Judicializan a dos luchadoras sociales por apoyar al pueblo Mapuche

por Gioia Claro
Fotos: Luan Colectiva Fotográfica
07 de enero de 2022

El secretario de Turismo de la Municipalidad de El Bolsón, Bruno Ivan Helrriegel, denunció a Nora Corvalan y Karina Ponce, integrantes de la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut, por pintadas en la oficina de Turismo. “Esto es una caza de brujas. Nos castigan por defender la causa mapuche”, aseguran.

A dos semanas del Chubutazo, en el que el pueblo en las calles tuvo que salir a defender el territorio frente al avance desleal de los diputados y diputadas con el proyecto de zonificación encabezado actualmente por el gobernador Mariano Arcioni -pero que responde al lobby minero instalado hace dos décadas en la provincia de Chubut-, en la provincia de Rio Negro el conflicto del Estado con la Lof Quemquemtrew y con otras tantas comunidades que hace años exigen que sean reconocidos sus territorios y derechos, el Poder Judicial avanza para… ¿Buscar a todos los responsables del asesinato de Elías Garay y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera? No.

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¿Para abrir una mesa de diálogo en la que al fin el Estado nacional y provincial se hagan cargo de la interpelación política que está planteando el Pueblo Nación Mapuche y otros tantos pueblos indígenas preexistentes al propio Estado argentino? No. Nada de eso. El Poder Judicial avanza en buscar responsables de las pintadas y daños tras la ocupación de la oficina de Turismo de El Bolsón el 30 de diciembre, lugar que al día siguiente del hecho ya estaba nuevamente de blanco reanudando sus servicios. De reparación histórica no se habla.

Nora Corvalan y Karina Ponce, de la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut (UACCh), fueron notificadas este miércoles 5 de enero, por ser las  presuntas autoras de los desmanes en la oficina de turismo de El Bolsón, cuando finalizó la audiencia de impugnación en la que fue ratificada la orden de desalojo contra la Lof Quemquemtrew, dispuesta previamente por el juez Ricardo Calcagno.

“Esto es una cacería de brujas. Cualquiera puede ser notificada. Haya estado ahí o no en ese lugar ese día. Tienen todos nuestros datos registrados por los retenes en la Cuesta del Ternero, donde hace meses anotan a cada persona que se acerca al lugar”, sostiene Nora, una luchadora social, defensora del agua y del territorio, una de las caras visibles en cada marcha del pueblo en la Comarca Andina: contra la megamineria, por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, y desde hace años por los despojos y violencia ejercida contra el pueblo mapuche– tehuelche en la zona. Siempre a cara destapada, su lucha es digna y sus convicciones inquebrantables. Jubilada, miembro de la UACCh y la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. 

"Hace muchos años que apoyo las luchas de los pueblos originarios y la defensa del territorio. Por eso me señalan"

Hoy a Nora la responsabilizan de pintar con aerosol las paredes y romper unos monitores en la oficina de turismo. Hoy quieren nuevamente tildar de violentas las luchas silenciadas por el Estado, alimentando el odio y el racismo mediante los discursos puestos en circulación desde los medios de comunicación hegemónicos.

“Esta es una imputación injusta que la misma Defensoría Pública rechazó por insuficiencia de pruebas,  quedando en evidencia el propósito del poder político y judicial: romper la red de apoyo a la Lof Quemquemtrew. Yo me pregunto, los que se hacen eco de las publicaciones de medios amigos del poder, ¿por qué no se hacen eco de las injusticias que vivimos? ¿Por qué no denuncian el asesinato de Elías Cayicol Garay? No estoy de acuerdo con los daños en la oficina de turismo pero menos de acuerdo estoy con el Poder Judicial que no respondió a las múltiples denuncias que realizamos por causas mayores a unas pintadas: el asesinato de Elías, el acoso que sufrió una lamuen en la Cuesta del Ternero por parte de agentes policiales, el impedimento a la Lof Quemquemtrew de recibir alimentos, la militarización de la Cuesta del Ternero, entre otras tantas. Jamás actúan en reclamos justos, ahora sí, cuando en una situación nos pueden afectar, lo hacen con todo su aparato de poder”, denuncia Karina Ponce, miembro de la Sociedad Ecológica Regional y de la UACCh. 

Y agrega: "Hace muchos años que apoyo las luchas de los pueblos originarios y la defensa del territorio. Por eso me señalan. Es claramente una persecución hacia las y los luchadores sociales, y para quebrar está red de apoyo que hay hacia la Lof Quemquemtrew”.
¿Estas dos mujeres conocidas en la Comarca son las dos únicas imputadas de un hecho realizado por personas encapuchadas actuando en las narices del cordón policial? 

"Esta es una persecución hacia las y los luchadores sociales, y para quebrar la red de apoyo a la Lof Quemquemtrew"

 “Ni los videos ni las testimoniales pueden decir con exactitud qué persona pudo dañar tal cosa. Los entrevistados no pueden identificar responsables porque estaban con rostros cubiertos”, dijo la defensora pública Belén Alderete, al rechazar la formulación en nombre de las dos acusadas, por no encontrar material probatorio que permitiera asociarlas con los hechos; ayer en la audiencia de formulación de cargos, encabezada por el juez Gangarrossa, y a cargo de la fiscal Betiana Cendón, la misma que lleva la causa de Rocco contra Quemquemtrew y la causa por el asesinato de Elías Garay e intento de homicidio de Gonzalo Cabrera.

Foto de Jade Sivori

Foto de Jade Sivori

El Juez Gangarrossa dejó formulados los cargos de “turbación de la posesión” y “daño calificado” contra las dos mujeres en carácter de “autoras penalmente responsables”. A su vez dictó la medida cautelar de prohibición de acercamiento a la oficina de turismo y a empleadas de la misma, a menos de 200 metros hasta abril de 2022. El 6 de mayo de este año vence el plazo de investigación que tiene la fiscalía para intentar avanzar en esta causa que vuelve a judicializar a militantes sociales y ambientales.

“Son parte de la trama que necesita a las comunidades y a la población consciente acallada y/o criminalizada para poder avanzar”, denuncian distintas organizaciones sociales, de DDHH, de derecho indígenas, académicos, y medios de comunicación populares en un comunicado público circulado por redes sociales. 
 

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