Gaby Sosa, directora del Observatorio Mumalá, analiza el discurso negacionista del Gobierno y desmiente que se hayan reducido los femicidios en Argentina. "No va a haber una disminución permanente y sostenida de los asesinatos por odio de género si se eliminan las políticas públicas de prevención y de asistencia".
Por Gaby Sosa*
Hace unos días, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, salieron a festejar que había menos cantidad de femicidios, trans travesticidios y lesbicidios que en 2023, cuando todavía en Argentina no se habían publicado los datos oficiales que elabora la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En primer lugar, hay una negación de Cúneo Libarona de la construcción de género. Hace más de una década que Argentina tiene un promedio de 250 femicidios por año aproximadamente, en algunos momentos fue mucho más alto, llegando a los 307, e incluso en otros momentos hubo menos de esa cantidad. De todas formas, por más que haya una disminución en la cantidad de víctimas, eso no garantiza una disminución de los asesinatos por odio de género y mucho menos en las condiciones que están las políticas públicas en la Argentina.
Estas declaraciones intentan, por un lado, exacerbar y multiplicar este mensaje de negacionismo de la violencia machista que es un sello del gobierno, además de poner a discutir que los recursos no son necesarios. Sucede todo lo contrario, hay variables concretas que ya empiezan a mostrar la profundización de la problemática de la violencia de género cuando hay menos recursos como es, por ejemplo, la disminución de las denuncias. Las cifras de femicidios, en realidad, son datos que hay que compararlos en el tiempo para saber si efectivamente la violencia de género en su modalidad más extrema sostiene esta caída.
Por lo tanto, la política pública se tiene que fortalecer para conseguir que si en un año nos da menos cantidad de femicidios, en el año siguiente se mantenga esa disminución, cosa que no va a suceder. Al contrario, posiblemente haya mayor cantidad de femicidios por la falta de recursos con los que cuenta actualmente el país. En la Argentina no va a haber una disminución permanente y sostenida de los asesinatos por odio de género si se eliminan las políticas públicas de prevención y de asistencia.
Desde nuestro observatorio podemos ver lo que implica desalentar a las mujeres a la denuncia. Los discursos y las medidas del gobierno nos dejan en total desprotección y con mucha desconfianza. Solo un 12% fue el porcentaje que registramos este 2024 en los casos de aquellas víctimas que pudieron denunciar a su agresor, lo que representa la cifra más baja registrada en los últimos cinco años. Siempre tuvimos una mirada muy crítica en este punto porque ya veníamos con números muy bajos, en el mejor de los casos llegamos al 25% de situaciones denunciadas por las víctimas previas a los femicidios. La baja a un 12 % tiene que ver con que contamos con menos recursos que les muestren a las mujeres que va a haber un Estado que las acompañe.
El programa Acompañar, que otorgaba asistencia económica a mujeres en situación de violencia durante seis meses - aún con todas las limitaciones que tuvo en la cantidad de dinero y en el tiempo que se otorgaba - fue modificado. Se redujo el acompañamiento a solo tres meses y se impusieron mayores restricciones para llegar a la posibilidad de percibir ese programa, como es por ejemplo, la obligatoriedad de la denuncia cuando sabemos que por la dinámica de la violencia de género, muchas mujeres no llegan a denunciar. Hoy ninguna beneficiaria está logrando ser incorporada al programa, por lo tanto, se lo ha llevado a la más mínima expresión.
La capacitación obligatoria a partir de la Ley Micaela que sigue siendo imprescindible para la no revictimización de las mujeres y las disidencias sexuales y es muy necesaria para la transformación del Estado, hoy se dejó de aplicar y en todo caso son las provincias las que con mayor o menor voluntad o perspectiva de género, están implementando esta política.
Menciono estas dos iniciativas, pero en concreto, cuando hay también desfinanciamiento del Ministerio de Salud, se van resintiendo las prestaciones para las mujeres y las disidencias sexuales, que van desde la falta de hormonas, preservativos y todos los métodos anticonceptivos. Y también, por supuesto, el desmejoramiento de los equipos que trabajan en el abordaje de abortos.
Con respecto a las políticas públicas también es importante mencionar que la situación económica, el aumento de la desocupación, la precarización en los salarios impacta particularmente en las mujeres. Los primeros meses del año pusieron en evidencia que las mujeres modificaron los consumos de los alimentos de la canasta básica para dejar, por ejemplo, de consumir vegetales y carne, como los dos principales alimentos de la canasta que se restringieron en el consumo a partir de la tremenda inflación de los primeros meses del año.
No solamente les afecta el recorte de políticas públicas, sino, también el congelamiento del Potenciar Trabajo y el no reconocimiento del trabajo comunitario que muchas de ellas llevan adelante en los barrios y la eliminación de los recursos alimentarios en comedores y merenderos de todo el país, de los que antes podían disponer. Hoy al no tenerlos se profundiza aún más esa desigualdad que al fin y al cabo opera impidiendo y obstaculizando la independencia de sus parejas agresoras. Es muy perverso este circuito porque sin políticas públicas que las acompañen no pueden tomar decisiones con autonomía, sino todo lo contrario, el recorte de las pocas políticas que había les impide tomar esas decisiones y favorece una relación que, en muchas ocasiones, es lo que las mantiene dentro de los hogares con sus agresores.
La recesión opera sobre las mujeres, en particular, sobre aquellas que tienen a cargo niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y claramente las precariza más y precariza más sus hogares. Lo menciono porque si bien hay una inflación contenida, la pérdida del poder adquisitivo del salario es tremenda y se resienten los consumos familiares de los más mínimos elementos.
Los recortes, los despidos y los ajustes que está produciendo el gobierno de Milei, impactan mayormente en quienes ya son víctimas de desigualdades: mujeres y disidencias sexuales, claramente corremos en desventaja en un montón de aspectos y en lo económico también, es uno de los aspectos donde más se ha golpeado a las mujeres desde la asunción de Milei. Dentro de este universo de mujeres y disidencias sexuales, para aquellas que son sostén de familia y están bajo la línea de pobreza o de indigencia, esa condición se profundiza aún más. Las más pobres son las más afectadas por el ajuste de Milei.
*Directora del Observatorio Mumalá
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