Sobrevivió a la violencia machista y la Justicia la criminaliza

A su vez, el director del Centro de Detención de Ushuaia emitió un informe en el que reconoció la inadecuada capacidad de la Alcaidía de Mujeres para alojar personas embarazadas. Esto tampoco fue tomado en cuenta por el Poder Judicial.

En junio pasado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación solicitó la prisión domiciliaria a través del programa Acercar Derechos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un amicus curiae apoyando el mismo pedido que ya había realizado la organización feminista La Hoguera, que acompaña a Gina.

“Gina es una mujer, pobre, que sufrió violencia de parte de su ex pareja y la acusan por defenderse, es una mala víctima. El Poder Judicial no suele tener una perspectiva de género para entender que las imputaciones muchas veces son injustas, no hay una lectura feminista de los motivos de, por ejemplo, una legítima defensa ni un análisis de los delitos”, explica Sol Verón, una de las abogadas de la organización feminista La Hoguera, que acompaña el caso.

Cuando sucedió el hecho que se le imputa, Gina ya estaba embarazada y tuvo que pelear hasta los últimos días previos al parto para poder acceder a la prisión domiciliaria.

Cuando llegó la Policía, Gina estaba tratando de reanimarlo, es decir, intentando que él viviera. Guereño dice: “Esto da cuenta de que ella no lo quiso matar en ningún momento, la actitud posterior acá es clave y para mí es un caso de legítima defensa de manual y corresponde su absolución, porque se dan todos los requisitos de la legítima defensa: la agresión ilegítima por parte de él, la falta de provocación suficiente por parte de ella, la diferencia de fuerza entre los dos y que el medio utilizado lo llevó él mismo a la escena. A esto hay que sumarle la perspectiva de género y comprender el nivel de violencia que él ejerció sobre ella”.

En su declaración, Gina contó que sufría violencia machista de parte de Báez, que le pegó en varias oportunidades, la celaba, le revisaba el celular, se lo había roto y no la dejaba ir ni al baño sola. La seguía a todos lados y solo le permitía ir a trabajar, porque la llevaba y la iba a buscar. El sueldo de Gina, además, lo manejaba él.

Antes del inicio del juicio, el fiscal a cargo Eduardo Urquiza dio una conferencia de prensa en la que dijo que si encontraba probado el contexto de violencia, no acusaría a Gina. Guereño: “Éste es un caso de legítima defensa de manual al que hay que sumarle la perspectiva de género. El tribunal y el fiscal no pueden decidir si la aplican o no, la tienen que aplicar sí o sí porque es una obligación constitucional”.

El próximo 22 de septiembre se llevará adelante la etapa de alegatos. Gina aún espera la confirmación de la fecha de sentencia del juicio en prisión domiciliaria, junto a su bebé de apenas dos meses. La acompañan organizaciones feministas y de derechos humanos que sostienen que es inocente porque se defendió de su agresor.