“Hay que tomarse en serio eliminar la cárcel como institución”

por Estefanía Santoro
Fotos: Agustina Salinas
12 de mayo de 2022

En medio de los debates sobre el feminismo antipunitivista y la reforma judicial, Luli Sánchez, abogade lesbiane de trayectoria en litigios penales feministas, pide repensar el sistema carcelario en lo relativo a delitos comunes, incluso en los relacionados a la violencia de género. Propuestas para concretarlo y la analogía con los avances que hubo en el ámbito de la Salud Mental.  

A Luli Sanchez se la puede leer denunciando el lesboodio en Twitter, donde marca cómo se construye la figura de la lesbiana mala, asesina, odiadora de hombres. Una caracterización de la que se sirve y sirvió la Justicia para criminalizarlas. A veces se nombra en femenino, pero también suele usar la “e”. Es abogade lesbiane y le gusta decir que hoy llegó a serlo “producto de la lucha colectiva”. 

Lesbiane con “e” porque no quiere estar ni cerca de ninguna identidad asociada a la pureza: “Quiero contaminar el lesbianismo”, propone. Y argumenta que lo concibe de esa forma quizás porque se formó en el siglo pasado, atravesada por la dictadura y el terrorismo de Estado, el clóset y los travesticidios, todas formas de violencia extrema que están hiladas en nuestra historia. En 1998 se recibió y comenzó a desempeñarse en diversos campos de trabajo, formó equipos jurídicos, de investigación y de formulación de políticas judiciales, para entrar luego en el mundo del litigio del derecho penal.

Cuenta que le costó poner el cuerpo en la escena judicial: “No porque no quisiera, no supiera o porque sea vergonzosa sino porque ese lugar fue muy resistido –no hablo de mí sola, sino de un montón de compañeras y compañeres, algunas más paquis, otras menos, todes cis probablemente, muy pocas trans– y hace muy poco tiempo podemos tener una escucha de lo que venimos proponiendo hace mucho. Creo que esto es una profundización y una relectura de nuestra democracia, los feminismos como una parte fundamental también de esa democracia que se ven reflejados en la política con una demanda específica, por eso ahora se nos escucha más y podemos litigar más, eso es producto de la lucha colectiva, como siempre.”

–Hablando de la lucha colectiva, ¿qué importancia crees que tuvo la presión social en las calles que pedía la absolución de Higui?

–El caso de Higui nos involucró a todes de muchas maneras. Ella, su situación y sobre todo su forma de afrontarlo, que fue increíble. Sin ponerla en un pedestal, realmente lo afrontó con mucha entereza, comprensión política, paciencia y pedagogía. Todo lo que se le exige a una persona que está en esa situación, pero que muchas veces es difícil de ver. Lo que pasó en las calles estaría bueno empezar a pensarlo como una participación legítima y no necesariamente como una presión social porque desde que recuperamos la democracia se discutió mucho el rol del Poder Judicial en el genocidio, el terrorismo de Estado. Tenemos muches abogades desaparecides por usar el derecho como una herramienta de lucha. La participación popular en el Poder Judicial se viene ampliando muchísimo en distintas provincias, la posibilidad de participar no se agota solamente con ir al juicio, entrar a la sala de audiencias. Cada vez más en todas las provincias hay juicios por jurado, que es una forma de participar en la Justicia, no solo como control ciudadano desde afuera, sino como directamente integrando el jurado, sentenciando. Jurados que hoy tienen integración paritaria, y se discute cómo incorporar perspectiva de género en los distintos procedimientos. Esto nos permite apropiarnos de ese espacio que es nuestro en el sentido de la ciudadanía, de la puebla pero que está muy capturado por las elites que se benefician de la violencia estructural. Me parece interesante pensarnos como parte de lo que sucede ahí adentro y no solo como víctimas del sistema.

"El caso de Higui nos involucró a todes de muchas maneras. Ella, su situación y sobre todo su forma de afrontarlo, que fue increíble"

–Hablás de privilegios, de personas que están en lugares de poder y se resisten al cambio. ¿Cuáles creés que deberían ser las bases para una reforma judicial transfeminista? ¿Por dónde crees que se debería empezar?

