¿Qué pasa en Chile después del Rechazo?
Millones de chilenos y chilenas rechazaron en septiembre la catalogada como “primera Constitución ecológica” del mundo. Sin nueva Carta Magna y una oposición con mayoría en el Congreso, el Gobierno de Boric ensaya con dificultades una estrategia de “transición socioecológica justa” bajo la mirada expectante de América Latina.
Por Francisco Parra*
“Seremos el primer Gobierno ecológico de Chile, en donde cada política de Estado será en respeto con el medio ambiente”, dijo el entonces candidato Gabriel Boric en uno de los debates presidenciales previo a la elección de diciembre de 2021, con la que se convirtió en el Presidente más joven de la historia de su país.
Con el compromiso de un Gobierno feminista, ecológico y transformador, Boric inició su mandato en marzo de 2022. Una promesa dirigida a Chile, pero que no dejaba de entusiasmar al resto de una América Latina deseosa de un cambio.
Solo meses después, Gustavo Petro se convertía en el primer Presidente de izquierda en la historia de Colombia, acompañado de Francia Márquez –histórica defensora ambiental– en la Vicepresidencia, la primera mujer afrocolombiana en llegar a un puesto de ese calibre.
En octubre, Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Jair Bolsonaro en una contienda marcada por el futuro de la Amazonía y que selló el definitivo giro a la izquierda de la región.
Y, aunque el triunfo Boric en Chile marcó un camino de esperanzas, la realidad le ha chocado en la cara al proyecto “feminista, ecológico y transformado” que lidera el joven mandatario.
Derrota Constituyente
En paralelo a que Boric asumiera como mandatario, la Convención Constitucional terminaba de afinar su propuesta de nueva Constitución, en un proceso que se inició como una salida política a la crisis que estalló en octubre de 2019.
Chile comenzó 2022 girado a la izquierda: no solo ganaron el Gobierno, sino que un año antes habían arrasado en las elecciones constituyentes, dejando a la derecha sin posibilidad de veto, pese a la regla de los dos tercios de los constituyentes para aprobar todas las normas. Sin embargo, la campaña por el “Apruebo” a la nueva Constitución nunca agarró la épica del triunfo de Boric. Durante su año de trabajo, la Convención se sumergió en polémicas que, alimentadas y exacerbadas por la desinformación, terminaron por dejar su imagen por el suelo.
La “luna de miel” del Gobierno también duró poco. Solo un mes después de asumir, la nueva administración se negó a apoyar un quinto retiro de fondos de pensiones –una política, supuestamente temporal, que se instaló en pandemia para sobrellevar los costos de la vida y que significó un ingreso directo a los bolsillos de millones de personas– por los efectos que podría tener en la inflación. Fue entonces cuando las encuestas marcaron por primera vez un doble giro: el “Rechazo” le ganaba al “Apruebo”, al tiempo que aumentaba la desaprobación al Gobierno.
El Presidente de Chile, Gabriel Boric, conmemorando Día Nacional del Medio Ambiente en Desierto Florido. (Foto: Ximena Navarro)
Ni el “Apruebo” ni el gobierno se recuperaron. Los resultados del plebiscito constituyente del 4 de septiembre de 2022 fueron contundentes: el 61,86% de los chilenos rechazó el texto propuesto por la Convención.
Un punto clave del análisis es el voto obligatorio, presente en el país por primera vez en más de 10 años. En total, votaron más de 13 millones de personas, cinco millones más de las que lo hicieron en diciembre de 2021, en las últimas elecciones presidenciales. El “Rechazo” se llevó casi la totalidad de esos nuevos votantes, quienes no habían participado en los comicios previos, incluido el plebiscito de entrada que abrió la puerta a una nueva Constitución en 2020.
Reforma tributaria y pensiones
Chile es un país que se acostumbró a vivir con una inflación controlada bajo el 4%. Este año, acumula un alza sobre el 11%, lo que ha repercutido en el costo de vida. Si hace dos años la revuelta estalló por las precarias condiciones de vida, la pandemia vino a profundizar eso.
El Gobierno de Boric aplazó todas sus grandes reformas después del 4 de septiembre, día del plebiscito, vinculando incluso el resultado de la elección a la viabilidad de su programa.
