"Mientras respire no voy a dejar de luchar por mi hijo"
por Mariano PagnuccoFotos: Nicolás Cardello
30 de mayo de 2019
El caso de Iván Torres, desaparecido en 2003 en Chubut, generó una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino en 2011 y permitió que la desaparición forzada se incluyera como delito en el Código Penal. La Corte visitó el país hace poco para saber cómo se avanzó desde la sentencia. María, la mamá de Iván, es el motor incansable de una búsqueda que no frena.
Diez años para atrás en el calendario está Miguel Bru (1993). Si en cambio se mira para adelante, tres años después figura Julio López (2006) y otros tres años más tarde, Luciano Arruga (2009). El año para ubicar en perspectiva a Iván Torres es 2003. Con sus circunstancias particulares, el albañil de 26 años, residente en Comodoro Rivadavia, Chubut, es uno de los eslabones que conforman una macabra línea de tiempo en la Argentina: la de las personas desaparecidas en democracia.
En esa lista negra que se incrementa todos los años (con nombres más visibles que otros, pero sin cifras oficiales), el caso de Iván marcó un precedente: la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino en 2011 y le exigió "iniciar, dirigir y concluir las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de lo sucedido a Iván Eladio Torres Millacura", así como "continuar la búsqueda efectiva del paradero".
Pero detrás de la trama judicial y de la lucha por alumbrar algo de verdad hay una madre, María Millacura Llaipén, que a lo largo de 16 años ha batallado contra la impunidad del poder, las amenazas contra ella y su familia, la indiferencia de funcionarios y hasta un cáncer que la afectó en salud sin perder nunca de vista el horizonte. Por eso cuando terminó la audiencia con el Estado argentino, convocada por la Corte IDH en su visita de mayo a Buenos Aires para revisar el cumplimiento de la condena, María caminó por el largo pasillo del segundo piso del Hotel Sheraton con la misma convicción que la llevó a acampar durante meses dentro de la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia (donde Iván fue visto por última vez), a recorrer redacciones y oficinas y despachos oficiales, e incluso a perseguir por las calles de Chubut a los cómplices de la desaparición de su hijo que no fueron condenados por la Justicia.
Detrás de un grupo numeroso de abogados y abogadas, psicólogas, representantes estatales de distintas órbitas y miembros de la Corte IDH, María se fue del Salón Río de la Plata junto a su hija Valeria y sus nietas gemelas Zoe y María con una conclusión certera sobre la reunión recién celebrada: "Lo único que a mí me va a dejar conforme es que Iván aparezca".
La oscura trama judicial
La última vez que María vio a Iván fue el 2 de octubre de 2003. Esa noche, según pudieron reconstruir diversos testigos, el joven estaba en una plaza junto a dos conocidos que se ausentaron un rato para ir a una heladería cercana. Al regresar, Iván ya no estaba porque se lo habían llevado en el móvil N° 469 rumbo a la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia. En esa misma comisaría estaba detenido David Hayes, quien dos años después le entregó a María una carta de puño y letra donde daba detalles sobre la reclusión compartida.
David es uno de los siete testigos de la causa que fueron asesinados o murieron en circunstancias sospechosas desde octubre de 2003. La víctima más reciente fue el cuñado de Iván, Juan Pablo Caba, a quien mataron en 2011.
El primer juez de instrucción de la causa fue Oscar Herrera, luego apartado con un jury de enjuiciamiento (pedido de remoción de su cargo) por su desempeño. Cuando el caso llegó a la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, las novedades tampoco fueran gratas para María y su familia: la magistrada dictó en 2007 el sobreseimiento a todos los policías implicados y hasta descartó la posibilidad de una desaparición forzada.
El cúmulo de desaciertos judiciales incluyó la pinchadura de teléfonos a familiares de Iván durante la instrucción (como sucedió también en las causas de, por ejemplo, Luciano Arruga y Santiago Maldonado, lo que demuestra que la pata judicial es partícipe necesaria en la perpetuación del delito que busca castigar) y la toma de declaración a testigos delante de los policías involucrados. Además, pudo constatarse que el libro de parte diario de la seccional estaba adulterado y en ese mismo lugar se encontraron colillas de cigarrillos con rastros genéticos que arrojaron una compatibilidad genética del 99 por ciento con María Millacura Llaipén.
Siete testigos de la causa fueron asesinados o murieron en circunstancias sospechosas entre 2003 y 2011
El contexto de impunidad en Chubut hizo que el caso tuviera más visibilidad a nivel internacional. La denuncia llegó primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó el caso a la Corte IDH (responsable del fallo de 2011 contra el Estado argentino). También tomó conocimiento del delito cometido en Argentina el Grupo de trabajo de Desaparición forzada o involuntaria de Naciones Unidas. En esos avances tuvo mucho que ver la abogada Verónica Heredia, quien tuvo a cargo el patrocinio de María tanto en los tribunales nacionales como en el exterior.