–Así como nuestres abueles lograron abolir la pena de muerte, proceso que tuvo sus avances y regresiones en Argentina, creo que hay que empezar a tomarse muy en serio eliminar la cárcel como institución, como horizonte del sistema penal. Eso tiene muchas consecuencias y parece imposible. Siempre pensamos el antipunitivismo en términos de hacer menos cosas dentro del ámbito de la justicia penal, pasarnos a la justicia civil o a prácticas que no estén institucionalizadas, y no sobre la base de una práctica política e institucional materializable en relación con abolir la prisión. Hay un proceso muy concreto que llevó muchos años concretar y que parecía imposible y es el proceso de la Ley de Salud Mental en nuestro país, de la desmanicomialización de personas, que antes se entendía que no estaban en condiciones de estar en libertad, de vivir en sociedad, que debían ser puestas en aislamiento, confinadas, segregadas e internadas. Toda la patologización nos ha afectado históricamente en paralelo con la criminalización. Entonces creo que es un desafío pensar un proceso de descarcelización en el mismo sentido en el que se pensó y se llevó a cabo la desmanicomialización, el movimiento por la Ley de Salud Mental en nuestro país, donde los Congresos de Salud Mental y Derechos Humanos organizados por Madres de Plaza de Mayo fueron un faro.

–¿Qué cambios se produjeron en el ámbito de la salud mental?

–Hoy, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, desde la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud provincial, hay políticas muy concretas, se hacen recorridas cotidianas, se transforman los espacios, se hace seguimiento de las personas que estaban internadas y se ponen a disposición todas las políticas estatales que justamente desplazan aquello que antes era patologización por salud mental, acceso a derechos económicos, sociales y culturales en condiciones respetuosas. Es en este sentido que, como feministas, debemos repensar nuestra relación y disposición política respecto de la cárcel en todo tipo de delitos comunes, incluyendo los que tengan que ver con violencia de género.

"Es un desafío pensar un proceso de descarcelización en el mismo sentido en el que se pensó y se llevó a cabo la desmanicomialización en la Salud Mental"

Luli plantea "otra cuestión problemática": "Siempre estamos discutiendo violencia interpersonal y parece que el sistema de justicia, que el Poder Judicial solamente pudiera abordar las consecuencias de la violencia interpersonal. Una reforma transfeminista tiene que poder atrapar en todo caso en el sistema de justicia aquellas conductas que se amparan o que se benefician de esta violencia estructural y que tienen consecuencias a nivel interpersonal, pero no exclusivamente una relación causal interpersonal. Estamos siempre pensando, por ejemplo, en las agresiones sexuales y en los autores de las agresiones sexuales, pero no estamos pensando en la impunidad de las agresiones sexuales en el terrorismo de Estado y cuál es la relación del terrorismo de Estado con la actual matriz de impunidad de esa violencia sexual. 

Dice que "el aporte feminista y travesti ha resultado iluminador". Menciona que, en abril de 2022, "por primera vez se dictaron, en La Plata, procesamientos que reconocen a la población travesti trans como un objetivo a atacar dentro del Plan Sistemático durante el terrorismo de Estado". ¿Qué relevancia tiene? "Un hecho sin precedentes en nuestra historia, a través de otro, el reconocimiento del travesticidio en la sentencia por Diana Sacayán, nos permite poner en relación ese plan sistemático con la violencia que aún hoy viven las compañeras y compañeros travestis y trans".

Reflexion: "Una reforma, más bien una transformación transfeminista del sistema de Justicia, tiene que profundizar esos caminos, ver esas relaciones y poder reparar no solo en función del autor individual. En la provincia de Buenos Aires donde antes había neuropsiquiátricos ahora hay cooperativas de trabajo, lugares para atención ambulatoria, talleres, otro tipo de actividades que no tienen que ver con que las personas estén internadas o que estén aisladas. Muchas de las personas que están internadas en los neuropsiquiátricos tienen una composición similar a las personas que están en los penales, no es muy distinta el tipo de persona que es patologizada o que es encarcelada en el gran grueso de la población. 

–¿Qué condiciones de vida tienen en común?

