Ser migrante, con necesidad y urgencia

Al cumplirsela mitad  de su condena -en Jujuy y Ezeiza-, a Evangelina le  dieron a elegir entre ser deportada al Paraguay (y quedar libre, con una prohibición de reingreso al país de un mínimo de ocho años); o permanecer en suelo nacional y cumplir tres cuartos de su pena: lo que suele hacer el Estado con los presos extranjeros, con el fin de evitar una “súper población carcelaria”.

Lo curioso es que sólo el 6% de los presos en Argentina, son extranjeros. 

Evangelina eligió quedarse junto a su hija. En 2010, con dos años y ocho meses tras las rejas, salió en libertad condicional y formó una familia. 

Fue entonces que debió cargar con la cruz: ese mismo año le llegó el primer aviso de expulsión por parte de Migraciones. Justo ella había iniciado el trámite de residencia.
“Tendrían que evaluar cada situación, no ser tan duros con todos por igual. Hay muchos extranjeros que tienen plata y viven como reyes; pero uno es pobre, queda estancado y vive como puede”, sostiene Evangelina.

Para ese entonces, su defensor debía presentar un recurso de amparo y no lo hizo. Por consiguiente, Evangelina se acercó hasta la Defensoría General de la Nación para presentar su causa y recibir ayuda. Le pidieron documentos y certificado de concubinato. Armaron un informe y lo llevaron ante un juzgado que se declaró “incompetente”. Hasta hace un mes, que salió la resolución y dieron por válida la expulsión. 

Así de apática y selectiva es la Justicia.

Por paraguaya, pobre y migrante

Evangelina lo sufre en carne propia todos los días, desde hace nueve años, por haber cometido un delito; pero por sobre todas las cosas por ser paraguaya, por ser pobre, por ser migrante. “Yo cumplí, salí y seguí cumpliendo. A mí me dieron una oportunidad y la aproveché, me reincorporé a la sociedad. No me salí del camino, no me desvié. ¿Para qué me hicieron hacer todo esto, si después me iban a expulsar igual?, se pregunta.

Y reflexiona: “Muchos dicen ´que se vuelvan a su país´, ´que los mantenga su gobierno´; pero no me va a mantener mi gobierno. Muchos de mis paisanos viven acá, trabajan y no los mantiene el Estado. Yo no le pido al gobierno que me mantenga, sólo le pido que me deje estar acá, con mi familia y mis hijos”.

Otra condena mucho peor

Al cumplir los 20, Evangelina se vino para la Argentina con una de sus hermanas. A partir de ahí, volvió sólo dos veces al Paraguay: cuando falleció su hermano y cuando nació su primera hija, hoy a punto de cumplir 13 años. Evangelina ya tiene 34, y confiesa que por aquellos años hizo los bolsos y migró con el anhelo de vivir mejor, cuando venir acá “era algo lindo”. 

Ahora es otra la historia…
Mientras charla con Cítrica, Evangelina recibe un llamado importante de su marido: le cuenta de unos exámenes pre quirúrgicos que fue a autorizar a la obra social: su hijo de 5 años -además tiene otra nena, de tres-, padece broncoespasmo y debe ser sometido a una operación de las adenoides y las amígdalas. 

Evangelina no logra disimular la angustia: sus ojos se llenan de lágrimas.
Piensa en sus hijos, mil cosas le pasan por la cabeza.

En su casita, en Merlo, hasta hace poco estaban construyendo y pensaban hacer un dormitorio arriba, para su nena, o cerrar y hacer un pasillito, “para que podamos tener más privacidad con mi marido”. Ahora esto, “te congela todo”. 

“Estoy al límite de que un juez hoy, mañana o pasado firme y a mí me expulsen. Es muy feo vivir así, muy angustiante. Siempre los más afectados somos los más vulnerables. No me quiero imaginar cómo va a seguir esto. Para mí es otra condena, pero mucho peor: antes no tenía nada. Ahora tengo familia, casa e hijos”.

Hacer valer los derechos
El recuerdo fresco de febrero de este año, cuando deportaron a la migrante peruana Vanesa Gómez Cueva –separada de su bebé lactante de dos años y otros dos hijos-, opaca el panorama de Evangelina y aquellas personas migrantes amenazadas por el DNU 70/2017.

“Al inicio suponíamos que la Justicia no iba a permitir que el Ejecutivo tomara decisiones que afectan en cuestiones tan esenciales e irreparables, como son los derechos de niños y niñas. Sin embargo no fue así, y son excepcionales los casos en los que visibilizan la presencia de niños y niñas que sufren el impacto de estas decisiones”, nos dice Lucía Galoppo, Responsable del Área Legal de CAREF. 

“El 70/2017 responde a una lógica de disciplinamiento basada en el supuesto de que el migrante es peligroso, y liga de manera directa: migración y delito. Es un instrumento que vulnera derechos de migrantes y sus familias e instala una lógica de competencias excesivas del Ejecutivo por encima de otros ámbitos del Estado,que deben garantizar el debido proceso y las garantías de los derechos de todas las personas que habitamos el país”, agrega Galoppo. 

En consecuencia, Caref, junto a otras organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo para la Diversidad (Copadi), presentaron un recurso de amparo colectivo pidiendo la nulidad e inconstitucionalidad del decreto. Incluso, en 2017, llevaron su denuncia hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

En algunos casos, lograron frenar la expulsión. Como sucedió con la dominicana Altagracia Paniagua, madre de una beba de dos meses nacida en Argentina; o con Juan Carlos Cribillero, un inmigrante peruano a quienen en 2005 le tuvieron que pagar el pasaje de vuelta a la Argentina: al echarlo lo habían separado de sus hijos argentinos, y aún faltaba la revisión judicial. A ellos se les suma el caso del uruguayo Juan Carlos de la Torre, que llevaba 24 años en el país cuando -a fines de los noventa- fue expulsado, y debió ser levantada la prohibición de reingreso.