El campesinado colombiano y la apuesta por un nuevo país

por Lautaro Romero
Fotos: Agustina Salinas
24 de mayo de 2021

Detrás del estallido social en las zonas urbanas que agitó el Paro Nacional iniciado hace casi un mes, hay campesinos y campesinas que se organizan y sueñan con un mejor futuro. Arrastran una larga historia de violencias, persecución, abandono estatal y atropello por parte del modelo extractivista.

“Uno de los acontecimientos que marcó mi vida fue cuando llegó una multinacional al territorio, una empresa que produce madera de pino y eucalipto para la transformación y la elaboración del papel para la exportación. Llegó y compró una vasta extensión de tierra cubierta por bosque nativo. Cortaron todo el bosque nativo, vendieron la madera y luego en esas tierras instalaron cultivos de pino y eucalipto, lo que hoy llamamos ‘desierto verde’. Con el tiempo logramos frenarles para que dejen de comprar tierras. Todas las empresas multinacionales que están en el territorio afectan negativamente la vida del campesinado. Deterioran su identidad cultural, su economía, cambian su vocación de producir alimentos”.

Corría el año 1986 pero Marylen Serna Salinas recuerda como si hubiese sido ayer ese día en que llegaron las topadoras y las promesas de progreso de la firma –de origen europeo– Smurfit Kappa Cartón de Colombia. Fue un punto de inflexión para ella y toda la comunidad de Cuajibío, donde Marylen nació y se crió, dentro del departamento del Cauca, en el sudoeste de Colombia.

“Siempre fue un lugar donde se habló mucho de los problemas comunitarios –dice la actual lideresa del Movimiento Campesino de Cuajibío (MCC) y vocera del Congreso de los Pueblos–. Yo crecí en ese ambiente, rodeada de mucho liderazgo. A partir de ese momento empezamos una lucha por la defensa del agua, del bosque, la naturaleza. Desde esa época estoy involucrada en el trabajo comunitario, en el desarrollo social y económico de las comunidades campesinas”.

Foto: Colombia Informa

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Su compromiso persiste hasta hoy, en las calles y rutas, cuando se cumple un mes del inicio el gran Paro Nacional en las principales ciudades de Colombia. Un estallido social que tuvo su génesis con el paro cívico del 21 de noviembre de 2019, impulsado por reclamos populares históricos, incumplimientos estatales, falta de representación política, sometimiento, criminalización, militarización de los territorios y vulneración de los derechos humanos.

Los motivos que movilizan a Marylen son los mismos que llevan al campesinado y a toda una población empobrecida a creer en un mejor futuro posible. Lo cierto es que la situación de las personas con menos recursos empeoró durante la pandemia con la pérdida de empleos, confinamiento dentro de viviendas en condiciones indignas y mujeres que sufren violencia de género. La amenaza latente de la Reforma Tributaria que impacta directamente sobre los precios de los alimentos, los combustibles, internet, los insumos agrícolas, la carne, la leche y los huevos, fue la gota que rebalsó el vaso y colmó la paciencia de la sociedad colombiana.

Esperamos que caiga este mal Gobierno que no escucha, que nos reprime, no respeta la protesta social y no da garantías para la vida y los derechos humanos.

Mientras tanto crece la angustia, las muertes, la violencia policial, las violaciones a mujeres, las desapariciones y asesinatos. El presidente Iván Duque, lejos de buscar un acuerdo –ya van varias reuniones frustradas con el Comité Nacional del Paro–, ordena más mano dura, armas de guerra y una fuerza pública impiadosa para eliminar los bloqueos que sostienen manifestantes de diversos sectores sociales.

Marylen, a quien se la escucha abatida a través del teléfono, da cuenta de esto: “Nosotros no somos partidarios de la mesa de negociación. El tratamiento criminal que el Estado colombiano le ha dado a la protesta exige que nosotros nos neguemos a tener niveles de interlocución con el Gobierno en clave de negociación. Esperamos que caiga este mal Gobierno que no escucha, que nos reprime, no respeta la protesta social y no da garantías para la vida y los derechos humanos. Queremos que el Gobierno reconozca al campesinado como un sujeto de derecho. Nosotros estamos emplazando al Gobierno para que renuncie y que podamos construir nuevas condiciones de país. En Colombia necesitamos un cambio de fondo que abarque a toda la población. Éste es un paro político. Esperamos mantenernos en unidad y fortaleza para que sea atendido como tal”.

Foto: Colombia Informa

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MÁS EXTRACTIVISMO, MENOS VOCACIÓN CAMPESINA

En un país como Colombia, donde el poder real recae en pocas manos y la mayoría de la población no tiene absolutamente nada, históricamente el campo ha sido uno de los sectores más bastardeados, el que ha vivido en carne propia las peores experiencias de conflictos armados y, en definitiva, ha puesto los muertos. 

