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Veranear en la villa

por Nelson Santacruz
Fotos: Rodrigo Ruiz
17 de enero de 2025

El verano de las villas se mece entre la falta de agua potable, cortes de luz intermitentes, riesgo ambiental y un Estado que se retiró para dejar obras públicas inconclusas. A la par: el hambre. La crisis económica engorda las filas de los comedores populares en una Argentina con más de 50% de la población bajo la línea de la pobreza.


“La nueva gestión no está haciendo nada”, se oye una y otra vez sobre Jorge Macri en los barrios populares. Desgrabé la entrevista con Pauli Burgos, de la Villa 31, a oscuras poco antes de hablar con Nely Vargas, de Zavaleta, quien también mencionó la falta de energía en su barrio. Al día siguiente, tras llamar a Angélica Urquiza, de Villa 20, me enteré que en su comedor estaban haciendo la cena para 230 personas también sin luz. Cuatro villas que en la primera semana de enero la remaban en una evidente crisis en la gestión de la energía de la Ciudad de Buenos Aires.

A mitades de noviembre, un nuevo incendio mató a dos vecinos de la Villa 31. Una de las víctimas fue Georgina, madre de tres niños, cuyas últimas palabras fueron por teléfono: "Acá en casa se incendia todo, me estoy ahogando, la pieza está llena de humo y no viene nadie. Llamé a los bomberos y no viene nadie". Fue producto de un cortocircuito de los cables enredados, típico de nuestros barrios. Esta vez fue en el "Sector Güemes" del también conocido como Barrio Padre Mujica.

Pauli, integrante de la organización transfeminista "La Territorial", expresa que por ahora los cortes de luz son esporádicos pero que la preocupación está latente: "Dicen que habrá cortes programados y no sabemos cómo puede impactar en el barrio eso". Los peligros de la enredadera de cables muchas veces son naturalizados hasta que muere otro vecino: "¿Cuánto más tenemos que esperar para que cambie esto? Este cambio de gestión es preocupante porque Macri no está haciendo nada". 

El abandono en este barrio, donde hay un gran avance en urbanización, no extraña a la comunidad. "Creo que es un contagio de lo que pasa a nivel nacional, con los recortes del presupuesto", dice Pauli. "Es cierto que, a la par, hay poca conciencia del consumo en los barrios sobre la luz y el agua. La gente usa tanto que colapsa, pero en el fondo todo tiene que ver con la falta del Estado". 

Por otro lado, en febrero, se cumplirán 15 años de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -empujada por la organización vecinal- denunciara ante la Justicia al Gobierno de la Ciudad por las pésimas condiciones en la Villa 21-24. El control de la ejecución de la medida cautelar dictada está a cargo de la jueza de la Ciudad Elena Liberatori, y se suponía que el foco estaría sobre todo en sectores como "Tierra Amarilla" donde el riesgo eléctrico sigue a flor de piel.

Catalina Marino es coordinadora del Programa de Derecho a la Ciudad de ACIJ. Contó que el mismo gobierno porteño expresó que para resolver el problema en este barrio se necesitaría al menos 34 centros de transformación, que lo iban a hacer en cuatro etapas: "En los últimos tres años solo han colocado seis, incluso para los propios estándares del Gobierno están incumpliendo, a 15 años de la denuncia".

En 2018 se realizó un relevamiento en 706 viviendas, de las cuales 300 tienen un riesgo crítico-alto y tras unas improvisadas obras dejaron de atender el barrio con la llegada de la pandemia. Esto fue porque Gilda Cañete había fallecido electrocutada mientras sacaba agua de su pasillo inundado ese mismo año.

"El juzgado dio lugar a que en marzo de este año se cree una Mesa Técnica para discutir la elaboración del plan para resolver lo que falta en el barrio. Se sigue discutiendo un plan de diagnóstico y previsibilidad para entender cómo van a ejecutar este proyecto, cumpliendo con los criterios necesarios", dice Marino. Añade que entre los desafíos está la necesidad de proyecto eléctrico con presupuesto y cronograma. "Otra falencia es que el juzgado no habilitó que los representantes del barrio sean parte de la Mesa, no habrá participación comunitaria".

Mientras tanto, las víctimas fatales no paran. Hace dos meses, por ejemplo, Juan Gabriel Orue, vecino del sector "San Blas" de la Villa 21-24, falleció electrocutado en su cama mientras dormía también por las malas instalaciones intradomiciliarias por las que nadie vela.

