A la concentración histórica que caracterizó a los países del continente, se le suma un proceso de extranjerización que crece año a año. La globalización de la agricultura está reconfigurando un mapa cada vez más desigual, que genera desplazados y muertes. Grandes corporaciones contra las reivindicaciones de campesinos y pueblos originarios.
Entre el año en que se cantó por primera vez A desalambrar y la muerte de su autor, Daniel Viglietti, pasaron exactamente cincuenta años. En todo ese tiempo, el músico uruguayo convirtió esa canción en un himno, y el himno se convirtió en casi un cliché de la izquierda de América Latina. Cantarla era un distintivo ideológico, una bandera que flameaba para avisar qué se pensaba del mundo.
Pero a Viglietti había algo que lo frustraba. Lo repetía cada vez que se lo preguntaban en una entrevista: a pesar de que los años y las décadas pasaban, casi como una maldición, la vigencia de esa letra permanecía inalterable. La tierra --ya no en 1967 sino en pleno siglo XXI-- no es ni de María ni de Juan ni de José, como pedía el cantautor. Sigue siendo de los mismos de siempre: familias patricias y grandes terratenientes a los que se suman grupos trasnacionales que concentran, cada vez más, el suelo latinoamericano.
Si bien cada país tiene sus matices, hay un factor que se repite en los distintos Estados del continente: el modelo del agronegocio, o la globalización de la agricultura, está reconfigurando el mapa regional. Y esa reconfiguración no trae precisamente un cambio positivo, ni mucho menos redistributivo. Por el contrario, genera mayor concentración, desplaza --en muchos casos a sangre y fuego-- a campesinos y pueblos originarios y ocasiona conflictos donde antes no existían.
En los últimos años hubo varios casos paradigmáticos en ese sentido. Casos que evidenciaron un problema normalmente oculto en la agenda mediática y política de los países. “La masacre de Curuguaty”, en la que fueron asesinados once campesinos sin tierra y seis agentes de la Policía Nacional en una zona rural del Estado paraguayo usurpada por la empresa del ex senador colorado Blas Riquelme; y los recientes asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en la Patagonia argentina, sobre territorios recuperados por el pueblo mapuche, pusieron de relieve esta cuestión, que se extiende por toda América Latina.
Como en otros temas, los gobiernos actúan en espejo. En Brasil, por ejemplo, a principios de este año, el gobierno de Michel Temer traspasó las decisiones sobre la demarcación del territorio indígena de Funai, la agencia para asuntos indígenas, al Ministerio de Justicia, en lo que se leyó como un guiño a grandes corporaciones que querían avanzar sobre los campos y tierras nordestinas donde viven comunidades nativas. Casi un calco de lo que sucedió con el Instituto Nacional de Asuntos Indigenas (INAI) en Argentina, y con el intento de no prorrogar la ley 26.160, que impide el desalojo de comunidades originarias.
“Uno de los motivos de la oposición al reconocimiento de los derechos territoriales indígenas es la existencia de terratenientes a gran escala que compraron tierras a los gobiernos estatales en zonas que están reconocidas como indígenas”, alertó Adriana Ramos, coordinadora del Instituto Socioambiental (ISA), una ONG que defiende los derechos de las poblaciones indígenas en Brasil. “Los empresarios llegan con una propuesta agradable, pero después te alambran, te quitan la tierra y se quedan con todo. Nos matan a nuestros animales, destruyen la naturaleza, contaminan el agua y después se van sin dejar nada”, le relata a Cítrica Carlos, ex consejero de la Comunidad 3 Leones del Pueblo Originario Vilela, en Santiago del Estero. Un pueblo acostumbrado a las patotas y los aprietes empresariales.
“Los empresarios llegan con una propuesta agradable, pero después te alambran, te quitan la tierra y se quedan con todo", dicen en el Pueblo Originario Vilela, de Santiago del Estero
En todos los casos --y en todos los países-- se observa con claridad los dos vértices de la historia: un entramado político, empresarial y judicial, atizado por la complicidad de los medios de comunicación masivos, que intenta correr y deslegitimar a colectivos campesinos y/o indígenas movilizados por una reivindicación histórica.