–La selectividad del sistema penal-asistencial. No porque los delitos reflejen patologías, o porque los delincuentes sean en realidad enfermxs, sino porque la selectividad del sistema de justicia penal condena a penas altas y, sobre todo, mete en prisión preventiva por regla, a personas que no pueden defenderse por su condición de pobreza, los traumas previos, la impunidad, la no respuesta de las instituciones a la falta de acceso a derechos, la revictimización constante, la negación de las identidades, las orientaciones y las expresiones de género, el racismo estructural, la violencia contra las mujeres, las formas de violencia estructural que generan un montón de condiciones por las cuales hay violencia interpersonal que es lo que castiga el sistema penal. La reparación transformadora nos exige replantear el concepto y finalidad de la reinserción social. La posibilidad de construir un sistema de justicia bajo este tipo de criterios es parte de la disputa sobre el Estado, donde se instalan permanentemente modelos punitivistas versus de reconciliación. La reparación transformadora como razón es abiertamente ignorada. 
Lo refuerzo también porque tomamos como algo dado el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad y no es algo dado, es un proceso puesto permanentemente en cuestión o mirado con el parámetro de lo excepcional. Estos juicios nos permiten una experiencia concreta de justicia, en otros términos.  
Habilitaron, en este momento, el juicio sobre la masacre de Napalpí, uno de los genocidios del Estado argentino sobre su propia población originaria. Se trata de un juicio por la verdad, sobre una masacre cometida hace 100 años. Sin dudas este proceso abrirá reparaciones. Vamos a juzgar los hechos del pasado y las consecuencias a cien años de esta violencia, sus consecuencias hoy. 
No se trata de un modelo de justicia que juzgue los crímenes de hoy en cien años, que diluya la posibilidad de juzgar a los responsables, la cual es una de las prácticas de impunidad más instaladas lamentablemente en nuestros sistemas de justicia sobre la violencia de género, sino de un modelo que nos permita identificar las líneas de continuidad, los patrones, la relación entre las responsabilidades y la impunidad de ayer con las presentes. Por supuesto que el proceso judicial no es el único, ni el último, o el definitivo, pero no puede quedar al margen, debe producir un efecto social transformador sobre esta violencia estructural y sus consecuencias sobre las víctimas actuales y pasadas, los responsables, y las condiciones. 

"La selectividad del sistema de justicia penal condena a penas altas y mete en prisión preventiva por regla, a personas que no pueden defenderse por su condición de pobreza"

–En esto de repensar la justicia, en otros términos, cómo se podría pensar una justicia no solo con una perspectiva transfeminista, sino también, con una perspectiva popular, para personas atravesadas por la pobreza que no tienen acceso a la justicia, pensando en mujeres, travestis y trans que terminan presas por determinadas condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran. ¿Cómo hacemos que esa justicia democratice el acceso?

–Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene un sistema de defensa pública importante. En la mayoría de los estados no hay defensores públicos, si vos no te podes pagar un abogado, no tenés abogado. En Argentina está la defensa pública cuando una persona es acusada y hay cada vez más patrocinio gratuito para las personas cuando son víctimas de delitos para que puedan acusar en el proceso. No resuelve el problema del acceso, y tenemos que preguntarnos por qué. Una respuesta posible desde el feminismo refiere a la composición de estas instituciones. Está la cuestión de representación en el sentido que la composición del Poder Judicial y los jurados reflejen la composición social, que nadie sea excluide, los jueces son todos varones o mujeres, no hay juezas travestis, están excluidas. Hay otra cuestión que tiene que ver con determinados contenidos y mandatos de Derechos Humanos, donde se pone en disputa qué es lo popular. En Uruguay acaba de haber un referéndum, una ley ómnibus dentro de la cual se metían un montón de cuestiones penales, entre ellas eliminar la educación para la primera infancia estatal y a su vez duplicar las penas para las niñas y adolescentes que cometieran delitos. Eso tuvo gran apoyo popular, de hecho ganaron, entonces creo que hay que desromantizar en ese sentido una idea de lo popular. 

–¿Cuál sería esa idea de lo popular?