Gracias a la intervención de la CIDH, en abril de 2011 se incorporó al Código Penal argentino el delito de desaparición forzada de personas. Está contemplado en el art. 142 ter y prevé penas que van de los 10 años de prisión a la reclusión perpetua. Fue con esa tipificación que dos policías (sobre 14 imputados) resultaron condenados en 2016 como partícipes necesarios de la desaparición de Iván Torres. La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia llegó 13 años después y un poco incompleta: 15 años de prisión para el comisario Fabián Alcides Tillería y 12 años para el oficial subinspector Marcelo Alberto Chemin.
Quedaron libres de culpa los tres policías que ocupaban el patrullero que trasladó a Iván hasta la comisaría (Hernán Eliseo Leiva, Pablo Miguel Ruiz y Mario Alberto Gómez), así como otros nueve policías señalados por su responsabilidad durante el juicio: Nicolás Alfredo Fajardo, Sergio Omar Thiers, Sebastián Florentino Sifuentes, José Luis Bahamonde, Héctor Enrique Cocha, Santiago Antonio Rodríguez, Roberto Damián Soto, Juan Sandro Montecino y Rosana Elizabeth Soler.
"Es una mentira que Tillería y Chemin estén cumpliendo condena, están disfrutando de su vida libre", dice María al concluir la reunión con la Corte IDH en Buenos Aires. Se espera un nuevo juicio contra los policías del móvil N° 469 que se llevaron a Iván aquella noche de octubre. Sin embargo, María cree que las responsabilidades no terminan ahí: "En esta investigación y en este expediente, no están los verdaderos responsables. Hay unos tres o cuatro responsables y faltan los otros. Falta Leonardo Bustos, jefe de la Brigada de Investigaciones en su momento; falta (Andrés) Ferrada, jefe de la Unidad Regional; y muchos que no están en el expediente, como el juez Herrera. Si el Estado se pone en búsqueda de la verdad en la investigación, no duden que ellos van a estar en los expedientes, porque son los más responsables junto a Tillería. Lo del juicio fue un juicio mentiroso. Vulgar y mentiroso. Tendrían que ir presos los de la Cámara Penal que hacen esas barbaridades".
Gracias a la intervención de la CIDH, en abril de 2011 se incorporó al Código Penal argentino el delito de desaparición forzada de personas.
Un Estado ausente
"Esta sentencia está incumplida y tiene deficiencias, porque las medidas que toma el Estado no están centradas con la perspectiva de víctimas de desapariciones forzadas", comenta Alejandra Gonza, quien participó de la audiencia con la Corte IDH en representación de María. Alejandra es directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y hace dos años lleva adelante el caso en los tribunales internacionales, con el apoyo del Colectivo de Derechos Humanos Yopoi.
Dice sobre el pedido que llevaron a la mesa de trabajo de la que participaron también representantes del Estado argentino: "Nosotros nos centramos en las dos obligaciones más importantes para María: la obligación de investigar y sancionar y la obligación de búsqueda. No sólo no están cumplidas, sino que las medidas que se presentan como pruebas de cumplimiento para nosotros son totalmente ineficientes. Que haya un proceso penal por desaparición forzada y haya condena a dos policías de catorce, pero que no se determine absolutamente nada sobre qué pasó con Iván, es absolutamente insuficiente. No cumple con la sentencia porque no se determinó la responsabilidad de todos los autores materiales e intelectuales de la desaparición de Iván".
¿Qué se puede sacar en positivo?
Lo que podemos hacer es construir a partir de la sentencia. La sentencia había comprobado un contexto de violencia policial en contra de chicos pobres de Chubut, que es muy importante. No vamos a dilucidar ninguna de las desapariciones en democracia si no estudiamos el contexto delincuencial de las policías, las auditamos y las reformamos. Si no, la Policía vive tranquila en la impunidad. Ese contexto está comprobado en la sentencia, pero no se hizo nada más. El otro punto importante de la sentencia es que dice que ha habido una negligencia grave en las investigaciones judiciales, entonces el Estado abre en 2017 otro expediente judicial para avanzar con la responsabilidad de personas importantes para la causa. Pero no nos dicen cómo se ha avanzado hasta acá con ese expediente.
¿Cuáles fueron las respuestas del Estado argentino?
No hubo nada nuevo. Nosotros le planteamos al Estado: ¿cuál es el fenómeno de desapariciones forzadas en democracia en Argentina? Ése es el tema aquí, ¿cuántos desaparecidos tenemos en democracia? Eso es el cúmulo de casos que tenemos que buscar, no a los extraviados, prófugos de la Justicia y criminales. No, estamos buscando a víctimas de desapariciones forzadas. ¿Cómo es el mapeo de esas víctimas en el país? ¿Cuáles son las fuerzas implicadas? Siempre va a ser la Policía y las autoridades de las fuerzas de seguridad.
"No vamos a dilucidar ninguna de las desapariciones en democracia si no estudiamos el contexto delincuencial de las policías"
Uno de los pedidos fue que intervenga un grupo de expertos independientes (podría ser el Equipo Argentino de Antropología Forense) para "avanzar seriamente" en la investigación. De la audiencia con la Corte IDH también se desprendieron otras reuniones protocolares, como el encuentro con el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, en el predio donde funcionó el centro clandestino de tortura y detención de la ESMA. Gonza valoró el gesto simbólico en un espacio vinculado con la memoria y luego contó que Avruj tomó conocimiento del caso "por primera vez".
