Siete puntos para entender lo que pasa en Perú

por Revista Cítrica
Fotos: Télam
12 de diciembre de 2022

En medio de una crisis institucional y política generalizada, el presidente de Perú, Pedro Castillo, se encuentra detenido, mientras los sectores populares exigen su liberación y la redacción de una nueva constitución que contemple sus demandas.

Por Raisha Correa*

1.
Sorpresivamente el miércoles pasado el presidente Pedro Castillo anunció que iba a disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un “gobierno de emergencia excepcional”. La última vez sucedió algo parecido en Perú fue el 5 de abril de 1992 con el dictador Fujimori, quien hoy se encuentra en la cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción. 

En Perú existen diversos mecanismos de control político contra el Poder Ejecutivo, uno de ellos se llama vacancia presidencial por incapacidad moral, una figura jurídica que en los últimos 6 años ha sido bastante usada, a través de la cual el Congreso de la República tiene la potestad de destituir al presidente. En tan solo un año y medio, Castillo enfrentó 3 procesos de vacancia presidencial. No es el primer presidente que intenta ser vacado por el Congreso, tenemos antecedentes muy recientes, como el del expresidente Martín Vizcarra o el de Pedro Pablo Kuczynski, este último terminó renunciado después de dos intentos de vacancia.

En todo el mundo se preguntan por qué a Perú no le duran los presidentes y se podría decir que un gran problema es el uso abusivo de esta figura de la vacancia presidencial en su modalidad de incapacidad moral permanente, en donde el Congreso tiene el poder de remover al presidente bajo una figura bastante ambigua y que se presta a miles de interpretaciones. Si el Congreso considera que el presidente ya no es ético, moral, idóneo para gobernar o ha cometido actos de corrupción o algo que vaya en contra de lo que consideramos “Estado de Derecho”, tiene la facultad de destituirlo.

2.
El Congreso de la República viene incentivando las vacancias presidenciales de forma reiterativa desde hace seis años, específicamente la oposición fujimorista de derecha y de la mano de otros grupos minoritarios que también son de derecha. Cuando asume el Poder Ejecutivo un partido político opositor al fujimorismo, le hacen el gobierno imposible desde el Congreso a través de la figura de la vacancia presidencial y otras figuras de control político, por ejemplo: censura de ministros de Estado. Lo que en realidad no acepta el fujimorismo es que un partido opositor gane una elección.

En lo que coincidimos varios militantes de izquierda que hemos acompañado a este gobierno desde su campaña presidencial es en que Pedro Castillo nunca pudo gobernar tranquilamente. La oposición que tenía en el Congreso de República lo tuvo vigilado desde el primer día que asumió la presidencia. El poder que tienen para destituir presidentes y censurar ministros no tiene ningún límite, solo necesitan cierta cantidad de votos y pueden hacer acusaciones cuántas veces lo consideren necesario. Es una guerra con el Ejecutivo, a través del “imperio de la ley”, similar al lawfare que se viene denunciando contra la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández. Empiezan a hacer golpes blandos con el uso de figuras aparentemente constitucionales y después apelan a la protección del “sistema democrático”. 

Otro actor importante en la crisis política peruana es el Ministerio Público. El Congreso de la República, de la mano de la actual Fiscal de la Nación que ingresó en marzo empezaron a actuar de forma conjunta para la caída de Pedro Castillo, se empezó a iniciar investigaciones por supuestos actos de corrupción tanto de él como de su entorno más cercano. No desconocemos el hecho de que puedan existir actuaciones que deban investigarse, pero el uso de la acción fiscal contra el gobierno de Castillo era bastante evidente. De pronto, el Ministerio Público se convirtió en una institución que actuaba con sorprendente celeridad ante denuncias de altos funcionarios.

