En diálogo con FM Alas, Cristina Marín, del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro, criticó al juez Gustavo Villanueva y aseguró que los detenidos sufrieron apremios ilegales "para que dijeran quiénes más estaban arriba".
Cristina Marín, abogada integrante del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro, detalló que "vamos a tener cuatro días para implementar una mesa de diálogo con las diferentes partes del Estado. La intención del diálogo es para que cese la represión a nuestras comunidades. No queremos más muertos. Deseamos poder llevar adelante, en conjunto con el Estado, políticas públicas que tengan que ver con la restitución de tierras de los pueblos originarios. Lo cual es bastante difícil con un Gobierno que tira más para los empresarios y para los ricos".
En diálogo con FM Alas, explicó la situación que se vivió y se vive en la lof Lafken Winkul Mapu. En ese sentido sostuvo que "lo de los 4 días de instancia de diálogo se acordó anoche, con el juez, en el mismo territorio, con integrantes de la comunidad, con los representantes legales también, y con otras comunidades, que también están trabajando para esta mesa de diálogo y paz".
"Ya había habido una instancia de diálogo previa, y las fuerzas policiales la rompieron con esto que ocurrió. El juez dijo que se tendría que haber cumplido con eso. No sé quién tiene la culpa de esta situación, pero el Estado se va a tener que hacer cargo. Estamos hablando de una muerte", denunció.
Explicó además que "en la causa en sí, la denuncia de usurpación surge ayer. Fue posterior al desalojo del día jueves. En un principio se había caratulado como desalojo por usurpación a toda la comunidad, pero con delito penal. Y después de eso, la carátula cambió solamente a usurpación, la cual es excarcelable. Por eso nosotros planteábamos, desde la defensa, por qué se habían detenido a las mujeres y a los niños -por ejemplo- los días anteriores".
Con respecto a los detenidos, informó que "son Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes socorrieron al hermano que había caído (en referencia a Rafael Nahuel). Ellos creían que estaba vivo, y su intención fue llevarlo hasta la ruta para que lo atendiera un médico. Y ahí es a donde a ellos los detienen. En un principio estaban incomunicados y les estaban haciendo pericias a ellos, para ver si ellos no tenían que ver con la muerte. Pero acá lo que hay que investigar es ver quién disparó el arma; y las armas son disparadas por la policía. Los chicos, con lo único que se defendían, eran con piedras, no había otra herramienta".
"Todo el tiempo el juez Gustavo Villanueva estuvo negando que había detenidos, cuando nosotros -internamente- ya sabíamos que había. Lo que no sabíamos era cuántos. Pero sí sabíamos que había, porque los vimos. Mientras estuvieron detenidos fueron golpeados y torturados para que dijeran quiénes más estaban arriba. Fueron torturados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería", denunció Marín.
"El aparato represor del Estado cuenta con armas como m16, uzi, fal, rifles winchester, 9 mm, glock y la cantidad de efectivos que hubo para menos de 15 personas: 300 efectivos de distintas fuerzas. Es muchísimo".
Aseguró que la situación actual en el territorio "es tranquila". "Estoy esperando el llamado del juez Villanueva, porque al territorio vamos a ir con él. La comitiva de sanidad pudo ir al territorio, para ver a los heridos. Había tres heridos más con lesiones superficiales. En esa comitiva fue el juez Villanueva, su secretario, Natalia Araya (una de las abogadas que hace el hábeas Corpus) el doctor Rubén Marigo (juez laboral de Bariloche) de Derechos Humanos, y el doctor Ramón Choconi. Choconi es médico de montaña y concejal de Bariloche, y fue él quien nos dijo que los heridos tienen heridas superficiales. Una de las chicas, de quien en algún momento se planteaba que había fallecido, finalmente no fue así. Ella está bien, con una herida en el hombro. Y el resto está bien", manifestó.
"Nosotros consideramos que el desalojo del día jueves fue improvisto e inconsulto, y que no se avisó a la parte judicial, es decir, a la defensa de la comunidad. Primero, porque se había hablado de una mesa de diálogo, la cual -desde la justicia y las fuerzas policiales- no se cumplió. Inclusive, nos habíamos reunido con la gente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en donde la palabra no se cumplió. Porque -justamente- estábamos intentando llegar a acuerdos con la comunidad del lugar y con Parques Nacionales. Y de golpe fueron y reprimieron. Entonces, lo que nosotros estamos reclamando es ¿por qué se acuerda una cosa y se hace otra? Esto se lo estamos reclamando hace bastante al juez. Ahora se llega a una muerte, y el juez está inquieto con este tema. No le conviene a romper un pacto más, y si lo rompe sería terrible, realmente", dijo Marín.
Contó además, ante el imprevisto desalojo en virtud del espacio de diálogo que se había generado entre las partes, que el miércoles "yo salí del Juzgado Federal a las 2:30 de la tarde, tranquila. Me fui a mi casa pensando que estaba todo tranquilo. Y al otro día nos encontramos con la sorpresa del desalojo. El juez había planteado que no se iba a hacer nada hasta poder sentarnos a dialogar entre las partes".
Confirmó además que "por el tema de la libertad de los detenidos, estoy esperando la citación del juez, para una indagatoria, donde se decidirá lo que va a pasar. No deberían estar presos, porque es excarcelable. Tienen un proceso judicial, pero no tendrían por qué estar detenidos".
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