Ni una bala más

A Jorge Rego lo atraviesa un sentimiento “ambiguo”. Por primera vez. Después de tres años de sufrimiento por la muerte de su hijo Christopher “Bocha” Rego, asesinado por la espalda por el ex prefecto Pablo Brítez, el 12 de agosto del 2018, al evitar un control de tránsito. 

Por un lado siente “alivio” porque el asesino de su hijo el pasado 10 de agosto fue sentenciado a prisión perpetua, y por eso “se hizo justicia”. “Ahora el Bocha descansa en paz”, dice Jorge sobre su silla de ruedas, con mirada profunda y un barbijo con la imagen de su hijo, sonriente, y la frase: “vivís en mi corazón”. 

Pero al mismo tiempo Jorge siente malestar porque muchas de las personas que lo rodean y acompañan este 27 de agosto en la séptima Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, no tuvieron justicia. Esa gran familia del dolor que le dio un abrazo cuando su hijo ya no podía dárselo, como solía hacerlo para decirle al oído: “te amo, pa”. “Ese era el Bocha. Es un honor haber tenido un hijo como él. Cuando te matan un hijo matan una familia. Pasa todos los años, con todos los gobiernos. Hay un montón de pibes que no tuvieron justicia, un montón de casos que quedaron impunes”. 

Como sucedió con Hugo Arce (17) y Carlos Vázquez (16), dos amigos de Isla Maciel asesinados el 5 de septiembre de 2011, a quemarropa por un supuesto intento de robo. Desde entonces su mamá, Alejandra Torres, reclama justicia. “La causa arrancó como un homicidio en ocasión de robo –cuenta Alejandra–, después se investigó y las pericias probaron que los pibes no tenían armas y que el policía, Sergio Adrián Bobadilla, estaba alcoholizado y drogado. Nunca se presentó a indagatoria. Este año la causa caduca. Si un pibe sale a robar tiene derecho a que se lo condene, no lo pueden matar así como si nada. Acá dicen que no existe la pena de muerte, eso no es cierto, existe y se llama gatillo fácil. Lo voy a llevar al banquillo pero, ¿sabés qué voy a lograr?: un arresto domiciliario. Y a mi hijo no me lo devuelve nadie. Todas las madres tenemos el mismo dolor”. 

Hablamos de que en territorio nacional, cada 20 horas, se pierde una vida a manos de la Policía y la represión estatal. Organizaciones sociales y de derechos humanos calculan 7.857 casos de gatillo fácil desde los inicios de la democracia. Además reconocen un incremento exponencial de casos durante este lapso de pandemia.

Los rostros de los pibes y pibas víctimas de fusilamientos, torturas seguidas de muerte en comisarías y cárceles, causas armadas y desapariciones forzadas; viven en cada remera de cada familiar, en cada bandera, en cada palabra, en cada gesto de cada madre, padre, hermano, hermana, amigo y amiga; que le da espíritu y fortaleza a esta marea de gente que  marcha hasta Plaza de Mayo para gritar contra la estigmatización y la criminalización de los/las jóvenes de los sectores con menos recursos; pero también contra el hambre y la persecución sistemática de las diversidades de género, contra los femicidios y el abuso sobre los pueblos originarios, contra la explotación y la desigualdad.

La magnitud del problema queda reflejado no solo en la gran convocatoria que tiene esta movilización, sino también en el poder de réplica que hay en simultáneo en distintos puntos del país, porque también marchan y exigen justicia en: Córdoba, Chaco, Tucumán, Mar del Plata, Salta, Rosario, Santiago del Estero, Paraná, Jujuy, Corrientes, Posadas, Mendoza, Bariloche y Trelew. 

DESDE LAS ENTRAÑAS

Emilia Vasallo, madre de Pablo “Paly” Alcorta, ejecutado por el policía de la Bonaerense Diego Ariel Tolaba el 13 de mayo de 2013, encabeza la marcha con megáfono en mano por las calles de la Ciudad de Buenos Aires: "¡Presentes, ahora y siempre!". Nada la detiene. Acompañan distintas organizaciones: La Poderosa, MTR, Jóvenes de Pie, Liga Socialista Revolucionaria. El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

El grito es uno solo. 

