El Ministerio de Salud adelantó que las provincias que no se adhieran a la Cobertura Universal de Salud dejarán de recibir planes nacionales, como los que entregan medicamentos, preservativos y vacunas. Así se extorsiona desde la cartera sanitaria.
En el último encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), que reúne a los ministros de Salud de todas las provincias, Alfonso Rubinstein, titular de la cartera sanitaria nacional, se sinceró. En medio del debate por la puesta en marcha de la Cobertura Universal de Salud (CUS), alertó a quienes tienen decidido no sumarse al plan que no recibirán los fondos frescos que envía el Banco Mundial para su implementación. Es más, el funcionario fue más allá y confirmó que sin la CUS, las provincias dejarán de recibir los planes nacionales en materia sanitaria. De esta manera se quedarían sin medicamentos, vacunas y otros insumos. El apriete para que los gobiernos locales se adhieran al plan fue directo, y generó el rechazo de los funcionarios, en especial el de los gobiernos no alineados con Cambiemos.
La CUS es el plan del gobierno de Mauricio Macri para el sistema estatal de salud. Ideado por el Banco Mundial, fue presentado por el entonces ministro de Salud Jorge Lemus en junio de 2016, con aval de las obras sociales. El nuevo sistema crea un paquete de prestaciones que las personas por fuera de la seguridad social recibirán de parte del Estado. Para eso, en el Senado se discute una nueva agencia de tecnología médica, que ideará ese paquete de prestaciones, y que según los especialistas achicará la atención a los más humildes. Luego del apriete de Rubinstein, organizaciones de salud salieron a denunciar el ataque, y fueron más allá: con la CUS se termina el sistema público de salud como lo conocemos.
Al frente de la pelea se puso Santa Fe, que pese a las amenazas insiste con sus críticas al programa nacional, y ratificó que no se sumará. De concretarse el recorte, la provincia que gobierna Miguel Lifschitz perderá casi el 10 por ciento de su presupuesto en salud, lo que generaría un verdadero caos sanitario. Allí el Ministerio de Salud provincial decidió no hacer pública la denuncia, pero el Movimiento por el Derecho a la Salud (MDS), que nuclea a organizaciones y especialistas que rechazan la CUS, difundieron la intención del gobierno nacional de no entregar más fondos ni asistir con programas. “Se anunció que las provincias que no adhieran a la CUS no sólo van a dejar de recibir el dinero que presta el Banco Mundial, unos 300 millones de dólares, sino que además van a dejar de recibir los programas nacionales, como los de medicamentos de alta complejidad, vacunas, salud reproductiva y médicos comunitarios, entre otros. Es un verdadero apriete generalizado para implantar la CUS con mano militar”, expresó el titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) Jorge Yabkowski, integrante de este movimiento.
La provincias que no adhieran a la CUS van a dejar de recibir el dinero que presta el Banco Mundial y los programas nacionales.
En un documento elaborado por el colectivo MDS, se denunció que la CUS “es una política focal y privatista”, que no fue debidamente debatida. Además, se recordó que es obligación del Estado nacional “transferir a las provincias los recursos de los programas nacionales vigentes –vacunación, salud reproductiva, HIV, tuberculosis etc.-. La sola amenaza de su discontinuidad es ya un atentado a la salud de los argentinos y una grave violación del federalismo”.
A los pocos días, la ministra de Salud santafecina Andrea Uboldi admitió la amenaza, y dijo que su gobierno sigue analizando la propuesta nacional.
Graves consecuencias
Desde que se recuperó la democracia en 1983, la salud pública en el país es provista por las provincias, que sostienen a través de su aparato los planes de asistencia. El Estado nacional colabora en esta tarea a través de programas de intervención vertical, es decir, aporta los recursos que luego son utilizados en la infraestructura local. El Calendario Nacional de Vacunación es un claro ejemplo; Nación compra las vacunas, y las provincias las aplican en sus efectores de salud. Si se dejan de entregar estos planes, las provincias dejarán de recibir recursos que en muchos casos no podrán afrontar con recursos propios. Santa Fe, por ejemplo, informó que esa cifra alcanza el 8 por ciento de su presupuesto anual de salud.
“Esta es una situación grave, estamos muy preocupados”, sostuvo María Fernanda Boriotti, titular del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad de Santa Fe (SIPRUS). Junto con los integrantes del MDS el gremio se puso al frente del reclamo para que Nación garantice los recursos que hoy se reciben mediante los programas. “En la actualidad el sistema de salud está muy desarticulado, no hay un piso de derechos para la ciudadanía que se atienden en las distintas provincias, porque entre otras cosas no hay un marco regulatorio”, admitió Boriotti. La dirigente recordó que la CUS “salió por un Decreto de Necesidad y Urgencia y no por una ley, ni siquiera se discutió demasiado”, y condenó la actitud nacional: “No sé cómo les da la cara, van a dejar indefensa a una población que aporta sus impuestos, y es parte del país”.