En 2011, funcionarios del Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) escoltados por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), incautaron 70 toneladas de semillas de arroz a un grupo de campesinos de Campo Alegre, departamento de Huila, porque las semillas que utilizaban eran “criollas” y no “certificadas”. Miles de kilos de arroz desechados como relleno sanitario.

El operativo daba cumplimiento a la resolución 970 del ICA, que básicamente se expidió para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y que condenaba a los campesinos que no sembraban este tipo de semillas y no respetaban los “derechos de propiedad” de las empresas que producían las semillas, como Monsanto, Du Pont y Syngenta. Monopolios que se dedicaron a crear transgénicos, vender paquetes tecnológicos y acumular ganancias gracias a la aplicación de la propiedad intelectual sobre semillas de “alto rendimiento”. 

Tenemos esperanza de mejorar la vida de los campesinos y que no haya violencia. Un niño que vive lejos de la ciudad no tiene acceso a la escuela ni a vivir del campo, que es cada vez menos rentable.

No les importaron las toneladas de alimento arrojado a la basura. Mucho menos el conocimiento ancestral. Ésta es una de las imágenes que más impactan al ver el documental “9.70”, que en 2013 dirigió la periodista y realizadora visual Victoria Solano. Gracias a su película y a su denuncia de las desigualdades y el hostigamiento perpetuado a través de los tiempos, Solano instaló el debate y el campesinado logró que se congelara la ley. Más allá de la conquista, no pudieron evitar los coletazos de aquella resolución y las promesas fallidas del libre comercio, que terminaron con la destrucción del aparato agrario de producción local y la caída en picada de las exportaciones.

Victoria nos lleva a la problemática actual que atraviesa el sector: “Las peticiones del campo son muchas pero también son diversas. Algo que las puede aglutinar es la visión de un país que, por decisión del Gobierno, ha dejado de ser un productor de alimentos para convertirse en un exportador de carbón. Un país minero-energético que maneja la educación y la salud a través de la lógica del negocio. Eso ha dejado por fuera a muchos campesinos. Se aprobaron tratados de libre comercio que están empobreciéndolos”. 

Cuenta que en plena pandemia, “los campesinos no pudieron acercar sus productos de la finca a las ciudades pero el Gobierno, al mismo tiempo, les bajaba los aranceles a los cereales importados de EE.UU.”. Victoria dice sobre las luchas rurales: “Esas injusticias son por las que están peleando. Hay otros sectores que piden que no se haga fracking en su territorio. La intención del Gobierno es convertir a Colombia en un país minero y dejar atrás toda la vocación campesina y agrodescendiente que tenemos. Específicamente, en uno de los puntos la Reforma establecía un 8% de impuesto a todos los insumos agrícolas que utilizan los campesinos, pero no les daban ninguna posibilidad diferente de producción. Les ponían un impuesto por contaminar el suelo”.

Foto: Colombia Informa

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ENTRE EL GLIFOSATO Y LA COCA

Otra de las medidas del Gobierno de Duque que más controversia y rechazo ha generado, fue la reactivación de las fumigaciones con glifosato en contra de los sembrados de uso ilícito. El rechazo al uso de agrotóxicos y el cuidado del medio ambiente son los principales argumentos que sostienen y motorizan el estallido social en las calles.

Victoria: “Quedó demostrado que este tipo de fumigación con glifosato, mucho más concentrado que el que se utiliza en cultivos normales, no ha tenido ningún efecto en contra del narcotráfico. Sólo violenta la salud de los campesinos que siembran coca porque no tienen otra opción, muchas veces amenazados por narcotraficantes. Y también están aquellos que no siembran coca pero están en sectores cercanos a donde se siembra. Por eso es muy importante que se cumpla la Reforma Rural dentro del Acuerdo de Paz para garantizar el acceso al agua y a la alimentación”. 

“La verdad es que el Gobierno actual hizo trizas el Acuerdo, y no se ha avanzado en estos proyectos de desarrollo rural –explica la periodista–. Tenemos esperanza de mejorar la vida de los campesinos y que no haya violencia. Un niño que vive lejos de la ciudad no tiene acceso a la escuela ni a vivir del campo, que es cada vez menos rentable. Lo que esos niños tienen como modelo de vida son los grupos ilegales que manejan el pueblo. Hay una culpa del Estado en que esos campesinos hayan terminado cultivando coca, porque son amenazados por grupos ilegales, no tienen otra opción. Viven en una zona donde es el único negocio que hay. Ni siquiera se les ha garantizado la alfabetización. Y cuando un campesino cultiva coca es tratado como un criminal. El Estado está absolutamente ausente”.

¿Cuál es la mirada desde el Movimiento Campesino? “Hay una propuesta de sustitución voluntaria y rechazo al uso del glifosato en las fumigaciones –señala Marylen Serna–. Es absurdo que no se reconozcan las causas que generaron la llegada de esos cultivos de uso ilícito al territorio, como lo son la pobreza, la desatención, la falta de una Reforma Rural que nos adjudique tierras, viviendas, que apoye la producción, la comercialización, las vías de comunicación para estas comunidades”. 

