La abogada feminista Nina Brugo habló de la necesidad de que el Congreso debata el aborto legal, seguro y gratuito, las desigualdades y la responsabilidad del Estado por la muerte de miles de mujeres en camillas clandestinas.
Nina Brugo*
En los países desarrollados el aborto legal, seguro y gratuito lo han conseguido las mujeres con su lucha. Inclusive con gobiernos de derecha, como fue el caso de Francia en 1975. En los países sudamericanos, en cambio los sectores más reaccionarios aún tienen una actitud hostil hacia que la mujer pueda decidir sobre la sexualidad. La interrupción del embarazo es la libertad sexual de la mujer, es dejarla elegir. Y ahí es donde se ponen firmes los gobiernos: no permiten que las mujeres puedan decidir y ser libres.
Los abortos clandestinos se llevan la vida de mujeres y de niñas.
En nuestro país de este tema no se hablaba; la sociedad no lo trataba públicamente, no se tomaba conciencia de la cantidad de mujeres que morían por abortos clandestinos, en la dictadura no se podía hablar y después ninguno de los gobiernos democráticos ninguno quiso tratar el tema. Hoy hemos logrado que todos los partidos políticos, inclusive el PRO, den libertad de conciencia a sus legisladores y legisladoras para actuar. Hemos logrado lo que llamamos el consenso social, hemos logrado movilizarnos e inclusive tenemos cátedras en las universidades.
Me asombra gratamente que los periódicos de alcance nacional le dediquen páginas a este tema desde el punto de vista de la salud pública, que traten el tema como salud ya es muy importante. En la Argentina el aborto ya no es un tema tabú. Esto no obliga a nadie, es la persona la que decide y el Estado el que tiene que actuar cuando una persona va al hospital público y decide ejercer un derecho tan privado y tan íntimo como es una interrupción del embarazo. Si sus condiciones morales o religiosas no se lo permiten, no lo hará. Pero que sí permita - teniendo en cuenta que se realizan más de medio millón por año- que los abortos se hagan en los lugares más seguros y no clandestinamente con riesgo de muerte.
Son 350.000 las mujeres que anualmente van a los hospitales públicos del Gran Buenos Aires, y 500.00 en todo el país como consecuencias de los abortos clandestinos.
Para continuar con otras luchas, tenemos que dar esta. Los abortos clandestinos se llevan la vida de mujeres y de niñas. Un embarazo no deseado no debería de continuar, sobre todo en la niñez y en la adolescencia. Y sabemos que las mujeres vulnerables son las que más pierden porque la mujer que tiene buenos recursos termina solucionándolo.
Ahora, con el hecho de que la interrupción del embarazo se hace en forma medicamentosa, -cuando se consiguen y tienen recetas para hacer compradas porque no muchas farmacias la venden- el precio es exorbitante, de 3.000 o 4.000 pesos; mientras en otros países el precio es similar al de otra aspirina: unos pocos dólares. Las mujeres más vulnerables no tienen el dinero para comprar ese medicamento y por eso terminan en la curandera del barrio, por eso sus vidas se acaban. Y ni hablemos en ciertos lugares del interior del país y vastas zonas del Gran Buenos Aires. Los abortos mal hechos tienen secuelas para toda la vida en la salud de las mujeres. Y son 350.000 las mujeres que anualmente van a los hospitales públicos del Gran Buenos Aires, y unas quinientas mil en todo el país.
Necesitamos que las escuelas brinden educación sexual integral, como lo dice la ley.
Las chicas llegan a los hospitales con hemorragias, después de realizarse un aborto clandestino o por abortos espontáneos. Y sólo por llegar por un aborto espontáneo en el hospital consideran que seguramente fue clandestino. Hay un prejuzgamiento total. Ellas sufren una serie de maltratos y no quieren atenderlas en los hospitales públicos. Esos mismos médicos que hacen objeción de conciencia, en sus consultorios privados las atienden, cobrándoles hasta 27.000 pesos.
Necesitamos que las escuelas brinden educación sexual integral, como lo dice la ley. En la provincia de Buenos Aires, en general, se estaba dando; en Capital Federal en algunos lugares sí, y otros que no. Pero en los colegios privados directamente lo ignoran. Lo único que sirve es la movilización de las interesadas en cada lugar y después, colectivamente, cuando nos juntamos todas. Solamente así vamos a cambiar la situación. Otra forma no hay.
Por eso vamos a presentar por séptima vez el proyecto de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito porque perdió estado parlamentario. Las seis veces anteriores no tuvieron posibilidad de entrar al recinto porque en ninguna comisión llegó ni siquiera a votación. Hoy le mostramos nuestros pañuelos al Congreso. Pero también en plazas de todo el país. Esto ha tomado una dimensión muy grande y estamos decididas a luchar por nuestro proyecto de ley. Queremos que quede claro: mueren mujeres debido a que no hay tratamientos acordes cuando ellas quieren interrumpir su embarazo. Y es el Estado el que ejerce esa violencia y comete un femicidio.
* Abogada laboralista, especialista en Derechos de la Mujer.
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