acusada de homicidio, pero está libre” cuenta Grisel con su bebé en brazos y agrega: “Mis cuatro hijos y yo hoy estamos acá para pedir justicia. Hernán era el padre de mis hijos, mi esposo, mi amigo, mi compañero, trabajamos juntos, vendíamos en la calle. Él se crió en la calle, el Estado nunca lo ayudó y encima lo terminó matando.”

Mis cuatro hijos y yo hoy estamos acá para pedir justicia por mi marido asesinado.


Dos días antes de la masacre en San Miguel del Monte, donde cuatro adolescentes perdieron la vida en medio de una persecución policial que incluyó una balacera, Diego Cagliero fue asesinado de un disparo de un oficial de la bonaerense en Martín Coronado. “A partir de ese día nuestra familia no tiene vuelta atrás. Mi hijo no tenía que morir, lo esperamos todos los días como todas las madres y padres que hoy están acá esperando que vuelvan sus hijos asesinados. Nuestros hijos están bajo tierra y no van a volver más. Diego nos dejó un nieto por nacer, Camilo, que jamás va a conocer la voz de su padre, quiero que Bullrich de cuenta de lo que hizo y cada uno de los que están rigiendo nuestras vidas”, exige Adriana García, mamá de Diego.

 
Al finalizar la marcha lxs familiares recuerdan a sus pibes y pibas. Jorge, papá de Cristopher “Bocha” Rego se acerca al escenario en su silla de ruedas, encabezó toda la marcha en la bandera de arrastre, toma la palabra y recuerda el día más triste de su vida: “El 12 de agosto del 2018 escuché la peor noticia que me podían dar, me habían matado a mi hijo, a él ser papá le duró solo 41 días. Fue a buscar a su mujer que estaba con su bebé en un cumpleaños y en Pompeya lo paró un control vehicular con 5 prefectos. Mi hijo no paró y Pablo Brítez le dio dos balazos por la espalda, sin ningúna razón y Patricia Bullrich avala este tipo de casos. Matan a nuestros hijos impunemente, las fuerzas de seguridad que nos tiene que cuidar se dedican a matar a nuestros hijos, pero no nos van a callar, por suerte estamos cada día mas organizados.” 
 

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