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Violencia machista: política de Estado, pero sólo vía Twitter

por Estefanía Santoro
13 de diciembre de 2018

Después de la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardín a Juan Darthés, el Gobierno decidió sacar el spot en el que aparecía el actor, mientras el presidente Mauricio Macri se comprometió con un tuit. Sin embargo, en un país que tuvo cinco femicidios en la última semana, la gestión de Cambiemos desfinancia programas, despide a especialistas y hasta le quita valor simbólico al Consejo Nacional de Mujeres.

En menos de una semana, en nuestro país, hubo cinco femicidios. Fueron perpetrados entre el 6 y el 9 de diciembre pasado, las víctimas –de edades variadas– pertenecían en su mayoría a barrios pobres del conurbano bonaerense. El martes, luego de la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthes, el presidente Mauricio Macri escribió en su cuenta de Twitter: “El compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres”. Recién después de la cuarta denuncia por abusos y violación hacia Darthes, el Gobierno decidió eliminar un spot contra la violencia de género donde aparecía el acusado. En nuestro país, desde 2015 hasta hoy, se produce un femicidio cada 29 horas, según el Registro Nacional de Femicidios realizado por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Para erradicar la violencia machista ¿alcanza con la aplicación de una ley o la creación de nuevas figuras que agraven las penas a los acusados? ¿Qué esperamos de la Justicia? ¿Qué otras acciones se necesitan implementar por fuera del sistema judicial? ¿Qué medidas implementó el Gobierno de Cambiemos durante estos tres años de gestión?

El recuento del horror

Jueves 6 de diciembre. Federación, Entre Ríos. María Leonor Centurión, de 63 años, asesinada de 11 puñaladas por Eduardo Manuel Lacaze, de 72 años.

Viernes 7 de diciembre. Loma Hermosa. Andrea Gabriela López, de 44 años, apareció envuelta en una bolsa al lado de un volquete. Su femicida Carlos Garcilazo, de 53 años, se encargó de llevar el cuerpo hasta el lugar.

Sábado 8 de diciembre. El Palomar. Ailen Decuzzi, de 20 años, asesinada a golpes por su novio David Vela Bazalar, de 23 años, mientras discutían porque ella quería terminar la relación.

Sábado 8 de diciembre. Lobos. Silvia Gemignani, de 56 años, asesinada de un balazo por Edgardo Raúl Rodríguez, de 60 años.

Domingo 9 de diciembre. Laferrere. María del Carmen Iglesias, de 46 años, asesinada a puñaladas por su expareja Alberto Antonio Olguín, de 40 años.

Los retrocesos

En 2014, durante una entrevista en una radio de Tierra del Fuego, Mauricio Macri, que era por entonces jefe de Gobierno porteño, dijo: “A todas las mujeres les gustan los piropos, aunque les digan qué lindo culo tenés”. Siete años después de la sanción de la ley 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), la problemática de la violencia machista en nuestro país se agravó. La intencionalidad de la ley es buena, pero el Estado, encargado de velar por su correcta implementación, no brinda los recursos necesarios.

En 2014, el presidente Macri dijo en una radio fueguina: “A todas las mujeres les gustan los piropos, aunque les digan qué lindo culo tenés”.

En diciembre de 2016, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (tratado internacional de la ONU, “CEDAW”, según sus siglas en inglés) recomendó a nuestro país que se otorgase al Consejo Nacional de las Mujeres el rango de ministerio. En septiembre de 2017, el gobierno nacional decidió mediante un decreto, que el Consejo pasara a depender del Ministerio de Desarrollo Social. De esta manera, lo redujo al rango de Secretaría. ¿Por qué el tema no fue debatido en el Congreso de la Nación? ¿Eliminar la violencia machista es una prioridad para el Gobierno, como aseguró el presidente en su cuenta de Twitter?

Hay otros retrocesos que anteceden a este decreto. En enero de 2017, el Jefe de Gabinete, en la Decisión Administrativa 12/2017, había decidido recortar en 67 millones de pesos el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA). Frente a este atropello, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21, presentaron en febrero un amparo ante la Justicia para que la medida se declarara inconstitucional. Como ya es costumbre del actual gobierno, luego de la denuncia, el Consejo de las Mujeres difundió en sus redes sociales que la reducción del presupuesto se había tratado de “un error” y que éste les había sido reintegrado. Sin embargo, ELA aclaró que todavía no se ha especificado cómo será destinado el presupuesto ni se ha brindado información clara para poder realizar un seguimiento y un control de su ejecución.

