"Exigimos una ley que sea favorable a nosotros y no a las empresas"

“La reforma del Código de Tránsito y Transporte aprobada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene un carácter totalmente patronal y anti-obrero, porque delega en los trabajadores de las aplicaciones responsabilidades que tendrían que ser obligaciones de las empresas.

Además implica más costos para nosotros, que ya de por sí estamos ganando lo mínimo, porque nos obliga a comprarnos la ropa para hacer los repartos y nos exige inscribirnos, mediante un pago que también corre por cuenta nuestra, en un registro de repartidores.

Nosotros ya llevamos cuatro paros nacionales y tres paros internacionales en los que hemos repudiado a todo este sistema de trabajo, y también reivindicado nuestros derechos como trabajadores de las aplicaciones. Detrás de todo esto hay una intención muy clara: atacar la lucha que venimos llevando a nivel mundial.

No tenemos ningún tipo de derecho, somos la máxima expresión de la precarización y la flexibilización laboral a nivel mundial: estamos expuestos a jornadas que van desde las 12 hasta las 16 horas por día de trabajo.

Formamos parte de una relación laboral encubierta, porque no somos colaboradores como dicen ellos, somos trabajadores que dependemos de las empresas, pero las empresas se desligan de todas las responsabilidades.

Nuestra tarea es totalmente insalubre, estamos expuestos a la pandemia y no nos dan protecciones eficientes. Además, el estado de las calles es muy grave y las inclemencias del tiempo que sufrimos son terribles. No tenemos posibilidad de descanso ni de enfermarnos y tampoco contamos con aguinaldo ni vacaciones.

Exigimos una ley que sea favorable a nosotros y no a las empresas, que desde el comienzo de la pandemia están aumentando exponencialmente sus ganancias, mientras a nosotros los sueldos apenas nos alcanzan para sobrevivir.”

Maximilano Martinez, repartidor de Glovo, forma parte de lxs trabajadorxs de reparto nucleados en Agrupación ATR. Es una de las tantas voces que se manifestaron ayer en la Legislatura porteña para evitar una extraña maniobra política: la modificación de una norma de tránsito para darle marco legal a la precarización laboral de lxs repartidorxs.

Según las críticas de los representantes de uno de los sectores más esenciales (y menos protegidos por las leyes laborales) en cuarentena, el proyecto aprobado habilita a Glovo, Rappi, Uber Eats, Pedidos Ya y otras empresas del rubro como "intermediarias de oferta y demanda", ocultando el vínculo laboral con lxs repartidorxs.

También cuestionan la imposición de un registro para lxs trabajadorxs sin derechos y las multas económicas para quienes circulen sin autorización.

La sanción de la reforma tuvo 39 votos positivos (Vamos Juntos, Partido Socialista, GEN, Confianza Pública y UCR-Evolución), 4 negativos (FIT y Autodeterminación y Libertad) y 17 abstenciones (Frente de Todxs).