Adriana García, mamá de Diego Cagliero, quien murió acribillado el 19 de mayo de 2019 en Tres de Febrero, es una de las primeras voces que se hacen escuchar en Plaza de Mayo, junto a la Casa Rosada. En año de "agenda electoral". “Acá hay muchos que se hacen los sordos, los ciegos y los mudos –dice Adriana–. La Policía y los gobiernos que pasan no quieren escuchar a las familias. No les interesamos, no les importamos, por eso sigue pasando. Nosotros somos los únicos que podemos cambiar eso, tenemos que ser más unidos, que más gente nos acompañe, que sepa nuestro dolor y que esto le puede pasar a cualquiera”. 

Angélica Urquiza, mamá de Jonatan “Kiki” Lezcano –asesinado y desaparecido durante dos meses y medio, y enterrado en Chacarita como NN, el 8 de julio de 2009–, lleva 12 años de lucha, y cuenta desde su experiencia: “Me tocó luchar sin saber de rumbos, sin saber adónde ir, con el anhelo de decir ´algún día tendré justicia´. ¿Pero qué es la justicia para vos Angelica? En ese momento, justicia para mí era que el policía sea detenido y que pague. Pero después me di cuenta que esa no era la justicia que quería, sino la justicia social. La que hacemos día a día. Kiki está reproducido en todos lados, lo veo en cada sonrisa de cada pibe, en cada caminar de mis nietos, lo veo todo el día. Queremos un futuro mejor para nuestros hijos y hermanos. Hay muchos que recién empiezan. Yo superé el dolor con amor, haciendo un trabajo social en mi barrio, diciéndoles: ´lo que no te mata te fortalece´. ¡Cuántas madres, cuántas caritas hay acá, cuánta gente que está desaparecida!”.

Hay arte, enunciados y carteles que recuerdan a lxs pibxs de Cromañón, a Gabriel Eiriz, a Gabriel Gusmán y a Lilian y María del Carmen, las nenas asesinadas en Paraguay. A lxs pibxs de Monte y de la Masacre de Pergamino. A Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro. También hay un cartel con la imagen del ministro de seguridad de la provincia, Sergio Berni, y un mensaje: “El Führer de la Bonaerense”.

EL GRITO DE LA CALLE

“El pedido de mano dura de Berni y Patricia Bullrich significa más control social y represión, más hostigamiento, más muertes, más pibes robando para la policía y más drogas en los barrios –denuncian los familiares de las víctimas, mediante un comunicado–. Son formas de represión dirigidas hacia los y las jóvenes de los barrios más vulnerados. Utilizan la droga como forma de exterminio de nuestros jóvenes. La trama judicial y policial es parte del problema, no de la solución. Son los mismos personajes que operan en las redes de trata”. 

Consideran que los medios hegemónicos de (in)comunicación, también juegan su papel: “Cuando el Estado mata un pibe de barrio, los medios desatan su maquinaria y lo convierten en el ´negro chorro´, condición suficiente para ser ejecutado por cualquier miembro de las fuerzas de seguridad y avalado por sectores reaccionarios. Pero bien sabemos que los que más han robado no viven en nuestros barrios: tienen cargos públicos y muchas veces usan traje y uniforme”.

Y sentencian: “No podemos permitir que ningún pibe se acueste sin comer, sin embargo el 62% de nuestros niños y niñas son pobres, más de 8 millones de chicos viven en la pobreza y la mitad pasa hambre. Solo en la CABA, 7 niños mueren por día. Si no los mata el hambre, los mata una bala. A pesar de la impunidad del Poder Judicial, seguiremos luchando en cada juicio. Vamos a llenar los juzgados incansablemente hasta que caigan todos y cada uno de los represores asesinos de nuestros hijos. Jamás podrán silenciar nuestro grito, que sale de nuestras entrañas, así como salieron nuestros hijos. Ni una bala más”.