El día que Castillo aceptó su primera censura de ministros, que cedió y les dijo a sus ministros ‘no se puede hacer o decir esto’, hubo un claro debilitamiento ante las exigencias de la derecha, siendo él un presidente que ganó las elecciones presidenciales con un programa de izquierda y con un montón de promesas hacia los sectores populares. La más grande promesa presidencial era la convocatoria a una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, que fue por lo que lo votamos la mayoría de nosotros. Desde el día que Castillo cedió ante las exigencias de la derecha y creyó que se podía conciliar con ellos, todo se fue yendo en picada. Castillo intentó negociar con el Congreso, pero jamás pudo. En un año y medio de gobierno tuvo más de 70 diferentes ministros.

3.
Castillo no solo tenía problemas con la derecha -que desde que ganó las elecciones sostenía que hubo fraude electoral y acusaba a los ministros de Castillo constantemente de ´comunistas'- sino que también tuvo problemas con la izquierda más institucional (clase media profesional) quienes no se mostraban de acuerdo con los primeros gabinetes ministeriales que conformó Castillo, señalando que muchos de sus integrantes no contaban con experiencia en gestión pública, eran improvisados y hasta tenían o habían tenido supuestas actitudes machistas y homofóbicas. Hubo también un conflicto muy fuerte con el sector feminista más liberal y los representantes de agendas progresistas ligados a demandas de género y diversidad sexual. En medio de toda esa presión y conflictos por todos lados terminó haciendo renunciar a muchos ministros y otros les fueron censurados. 

4.
Pedro Castillo fue un tipo de presidente que no habíamos tenido antes. Maestro rural, rondero y sindicalista, la primera vez que un “cholo”-hombre andino y de campo- llegó a la presidencia del país, con la representación simbólica que esto significa, dado que las élites jamás imaginaron que alguien como él ganaría elecciones y gobernaría el país. Castillo desafió un orden instituido desde tiempos de la colonia en Perú. Por ello, genera tanto odio en unos e identificación en otros. 

5.
La fuerte oposición que tuvo Castillo en el Congreso generó diferentes reacciones en la población. Por un lado, las élites que pedían su vacancia inmediata y por otro los sectores populares- en su gran mayoría de las regiones- que solicitaban la disolución del congreso por considerarlo obstruccionista. Las encuestas reflejaban todo el tiempo estás dispuestas, Castillo no tenía un gran porcentaje de popularidad, pero si tenía mucha más aceptación que el congreso. Mientras el congreso bajaba a una aprobación del 11%, Pedro Castillo tenía una aceptación del 26%. 

Sobre la decisión del cierre del congreso, existen diversas versiones que aún no son aclaradas totalmente. Sin embargo, desde el marco de la legalidad, existen dos lecturas externas de lo que significó. Un sector más institucionalista y legalista considera a Pedro Castillo un golpista, y lo comparan con el dictador Fujimori, y otro sector de la sociedad lo convirtió casi en un héroe porque hizo aquello que ellos estaban demandando desde hace mucho tiempo. Igualmente, el “golpe de Estado” de Castillo no tuvo éxito. El mismo día que anunció la disolución del Congreso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú emitieron un comunicado, convenientemente por primera vez en su historia, diciendo que ellos no iban a apoyar ningún 'golpe de Estado' que altere el Estado de Derecho y que ellos respetaban el 'orden democrático'. Lo cual es algo que nunca había pasado en la historia del Perú porque las Fuerzas Armadas siempre han apoyado a los presidentes que solicitaron su intervención. Igual fue una decisión que no sorprendió a muchos, porque el desprecio de los militares hacia Pedro Castillo se reflejó desde el primer día que asumió como presidente. Era un sector que lo tenía constantemente vigilado, porque para las fuerzas del orden Castillo tenía era un personaje con vínculos comunistas.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú no solo mostraban su desprecio hacia Pedro Castillo, sino que también se aliaron al Congreso de la República y la Fiscal de la Nación para tenerlo constantemente vigilado. Prueba de ello, es que Castillo fue detenido por sus propios escoltas a pedido del jefe de las Fuerzas Armadas y la Fiscal. Se encontraba rumbo a la embajada de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador le había ofrecido asilo político. El Ministerio Público Fiscalía y la Procuraduría General del Estado, un órgano autónomo jurisdiccional que hay en Perú, lo denunciaron por rebelión, sedición, abuso a la autoridad y por perturbación a la tranquilidad pública. Paradójicamente hoy se encuentra en la misma cárcel que se encuentra el acusado por graves violaciones de derechos humanos Alberto Fujimori. 

