Juicio Rafael Nahuel XI: “Queremos justicia para nuestro hijo”

Gioia Claro-Roxana Sposaro. Cobertura colaborativa Revista Cítrica, Infoterritorial y Radio Zona Libre.

Mariano Przybylski, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, soltó las palabras que desde hace 12 semanas esperaban familiares de Rafael Nahuel, comunidades mapuche y el amplio abanico de la militancia por los derechos humanos: prisión perpetua.

Después de una sólida y extendida argumentación en la audiencia de alegatos de las querellas del juicio por el fusilamiento del joven mapuche, Przybylski le pidió al tribunal la pena máxima de prisión para Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Velntín Sosa, Ramón Obregón y Sergio García, los cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina imputados.

El pedido fue por considerarlos coautores por el “homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, por el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función siendo integrantes de la Fuerza de Seguridad, contra Rafael Nahuel, y en concurso ideal con el delito de homicidio agravado en grado de tentativa por lo menos contra Johana Colhuan, Gonzalo Coña, Lautaro Gonzalez y Fausto Jones Huala". En los Tribunales Federales de Fiske Menuco (General Roca, Río Negro) también estaba presente Horacio Pietragalla Corti, el titular de la Secretaría que impulsa una de las querellas en el proceso judicial.

A esto adhirieron los abogados Sebastian Feudal, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Nación, y Ezequiel Palavecino y Rubén Marigo, por la APDH Bariloche, quienes representan a la familia. A su vez, todas las querellas solicitaron que se reconozca a Rafa, Johana, Lautaro, Gonzalo y Fausto como "víctimas de violencia institucional" y que se agregue el agravante de “odio racial” (APDH Nacional y Bariloche) solicitando la “prisión preventiva e inmediata detención" de los imputados.

Durante las extensas jornadas que se vivieron esta semana, la sala de audiencias permaneció colmada. En la calle, un nutrido grupo de personas, muchas de ellas pertenecientes a organizaciones sociales, políticas y mapuche, acompañó a la familia, siguiendo atentamente las audiencias a través de la radio abierta instalada por Radio Zona Libre frente a los tribunales.

“Nadie los perseguía”

El abogado de la Secretaría de DDHH sostuvo que “se comprobó, a lo largo del debate oral, que lo que sucedió fue una persecución a los tiros, con armas de fuego”. “Eran 8 o 9 personas, y no 25 como mencionan los prefectos.(...) Se escuchó el grito de ‘Alto Prefectura’ y empezó la ráfaga de disparos. Cae Rafa y recibe el disparo a Johana, gritan ‘le pegaron’, escuchan estruendo, y (los prefectos) se retiran”.

Mencionó el tiempo que transcurrió entre que los jóvenes mapuche vieron a los heridos, fueron a un arroyo a buscar agua, armaron la camilla para Rafa y descendieron de la montaña. “Es obvio que los prefectos bajaron tranquilos o como quisieron. Nadie los perseguía”, destacó. También expuso los planos con las georreferencias de las vainas servidas encontradas en el terreno y se pudo apreciar que del predio al que se limitaba el desalojo dictado por el juez Villanueva, que era de 200 por 300 metros, los albatros subieron 700 metros más allá de los límites de la orden judicial.

Sobre la “legítima defensa”

Przybylski desarmó la teoría del enfrentamiento, mencionando que no se comprobó la existencia de armas de fuego ajenas a los prefectos y que las piedras arrojadas por los mapuche fueron posteriores a la balacera recibida. “El dolo no fue apuntar y matar a Rafa. Querían matar a todos o a algunos. Esos 151 disparos fueron una acción conjunta”, afirmó y recalcó la necesidad de reconocer el intento de homicidio de las dos personas heridas ese mismo día, señalando las diferencias con las que se juzgan a unos y otros: “Johana y Gonzalo reciben dos balazos y ¿quién juzga?; distinto trato recibió Jesica Boneffoi, quien fue enviada a juicio oral por un rasguño a una oficial policial. “Debemos saldar esa deuda”.