“Ahí hubo un error de diseño, porque te quedaste sin hacer nada hasta el 4 de septiembre. Y eso no puede ser, no puede ser que el Ejecutivo no tenga una agenda política clara”, dice Pamela Poo, coordinadora de incidencia política de la Fundación Ecosur.
Con el compromiso de un Gobierno feminista, ecológico y transformador, Boric inició su mandato en marzo de 2022.
Consumada la derrota electoral, Boric reordenó sus filas y puso en la primera línea de su Gobierno a históricos dirigentes de la centro-izquierda, como Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte, ambas muy cercanas a la expresidenta Michelle Bachelet. El realismo comenzó a primar ante una desaprobación que, en noviembre, superaba el 65% y al hecho de que la derecha controla prácticamente la mitad de la Cámara de Diputados y del Senado.
Hoy, el Gobierno apunta todas sus fichas a una reforma tributaria y de las pensiones. Jubilarse en Chile es altamente sensible y complejo. Las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), herencias de la dictadura, entregan las llamadas “pensiones de miseria”: un 80% recibe menos que el salario mínimo, según un informe de Fundación Sol. La importancia que tuvo el tema en la campaña constituyente llevó al Gobierno a ajustar su reforma a una que garantizara lo que fue el relato del “Rechazo”: que los fondos no serían expropiados y que serán heredables.
El Presidente, de hecho, no viajó a la COP27 en Egipto porque, en esos mismos días, estaba organizando un cónclave decisivo con los partidos que lo apoyan, para darle viabilidad a ambas reformas.
El 18 de octubre, el Ministerio de Medio Ambiente hizo el lanzamiento oficial de la Oficina de Transición Socioecológica Justa.
Agenda “ecológica” debilitada
Entre tanta crisis, la promesa del Gobierno “ecológico” se ve distante. “En materia ecológica, el Gobierno es bastante ambiguo”, asegura Flavia Liberona, de Fundación Terram. “El avance no solo se mide en las acciones políticas, programas y proyectos de una sola cartera. Y, en ese sentido, podemos decir que la ratificación del Acuerdo de Transpacífico genera incertidumbre sobre si este será o no un Gobierno ecológico”.
El TPP11 o Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico es un acuerdo de integración económica plurilateral en la región de Asia-Pacífico que involucra a 11 países: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El hoy Presidente lo rechazó hace solo unos años en la Cámara de Diputados con una camiseta que decía “No al TPP-11”.
Para Poo, la agenda ambiental no es una prioridad política para el Gobierno. “Falta más política y menos técnica, digamos, porque el tema medioambiental no es la Ley Marco de Cambio Climático (promulgada en junio por Boric, pero cuyo debate y desarrollo se dio en el gobierno anterior), y parece que se están concentrando en eso solamente”, dice la cientista política.
Tanto Liberona como Poo coinciden en que el Gobierno ha sido pasivo en varios proyectos en discusión en el Congreso: Ley de Glaciares, de Humedales, o la que crea el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (conocida como SBAP). Llevan años en trámite y no han podido avanzar. Desde el Gobierno esperan destrabar el debate legislativo del SBAP de aquí al próximo año y avanzar en una reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ezio Costa, de la organización FIMA, suma lo que considera debería ser otra prioridad: “Que se produzca la voluntad política para fortalecer la Superintendencia de Medio Ambiente en el cumplimiento de las normas ambientales. Es uno de los espacios más débiles que tenemos en materia de regulación, por falta de financiamiento y de herramientas”.
“Falta más política y menos técnica, porque el tema medioambiental no es la Ley Marco de Cambio Climático, y parece que se están concentrando en eso solamente.”
Para Costa, eso sí, vale la pena resaltar dos grandes hitos ambientales que ha tenido la administración de Boric: la ratificación del Acuerdo de Escazú y el anuncio de cierre de la Fundación Ventanas, en la “zona de sacrificio” de Puchuncaví.
El primero llegó apenas Boric asumió en La Moneda. En su primera semana de mandato, envió al Congreso el proyecto que ratifica el tratado de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como Acuerdo de Escazú) al Congreso. A fines de mayo, el Senado lo aprobó.