Desde el miércoles que lo detuvieron hasta el día de hoy hay diversas manifestaciones y una indignación que se ha levantado en todas las regiones del Perú, especialmente en el sur del país que es donde Castillo obtuvo la mayoría de votos. Ya son siete los muertos que ha dejado la represión de la nueva presidenta, Dina Boluarte, quien fue vicepresidenta de Pedro Castillo y asumió ante su destitución. Este 14 de diciembre se cumplen siete días de la detención preliminar que cumple Pedro Castillo por los delitos imputados y se supone que si no existen pruebas suficientes debería ser liberado. La opinión de los abogados sobre las acusaciones es diversa, pero lo cierto es que para que exista el delito de rebelión el código penal peruano señala el levantamiento de armas y Castillo no llegó a ello.

6.
La consigna, tanto de las organizaciones sociales, sindicales y movimientos populares, es que se convoque a un Asamblea Constituyente y cierre del Congreso de la República. Un gran sector de la población es consciente que la crisis política que atravesamos no comenzó desde Castillo, sino que es una constante con la oposición del congreso. La crisis la genera la oposición del Congreso de la República, conformado por diversos grupos de derecha que jamás van a dejar gobernar a ningún gobierno medianamente popular. Los sectores más institucionalistas señalan que ante la crisis que atravesamos, la solución más inmediata serían unas nuevas elecciones con reformas políticas; sin embargo, la crisis no va a terminar con unas nuevas elecciones donde se hagan reformas hechas por los mismos congresistas que son parte del problema y donde además la derecha obstruccionista lamentablemente es mayoría. Solo sería una salida inmediata, pero que no responde al clamor popular de #NuevaConstitución. 

Consideramos que lo que vivimos actualmente es una dictadura parlamentaria, porque tenemos un Congreso obstruccionista que no permite gobernar a los gobiernos de turno y pretende ponerle las reglas del juego al Ejecutivo. Abusan de las normas de control político y censuran a autoridades legítimamente elegidas por el pueblo. Si el Poder Ejecutivo no responde a sus intereses políticos, la vacancia será la respuesta. 

Otras de las consignas que se han sumado muy recientemente son la pronta liberación y restitución como presidente de Pedro Castillo. En sentido, serían 4 las demandas populares: Renuncia de Dina Boluarte, Cierre del Congreso, Asamblea Constituyente y liberación y restitución de Pedro Castillo como presidente. No existe seguridad jurídica sobre los últimos dos pedidos, pero el pueblo está en las calles pidiendo que quieren a Pedro Castillo como su presidente. 

7.
Pedro Castillo ha generado mucha empatía en varios sectores populares, sobre todo en las regiones más empobrecidas del país. Nosotras creemos que es parte de la solidaridad de clase, pero también hay una solidaridad muy ligada a lo que representa Castillo en un país sumamente racista y clasista. Castillo siempre fue humillado por su condición de maestro campesino y hoy miles de personas igual a él- o que empatizan con lo que representa- salen a las calles defendiendo lo que consideran una injusticia. Él no es un presidente más, Castillo es un hombre campesino destituido por haberse atrevido a ocupar un lugar que no le pertenece. La población movilizada siente que este es un mensaje de las élites sociales y económicas: la próxima vez que alguien del sector popular y del movimiento campesino se postule a la presidencia, lo que le espera es la persecución y la cárcel.

*Raisha Correa, bachiller en Derecho y militante de la organización "Mujeres por una Nueva Constitución" en Perú