Las precarizadas de siempre

Desde UTDA entregaron al Ministerio de Trabajo de la Nación un documento que detalla la grave situación socio-económica en la que se encuentra la mayoría de las trabajadoras de casas particulares desde que el Gobierno Nacional estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19.

Durante la última movilización casi no las reciben, pero insistieron hasta que las autoridades del Ministerio aceptaron reunirse. La respuesta no fue alentadora: “Nos dijeron que están esperando que se reúna la mesa de trabajo con la CGT y la CTA para plantear el aumento del salario mínimo. Recién después de eso nos van a recibir para tener otra reunión. Nosotras vamos a seguir saliendo hasta que nos den respuestas concretas y nos digan qué aumento vamos a tener, y también queremos discutir paritarias”.

Los números de un sector invisible

Las tareas de servicio doméstico forman parte de las actividades no esenciales en el contexto de aislamiento, aunque los empleadores tienen la obligación de continuar pagando la remuneración habitual. Desde el inicio de la cuarentena, muchas trabajadoras dejaron de percibir pagos por no poder asistir a sus lugares de trabajo, a algunas les pidieron que permanezcan en las casas sin poder salir ni siquiera los fines de semana para ver a su familia (y sin percibir un ingreso mayor por quedarse) y también se dieron casos en que los patrones obligaban a gestionar permisos de circulación falsos para viajar en transporte público (indicando la realización de tareas de cuidado, algo que sí está permitido). 

Frente al miedo de perder el empleo, muchas no tuvieron otra opción que aceptar estas condiciones, que ni siquiera incluían las medidas de protección correspondientes. Los empleadores aprovecharon la desesperación de las trabajadoras con total impunidad, como la actriz venezolana Catherine Fulop, quien publicó un video mostrando entre risas que su empleada se quedó “encerrada” en su domicilio.

En casa de María del Carmen, donde ella es jefa de hogar, la falta de trabajo se siente. Tiene cinco hijxs: lxs mellizxs Abigail y Aquiles (15 años), Edgard (21), Paul (24) y el mayor, de 28. En este momento, el único ingreso que hay en su hogar es el sueldo que percibe su hijo mayor, que trabaja en recolección de residuos y abandonó Ingeniería para hacer horas extras: “Toda mi familia y yo la estamos pasando muy mal. Depender económicamente de mi hijo mayor, para mí es algo muy triste, me siento muy degradada. Él nos mantiene a mí y a sus hermanos. Edgar no consigue trabajo, estudia Paleontología y apenas puede seguir cursando en la facultad por los problemas de conectividad que hay en el barrio. Lo mismo les pasa a lxs mellizxs, en la casa hay una sola computadora que les entregó el Gobierno, pero apenas funciona”. 

Paul tiene esquizofrenia y no puede acceder a una pensión, porque a la burocracia estatal se le sumó la pandemia. El trámite está en marcha sin novedades. Hoy se encuentra, además, sin cobertura médica. Meses atrás contaba con la obra social de su padre, pero también se quedó sin trabajo. “Ahora depende de su hermano también, vamos a buscar medicamentos a la salita, pero algunos no hay y tenemos que comprarlos. Hoy ni siquiera puedo salir a hacer changas, estoy devastada. Si me pasa algo a mí, que soy de riesgo, ¿con quién quedan mis hijos?”. Dice que cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero las cuentas tampoco cierran: “Diez mil pesos cada tres meses no nos alcanzan para nada”, asegura.

El análisis de UTDA detalla que el 48% de las trabajadoras de casas particulares percibe un salario inferior a la jubilación mínima, que ni siquiera llega a cubrir la canasta básica alimentaria. El 18,5% de las trabajadoras de casas particulares fueron despedidas de modo directo o indirecto durante la cuarentena y el 6,6% fueron suspendidas sin goce de haberes. Sólo el 53,9% de las trabajadoras del hogar percibió su salario de manera íntegra durante la cuarentena, mientras que el 22,6% no percibió remuneración alguna. Luego, el 13,8% cobró mensualmente sólo una parte del sueldo y el 9,7% lo hizo apenas unos meses.

María del Carmen hace un señalamiento sobre los datos disponibles: “Los sindicatos dicen que hay 55 mil desempleadas, pero ésas son las que están registradas, las que no estamos registradas somos muchas más. Cuando le pedimos al empleador que nos registre, te salen con que no porque dicen que te bajan el sueldo y una cede a estar informalmente”. La estimación es que hay en el país más de un millón de trabajadoras en el rubro, aunque las cifras oficiales dejan en las sombras al amplio universo de la informalidad. 

Opina que “el gremio tampoco se hace cargo de poner algo para que esas trabajadoras pueden registrarse o aportar, entonces cuando se jubilan no tienen aportes o se jubilan como amas de casa, con una jubilación mínima”. ¿El resultado? “Nosotras siempre somos las que perdemos”.