Recordó el contexto donde la conducción política del Ministerio de Seguridad coincidía y avalaba estos accionares, en clara referencia a Patricia Bullrich, y afirmó: “Es fundamental nombrar este caso como violencia institucional, nombrarlo. La violencia institucional es la violación de Derechos Humanos de la democracia por parte de agentes del Estado”.

La sorpresa llegó con los alegatos de la fiscalía.

Sin contemplar el caudal probatorio expuesto durante el juicio, omitiendo cuestiones que se suponían saldadas o fuera de duda, los fiscales Rafael Vehils Ruiz y Juan Manuel Berrese decidieron tomar la imputación traída a este debate por la fiscal original de la causa Silvia Little, sosteniendo la teoría del enfrentamiento y el exceso en la legítima defensa, sugiriendo al tribunal una condena de sólo cinco años de prisión preventiva y ocho años de inhabilitación bajo la calificación de “homicidio agravado por exceso en la legítima defensa”.

Las teorías del caso

Durante la inspección ocular realizada hace unas semanas en el lugar de los hechos, al que asistieron dos de los cinco imputados y los testigos mapuche sobrevivientes, el imputado Obregón y el testigo Fausto Jones Huala coincidieron en algo: el punto donde se encuentran, donde comienzan los primeros disparos.

“Pensar que el orden cronológico fue al revés es imposible, ilógico e irrazonable. Los albatros quisieron armar una fantasía, un cuento poco creíble. En esos 150 metros ocurren todas las contradicciones de los albatros”, dijo a su turno Ezequiel Palavecino de la APDH Bariloche, y aseveró que se trató de “un plan criminal”.

Sin embargo, la fiscalía en su alegato asegura que “no sabemos si se dispararon de forma ascendente o descendente, de arriba abajo o viceversa”. Para Rafael Vehils Ruiz, “no hubo una caza”. “Todo llevaba normal desarrollo hasta que estos 5 (refiriéndose a los imputados) decidieron desobedecer la orden y formar una especie de equipo, que sin lugar a dudas disparó armas con munición de plomo. (...) contra piedras y lanzas, 150 disparos al menos. Sin ninguna duda, que si tiro al boleo 150 disparos puedo impactar en alguien y así pasó. Desgraciadamente impactó en Rafa Nahuel”, afirmó Veihls Ruiz, que en un momento miró a la madre y el padre de Rafa y les dijo: “Yo voy a pedir justicia por su hijo, no venganza".

Atenuando la responsabilidad de los uniformados, prosiguió: “Se trató de un tremendo, irresponsable actuar de estos cinco improvisados porque desobedecieron las órdenes, tuvieron la brillante idea de desoir todos los reglamentos para este tipo de casos. Disparar 150 veces es ejercer abusivamente el derecho a la defensa”.

Interpretaciones arbitrarias y doble vara

En su teoría, los fiscales dan por sentado que Fausto Jones Huala, Lautaro González y Rafael Nahuel dispararon armas de fuego porque "tenían partículas positivas características" (de residuos de pólvora) "en las manos”, sin contemplar las condiciones, que fueron explicando distintos peritos a lo largo de este juicio, en que se puede producir la transferencia de residuos de disparo, como ser simplemente por contacto con alguien que haya disparado (el prefecto Javier Pintos, quien fue el autor del disparo de más de 70 balas de plomo contra los mapuche, aseguró en su indagatoria que él mismo detuvo y esposó a uno de los que bajaron el cuerpo de Rafa), e incluso puede alguien contaminarse con solo estar cerca o en el área de disparo, e incluso por estar en un móvil policial como estuvieron los mapuche detenidos a los que se les tomó posteriormente las muestras.

Mariano Przybylski en su alegato el día anterior sobre este punto, ya había adelantado lo no concluyente de esos resultados, ya que en la investigación también daba el mismo resultado positivo el prefecto Sánchez (testigo en el juicio), esto es, también tenía partículas positivas en las manos, pero se comprobó que ese prefecto no había disparado. Esto fue sostenido por las demás querellas, quienes afirmaron que hubo “transferencia y contaminación de residuos de pólvora” a manos de quienes no habían maniobrado armas de fuego.