–Lo popular en el sentido que lo estamos diciendo, tiene que ver con asegurar el contenido y los principios de los derechos humanos, que el sistema sea cada vez menos punitivo y a la vez que haya menos impunidad, que quienes sufren violencias de género y racismo sean reparadas, o sea que las reparaciones se tomen como parte del objeto del proceso y sobre todo de los procesos penales, cosa que hoy rara vez pasa. Si vos ganas un proceso penal está instalada la idea de que tenés que hacer un proceso civil para tener una indemnización o por ejemplo que pedir eso está mal. Las mujeres y las personas LGBTIQ+ siempre piden disculpas antes de denunciar a alguien y no quieren cobrar ningún tipo de reparación o indemnización. Está muy instalada la idea de la buena víctima que hay que erradicar fuertemente. Sabemos que la cárcel como horizonte del sistema es muy opresiva, inefectiva, genera más violencia, reproduce el racismo y estereotipos racistas, sexistas, transodiantes, lesbodiantes y además representa una enorme carga económica, cultural, simbólica para los sectores populares, quienes son a su vez objeto de la opresión de esas violencias estructurales de las que estamos hablando. 
Creo que no tenemos que dejar ninguna institución por transformar, no tenemos que pensar en un fuero especializado o en abstenernos de hablar de cómo se eligen o remueven juecxs, del Consejo de la Magistratura o de la reforma de la Corte Suprema. 
No me tomo muy en serio ningún planteo de antipunitivismo que no tenga por lo menos en perspectiva abordar qué se va a hacer con la prisión porque no da más. Hubo un motín en la Ciudad de Buenos Aires, violaron a una compañera trans, tienen a las compañeras detenidas en patrulleros más de 24 horas porque no hay lugar, en la provincia de Buenos Aires está prohibido que estén detenidas en comisarías, pero siguen estando, en el único lugar del país donde hay cárceles específicas es en la provincia de Buenos Aires y en Nación, cuando además sabemos porque está reconocido internacionalmente que las personas trans no pueden estar privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios. 

"No me tomo muy en serio ningún planteo de antipunitivismo que no tenga por lo menos en perspectiva abordar qué se va a hacer con la prisión"

Las cárceles siempre están estalladas y el problema de eso no son los agresores sexuales o los femicidas que están detenidos. Eso no nos tiene que llevar a pensar que no es nuestro problema o que no tenemos nada que hacer o que no se van a usar los reclamos feministas para aumentar ese punitivismo, que en definitiva es hacer mucho escándalo por un par, y dejar pasar justamente todas las demás violencias. 
Es un error creer que desmantelar la prisión es sinónimo de impunidad, los tratados de derechos humanos, las sentencias de la Corte Interamericana, las recomendaciones de Naciones Unidas, todas van en este sentido, no estoy trayendo una propuesta revolucionaria, si no dentro del marco de lo que es la normativa internacional de derechos humanos. Sin embargo, adversamente a lo que debería ser el sentido de la justicia, hay en marcha un proceso de descarcelización para beneficio de lxs genocidas. ¿Cómo es posible, siguen surgiendo víctimas del terrorismo de estado, y los responsables esquivan la cárcel, pero mi tía Pepita está presa porque el padrastro violó a su hija o por pasar 10 bolsitas mal cortadas en el calzón? ¿Éste es el uso que hacen del poder contramayoritario que deberían usar en favor de la defensa de las personas más vulnerables y sistemáticamente discriminadas? Las necesidades de la puebla no están siendo reflejadas en estas decisiones.

"En Uruguay acaba de haber un referéndum en el cual se metían un montón de cuestiones penales. Hay que desromantizar la idea de lo popular"

–¿Cómo construimos una agenda antipunitivista transfeminista por fuera del sistema judicial que solo ofrece castigo?
–No sé si se puede construir una agenda por fuera del sistema. Mira, por ejemplo, lo que pasa con las lesbianas: hay un consenso de que se activa sobre aquellos casos donde una lesbiana es victimizada por su orientación sexual, o por su identidad, pero no se abordan de la misma manera aquellos casos donde esa misma violencia se pone en juego al interior de la propia comunidad. ¿Qué hace esto? ¿Que la violencia no exista? No, la violencia sigue existiendo. ¿Que el sistema penal no atrape a las lesbianas que usan la violencia? Falso, las juzgan, las condenan y van presas en general por penas altísimas. Entonces, ¿qué es antipunitivista, no hacer nada, echar a la compañera, denunciarla, no denunciarla, estigmatizar a quien la denunció? Ahí hay una expectativa medio neoliberal en el sentido de que no podemos no hacernos cargo del sistema de justicia. 

