La pandemia se va, las balas quedan

Como la inundación que deja ver sus consecuencias una vez que las aguas se retiran, el segundo año de la pandemia empieza a mostrar los impactos reales en la sociedad argentina. Uno de ellos es la comprobación de que el Estado no fue garantía de “cuidado” para la población, ya que en dos años de gestión de Alberto Fernández (coincidentes con la crisis sanitaria) los números demuestran que se trata del Gobierno democrático con mayor cantidad de asesinatos cometidos: fueron 981 personas que perdieron la vida por acción estatal. 

Es una de las revelaciones del informe antirrepresivo 2021 de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que lleva por título “30 años en las calles contra la represión”. Así, el acumulado de casos que sistematiza Correpi desde 1996 alcanza con esta actualización 8.172 muertes entre el 10 de diciembre de 1983 (asunción de Ricardo Alfonsín) y el 20 de noviembre de 2021 (el corte del informe actual).

Transcurrido medio mandato del Frente de Todos, en Argentina hubo un crimen de las fuerzas represivas cada 17 horas (es decir, 1,57 muerte por día); en 2020 se había registrado un caso cada 20 horas (1,2 muerte diaria). El actual Gobierno supera hasta el momento a Mauricio Macri en términos represivos, ya que si bien Cambiemos había batido todos los récords previos, dejó un saldo algo menor: entre 2015 y 2019 se produjo un asesinato cada 18 horas (1,32 caso diario). 

Dime quién mata

En el desglose de las modalidades represivas de la gestión Fernández, casi 7 de cada 10 muertes (671 casos, 68,4%) se produjeron en lugares de detención. Correpi señala que el incremento de estos casos “es consecuencia directa de las decisiones políticas tomadas por los gobiernos nacional y provinciales frente a la crítica situación carcelaria durante la pandemia, así como de la promoción de facultades para detener personas arbitrariamente”.

También hubo 209 casos de gatillo fácil (21,3%), 64 muertes intrafamiliares o intrafuerza (6,5%), 25 casos por “otras circunstancias” (incluye 38 femicidios, 6 femicidios relacionados y 2 travesticidios; 2,6%), 11 asesinatos en movilizaciones o protestas sociales (1,1%) y 1 caso por causa fraguada o como consecuencia de otros delitos (0,1%). 

El Servicio Penitenciario encabeza el listado de fuerzas estatales causantes de las muertes (570 casos, 58,1%), seguido por las policías provinciales (281, 28,6%), la Policía de la Ciudad (51, 5,2%), la Policía Federal Argentina (50, 5,1%), la Gendarmería Nacional (13, 1,3%) y “Otras fuerzas” (10, 1%). El porcentaje restante incluye a la Prefectura Naval Argentina y la seguridad privada, con tres casos cada una.

Correpi contabiliza el asesinato del comunero mapuche Elías Garay como el primero del Frente de Todos en un contexto de protesta social. El informe explica que se dio “bajo la modalidad de la tercerización, sólo que en lugar de ser una patota de la burocracia sindical, como la que mató a Mariano Ferreyra, esta vez fueron sicarios vinculados a la empresa de (de)forestación que pretende las tierras ancestrales del pueblo Mapuche”.

Agenda antirrepresiva

El primer acto público de Correpi fue el 22 de mayo de 1992: un Cabildo Abierto contra la Represión en Corrientes y Montevideo. “Hicimos una radio abierta con testimonios de familiares y víctimas, e invitamos a tocar a tres bandas, Los Piojos, Los Caballeros de la Quema y La Renga”, recuerdan en el informe 2021. El público estimado aquella vez: 300 personas.

Desde entonces, la tarea incansable de la organización ha sido fundamental para llevar el registro de casos de víctimas de la represión estatal. El primero vio la luz en 1996, después de que el ministro menemista Carlos Corach preguntara a periodistas “dónde están los nombres” de las víctimas del gatillo fácil y las muertes en lugares de detención. La respuesta documentada de Correpi se convirtió en una herramienta de referencia para el campo popular, que además está en permanente actualización, ya que año a año se suman casos desconocidos de períodos anteriores.

Como contraparte de la denuncia, en el informe hay una serie de propuestas que conforman la Agenda antirrepresiva urgente de Correpi, a saber:

1. Detención de personas. Eliminación de todas las facultades y prácticas de las FFSS para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente. ¡Cumplan la sentencia de la Corte IDH en el caso Bulacio ya!

2. Portación de armas. Prohibición a todas las fuerzas de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil.

3. Defensa. Prohibición de proveer defensa técnica institucional, con abogados de los Ministerios de Seguridad, a los miembros de las fuerzas enjuiciados por hechos represivos.

4. Acceso. Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión.

5. Castigo. Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos.

6. Disparo inmediato. Anulación de la directiva que tiene la Policía Federal de portar el arma en condición de disparo inmediato (con bala en recámara y sin seguros).

7. Leyes antiterroristas. Derogación de las reformas regresivas en la legislación represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.

8. Prisión preventiva. Cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva por delitos menores.

9. Libertades. Revisión y rápido trámite de los expedientes de personas con condenas menores efectivas en condiciones de acceder a libertades domiciliarias o asistidas.

10. Población carcelaria. Redireccionamiento de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar condiciones de alojamiento digno a la población carcelaria común.

11. Lugares de detención. Garantía de la debida provisión de asistencia médica y psicológica, alimentos, medicación y recursos sanitarios en lugares de detención.

12. Hostigamiento. Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.

13. Criminalización. Basta de criminalizar la protesta, de perseguir y espiar organizaciones y militantes populares.

14. Protocolos. Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.

15. Comandos unificados. Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.

16. Comisarías. Eliminación del sistema actual de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.

17. Militarización. Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.

18. Baja de punibilidad. No a la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes.

19. Criminalización. Basta de criminalizar personas trans y travestis. Derechos sociales y laborales integrales y cumplimiento e implementación efectiva de los derechos conquistados.

20. Ciberpatrullaje. Derogación de la Resolución nº 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad hagan “tareas de prevención” (ciberpatrullaje) sobre plataformas y fuentes digitales públicas.

21. RePet. Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).