En enero, más que el verano, lo que estalló es la represión del Estado. Para María del Carmen Verdú es “una avanzada feroz”. Para la abogada Gabriela Carpineti, “una estrategia de disciplinamiento”. El factor judicial y la complicidad del Congreso. De la detención de Milagro Sala y el protocolo antipiquete, a las balas y los palos contra mapuches, manteros y gráficos.
Mapuches. Vendedores ambulantes. Docentes. Gráficos. Periodistas. Feriantes. Diputadas. Militantes. Ambientalistas. Migrantes. Okupas. Pibitos. En la Patagonia, en el Norte y en Cuyo. En la Capital y en el conurbano. La violencia estatal es cumplida con obediencia debida por las fuerzas de siempre –la Gendarmería, la Federal, la Bonaerense, las policías provinciales– y también por las nuevas, como la Policía de la Ciudad, “preparada para avanzar” según el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.
Van apenas 30 días de 2017, pero algo ya está más o menos claro: será un año de palo y palo. De vigilancia y castigo. De adoctrinamiento social. De vía libre para los que portan armas, placas y chalecos. Y el destino de su fuerza, como siempre, será la clase trabajadora, el pobrerío que hace lo que puede en el país de la changa, en un país que de a poco va destejiendo su industria y aumentando su nivel de desempleo, esperando una alegría –ni siquiera una revolución– que nunca llega.
"Cuando cerramos el 2016, no imaginábamos esta profundización brutal de la avanzada represiva”, dice María del Carmén Verdú
“Hay una avanzada feroz que previamos desde antes de la actual gestión. Ya en noviembre de 2015 decíamos que el 2016 iba a estar marcado por el ajuste y la represión. Pero cuando cerramos el 2016, no imaginábamos esta profundización brutal de la avanzada represiva”, admite María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
Verdú estuvo en Esquel dándole su apoyo a la comunidad Pu Lof en resistencia, en el departamento de Cushamen, y se sorprendió con la poca y distorsionada información que llegaba a Buenos Aires. “Si te guías por lo que salía, te imaginas un ejército de mapuches armados hasta los dientes. Y la realidad es que son 15 personas que buscan dignidad”, cuenta. Porque la violencia no sólo es física. También es intangible, y se descubre en diarios, en la radio y en la televisión.
Olas y vientos de violencia
Enero parece ser el mes preferido para el Gobierno en materia de violencia estatal. El año pasado, como bienvenida de año, la coalición Cambiemos anunciaba con toda la pompa la implementación del protocolo antipiquete y la declaración de emergencia en Seguridad. También en ese mes, en Jujuy, se preparó el terreno político judicial para detener a Milagro Sala, que un año después sigue presa, pese a los reclamos de organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales.
Sin embargo, la avanzada no viene sólo de la Casa Rosada y de las fuerzas policiales, con la complicidad o complacencia de las dos cámaras del Congreso. También viene de la Justicia. Durante el 2016, hubo varios fallos que promovieron detenciones arbitrarias sin ni siquiera tener indicios de sospecha.
“Existe una estrategia de disciplinamiento, represión, amedrentamiento y exclusión de acuerdo a qué sector de la clase trabajadora se pertenezca”, teoriza Gabriela Carpineti, abogada con una especialización en “Criminología Crítica, Seguridad Social, Ciudad y Políticas de Prevención” por la Universidad de Boloña, Italia.
“La tierra para los pueblos originarios es lo mismo que el espacio público para los manteros: un lugar para producir trabajo, un insumo para la vida", compara Gabriela Carpineti
Carpineti disocia tres estrategias en ese sentido. Una para los trabajadores en blanco, una para los trabajadores que algunos llaman “informales”, y otra para la juventud de barrios y zonas vulnerables. “El Gobierno, mediante decretos y leyes, intenta menoscabar y transformar las relaciones laborales de los asalariados formales, como sucedió con el protocolo antipiquete y la reciente reforma de la ley de ART. Esa estrategia está vinculada con un discurso, con frases espasmódicas que buscan o intentan legitimar la supresión de convenios colectivos de trabajo y de paritarias”, cuenta Carpineti. Y agrega: “A los sectores de la economía popular los provoca con armados de causas y desalojos. Algo que se puede vincular con la posesión de tierras ancestrales. Porque la tierra para los pueblos originarios es lo mismo que el espacio público para los manteros: un lugar para producir trabajo, un insumo para la vida. Y el Estado actúa de la misma forma en ambos casos”.
Al último sector que le llega la violencia estatal, según Carpineti, es a los jóvenes. Una violencia con un trazado múltiple. Porque el mismo Estado que los reprime es el que no puede garantizar condiciones mínimas de dignidad. Sin cloacas, sin techo, sin pan y sin trabajo, lo que hay para ofrecer es estigmatización y balas.
“Las fuerzas de seguridad hacen el trabajo sucio, y después eso tiene un correlato normativo, como la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad. Porque bajar la edad no incide en absoluto con la prevención, la disuasión o la educación”, explica Carpineti.
Verdú analiza todo esto como una noticia esperada. Pero una noticia que recrudece día a día. “No podíamos esperar otra cosa de un Gobierno de Macri y los radicales. Veníamos de la experiencia del Pro en la Ciudad. Pero lo que nos sorprende es la represión en la calle no a grupos organizados: con los Kirchner tuvieron que transcurrir diez años para pasar de una muerte cada 30 horas a una cada 28. Con este Gobierno, en un año y un mes, se pasó de una muerte cada 28 horas, a una cada 25”, describe. Una muerte cada 25 horas.
En CORREPI, además, alertan porque en la última quincena de diciembre se registraron 20 casos de muertes por violencia institucional. 20 muertes que fueron en lugares de detención o por gatillo fácil. Una cifra que alcanza para entender la gravedad de lo que ocurre en el país en el que todos estamos bajo sospecha.
El año de la pandemia represiva
El informe anual 2020 de la Correpi le pone cifras al rol de las fuerzas de seguridad en el primer año del Frente de Todos. El saldo de asesinatos estatales fue de una víctima cada 20 horas y hubo cuatro desapariciones forzadas seguidas de muerte.
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