La otra “prueba” de la fiscalía para sustentar su teoría del caso es el fallo del juicio abreviado contra Fauto Jones Huala por “resistencia a la autoridad” mediante uso de “armas”, sin contemplar una definición jurídica básica que distingue “armas de fuego” de “armas impropias", que como afirmó en su testimonio el propio Fausto, eran piedras.

Un punto importante para sostener la coautoría de los albatros, en la que coinciden las querellas y la fiscalía: Cavia, quien llega a este juicio como autor del disparo letal, declaró en su indagatoria admitiendo haber disparado varias veces, al igual que los otros cuatro imputados, pero al momento de entregar su cartuchería y armas a la PSA por orden judicial, presentó todos sus cartuchos completos, sin faltantes.

“Probamos que hubo una decisión conjunta de ir a buscarlos. Todos dispararon. El que menos disparó, lo hizo 25 veces, con intención de matar, porque a Rafa lo mataron y a Johana y Gonzalo los hirieron con disparos direccionados a zonas vitales”, dijo Przybylski.

Luego de la balacera, los prefectos bajaron y, según los testimonios del juicio, tuvieron 5 horas libres antes que le secuestraran equipos y armamento.

“En algún momento hubo traspaso de municiones de sus compañeros coimputados, no queda otra opción”, explica el Secretario abogado de DDHH, quien habla de un “plan común”. “No solo participaron sino que planificaron el encubrimiento. No importa quién embocó, todos dispararon con intención”.

“No quedan dudas que las únicas vainas que se encontraron ahí son de las Fuerzas de Seguridad. También se encontraron no letales, eran de la Policía Federal, quienes (el día del desalojo) llegaron a cierto punto y volvieron. Entendieron que se estaba jugando el valor vida, los albatros no”, alegó Ezequiel Palavecino, de la Apdh Bariloche.

El dolo: odio racial e intención de matar

En las indagatorias el prefecto Javier Pintos mostró un gran desprecio y racismo contra el pueblo mapuche. “Los mapuche eran un grupo de sediciosos y ellos los enfrentaron, dijo que había que tener agallas para actuar”, citó en su alegato el abogado Przybylski.

En este sentido, el abogado querellante por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) Nacional, Sebastián Feudal, adhirió totalmente al petitorio de la Secretaría de Derechos Humanos pero "con la salvedad de condenar a Pintos como coautor de homicidio por odio racial" previsto en el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal como agravante:“Él sólo (Pintos), disparó 72 balas de plomo y admitió en sus declaraciones indagatorias, haber disparado a tres personas en sus zonas vitales.” recordó Feudal al Tribunal.

Hizo hincapié en el odio racial existente en el Poder Judicial, político y de las fuerzas de seguridad. Recordó los estigmas y prejuicios con que el Jefe del Grupo Albatros, Julio César Mostafá, reconoció haber actuado, influenciado por lo que “aparecía en los medios como Clarín” sobre la RAM y los mapuche “violentos”.

“El derecho a la recuperación territorial fue interpretado por el Estado como un desafío a la cultura hegemónica, que fue respondida con violencia. Fueron desalojados por ser mapuche. El Estado argentino a través del juez Gustavo Villanueva redujo el derecho indígena a un trámite burocrático”.

Finalmente pidió que en la sentencia "se mencione que el hecho resulta una lesión a una comunidad mapuche, no solo a las normas, una lesión a la comunidad mapuche y a todo el pueblo mapuche".

Luego la APDH Bariloche amplió esta solicitud a todos los imputados:

“Debe agregarse el odio racial no sólo contra Pintos, sino contra todos. Desde que desaparece Santiago y aparece a los 78 días, ciertos medios de difusión crearon esta idea (...) Varios de los que declararon dijeron que venían a desalojar a los indios, que escuchaban un idioma que no era nacional…”.