Fortaleza de madre
En una sala alfombrada y con muebles de madera oscura que nada se parecen a las humildes comodidades de su casa en Comodoro Rivadavia, María abandonó por un rato la compañía de su hija y sus nietas para conversar con Cítrica y con Página/12, los únicos medios presentes en el Sheraton tras la audiencia.
¿Qué le dijiste hoy a la Corte?
Lo mismo de siempre: que hagan cumplir sus leyes, su poder, su autoridad. Que ordenen al Estado que de una buena vez por todas devuelva a Iván. Ése es mi primer pedido.
¿Cambió en algo el trato de la Policía de Chubut hacia los pibes como Iván desde que hubo sentencia internacional por este caso?
No, siguen desapareciendo y siguen muriendo. Los siguen matando en los calabozos, los siguen ahorcando, torturando, violando... no ha cambiado nada. Un caso de Trelew en el que once policías violaron a un chiquito de 16 años (N de R: se refiere al caso Almonacid, de 2012, donde se dio un proceso judicial plagado de irregularidades que terminó con leves condenas a tres policías de diez acusados). No cambia nada. Si acá no hay una buena investigación y un cambio de justicia, nunca va a cambiar nada. Vamos a estar peor.
"¿Cuál es el fenómeno de desapariciones forzadas en democracia en Argentina? ¿Cuántos desaparecidos tenemos en democracia?"
¿Tenés algún temor por lo que pueda pasar de acá en más?
Temor a nada. Los enfrento: a los asesinos, a los delincuentes, a los traficantes, a los chorros. A todos esos delincuentes los enfrento como sea, como los estuve enfrentando en la Seccional Primera. Los enfrento y los invito a enfrentarse conmigo. La última vez del acampe fue en 2008 y me fui porque estaba pasando por un cáncer. Gracias a Dios ya pude revertir esa situación.
¿Te parece que el caso de Iván, con la condena al Estado argentino por su desaparición forzada, sirvió para visibilizar lo que pasa en distintas partes del país?
No, empeoró. Si acá no hay una justicia de arriba hacia abajo, va a ser todos los años peor.
¿Tuviste la posibilidad de encontrarte con otras madres que pasaron por situaciones similares para vincularse desde lo afectivo y dar pelea contra la impunidad?
Yo estuve con las Madres de Plaza de Mayo, que tienen una gran trayectoria y yo las aprecio y respeto mucho. Yo aprendí de ellas su fortaleza, especialmente de Nora (Cortiñas), de Mirta (Baravalle), y de las abogadas que tuve también. Son hermosas chicas con un corazón dispuesto, pase lo que pase. Yo les agradezco haberlas tenido y hasta el día de hoy no les pude pagar, porque el Estado no les ha pagado nunca. Así también con otras mamás, como Rosita (mamá de Miguel) Bru. También doy gracias a Patricia Walsh, que fue a Comodoro, y a todos los que me ayudaron, como los periodistas que me escucharon y publicaron el caso. Yo no puedo dejar de agradecer a la gente buena que dedicó horas de su tiempo por mi hijo.
¿Qué sabés que le pasó a Iván y que pensás vos que le pasó?
Si yo supiera lo que le pasó a Iván, denunciaría directamente, diría "esto le pasó". Una mamá no quiere opinar lo contrario, yo a mi hijo lo espero siempre con vida. Espero en Dios, primero, y en esta autoridad, si algún día hacen cumplir la ley y lo devuelven... yo no uso la palabra investigación, porque lo tienen ellos, lo tiene el Estado.
¿Qué pensás hacer si esta instancia no prospera y no hay resultados favorables en la búsqueda?
Seguiré reclamando. Nunca mientras respire aliento en este mundo voy a dejar de luchar por mi hijo. Yo no vendo ni regalo a mis hijos, ni le temo a nadie. No me va ni me viene ningún poder en este mundo. Yo enfrento a todos.
“Argentina tiene un gran hueco en la búsqueda de personas”
Alejandra Gonza, quien lleva el caso de Iván Torres ante la Corte IDH, comparte su malestar por el vacío estatal ante las desapariciones forzadas en democracia. Sin un registro unificado de casos ni acompañamiento a las familias, el delito se perpetúa y las respuestas no aparecen. Lo actuado en delitos de lesa humanidad como camino posible.
¿Quiénes están realmente detrás del incendio en el Parque Nacional Los Alerces?
Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, acusan a los pueblos originarios de provocar los incendios en el Parque Nacional Los Alerces. ¿Pruebas? Como siempre, ninguna. En esta nota, la respuesta de tres representantes del pueblo mapuche que denunciaron que esto iba a pasar.
Pingüinos de humo
Un productor rural fue condenado en Chubut por maltrato animal, en una causa de alto impacto mediático. Detrás de la supuesta “masacre” de pingüinos que no pudo probarse hay marketing ambiental, intereses económicos y hasta la Embajada de Estados Unidos.