Mientras se incendian los bosques patagónicos, los contratos de brigadistas que trabajan en el territorio no son renovados. Sí prosperan los negocios privados y los desalojos de comunidades mapuche. Vientos liberales que alimentan el fuego.
Fin de año, calor, turistas y... llamas. En el Parque Nacional Nahuel Huapi, más de 100 brigadistas combaten un incendio desatado los últimos días de 2024, que ya consumió más de 2.000 hectáreas de bosque. ¿Qué tiene de particular la situación? Los contratos laborales de quienes combaten el fuego vencieron el 31 de diciembre y trabajan con la incertidumbre laboral. En simultáneo, el desalojo de comunidades indígenas y la mercantilización de los Parques Nacionales revelan un entramado de intereses que priorizan el negocio por sobre la preservación ambiental y los derechos humanos.
Chelo Rojas, delegado de ATE Parques Nacionales Bariloche, describe la situación: “Los brigadistas son todos contratados. Este año trabajamos bajo renovaciones trimestrales, una incertidumbre total que complica todo, la planificación de nuestras vidas. Hoy no tenemos certezas sobre las renovaciones ni compromisos por parte de las autoridades, solo silencio”.
El panorama es desalentador: con salarios que apenas alcanzan para sobrevivir, muchos brigadistas deben buscar empleos adicionales, sacrificando el descanso necesario para enfrentar incendios. La precarización termina expulsando a las trabajadoras y los trabajadores que deben abandonar sus puestos (nada menos que poniendo el cuerpo frente a los incendios) para buscar otro sustento.
“Un brigadista sin experiencia cobra 470.000 pesos en zonas no frías, mientras que en Patagonia apenas supera los 600.000”, explica Rojas. Y señala lo obvio en un contexto de ajuste: “Es imposible sostener una familia así”.
Precarización, despidos y vaciamiento
Ariel Dátoli, delegado de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), confirma la fragilidad del sistema: “En 2024, trabajamos con la mitad de la planta mínima. Deberíamos ser 700 brigadistas en todo el país, pero apenas superamos los 400. Además, no logramos avances en la jubilación anticipada, ni en la planta permanente, que ya tenía financiamiento. Ambos proyectos quedaron enterrados con este Gobierno”.
La precarización no se limita a las brigadas. Alejo Fardjoume, coordinador nacional de ATE Parques Nacionales, denuncia: “Están vaciando las capacidades técnicas y científicas para habilitar negocios. Bajo el discurso de ‘déficit cero’, la gestión de Cristian Larsen tiene una mirada mercantilista de los Parques, más que ambiental”.
En pleno desarrollo del incendio los últimos días del año, las y los brigadistas empezaron a enterarse de los despidos. “10 brigadistas de Parques de Chaltén, Jujuy, Salta y Corrientes. Compañeras y compañeros con hasta 15 años de antigüedad. Técnicos y administrativos, cerca de 20, y nos vamos enterando…”, detalla Fardjoume.
Atendido por sus dueños
En la biografía de Cristian Larsen figura haber sido yerno del diputado del PRO de origen radical Hernán Lombardi. El hoy presidente de Parques Nacionales, que asumió su cargo en abril de 2024, dejó clara su orientación política desde el comienzo. Además de despedir a 80 trabajadoras y trabajadores de distintos Parques, su primera reunión de trabajo fue con la Cámara Argentina de Concesionarios de Parques Nacionales. En septiembre, Larsen firmó junto a Leonardo Fernández Cambpell, presidente de la Cámara, un convenio para “la promoción del desarrollo competitivo y sustentable de servicios turísticos dentro de las áreas protegidas”.
El entramado de intereses no se detiene ahí. Tomás Dineri, exdirector de Concesiones de Parques Nacionales (quien analiza y autoriza nuevas concesiones, negocios y servicios turísticos en Parques) ahora asesora legalmente a la misma Cámara. Por otro lado, Nicole Jaureguiberry, exdirectora de Asuntos Jurídicos de Parques Nacionales durante el macrismo (2016-2018), quien fue instruida durante su gestión como querellante de Parques contra la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu (donde fue fusilado Rafael Nahuel), ahora es abogada de Consenso Patagonia, un grupo empresarial, político y judicial que defiende la propiedad privada y el turismo de élite criminalizando a comunidades indígenas que reclaman sus territorios.
Larsen también impulsó durante 2024 una violenta campaña mediática y judicial para ejecutar los desalojos de las comunidades mapuche Lafken Winkul Mapu, en el Parque Nahuel Huapi (Río Negro), y Pailako, en el Parque Los Alerces (Chubut). Esta última, con una orden de desalojo prevista para el 9 de enero.
El costo humano del fuego
En este contexto, los brigadistas siguen enfrentando las llamas. L., con 45 años y 24 de experiencia y trabajo para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), recientemente traspasado al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, resume la incertidumbre que atraviesan: “Hoy, 3 de enero, no sabemos si renovarán nuestros contratos ni por cuánto tiempo. Pero ante el primer llamado, nos despedimos de nuestras familias y salimos a trabajar. Así ha sido siempre”.
Entre los brigadistas concuerdan en que “es una decisión totalmente política”. ¿Qué mirada tiene la gestión de Javier Milei sobre los incendios? “Quieren que sea la Policía del fuego y centrarse en buscar responsables más que en prevenir y combatir incendios”.
Entre montañas, sierras y bosques, los brigadistas protegen ecosistemas y comunidades, pero sus derechos laborales siguen relegados. Sin estabilidad ni reconocimientos por riesgo, exponen sus cuerpos al fuego mientras los propios funcionarios buscan lucrar con el patrimonio natural.
La crisis en los Parques Nacionales no es sólo ambiental, sino también humana. Quienes defienden estos territorios poniendo el cuerpo están siendo precarizados y despojados junto con las comunidades que los habitan.
Sin un cambio de enfoque que priorice la vida y el ambiente por encima de los intereses económicos, las llamas arrasarán bosques y derechos fundamentales, ayudadas por los vientos liberales que soplan cada vez más fuerte en la Argentina.
Lof Pailako, en la mira de Parques Nacionales
En el Parque Nacional Los Alerces de Chubut habita una comunidad mapuche con varias generaciones de arraigo territorial. Una causa judicial para desalojarla, funcionarios que insultan por redes sociales y la discusión sobre la propiedad de la tierra y la vida.
¿Quiénes están realmente detrás del incendio en el Parque Nacional Los Alerces?
Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, acusan a los pueblos originarios de provocar los incendios en el Parque Nacional Los Alerces. ¿Pruebas? Como siempre, ninguna. En esta nota, la respuesta de tres representantes del pueblo mapuche que denunciaron que esto iba a pasar.
“Rafael Nahuel luchó por su tierra y su familia”
A cinco años del asesinato de Rafael Nahuel en la Lof Lafken Winkul Mapu, Lautaro González Curruhuinca, principal testigo de los disparos del grupo Albatros, reivindica la lucha mapuche por los territorios y afirma: “no voy a negociar con el sistema judicial sin importar las condiciones”.