“A la luz de lo que hemos analizado, ¿qué va a pasar mañana?”, pregunta retóricamente Rubén Marigo, de APDH Bariloche. “¿Qué pueden decir del otro lado para justificar lo injustificable? No hubo dudas. Se encontraron en el lugar que todos vimos. Cuando quieren decir que dispararon retrocediendo, es una falacia. No hay alternativa. Los corrieron, los cazaron y los mataron. Luego huyeron, sin cumplir con la orden principal que era detenerlos. No les importó y se fueron”.

“¿Cómo pueden defenderse? No hay una sola prueba que acredite la existencia de armas del pueblo mapuche. Los 150 disparos son de los albatros. No hay un solo herido de los albatros. Los muertos, como siempre, están del lado de los mapuche”.

“Lo único que quería Rafael Nahuel, un chico marginado, mapuche, que se recuperó, que quería vivir mejor, así le fue. Había otra forma de solucionar este tipo de cosas; el diálogo. No puedo creer que se pueda sostener legítima defensa. Hubo la intención de dar un escarmiento al pueblo mapuche en un contexto político que así lo exigía y aún hoy lo exige”.

“El desconocimiento de los derechos ancestrales del pueblo mapuche, que significa reconocer la tierra que ocupa y darles aptas y suficientes, no se cumple. No se le entregan tierras aptas, no se cumple con la ley 26.160, pero lo más importante, que incluso desconoce la fiscal de primera instancia, es qu este reclamo ancestral, este tipo de disputa, no se debe criminalizar sino solucionar por el diálogo, como se supone en un sistema democrático. El pueblo mapuche forma parte. Mientras el negacionismo militar lo niega, forma parte de nuestra Nación. ¿Es tan difícil cumplir con el convenio 169?”.

“El acuerdo de tierra, homologado por la justicia, la misma justicia lo apela. No es una cuestión personal, es una cuestión legal, puede estar o no de acuerdo. Creo que el pueblo mapuche necesita una solución, hay que terminar con la ideología de la campaña del desierto”.

“No dejar impune este tipo de delito, es no dejar la consigna Memoria, Verdad y Justicia, agregando el odio racial que se manifiesta desde la campaña del desierto hasta ahora y es una línea política continua. Que se haga justicia”, concluye Rubén Marigo.

Palabras y dolores familiares

Luego de escuchar a la fiscalía justificar el asesinato de Rafa en un “legitima defensa”, su padre y su madre, Tito y Graciela, no pudieron contener la indignación e interpelaron a jueces y fiscales.

Graciela: “A mi hijo le pegaron un tiro por la espalda, y nunca dieron la cara la manga de asesinos que le quitaron la vida a mi hijo. Y nosotros tenemos que andar viajando siendo gente humilde, pobres, con la ayuda de la gente de acá de Roca comemos, no tenemos laburo. Y a mi hijo le quitaron la vida hace 6 años. Queremos que pongan la cara los asesinos. Queremos justicia por Rafael. Llegaron en un solo día y le quitaron la vida a Rafael, y que los asesinos paguen en la cárcel. Queremos cadena perpetua. Tienen que ir todos presos. Arruinaron una familia. No nos van a devolver la vida de Rafita por más justicia, pero tienen que estar presos”.

Quienes se encontraban manifestándose afuera se acercaron a las puertas del juzgado para recibir a la familia de Rafael al grito de “¡Justicia!” y reclamando la prisión perpetua para los prefectos.

Una vez afuera, Graciela, Tito y Ezequiel (hermano de Rafa) se sumaron a la ruidosa movilización que esperaba la salida de los fiscales para demostrar el repudio con cantos y gritos. Los fiscales debieron salir custodiados, por una puerta alternativa, sin haber recibido agresión alguna por parte de quienes hicieron propio el sufrimiento y la bronca que expresó la familia. Una vez pasado el momento de tensión, la mamá de Rafa agradeció el acompañamiento y la contención por parte de todos los presentes y llamó a continuar exigiendo justicia por su hijo y prisión perpetua para los asesinos.

El miércoles de la semana que viene se escucharán los alegatos de las defensas de los Albatros, que seguirán afirmando la teoría del enfrentamiento.

Después de las elecciones presidenciales, los tres jueces del Tribunal, Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava, darán su veredicto.

¿Habrá justicia?