Desde 2015 hasta hoy, en Argentina se produce un femicidio cada 29 horas, según el Registro Nacional de Femicidios realizado por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.

Según una investigación publicada el 17 de febrero en Página 12, la mayor parte del presupuesto sería destinada a la creación de centros de contención para víctimas en situaciones de alto riesgo que no pueden permanecer en el mismo hogar junto a su agresor. ¿Pero el problema se soluciona con la construcción edilicia? Aún no se especificó qué porcentaje del presupuesto se destinará a asistir a las personas refugiadas que no cuentan con un trabajo estable para mantener a sus hijxs ni qué dinero se reservará para implementar el resto de las medidas necesarias para ayudar a las personas que no necesitan de los centros de contención.

Hay muchas mujeres que no pueden pagar un representante legal que las defienda. En nuestro país, el Patrocinio Jurídico Gratuito a las víctimas de violencia, aprobado por el Congreso Nacional, todavía no llega a todas las mujeres que lo necesitan. Tampoco hay herramientas electrónicas suficientes para todos los casos, como los botones antipánico que muy pocas veces sirven para que el agresor no se acerque.

Luego de la denuncia de Fardin contra Darthés, el 0800 222 1717 línea Nacional Contra el Abuso Sexual Infantil registró un aumento de llamadas del 240%. Hace tres meses las trabajadoras de la línea gratuita 137 que atiende a víctimas de violencia familiar están en estado de alerta y movilización por la posible disolución del “Programa Las Víctimas Contra Las Violencias”, que incluye a esa línea y al 0800 222 1717. Comenzaron a movilizarse el 31 de agosto, luego de que se enteraran de la existencia de un decreto de necesidad y urgencia que disolvería el Programa. En un comunicado explicaron: “Es importante destacar que, en 12 años de creado el Programa, la mayoría de lxs profesionalxs estamos trabajando bajo contratos temporales. De disolverse, peligra la existencia del Programa y precariza aún más nuestra situación laboral”. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal y el secretario de Derechos Humanos Santiago Cantón, despidieron en mayo a casi un centenar de trabajadoras de la línea nacional 144, que atiende a toda mujer en situación de violencia. Frente al estado de emergencia que se vive en nuestro país ante el incremento de la violencia machista, el Gobierno no da respuestas. Y las que da, son insuficientes.  

¿Alcanza con la aplicación de una ley?

La falta de recursos para ayudar a las víctimas se debe principalmente al escaso presupuesto y la errónea distribución de los fondos. A la inacción estatal y de los distintos gobiernos de turno se suma la existencia de un sistema misógino con jueces sin perspectiva de género que reproducen la lógica del sistema patriarcal, fallan a favor de los violentos, ponen en duda el testimonio de la mujer, culpabilizan u otorgan la patria potestad de lxs hijxs que quedan huérfanxs a los femicidas. Recién en junio del año pasado, el Senado aprobó una ley que les quitará la responsabilidad parental (patria potestad) a los femicidas. Esta prohibición no será aplicable a las mujeres que sean procesadas por la Justicia cuando, en legítima defensa, hayan asesinado a su pareja en una situación de violencia previa.

El Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), es una de las alternativas más eficientes para prevenir, conocer y reflexionar sobre la violencia machista en niñxs, jóvenes y adultxs.

Aun cuando la justicia actúe en tiempo y forma aplicando condenas justas, este problema que afecta a miles de mujeres, lesbianas, travestis y trans no se soluciona con el derecho penal, con el aumento de penas o la creación de nuevas figuras como la de femicidio. El castigo representa la última herramienta en los casos donde la violencia ya es un hecho consumado. Todos los esfuerzos deben concentrarse en evitar llegar a esa instancia.

La educación con perspectiva de género en todos los niveles de las escuelas, en el marco del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), es una de las alternativas más eficientes para prevenir, conocer y reflexionar sobre la violencia machista en niñxs, jóvenes y adultxs. También urgen campañas de concientización que promuevan la igualdad de género en todos los ámbitos sociales y el desarrollo de estadísticas que permitan un análisis exhaustivo de la problemática a nivel nacional, lo que posibilitará la creación de políticas públicas para prevenir la violencia y brindar un correcto acompañamiento y asistencia a las víctimas por parte del Estado. Asimismo, se vuelve urgente romper con las formas de crianza que reproducen la cultura machista en el interior de cada hogar. Desarmar la violencia estructural y sistemática: esa es la tarea.