El segundo hito, el cierre de la fundición de cobre Ventanas, de la estatal Codelco, vino en junio, tras semanas de intoxicaciones en las localidades de Quintero y Puchuncaví. Es una decisión que se venía debatiendo durante años, ante los constantes impactos ambientales y en la salud de la población. En 2011, niños y niñas de la escuela rural de La Greda se intoxicaron en distintos episodios en marzo, agosto y noviembre. La Justicia acreditó la responsabilidad de Codelco por mal manejo de su fundición de cobre.
Transición socioecológica justa
Un día después de la derrota constitucional, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo en una entrevista a Climate Tracker que el triunfo del “Rechazo” “no afecta en nada” a los compromisos ambientales del Gobierno.
La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, durante la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático. (Foto: Alex Ibañez)
La ministra apuntó a tres elementos que materializan el compromiso de un Gobierno “ecologista”: la Ley Marco de Cambio Climático, la ley que crea el ya mencionado SBAP (se encuentra en debate en el Congreso desde hace 11 años) y una transición socioecológica justa. Este último, según define Rojas, “tiene como compromiso de llevar a Chile por este proceso de un Estado actual a uno futuro, en la cual Chile le da mayor bienestar a los chilenos y chilenas a través de enfrentar una destrucción o una degradación medioambiental que existe, por medio de un proceso que es tanto social como ecológico”.
El pasado 18 de octubre, el Ministerio de Medio Ambiente hizo el lanzamiento oficial de la Oficina de Transición Socioecológica Justa, que tendrá el encargo de darle forma al cambio de modelo de desarrollo comprometido en el programa de gobierno, junto a la demanda del fin a las zonas de sacrificio.
“Estoy convencida en que, junto a todos los sectores, desde las comunidades a las industrias, conseguiremos entregarle a Chile los nuevos modelos de desarrollo sostenible que se merece”, aseguró Gloria Lillo, quien liderará esa oficina. La ingeniera en Recursos Naturales viene de coordinar el programa de Transición Socioecológica Justa de la fundación alemana Heinrich Böll.
El texto rechazado de la nueva Constitución fue alabado por el mundo ambiental por reconocer los derechos de la naturaleza y el agua como bien común y derecho humano, entre otros principios ecológicos.
En concreto, la nueva oficina trabajará en lo que llamó “zonas en transición” (para evitar la denominación “de sacrificio”), como Quintero-Puchuncaví y Coronel. Son los lugares que concentran las termoeléctricas a carbón que están en proceso de cierre antes de 2040.
A nivel gubernamental, se creó también el Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa (junto a los ministerios de Energía, Economía, Trabajo, Salud y Desarrollo Social), el que se suma al Comité Interministerial de Agua, que busca establecer una política hídrica a largo plazo.
Para Costa, este tema es el mayor desafío del Gobierno. “Aunque no es tan cotidiano, es lo que nos va a conducir hacia un futuro mejor para el país. Sentar las bases de la transición socioecológica justa significa establecer estrategias clave de las nuevas industrias que están en línea con la transición ecológica en el mundo también”, afirma, en referencia a las industrias de litio e hidrógeno verde, con fuerte presencia y proyección en Chile.
Hacer realidad las transformaciones
El Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Rojas, está decidido a impulsar esta agenda. Aún así, Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente de Chile y CEO del Global Methane Hub, plantea una advertencia: “La agenda ambiental está debilitada por la Constitución actual. Evidentemente, la posibilidad de tener una Constitución ecológica nos hace pensar qué errores cometimos, a quiénes no fuimos capaces de convencer”.
Y es que el texto rechazado fue alabado por el mundo ambiental por reconocer los derechos de la naturaleza y el agua como bien común y derecho humano, entre otros principios ecológicos. Sin embargo, la realidad dijo otra cosa: el “Rechazo” se impuso en todas las “zonas de sacrificio”. La Constitución ecológica no llegó a los territorios.
Con nueve meses en La Moneda, pareciera que el proyecto de Gobierno feminista, ecológico y transformador que enamoró al mundo aún tiene mucho camino por recorrer en Chile, con reformas estructurales que impacten en el día a día social, económico y político del país. Que sea una realidad, y no solo palabras.
*Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que Revista Cítrica forma parte.
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