La doble vara de la policía de la Ciudad

por Revista Cítrica
01 de agosto de 2020

Hoy hubo una manifestación anticuarentena y otra manifestación en pedido de justicia por Santiago Maldonado y aparición con vida para Facundo Castro. En la primera hubo violencia civil y cero actividad policial. En la segunda fue a la inversa.

Hoy hubo una manifestación anticuarentena y otra manifestación en pedido de justicia por Santiago Maldonado y aparición con vida para Facundo Castro. ¿Hace falta aclarar a cuál de las dos pertenece esta represión de la Policía de la Ciudad?


Más de 200 personas participaron de la marcha y cuando empezaba a dispersarse en la Avenida Corrientes comenzó la cacería: con camiones hidrantes y motos, la Policía de la Ciudad entró en acción.

 

Al menos 10 personas permanecen detenidas y están siendo llevadas a la Alcaidía de la Comuna 1, Suipacha 1156, según manifestó Gabriela Conder, de la Gremial de Abogados que aguarda en el lugar la llegada de personas detenidas.
El listado publicado por Correpi:
Carla Lorena Silvia
Juan Carlos Giménez
Cristian Nahuel Martínez
Santiago Coriale
Sebastián Bouquet
Natalia Tierno
Claudia Díaz
Mailén Schoo
Carolina Figueroa
Emiliano Beglia

 

EL CONTEXTO

Al primero de agosto de 2020, nada se sabe sobre dónde está ni qué pasó con Facundo Astudillo Castro, quien fue visto por última vez el 30 de abril de este año.

Los tres años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado se dan en este contexto, el de una democracia que no puede evitar la violencia estatal, sea de parte de las fuerzas de seguridad como de la Justicia.

Aquí, otro ejemplo de los mecanismos del Estado a la hora de garantizar la impunidad. 

 

¿En qué está la causa?

El juez Gustavo Lleral en noviembre de 2018 dijo que Santiago Maldonado se había ahogado “solo, sin que nadie lo notara, se hundió en ese pozo” de las aguas heladas del río Chubut. Y que nadie era responsable de esa muerte. Por lo tanto, archivó la causa.

En 2019 cinco querellas –el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la familia Maldonado– impugnaron esa declaración de Lleral, y en septiembre de ese año la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia estableció que la de Santiago había sido una muerte violenta en un contexto en donde las fuerzas de Seguridad del Estado se habían desplegado. Por lo tanto, había que investigar. Sin embargo, el fallo coincidía con Lleral y descartaba la desaparición forzada como hipótesis.

Esa sentencia de la Cámara de Comodoro fue apelada por la APDH, argumentando homicidio agravado por el accionar de las fuerzas de seguridad, y por la familia Maldonado, sosteniendo la desaparición forzada seguida de muerte. 

La Cámara de Casación Penal, por su parte, se pronunció de manera dividida. El juez Gustavo Hornos le dio la razón a la familia y dijo que no se podía descartar ninguna hipótesis, pero los magistrados Mariano Borinsky y Javier Carbajo, si bien dijeron que había que seguir investigando, descartaron la desaparición forzada.

Ante esa sentencia, el 6 de marzo de este año la familia interpuso un recurso ante la Corte Suprema, que será la que resuelva si la causa se va a investigar como desaparición forzada o no. 

 

Ningún juez la quiere

En la causa en la que aún no se investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado no sólo falta justicia: tampoco hay juez.

Es que la Cámara de Comodoro, después de que decidió que había que seguir investigando, le remitió la causa otra vez a Lleral, quien dijo que ya había investigado todo, que Santiago se murió solo, y por lo tanto no hay delito ni responsable. Lleral entonces le pasó la causa a Hugo Sastre, el otro juez de Rawson que también se excusó de investigar. 

La calesita judicial continuó cuando la jueza Eva Parcio, del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, insistió con que Lleral debía seguir actuando y le remitió la causa nuevamente. Lleral, que ya había dicho que no podía ser “imparcial”, aceptó la recusación de la familia Maldonado y la causa volvió a la Cámara Federal de Apelaciones, donde el juez Javier Leal de Ibarra profundizó el estancamiento judicial: dijo que Lleral debía hacerse cargo.

La familia Maldonado presentó otra impugnación ante la Cámara de Casación Penal. Y el pasado 17 de julio llegó la notificación, en la que se informaba que al juez Mariano Borisnky le parecía bien que Lleral siguiera al frente de la causa, lo que llevó otra vez a la familia a impugnar. 

De esta manera, quedará en manos de la Corte Suprema la definición acerca de las tres causas: 

1) El pedido de que se investigue la desaparición forzada seguida de muerte.

2) La asignación de un juez para la causa.

3) La impugnación por las escuchas telefónicas a Sergio Maldonado, integrantes de la Pu Lof de Cushamen y otros testigos.

“A su vez, nosotros el año pasado ya hicimos la presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que hay una denegación de justicia por parte de la Argentina, teniendo en cuenta que se cumplen tres años y no hay nadie responsable, no hay investigación y no hay juez, por lo tanto hay retardo de justicia, que en definitiva es denegación de justicia”, dice Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, que insiste, además, en la conformación de un grupo de expertos independientes para la investigación y en remarcar las diferentes irregularidades de la autopsia que se le realizó al cuerpo de Santiago.

Al respecto, Heredia dice: “Ya son 6 jueces que han determinado que la autopsia no dice ni cómo ni cuándo murió Santiago. La infalibilidad de la autopsia ya no es más una verdad aristotélica”.

 

Su (verdadera) causa 

¿Por qué ese día, hace tres años, Santiago estaba en la Pu Lof y participó del corte de la ruta 40 frente a la comunidad?

Porque Santiago apoyaba la lucha del pueblo mapuche, y entonces también exigía la libertad del lonko Facundo Jones Huala, que luego sería el primer líder indígena en Argentina en ser extraditado por cuestiones políticas. Actualmente, aunque a los medios ya no les importe, Jones Huala es uno de los más de 25 presos políticos mapuche en huelga de hambre en las cárceles de Chile. 

La Inteligencia de ambos países también actuó de manera coordinada durante el caso Maldonado, intercambiando información tanto de la familia como de diferentes comunidades a un lado y otro de la Cordillera. Esa persecución histórica binacional contra el pueblo mapuche –que nunca se detuvo en los territorios– es la que repudiaba y pretendía visibilizar Santiago, cuyo velorio se llevó a cabo el mismo día que asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, otro crimen de Estado que sigue impune para la democracia Argentina.

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