Yo creo que no es posible pensar una agenda antipunitivista por fuera del sistema de justicia, porque la policía nos atraviesa cada vez más. Entonces justamente tenemos que dejar de creer que no nos atraviesa todo lo que tiene que ver con las políticas de drogas, hay que hacerse cargo de las reformas y seguir exigiendo permanentemente la reforma de la Ley de Drogas y de las políticas sobre estupefacientes, justamente porque son la excusa para que haya más policía, vigilancia, prisión, represión. No es un tema que se presente per sé como feminista, pero afecta la forma en que se van los recursos en las instituciones judiciales y de seguridad. 
En la marcha del 24 de marzo, por ejemplo, La Cámpora tenía una columna enorme y había muchas muchas compañeras, compañeros y compañeres de La Cámpora con pecheras que decían la palabra salud. 
Hace varios años atrás, o en otra movilización, hubiera habido policías, compañeros con capuchas y palos haciendo ese cuidado de las columnas. Y ahora acá toma esta condición que tiene que ver con la salud que no es ni prevención, ni cuidado, ni ninguna cuestión tutelar, sino que justamente hace eje en el ejercicio de un derecho en un anclaje concreto. Qué gran desafío poder trasladar justamente esto a las políticas públicas, cómo sería si el presupuesto de Berni lo tuviera Kreplak, por ejemplo, y todos esos patrulleros, helicópteros, bomberos, 90.000 personas uniformadas enchalecadas, armadas, con despliegue territorial fueran, en vez de agentes de seguridad, agentes con otras herramientas, conocimientos, perspectivas de intervención, etcétera. Entonces creo que este tipo de políticas son las antipunitivistas, creo que son posibles, que muchas ya existen hoy, que tenemos que expandirlas dentro y desde el Estado, incluyendo los sistemas de justicia. 

–¿Exigir reparación forma parte de la construcción de una agenda antipunitivista?
–Sí, porque muchas veces los autores individuales no están en condiciones de reparar el daño, entonces ahí hay una doble obligación: primero hacer responsables a los autores individuales, pero también hay una obligación institucional de reparar, que va más allá del autor individual. En el sistema como está planteado hoy, no hay nada que el autor individual pueda reparar más que con su propio cuerpo, y tampoco hay una condición de las sentencias de cumplir con la reparación institucional. 

Incluso en el caso de Higui, como ejemplo reciente, la absuelven por 2 a 1 por legítima defensa y otro por duda, pero la parte en la que la sentencia debería hablar sobre la estructuralidad de la violencia por prejuicio, la violencia hacia las identidades de lesbianes, la mostrificación del lesbianismo, decir algo respecto de los testimonios que son riquísimos, todes les testigues, incluso de la acusación hablaron de lesbianismo por todos lados, no hay testigo que no diga lesbiana y en la parte de los fundamentos justamente cuando tienen que decir algo de eso no lo dicen. Dicen ‘se defendió de una agresión’, pero qué agresión ‘y no se sabe, no lo pudimos determinar’. En el caso de Marian Gómez pasa algo similar: la absuelve Casación, no dice lesbiana en toda la sentencia. ¿Cuál es el aporte ahí? No hay una comprensión. En la mayoría de las sentencias sobre lesbianas no se habla de lesbianismo porque si se hablara se hablaría mal, entonces es suficiente con no hablar que ya es lo mismo que hablar mal. Es más que la negación. Es reforzar el estigma. Exigir reparación nos permite poner en cuestión, por ejemplo, soluciones aberrantes como forzar a las personas a esperar años por un juicio y luego más años por un nuevo juicio, que es la situación donde se encuentran Lucía Pérez, los Hijos del Poder de Chubut, y tantxs otrxs. Sin reparación transformadora se pierde la condición de humanidad del sistema de justicia. 

©2022 Revista Cítrica. Callao 360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina - Editor responsable: Cooperativa Ex Trabajadores del Diario Crítica. Número de propiedad intelectual:5313125 - [email protected] | Tel.: 45626241