“El campesinado es el que provee el alimento y cuida la naturaleza. Es fundamental que sea reconocido en la Constitución.

Refuerza: “Hoy la lucha del campesinado se ve afectada por la militarización de los territorios y los cultivos de uso ilícito. Nosotros planteamos alternativas para salir de este círculo de los cultivos de uso ilícito, que si bien posibilitan una subsistencia económica, al mismo tiempo destruyen el tejido social y familiar, generan situaciones de violencia, atraen actores armados al territorio, generan disputas, poca autonomía y el desplazamiento forzado de comunidades, de líderes y lideresas”.

La movilización social es una herramienta que históricamente utilizó el pueblo organizado para reivindicar sus derechos. Pero en el territorio existen otros instrumentos, como lo es la conformación de Guardias Indígenas para prevenir agresiones contra las comunidades. Marylen les define del siguiente modo: “Son grupos de personas que se han capacitado política, física y organizativamente, que están fuertes para la protección y la defensa del territorio y las personas que lo habitan. Ejercen conocimiento y conciencia sobre la organización, las problemáticas que ahí se viven, si hay restricciones para la participación de la sociedad. Se encargan de salvaguardar la vida y estar alertas ante la presencia de actores armados”.

Foto: Colombia Informa

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AGRICULTURA FAMILIAR Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

En Colombia la agricultura campesina, familiar y comunitaria produce más del 70% de los alimentos del país. Además, es la actividad que más empleos rurales genera y cumple un papel invaluable al momento de ejercer la seguridad alimentaria. Y enfrentar la crisis que profundizó el COVID-19.

Mujeres y hombres resisten en sus pequeñas quintas, insisten en conservar sus cultivos pese a las pérdidas de las cosechas. Se trata de garantizar el alimento, aun cuando las políticas de Estado les excluyen con modelos que en su concepción de vida no les representan. Por el contrario, les contradicen y hasta incluso les niegan la posibilidad de vivir de su tierra, ir a la escuela, atenderse en hospitales. Les quitan el poder de decisión y la chance de soñar con un mañana. 

Marylen explica: “El campesinado es el que provee el alimento y cuida la naturaleza. Es fundamental que sea reconocido en la Constitución. Tenemos una propuesta de territorios campesinos agroalimentarios, un ordenamiento del territorio para que haya mayor justicia en el uso y la tenencia de la tierra. Es una propuesta que incluye el autoreconocimiento cultural, el afianzamiento de la identidad cultural campesina, la soberanía alimentaria, la economía propia, las formas organizativas. También perseguimos la idea de una renta básica, un apoyo para 9 millones de familias”. 

¿Qué significa la soberanía alimentaria? “Es un elemento fundamental para construir la autonomía territorial. Sin soberanía alimentaria nosotros estamos dependiendo y entregando nuestra autodeterminación a otros actores armados, actores políticos, económicos que están permanentemente en el territorio. Es garantizar autonomía, desarrollar acciones para la defensa, para el desarrollo de nuevos modelos económicos y organizativos, de salud, educación. Constituirnos como sujetos políticos. Rescatar nuestras prácticas originales de cultivo, proteger nuestras semillas, cuidar la tierra, el agua. Significa poder popular y una vida digna”.

Para Victoria Solano, “los países deben garantizar la comida sana y saludable producida en su territorio”, ya que “las importaciones y el comercio internacional están en duda”. Explica: “Los seres humanos hemos encontrado una manera segura de alimentarnos a través de la agricultura familiar. Después de la Revolución Verde continuaron siendo las pequeñas chacras las que daban más del 70% de la comida para el mundo. Es fundamental garantizar que esa gente, que además tiene un conocimiento importantísimo para la humanidad, siga cultivando sin necesidad de depender de una empresa multinacional, que juega con sus propias reglas y es increíblemente poderosa”. 

Sobre el panorama que abre el Paro Nacional: “Es un momento crucial. Colombia puede dar un revés de más de 100 años de extractivismo minero que no nos ha dejado nada como país. Las mineras sacan nuestros recursos naturales y dejan los pasivos ambientales dentro del territorio. Termina siendo más caro pagar esos pasivos ambientales y recuperar los daños que dejan las mineras, antes que el dinero que pueden aportar al país. Sumado a la imposibilidad de que la tierra se vuelva a usar para algo, por ejemplo, para producir alimento”.

¿Hasta cuándo?, nos preguntamos. Puede que el futuro que tanto añoran colombianos y colombianas haya golpeado la puerta. Puede que haya llegado el momento preciso de dar ese “revés” del que habla Victoria para salir de la pobreza y la desigualdad social. Puede que el tiempo sea ahora y que haya que mirar el proyecto del campesinado para el nacimiento de un nuevo país.

 

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