Sobrevivió a la violencia machista y la Justicia la criminaliza

por Estefanía Santoro
Fotos: Agencia Télam
19 de septiembre de 2022

Gina Eliana Cárdenas, de 25 años, estuvo detenida embarazada en la cárcel de mujeres de Ushuaia por defenderse de los ataques de su ex pareja. Fue imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, que podría costarle la prisión perpetua.

La mayor parte de su embarazo lo cursó en una cárcel de mujeres en Ushuaia, hasta que con la cercanía del parto le concedieron la prisión domiciliaria. Gina Eliana Cárdenas, 25 años, fue privada de la libertad por la acusación de homicidio agravado por el vínculo de su ex pareja, Alejandro Ramón Báez (26). Es una sobreviviente de la violencia machista y, sin embargo, debe afrontar un juicio que podría costarle la prisión perpetua por la calificación penal.

Mientras cursaba un embarazo de ocho meses, a Gina jamás se le brindó la atención médica adecuada, no tuvo controles, ni se tomó en cuenta la alimentación especial que exige una gestación. Los derechos de Gina fueron vulnerados por el propio Estado, que primero no la protegió y ahora la criminaliza por defenderse.

La representación legal de Gina, ejercida por los defensores oficiales Gustavo Ariznabarreta y José María Fernández López, hizo reiterados pedidos de excarcelación que fueron denegados. Al quinto mes del embarazo solicitaron al Poder Judicial el “beneficio” de la prisión domiciliaria, que le corresponde a toda mujer que se encuentra gestando, y fue rechazado, violando normativas nacionales y tratados internacionales. 

El hombre regresó a la habitación con un cuchillo y se abalanzó sobre ella pidiéndole que lo lastimara e incluso se apoyó el cuchillo en el tórax hasta que, por su propio peso, terminó clavándoselo.

A su vez, el director del Centro de Detención de Ushuaia emitió un informe en el que reconoció la inadecuada capacidad de la Alcaidía de Mujeres para alojar personas embarazadas. Esto tampoco fue tomado en cuenta por el Poder Judicial.

En junio pasado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación solicitó la prisión domiciliaria a través del programa Acercar Derechos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un amicus curiae apoyando el mismo pedido que ya había realizado la organización feminista La Hoguera, que acompaña a Gina.

Gina es una mujer, pobre, que sufrió violencia de parte de su ex pareja y la acusan por defenderse, es una mala víctima. El Poder Judicial no suele tener una perspectiva de género para entender que las imputaciones muchas veces son injustas, no hay una lectura feminista de los motivos de, por ejemplo, una legítima defensa ni un análisis de los delitos”, explica Sol Verón, una de las abogadas de la organización feminista La Hoguera, que acompaña el caso.

Cuando sucedió el hecho que se le imputa, Gina ya estaba embarazada y tuvo que pelear hasta los últimos días previos al parto para poder acceder a la prisión domiciliaria.

 

Los hechos

“Una madrugada de noviembre del 2021, cansada de la violencia que vivía por parte de su pareja, Gina empezó a armar el bolso. Les vecines, que vivían en las habitaciones de al lado, escucharon que ella se quería ir. Él no la dejaba. En un momento, él salió de la habitación donde la tenía encerrada. Ella aprovechó a cerrar con llave. Él intentó entrar nuevamente. Por la puerta, por la ventana, empezó a las patadas. En ese momento, la dueña del lugar se levantó y le pidió a Gina que lo dejara entrar. Intentó calmar la situación. Gina confió en que no iba a pasar nada porque estaba la dueña de la casa y, cuando abrió la puerta, él entró con un cuchillo”. La descripción es de Indiana Guereño, abogada y presidenta de la Asociación Pensamiento Penal (APP), quien viajó a Ushuaia para acompañar el caso.

Según relató Gina en la etapa de instrucción de la causa, el hombre regresó a la habitación con el cuchillo y se abalanzó sobre ella pidiéndole que lo lastimara e incluso se apoyó el cuchillo en el tórax hasta que, por su propio peso, terminó clavándoselo; ella repetía “no te quiero lastimar”. Cuando Gina vio la sangre de Báez tomó dimensión de lo que había pasado. Agarró un repasador, se lo puso encima y les dijo a los vecinos que llamaran a la ambulancia y a la Policía.

Sol Verón, de la organización feminista La Hoguera: “Gina es una mujer, pobre, que sufrió violencia de parte de su ex pareja y la acusan por defenderse, es una mala víctima".

Cuando llegó la Policía, Gina estaba tratando de reanimarlo, es decir, intentando que él viviera. Guereño dice: “Esto da cuenta de que ella no lo quiso matar en ningún momento, la actitud posterior acá es clave y para mí es un caso de legítima defensa de manual y corresponde su absolución, porque se dan todos los requisitos de la legítima defensa: la agresión ilegítima por parte de él, la falta de provocación suficiente por parte de ella, la diferencia de fuerza entre los dos y que el medio utilizado lo llevó él mismo a la escena. A esto hay que sumarle la perspectiva de género y comprender el nivel de violencia que él ejerció sobre ella”.

En su declaración, Gina contó que sufría violencia machista de parte de Báez, que le pegó en varias oportunidades, la celaba, le revisaba el celular, se lo había roto y no la dejaba ir ni al baño sola. La seguía a todos lados y solo le permitía ir a trabajar, porque la llevaba y la iba a buscar. El sueldo de Gina, además, lo manejaba él.

 

El juicio 

El pasado viernes 16 tuvo lugar la segunda audiencia del juicio contra Gina, que lleva adelante el tribunal compuesto por Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. En la audiencia declararon la testigo experta Solange Verón, una psicóloga que estuvo trabajando con ella mientras estuvo privada de su libertad en la Alcaidía y la directora provincial de Políticas de Género, Jesica Ojeda. “Fueron testimonios más bien técnicos dando cuenta de lo que implica la violencia por motivos de género", explica Guereño.

También declararon en el juicio "vecinas y vecinos que vivían con Gina en la misma casa", quienes "escucharon todo porque era un lugar muy pequeño y las habitaciones estaban pegadas". Gina y el resto alquilaban habitaciones en el mismo departamento, con la cocina y el baño compartidos.

"Es un caso de legítima defensa de manual y corresponde su absolución, porque se dan todos los requisitos de la legítima defensa", dice la abogada Indiana Guereño.

Antes del inicio del juicio, el fiscal a cargo Eduardo Urquiza dio una conferencia de prensa en la que dijo que si encontraba probado el contexto de violencia, no acusaría a Gina. Guereño: “Éste es un caso de legítima defensa de manual al que hay que sumarle la perspectiva de género. El tribunal y el fiscal no pueden decidir si la aplican o no, la tienen que aplicar sí o sí porque es una obligación constitucional”.

El próximo 22 de septiembre se llevará adelante la etapa de alegatos. Gina aún espera la confirmación de la fecha de sentencia del juicio en prisión domiciliaria, junto a su bebé de apenas dos meses. La acompañan organizaciones feministas y de derechos humanos que sostienen que es inocente porque se defendió de su agresor.

 

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