Sin agua en la ciudad más rica del país

Cada barrio tiene sus particularidades sobre la falta de gestión e infraestructura del agua. Angélica Urquiza, del Comedor El Enano en Villa 20 de Lugano, señala que los que peor la pasan son las manzanas de la 23 a la 29 donde sin falta tienen que entrar camiones para llenar tanques o para poder desagotar las cloacas con grandes mangueras. En Zavaleta Nely Vargas, del Comedor Evita, se preocupa porque no hay un trabajo real del gobierno para los diferentes escapes de agua que hay: "No se quieren hacer cargo, hay escapes de agua por todas partes en grandes cantidades y todo va debajo de las casas". Y en "La Veredita", barrio que está en Soldati frente a Villa Fátima, los vecinos pudieron tener cañerías solamente gracias a la gestión de organizaciones sociales y la iglesia local pero aún no hay un sistema formal que resuelva sus problemas de fondo.

En la Villa 21-24 las y los vecinos que más padecen las dificultades de agua segura son los sectores de Tierra Amarilla, Loma Alegre y manzanas como la 70, la 20 y la 21.  El agua tiene serios problemas de presión, sale marrón o directamente no sale. El Estado no realizó ninguna prueba bacteriológica para comprobar la potabilidad. Sí hay una megaobra que avanzó, tras la movilización de la comunidad, por parte de AySA pero aún se espera sin ninguna señal a que el Instituto de Vivienda de la Ciudad -presidida por Leonardo Coppola- reinicie las obras internas. Actualmente la necesidad de la comunidad está en manos de su Subsecretaría de Integración Urbana y Hábitat del IVC, a cargo de Hugo Savarino.

"El barrio lo que necesita es que se construya  el sistema de distribución secundaria de agua y cloacas, es decir el tendido interno. Para que todo lo construído por AySA finalmente tenga impacto sobre la calidad de vida de las personas del barrio. De lo contrario, todo lo avanzado hasta hoy no va a servir", responde Paz Ochoteco de la Fundación TEMAS, desde la Villa 21-24. Y añade que "el último reporte del IVC respecto al avance de las obras internas de agua, pluvial y cloacas en la Villa 21-24 fue en octubre de 2023. No hay nada documentado en términos técnicos y administrativos de que hayan hecho algo hace más de un año en este barrio. Es decir, el IVC ya había frenado la obra antes de la llegada del actual gobierno nacional y su famoso 'no hay plata'".

La Corte Suprema abandonó a las villas

Un asterisco muy importante sobre la situación de las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo explica Ana Lanziani de la Secretaría Letrada del Acceso al Hábitat N°1, del Ministerio Público de la Defensa. "El Poder Judicial y Ejecutivo dejó a miles de familias desamparadas en los márgenes del Riachuelo", dice respecto a la conocida Causa Mendoza. Además del saneamiento del río más contaminado del país, vía ACUMAR, tenían que relocalizar a las familias que vivían en sus orillas.

Este verano las villas 26 y 21-24, los asentamientos Luján, Pueblito, Magaldi y Lamadrid con al menos 1700 familias implicadas siguen esperando las relocalizaciones entre pésimas condiciones habitacionales, cañería de agua y cloacas improvisadas, la contaminación y la falta de estabilidad en el tendido eléctrico. "La Corte Suprema se retiró de la Causa Mendoza, es como volver a cero. Antes decían que no había plata, al menos, hoy consideran que esto ya no es una obligación del Estado", señaló Lanziani.

Mientras la Corte Suprema se aleja, dejando un fallo firmado e inconcluso, el gobierno nacional sigue achicando ACUMAR. Lanziani entiende que todo este abandono profundiza la precariedad de la vida: "No hay un horizonte para evitar que se construya para arriba, que se vuelvan a pinchar los caños de agua, que pelen los cables de electricidad, que la población crezca hacinada e incluso vuelvan a ocupar los espacios ya liberados ante la crisis habitacional que existe. Nadie está ordenando nada".

Crisis climática y hambre

Hay poca información cuantitativa por fuera de CABA. Pero el impacto ambiental, sin dudas, se da en todos los barrios populares del país. Comprender que los incendios, las inundaciones, el desmonte, el glifosato, el agua no potable, la basura acumulada se da en los suelos de estos barrios con mayor intensidad nos ayuda a tener un panorama más claro de un combo fatal por la falta de servicios básicos y la falta de una buena nutrición.