“Desde la primera década del siglo XXI, el capital financiero internacional y nacional encontró en el agronegocio una excelente condición de reproducción ampliada con la exploración de los recursos naturales: tierra, agua y aire, para la producción de commodities agrícolas, minerales y otras”, explica Bernardo Mançano Fernandes, geógrafo y profesor de la Universidad Estadual Paulista. “Diferentes tipos de fondos financieros pasaron a hacer inversiones en estos recursos --agrega Fernandes-- e hicieron crecer el número de conflictos en todo el mundo. Nunca, en nuestra historia, el capital arrancó un proceso de acaparamiento tan intenso”. Fernandes lo remarca: nunca.
"Nunca, en nuestra historia, el capital arrancó un proceso de acaparamiento tan intenso", explica Bernardo Mançano Fernandes
Los mismos de siempre
Lo que señala Fernandes podría resumirse en una frase que se repitió bastante en los meses en que buena parte de la sociedad argentina se movilizaba y exigía la aparición con vida de Santiago: “La lucha es por la tierra. Por lo que tiene arriba, pero sobre todo por lo que tiene abajo”.
En Argentina podrían señalarse algunos hitos claros para explicar la desproporcionada repartición de su basto territorio: la ley de enfiteusis de Bernardino Rivadavia y el genocidio indígena --o lo que muchos llaman Campaña del Desierto, aunque eso contenga una error semántico, porque no había desierto desde el momento en que había gente-- son quizás los más sobresalientes. Ahí puede situarse el origen de la desigualdad. Pero a ese factor, ahora, hay que sumarle otro: la extranjerización de la tierra. Según un informe del Ministerio de Justicia, en algunos departamentos provinciales, la situación es alarmante: en San Carlos, Salta, el 58,7% de sus terrenos pertenecen a extranjeros. Molinos (también en Salta) con el 58%; General Lamadrid (La Rioja), con el 57%; Lácar (Neuquén), con el 53%; y Campana (Buenos Aires), con el 50%, son otras de las regiones que transforman en letra muerta a una ley pensada a nivel nacional: la que indica que no puede venderse a extranjeros más del 15% del territorio.
En Paraguay, por ejemplo, el 20% de la superficie total está en manos de grupos extranjeros. Un dato que agrava la inusitada desigualdad que existe en ese país en lo que respecta a posesión de tierras: allí, el 2,5% de la población paraguaya concentra el 85% de sus tierras agrícolas.
En Uruguay, si bien hubo algunos intentos de corregir o mitigar la acumulación en pocas manos --la Unidad de Fomento Rural del Banco Hipotecario y el Instituto Nacional de Colonización se crearon para eso-- el problema se agudizó. Uno de los motivos fue el exponencial aumento de la tierra: en ese país, el precio de la hectárea pasó de 448 dólares en 2000 a 3.519 dólares en 2013. “El valor en alza de la tierra ataca el recambio intergeneracional de la pequeña agricultura, ‘valiendo la pena’ vender el campito y asalariarse que continuar con la tradición familiar --explica el sociólogo Mauricio Tubio--. Eso además acrecienta el ya sabido éxodo rural en nuestro país, aumentando los cinturones periféricos de ciudades intermedias y Montevideo”.
“En Uruguay, el valor en alza de la tierra ataca el recambio intergeneracional de la pequeña agricultura, ‘valiendo la pena’ vender el campito y asalariarse", asegura el sociólogo Mauricio Tubio
Pero no es sólo eso. Si antes las tierras orientales estaban en pocas manos nacionales, ahora están en pocas manos extranjeras: según el censo agropecuario del año 2000, el 90% de la tierra era propiedad de uruguayos. Pero según el censo de 2011, el porcentaje había caído al 50%. Viglietti se murió en esa realidad: de este lado del alambre. Viendo como la tierra de su país --y de su continente-- sigue siendo de pocos. Pocos que, ahora, ni siquiera hablan su mismo idioma.
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