Escuela rural en Baradero: un fin de año esquivando venenos

Paola Krüger es rubia, alta y de ojos penetrantes. Desde hace ya un tiempo es la directora de la Escuela Rural Nº 8 “República Oriental del Uruguay” de Baradero, en la provincia de Buenos Aires. Como muchas, forma parte de la Red Federal de Docentes por la Vida.

Paola sufre junto a sus alumnos las fumigaciones hace mucho tiempo. Su escuela está rodeada de campos que producen cultivos transgénicos y que constantemente vierten todo tipo de herbicidas, plaguicidas y fungicidas a metros de las aulas. Tan es así que ante la sospecha de ver que su propia salud y la de sus alumnos se encuentran afectadas, en agosto de 2020, junto a organizaciones socioambientales de Baradero y acompañados por profesionales que supervisaron el trabajo, decidieron saber que agua consumían y que aire respiraban.

Para poder solventar los gastos profesionales realizaron una colecta. Los resultados fueron contundentes: el agua que se encuentra en las napas, el aire y la tierra se encuentran contaminadas y son un peligro para la salud de quienes habitan el lugar. La cantidad y variedad de venenos hallados en los lugares de muestra (canillas, pozos, agua de red, el suelo entre la escuela y el campo, las veredas y otros más) es apabullante. El informe completo se puede ver en la web/doc Mancha Venenosa.

Pero eso fue solo el comienzo. Lo descubierto motivó a esta directora a investigar la salud de alumnos, auxiliares y docentes que, en esa escuela, conviven con las fumigaciones. La colecta alcanzó para que el Laboratorio Fares Taie de la ciudad de Mar del Plata analizara muestras de sangre y orina.

Los resultados obtenidos fueron tan contundentes como penosos. El 40% del alumnado es portador de glifosato y AMPA en la orina. Krüger también está contaminada. Lo investigado confirmó lo que muchos suponían, y a pesar de las denuncias, movilizaciones y acciones llevadas a cabo para que se abandone este modelo productivo que enferma y mata, la ambición y la falta de control por parte de las autoridades continúa envenenando territorios y los cuerpos que habitan estos territorios. 

Es una práctica que sigue incluso en los días menos pensados. El martes 26 de diciembre fue el último día del ciclo lectivo 2023. Esa mañana alumnos y docentes se encontraban en el recreo pero los juegos debieron interrumpirse. Un tractor de los denominados “mosquitos” fumigaba el campo aledaño. Al aplicador y propietario no les interesó la presencia de alumnos y alumnas. Krüger, rápida de reflejos, les ordenó ingresar al establecimiento.

A las pocas horas, Krüger sufrió migraña, náuseas y picazón. Además estaba indignada: “Durante todo el año intenté ponerme en contacto con el municipio  para colaborar en lo que fuera necesario para que se empiece a implementar la ordenanza aprobada hace un año”, le dijo a este cronista. La ordenanza a la que se refiere es que las fumigaciones en este tipo de campos deben hacerse los fines de semana, justamente para garantizar que no hubiera ni alumnos ni docentes en las escuelas.

“Mientras nos siguen fumigando, nosotros seguimos tratando de vivir una vida feliz que construimos con paciencia y amor y que se quiebra con cada fumigación que nos va dejando marcas, afectando la integridad física, mental y anímica. Envenenar el aire, la tierra y el agua es un delito, vivir en un ambiente sano es un derecho y es inviable tener salud en un ambiente intoxicado”, agrega la directora.

Veneno nacional

En Argentina hay aproximadamente quince mil escuelas rurales. La mayoría de estos establecimientos se encuentran linderos a campos donde la producción es fumigada con distintos tipos de agrotóxicos. La división entre las escuelas y los campos es apenas un tejido.

De hecho, hay muchas escuelas que se encuentran en una situación incluso más grave, debido a que funcionan dentro del mismo campo, en una parcela “cedida” por el dueño de la propiedad al Ministerio de Educación de cada provincia para que, por lo general, acudan los hijos y las hijas de peones que trabajan en ese lugar. Los de los productores suelen acudir a escuelas públicas o privadas que se encuentran en la ciudad más cercana.

El último relevamiento de escuelas rurales se realizó en noviembre de 2018 y fue presentado en la ciudad de La Plata en el primer “Encuentro Regional de Pueblos y Escuelas Fumigadas”. En ese entonces se estimó que cerca de 700 mil niños y niñas conviven con el modelo transgénico-fumigador. Las provincias más afectadas son las de la zona núcleo: Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

Desde hace ya un tiempo, buena parte de estudiantes, docentes y personal auxiliar  de estos establecimientos denuncian haber tenido contacto con agrotóxicos que se vierten con mochilas, “mosquitos” o  son tirados desde aviones.

La docente Ana Zabaloy fue pionera en denunciar esta realidad y hoy se convirtió en una referencia ineludible para muchas personas. Zabaloy murió de cáncer en 2019. Su cuerpo albergaba una cantidad 14 veces superior de glifosato en sangre a lo que se considera como tolerable.

Antes de su muerte, Zabaloy, junto a otras docentes crearon  la Red Federal de Docentes por la Vida. Hoy, con presencia en todo el país, es una de las entidades que nuclea a quienes continúan con su legado. Se suman también sindicatos, activistas en defensa del ambiente y docentes comprometidos con la vida que junto a padres, médicxs, enfermerxs, asambleas y otras organizaciones vienen denunciando este flagelo, incluso en los estrados judiciales, donde se consiguieron sentencias condenatorias a dueños de campos y aplicadores. 

Una de las causas más emblemáticas es la que protagonizó a fines del año 2014 la docente Mariela Leiva. Por aquellos días Mariela era directora de la escuela rural “República Argentina” de Colonia Santa Anita, Entre Ríos, ubicada a tan solo 50 metros de un campo de maíz y arroz. Aquél día una avioneta pasó por la escuela y vertió venenos que ocasionaron descomposturas, mareos, dolores de estómago y vómitos en ella y en sus alumnos.

El hecho fue denunciado por la docente en la Justicia Provincial, y luego de tres años fueron condenados a un año y seis meses prisión el presidente de la empresa fumigadora, el propietario del campo y el piloto que manejaba la avioneta fumigadora. La justicia entrerriana los condenó por ser partícipes de los delitos de contaminación ambiental y lesiones graves.

Si bien la sentencia no es de condena efectiva y parece escasa ante la gravedad del hecho, el valor se encuentra en que se trata de la primera resolución judicial en el país que dictamina la protección de alumnos y personal de escuelas rurales.

Leiva se transformó en una referente de la lucha de docentes rurales contra las fumigaciones. Junto a ellas hay un puñado de otras maestras, como Sol Zuiani en Cañada Rosquín (Santa Fe), Vanesa Mussano en la localidad también santafesina de San Jorge, Estela Lemes en Gualeguaychú, Entre Ríos, y ahora Paola Krüger, de Baradero, provincia de Buenos Aires.