TECHO sacó el "Informe de la Desigualdad Climática en Barrios Populares 2024" donde demostró que en nuestros territorios tenemos 15 veces más probabilidades de morir "como consecuencia de las condiciones climáticas". Utilizando los datos del RENABAP, con 5687 barrios vulnerables relevados, cotejaron que 48% de los barrios sufren de graves inundaciones y el 34% subsiste entre microbasurales. El 61% de los barrios pobres de Buenos Aires se inunda, el 70% en el caso de Santa Fe y el 65% en Chaco. Esta realidad, lejos de mejorar, incrementa con las precipitaciones intensas y la falta de obras públicas.  

"Es importante aclarar que si bien en CABA la cantidad de barrios populares expuestos a factores de riesgo ambiental es bajo, la cantidad de familias afectadas es mayor, en relación con el resto del país, ya que la ciudad cuenta con relativamente baja cantidad de barrios pero varios de estos cuentan con una cantidad de población superior a la media nacional". 

En este contexto, el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), utilizando el Indicador Barrial de Situación Nutricional (IBSN) relevó en octubre la realidad de 18 mil niñas, niños y adolescentes en 14 provincias. Los datos son estremecedores: 70% de las familias reducen sus porciones o suprimen comidas por falta de recursos y el 40% de los NNyA tienen malnutrición. 

Para Angélica Urquiza mantener el comedor "El Enano" en la Villa 20 se hace cuesta arriba porque, al no ser un espacio reconocido y depender de ser "anexo" de un comedor oficial, no recibe alimentos por vacaciones durante estas primeras semanas de enero. "Sin embargo ahora vienen más niños a pedirme comida porque no están comiendo en las escuelas", dice preocupada. 

ISEPCi, además, resaltó que este verano la Canasta Básica de Alimentos cercanos a las villas incrementó un 5,09%, sobre todo en el rubro de la carne que llegó a un pico de 20,9% de aumento. Para este Instituto, una familia tipo de dos adultos con dos niños, necesitó más de $430 mil al mes para esa canasta básica. Y si cruzamos este dato con el del Observatorio Villero de La Poderosa, donde dice que el promedio de ingreso por ocupación principal no llega a los $200 mil al mes en los barrios empobrecidos, el dato es más que crítico. O sea, digamos, apenas alcanza para la comida y no hay capacidad de ahorro.

"Nosotras cocinamos 230 raciones de lunes a viernes y nos cuesta muchísimo los nutrientes: carnes, verduras, huevo o quesos. Necesitamos donaciones para poder resolver el hambre de la gente", me cuenta Angélica. El Índice Barrial de Precios de ISEPCi acompaña esta realidad detallando que respecto a noviembre de 2023, los almacenes incrementaron sus precios en un 147%, las verdulerías un 124% y las carnicerías en un 136%.

Cocinar con horno eléctrico, sostener las garrafas siendo un espacio autogestivo, es sufrir el verdadero infierno en la cocina de los comedores populares en pleno verano. Esto no figura en la lectura política del actual Gobierno de la Ciudad ni de Nación. "No queda otra que refrescarse mucho y laburar por turnos. Yo por ejemplo ya preparé todo para que a las 15hs vengan otras compañeras y empiecen a hacer la cena para las familias", resume Angélica.

Así, comprender "el verano en las villas", tiene raíces históricas, políticas, sociales y económicas que dan para muchas páginas más. El conflicto de sobrevivir las olas de calor está lejos de lo que muestran en la tele. Posee ramificaciones donde en medio de una evidente crisis climática que nos golpea de lleno, no existen políticas públicas estructurales para garantizar los servicios esenciales como el agua y la luz, como tampoco una lectura seria de la contaminación que amenaza nuestros territorios. Y en el medio, el desafío de siempre: comer. No hay mejor INDEC para comprender la sociedad que la olla de los barrios populares, donde escasea la empatía estatal y todavía sobrevive la solidaridad de miles de mujeres no reconocidas. El paquete completo de los barrios con este calor es de una enorme violencia estatal negacionista de estas realidades, sumado a una gran cantidad de funcionarios que veranean en las playas con todas estas deudas internas.