Según el informe mencionado, el 49,8% de las trabajadoras domésticas no cobraron el IFE y al 44,2% se lo negaron. Además, sólo el 24,8% cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) y apenas el 14,1% recibe asistencia alimentaria por parte del Estado. Estos datos reflejan a la porción de trabajadoras que UTDA pudo encuestar, pero existe una gran cantidad de trabajadoras de casas particulares que no pudieron ser contempladas en esta encuesta debido a que se encuentran en la total informalidad. Así es el caso de María del Carmen.

Muchos gremios, pocas soluciones

El hambre y la desesperación de las trabajadoras no puede esperar a que los gremios se pongan de acuerdo para escuchar y acompañar sus reclamos. Están cansadas de quedar afuera de las negociaciones y tampoco se sienten representadas por esos sindicatos. “Es una barbaridad que haya 12 gremios y ninguno haga nada por nosotras, por eso nos organizamos y queremos tener representatividad en esa mesa para poder discutir nuestros derechos”, dice María del Carmen. 

El enojo se debe a que “son gremios que responden al Gobierno de turno y hacen sus negociados: dan capacitaciones para las trabajadoras y les cobran, son más bien agencias de trabajo”. ¿Cuál es su deseo? “Queremos un gremio que realmente nos defienda y visibilice nuestros derechos. Es muy difícil organizar a las trabajadoras, porque no todas están dentro de una empresa y trabajan en distintos lugares”. 

Desde que comenzaron a organizarse en la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha, recibieron muchos llamados de trabajadoras de casas particulares, todas con quejas hacia sus empleadores. Mujeres que se quedaron sin trabajo están recurriendo a comedores de barrio, ya que gran parte de ellas son madres solteras y, a pesar de ser muy jóvenes, tampoco consiguen un empleo. 

Otras, menciona María del Carmen, consiguieron unas pocas horas de trabajo, pero siempre de manera informal. Además, algunas ni siquiera pudieron acceder al IFE, a pesar de que el Gobierno dispuso que este subsidio debía alcanzar al personal de casas particulares, ya sean registradas o informales. Los casos más extremos son de quienes fueron desalojadas por no poder pagar un alquiler: el destino de algunas de ellas fue, por ejemplo, la ocupación territorial de Guernica que terminó en represión.

Ocho mil pesos mensuales le cuesta a Angélica el alquiler de una pequeña pieza con cocina en la Villa 1-11-14. Tiene 49 años y migró de su Perú natal hace seis. Desde abril está sin trabajo y solo hace un par de changas. Ya acumula un atraso de dos meses en el pago de su alquiler y el dueño dijo que iba a aguantarla, ya que entendió la extrema situación de pobreza que está atravesando. Angélica es viuda, madre dos hijxs: una adolescente y un hijo mayor que también se quedó sin empleo. Lo poco que tienen, lo comparten.

Dice Angélica: “Ahora estoy yendo al comedor del Polo Obrero. Gracias a ellos puedo comer y por suerte no quedé en la calle. Mi hijo alquilaba una pieza pero tuvo que dejarla porque se quedó sin trabajo y vino a nuestra pieza. Conozco un montón de casos como el mío y es una situación muy fea, nos sentimos golpeadas económicamente, psicológicamente, emocionalmente, porque no podemos salir a trabajar y no podemos comprar para comer”.

Angélica siempre trabajó como cuidadora de personas mayores, pero desde que arrancó la pandemia no la llamaron más. Por recomendación consiguió un trabajo para limpiar una casa. Tiene que tomarse tres colectivos para llegar a ese lugar y el viaje, ida y vuelta, le insume 70 pesos. Al comienzo le pagaban $150 la hora y después de insistir logró que le aumentaran a $200. “No me queda otra que aceptar, voy por dos o tres horas. Paso más tiempo viajando que trabajando, y encima el gasto. Les dije que no me alcanzaba, que necesitaba más horas o más días. Ellos tienen a otras personas trabajando que también les pagan de manera informal”.

Durante estos seis años nadie la contrató de manera formal. La situación se repite con muchas de sus compañeras. Angélica relata la historia de una mujer que trabajó durante 20 años en el mismo lugar y nunca la registraron: “Ahora la mandaron a la casa porque es muy mayor, pero no le pagan nada. Tiene la esperanza que va a volver a trabajar, pero ahora está sin un peso. No se anima a denunciar porque tiene miedo de que no la llamen más”. 

La situación de indefensión es compartida: “Somos un montón las que nos sentimos atadas a quienes nos emplean, ellos ponen las condiciones y no respetan el protocolo. El Estado debería hacer una campaña para que las mujeres conozcan sus derechos laborales, porque muchas veces nos callamos y no exigimos por miedo”.

Unos de los reclamos que presentó la UTDA ante el Ministerio de Trabajo es la inmediata convocatoria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, para que retome su actividad y adopte medidas que permitan afrontar la emergencia laboral y social que atraviesa el sector. Esta Comisión es el organismo encargado de determinar las escalas salariales del sector, del que participan los 12 gremios. Es deber del Estado convocarla, pero llegado el mes de noviembre no hay novedades.