El gobernador de Chubut lanzó un video en el que desconoce la obligación de la obra social estatal ante una cirugía reconocida por la Ley de Identidad de Género. El debate por el gasto público, entre los gestos para la tribuna y el peligroso retroceso de los derechos conquistados.
Por Lara Bramati, mujer trans, docente y productora audiovisual, colaboradora de la Fundación Trans Formar Futuro.
Ignacio Torres, máxima autoridad política de la provincia de Chubut, actúa de un modo ignorante. Primero, ignora la Ley de Identidad de Género y, después (y no menos grave), ignora groseramente la división de poderes al cuestionar un fallo del juez de Familia Santiago Huaiquil. Lo hace desde su lugar jerárquico, ya que es el gobernador, lo que hace pensar que actúa adrede más que por ignorancia.
El fallo que se viraliza tiene una medida autosatisfactiva a favor de la persona trans que inició la demanda contra el Estado provincial, supuestamente desde el 20 de marzo, y está claramente detallado por el juez que se debe encuadrar en las obligaciones de cobertura que impone la Ley 26.743 de Identidad de Género para afirmación del género autopercibido. El mismo artículo 11º de la ley especifica que no debe requerirse autorización administrativa ni judicial. Sin embargo, la persona trans debió acudir a un juzgado para que el propio Poder Ejecutivo acate una normativa y cese en su comportamiento ilegal al impedir la práctica solicitada a través de la obra social SEROS, que brinda prestaciones a trabajadores y trabajadoras estatales de la provincia.
Cuando una persona cualquiera inicia acciones legales contra la Administración provincial o los funcionarios en ejercicio de sus funciones, la parte demandada (el Estado) se defiende con un cuerpo de cerca de treinta abogados que trabajan para el Ejecutivo en la Fiscalía de Estado. El gobernador Torres salió a hacer un descargo antes de conocerse el fallo judicial, buscando desviar la intepretación sobre la cirugía que SEROS pretendía negarle a una afiliada trans.
El juez consideró ese descargo y argumentó en contrario aclarando específicamente que no se trata de una cirugía estética, sino de una cirugía de afirmación de género y, por lo tanto, debe ser una práctica cubierta en los términos que establece la Ley de Identidad de Género. La cirugía se debería haber realizado sin necesidad de requerir a una instancia judicial.
Para que los fallos judiciales queden firmes se requiere una sentencia similar en dos instancias (sobre tres posibles) cuando hay apelaciones o bien que no se presente ninguna apelación después de la primera sentencia. La Fiscalía de Estado no apeló ni apelará el fallo judicial porque es claro, evidente y contundente que se ajusta a derecho e insta al Poder Ejecutivo y a SEROS a dar la cobertura solicitada en los términos legales establecidos.
Acá es donde Torres sale a embarrar la cancha queriendo hacer comparaciones absurdas para caldear los ánimos en la población y fomentar el odio de género. Califica al juez de “demagogo y populista”, dice que la obra social va a quebrar después de un año y medio de su gestión para sanear la pésima administración y además busca confrontar con el mayor odio posible hacia la población trans al señalar que estas operaciones de feminización facial autorizadas judicialmente son “más costosas que el tratamiento oncológico de los más caros”. Todas falacias volcadas en un video donde se lo ve junto al funcionario a cargo de SEROS, que salió por los medios provinciales a decir que estaban tratando de reunir los fondos para cubrir el monto de tal prestación.
El Estado sabe que debe darle cobertura. Torres lo sabe. La obra social lo sabía desde antes de responder con una negativa a su afiliada. El planteo de Torres en las redes sociales busca desviar el eje de la cuestión preparando el terreno para algo peor: que la opinión pública haga eco positivo de sus irracionalidades y apoye una eventual derogación de la Ley de Identidad de Género y la quita total de sus derechos adquiridos.
En el fallo del juez Huaiquil en cuestión está presente el punto de vista de la obra social, a través de los argumentos de los abogados de la Fiscalía de Estado, y también el interés de la parte demandante (la persona trans sin acceso a la cirugía). El texto judicial es simple, claro y ordenado: establece que no es una cirugía estética, sino una cirugía de afirmación de género, contemplada en el art. 11 de la Ley 26.743.
Allí se especifica sobre el derecho al libre desarrollo personal: “Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, [...] a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”.
“Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En ambos casos se requerirá, únicamente, el consentimiento informado de la persona. [...] Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce. Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación”.
El fallo no es ni populista (menos del 3% de la población de Chubut es persona trans o no binaria) ni demagogo (exige cumplir lo que establece desde hace más de 13 años la normativa vigente y los tratados internacionales). ¿Qué otro oscuro fin que el de privar de derechos a una población ya de por sí marginada podría tener el primer mandatario de una provincia al insistir compulsivamente en un “error” y desinformar masivamente a ciudadanos comunes?
No es casual ni coincidencia. Hay un ataque directo a los derechos de las minorías. Si el argumento fuera económico por los montos de una cirugía de feminización facial, entonces habría que discutir los sobreprecios, los sobresueldos y las prebendas que paga el Gobierno provincial. ¿Cuántos tratamientos oncológicos podrían haberse hecho sin los sobreprecios y sobrepagos de la obra pública, por ejemplo?
Por poner un ejemplo, en Chubut hay una traza de 60 kilómetros de ruta que lleva 17 años sin terminarse, y aún restan 9 kilómetros por asfaltar. ¿Cuántos miles de millones costó eso y cuántas vidas se cobró en accidentes viales? Es tan obvio y tan perverso el tema en comparación, que no resiste el más mínimo análisis, salvo en la verborragia de un video viral, que posiblemente tenga acciones judiciales que deberá costear el Gobierno provincial (por las calumnias contra el juez).
Si ampliamos la mirada, podría suceder que el Poder Ejecutivo Nacional (con antecedentes de dichos transfóbicos) recoja el guante para atacar vía DNU o en otro proyecto de ley la derogación y quita de derechos a esta población indefensa frente a la violencia social y política que habilitan los discursos como el de Ignacio Torres.
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