La amenaza de discontinuiar programas es ya un atentado a la salud de los argentinos
Para empeorar el panorama, desde Santa Fe el SIPRUS asegura que ya existe un “corte de facto” de algunos de los programas nacionales, como la entrega de vacunas contra la meningitis o el plan de asistencia a pacientes oncológicos. “En el caso de los medicamentos oncológicos, Santa Fe está comprando los tratamientos necesarios, lo mismo para atender a pacientes con diálisis, porque Nación no envía estos insumos. Con respecto a las vacunas, en este momento estamos pidiendo que se garantice las dosis del calendario nacional”, denunció Boriotti. Además, recordó que hace unos meses el Gobierno Nacional prácticamente desmanteló el programa de anticonceptivos, y sin aviso previo cortó el suministro: “Hubo que salir a cubrir estos baches, que luego salen más caros, porque terminan en un embarazo no deseado, en abortos, que generan cuadros más graves”, graficó.
En la actualidad, existen 14 provincias adheridas a la CUS, y en la localidad mendocina de Guaymallén, ya se realizan pruebas piloto. Allí, el 40 por ciento de los habitantes (unos 120 mil vecinos) está por fuera de la seguridad social, y utilizan el sistema público. Pero hasta el momento no hay paquete de prestaciones; sólo se instaló un software que recopila información. Según el DNU, la CUS necesita la adhesión voluntaria de las provincias, y no existe forma compulsiva de imponerla, a menos que se recurra, como el ministro Rubinstein, a las amenazas.
El “corazón” de la CUS
Mientras, en el Senado, el oficialismo trata de aprobar, casi en silencio, una ley que forma parte de la reforma laboral, pero que tiene especial importancia en la implementación de la cobertura. Se trata de la creación de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud (AGNET), que tendrá como principal tarea determinar qué tratamientos médicos tienen evidencia científica y cuál no, para ser incluidos en la seguridad social, es decir, obras sociales sindicales, prepagas y la propia CUS. Se trata del “corazón” del sistema, ya que generará el paquete de prestaciones fijas que serán las únicas a las que accedan los beneficiarios.
“Son parte del mismo proyecto, así lo presentó el primer ministro de Salud (Jorge Lemus). Podemos decir que funcionan en tándem”, sostuvo Nicolás Kreplak, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, entidad que rechaza la puesta en marcha de la CUS. Kreplak remarcó que con este sistema “se pasa del derecho a que el Estado te garantice la salud a tener una cobertura con determinadas cosas”. Esas “cosas” serán definidas por la AGNET, que está en plena discusión en comisiones, y podría tratarse en la cámara alta nacional el próximo mes.
Una de las tareas de la agencia será reevaluar el Programa Médico Obligatorio (PMO), que deben cubrir la seguridad social y la CUS. “Sin ninguna duda la intención de esta agencia es achicar el PMO, ese es el objetivo implícito”, alertó el especialista.
La CUS salió por un Decreto de Necesidad y Urgencia y no por una ley, ni siquiera se discutió demasiado.
En un informe realizado por Soberanía Sanitaria donde se analiza el impacto de la nueva agencia, se subrayó que todo lo que quede fuera de la cobertura deberá ser afrontado por los pacientes. “La AGNET limita la posibilidad del Congreso nacional de incluir nuevas prestaciones al PMO por ley”, explicó el trabajo.
“El 80 por ciento de los medicamentos van a salir de la cobertura, porque muchos no sirven, son obsoletos. Sabemos que eso es cierto, nosotros no estamos en desacuerdo con la agencia, nos parece bien, nuestra crítica es que sólo trabaja para los financiadores. Debería suceder como en otros países, lo que la agencia no considera que sea útil, no entra directamente al país”, explicó Kreplak. En este sentido, puede suceder que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) apruebe un fármaco o estudio, pero la AGNET no lo incluya en el PMO, por lo cual deberá ser pagado de firma particular. “En Estados Unidos 7 de cada 10 personas se empobrecen por un problema de salud. Alguien de la familia se enferma y para pagar la medicación venden la casa, los bienes. Si la agencia dice que no se debe cubrir, hay que sacarlo del mercado”, ratificó.
Por último Soberanía Sanitaria alertó que la futura agencia “estará administrada por grupos con claros conflictos de interés con los fines de la agencia, y se propone como una herramienta para limitar la posibilidad de realizar demandas judiciales a los prestadores”. “La estructura de la agencia está dominada por los financiadores, que tienen intereses. Debe ser un trabajo técnico, por concurso. No lo tiene que hacer un empleado de las obras sociales o los laboratorios farmacéuticos”, concluyó Kreplak.
De cumplirse, las provincias perderían hasta el 10 por ciento de su presupuesto sanitario. El avance se completa con la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud (AGNET), proyecto que ya está en el Senado.
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