Caras rotas en democracia

Cuando empezaron con la Marcha de la Gorra, hace diez años, no eran ni 100. Marchaban en silencio por algunos barrios. Cómo iban a hacer ruido, si cada vez que se acercaban al centro de Córdoba los levantaban. La policía se aprovechaba de la figura del “merodeo” del Código de Faltas -sancionado en 1994 pero basado en legislaciones de la dictadura militar- para agarrar a los pibes que estuviesen por la calle y meterlos en cana. También les pegaban, los torturaban y hasta los mataban.

Este viernes son más de 15 mil en Córdoba. Hacen ruido, se hacen escuchar, culminan la marcha con un festival, con bandas que gritan verdades. Tienen un discurso y propuestas para enfrentar al Estado represivo. Al “merodeo” y al Código de Faltas les cambiaron los nombres: ahora se llaman “actitud sospechosa” y Código de Convivencia, respectivamente. A los pibes los siguen levantando. La policía sigue matando. Por eso, como todos los años, el Colectivo Jóvenes por Nuestros Derechos encabeza la Marcha de la Gorra, una manifestación anual contra la represión, que este año además se expande hacia otros puntos del país.

Una sola cosa ha cambiado en los diez años que pasaron desde la primer marcha: la lucha antirepresiva ha concientizado: “En la marcha se moviliza gente de todo tipo, tamaño y edad. Cuando pensamos esta movida en 2007, la idea era darle visibilización a esto que para nosotros era algo corriente en los barrios: no poder venir al centro de Córdoba porque te levantaban. Hacer eso visible fue nuestro objetivo y se logró. Ahora eso de que la policía tenga a cinco pibes apoyados en un móvil 40 minutos ya no se naturaliza. Por lo menos cada vez más gente se pregunta por qué se vulneran tantos derechos”, le dice a Cítrica, Lucrecia, del Colectivo Jóvenes por Nuestros Derechos.

El resto sigue igual. El mismo viernes que se realiza la movilización también comienza el juicio oral por el asesinato de Fernando "Güere" Pellico, el pibe que en 2014 salió a comprar una coca con su primo y fue asesinado por la policía, e intentaron plantarle un arma para hablar de enfrentamiento. El miércoles murió Estrella, una mujer trans que ingresó golpeada a un centro de salud. La versión de la policía fue que se había escapado de la cárcel. De los golpes no dijeron nada. Algún medio de comunicación fogoneó la teoría de una accidente, también dijeron que estaba drogada y alcoholizada. “El colectivo trans es perseguido por la policía y tienen que realizar favores sexuales para seguir trabajando. Estos hechos no quedan registrados en ningún lugar”, agrega Lucrecia.

Los medios de comunicación juegan un rol importante. Si bien la Marcha de la Gorra y sus consignas tienen cada vez más espacio, está el otro lado de la moneda: "Hay una gran franja de la sociedad que avala los discursos de los medios hegemónicos y actúa en pos de eso. Hay casos de asesinatos de vecinos que en esos medios aparecen como linchamientos. Y después la Justicia no actúa sobre esos asesinos. Esa parte de la sociedad es cómplice porque avala el discurso del Estado represivo y el de esos medios de comunicación, que sostienen al aparato", aporta Julieta, otra integrante del Colectivo Jóvenes por Nuestros Derechos.

La consigna de la décima marcha es "¿Cuánto más? El Estado es Responsable" porque si hay algo que no cambió en estos diez años fueron las políticas: “Siguen siendo igual o aún peor las decisiones políticas en relación a los programas de seguridad y protección, que son cada vez más represivos. El presupuesto para seguridad aumentó un 700 por ciento, en detrimento del presupuesto de educación y salud. Y tenemos un policía cada 145 habitantes en Córdoba. Supuestamente, invierten en reducir el delito pero aumenta el narcotráfico y la trata que están vinculados a la policía”, destaca Lucrecia.

Desde la Marcha de la Gorra denuncian que si bien las leyes ya no son las de la dictadura, las prácticas de la policía sí lo siguen siendo: “Los pibes ya no son detenidos por merodeo, les ponen resistencia a la autoridad y así ya les queda  abierta una causa penal. No hay ninguna modificación de las prácticas policiales. Sigue pasando lo que no queda registrado: los paseos en el patrullero y el hostigamiento. Hace poco nos enteramos de que torturaron a dos pibes a los que hacían correr delante del patrullero mientras les disparaban unos tiros. Esas operaciones nefastas de la policía las vemos como una continuidad con relación a la dictadura: aún hay torturas, secuestros, y privación ilegítima de la libertad”.

“La educación y la salud también son represivas”

“A medida que la Marcha de la Gorra creció, fuimos identificando que el dispositivo del Estado no sólo opera desde la institución policial sino también desde otras instituciones como la educación y la salud. La policial es el brazo armado y tal vez su expresión más letal. El Estado es responsable de toda esta operación, que hace que la sociedad señale y ponga en el centro a algunos cuerpos y no a otros”, asegura Lucrecia, a la hora de explicar por qué denuncian al Estado como responsable de las prácticas represivas.

¿Cómo se da la represión en el sistema educativo?

Hay instituciones que excluyen a los pibes que no pueden sostener trayectorias escolares lineales, no pueden sostener una concurrencia como la educación formal lo está demandando. La institución es excluyente y ni hablar de los casos de pibes que no pueden llegar a la escuela porque son detenidos en el camino. No encontramos en estos casos instituciones educativas que den una respuesta. Son pibes que no acceden a la educación. Si bien hay experiencias súper interesantes, las escuelas por lo general no cuidan a los pibes. Encontramos que en la mayoría de los casos, hay contención en las infancias pero los jóvenes en general terminan desertando. La secundaria es obligatoria para un sector, no para todos.

¿Y en la salud?

El acceso de los jóvenes a la salud pública es problemático. Son estigmatizados. Ni hablar de las compañeras trans. A las chicas las golpean en las comisarías o antes de llevarlas y cuando les hacen la revisación médica, los médicos son cómplices y no informan nada. Lo mismo sucede en los talleres de encierro: tenemos compañeros que dan talleres educativos y no pueden decir todo lo que ven ahí. Son testigos de violaciones a los derechos humanos y de la violencia cotidiana pero no dicen nada.