Yolanda Vargas perdió a sus hijxs cuando se incendió la casilla precaria donde vivían, en 2021. La Justicia salteña la acusó de las muertes por abandono y cuatro años después quedó sobreseída. Una historia de cómo son criminalizadas las mujeres pobres en Argentina.
Yolanda Vargas vivía en la pobreza absoluta. Cuando se quedó sin trabajo le prestaron una casilla de madera precaria para no quedarse en la calle con sus dos hijxs, Melanie (4) y Thiago (6). En ese hogar improvisado del barrio Las Palmeras, en Colonia Santa Rosa, departamento Orán, Salta, no tenía ni cocina ni heladera, apenas podía cocinar con un poco de leña afuera.
Todos los días salía a trabajar, vendía sandwiches, ropa, pan, lo que podía. Iba variando, sin descanso, porque era el único sostén de su familia y si no salía, sus hijxs no comían. El progenitor nunca cumplió con la cuota alimentaria a pesar de acumular varias denuncias.
Un día, en febrero de 2021, unx de sus hijxs enfermó de bronquiolitis. Afuera llovía muy fuerte. Al día siguiente tenía que salir a comprar algo para cocinarles. Las calles de tierra estaban inundadas y había tormenta eléctrica. Decidió ir sola para no exponerlxs. Cuando volvió, media hora después, la casilla se estaba incendiando con sus hijxs adentro.
En medio del dolor, la Policía la acusó de ser responsable de los fallecimientos por abandono. Se la llevaron detenida y ni siquiera la dejaron despedirse de ellxs.
“Hubo muchas versiones sobre mí y se dirigieron cosas que son mentiras, como que no cuidaba a mis hijos, que el día que se produjo el incendio me había ido a las nueve de mañana y que volví a las cinco de la tarde; nada de eso es verdad”, dice Yolanda.
“La Justicia me acusó de ‘abandono de persona seguido de muerte y agravado por el vínculo’, es decir, dice que yo los abandoné porque sabía lo que iba a ocurrir en el lugar. Yo no los abandoné, fui a comprar para cocinar, me ausenté media hora porque no tenía con quién dejarlos. Donde vivo ni siquiera hay una salita para poder dejarlos cuando salgo a trabajar o comprar para cocinar”.
Recuerda aquel día fatídico: “Antes de salir de mi casa cerré la puerta porque el barrio donde vivo es muy peligroso, casi día por medio los changos se agarraban a balazos y pedradas. No iba a dejar la puerta abierta para que entre alguien y le haga algo a mis hijos. Lo más seguro para mí era no exponerlos a la lluvia, no tenía nada para cubrirlos y encima tenía que sacarlos al barro porque estaba todo inundado. Apenas se podía caminar, además uno de mis hijos tenía un problema en la piel y los días que había mucha humedad, como ése, se brotaba”. Del otro lado de la línea, Yolanda habla con la voz temblando, a punto de romper en llanto.
El sostén de estos cuatro años fueron otras mujeres y organizaciones, una red para no decaer. En contrapartida, fueron años de violencia psicológica, simbólica y económica por parte del Poder Judicial salteño. Aguantó el señalamiento no sólo estatal, sino que tuvo que bancarse el maltrato mediático y social alrededor de un tema muy delicado: la muerte trágica de sus criaturas.
¿Quién le devuelve esos años perdidos? ¿Quién la regresa a esa vez que no pudo ni siquiera despedirse de lxs niñxs? ¿Y el luto, que debió haber procesado en paz, quién se lo devuelve?
Yolanda enfrentó una causa judicial plagada de irregularidades, impulsada por la fiscal Claudia Carreras, de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Orán. Carreras no investigó las razones del incendio, sino que buscó desde el primer día condenarla sin tener en cuenta que el fuego se inició como consecuencia de la situación de precariedad doméstica en la que se encontraba la familia de Yolanda, sumida además en la pobreza extrema por la desocupación que afecta a muchas madres como ella en Salta.
Te declaro culpable, por pobre
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El incendio se generó por una suba y baja brusca de la tensión, fallas que suelen producirse cuando hay una tormenta eléctrica por la deficiente gestión de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (EDESA). Un cortocircuito en una de las zapatillas que era utilizada en el hogar fue lo que llevó a que se iniciara el fuego. La fiscal Carreras nunca indagó en las causas del incendio, sino que construyó la idea de abandono de persona señalando a Yolanda como “mala madre”. Tampoco investigó que dentro de ese mismo barrio hubo más incendios como consecuencia del mal funcionamiento del servicio y de las conexiones precarias.
El mismo Estado que siempre estuvo ausente, que no le garantizó ningún derecho ni a ella ni a sus hijxs, solo se hizo presente para criminalizarla y responsabilizarla de las muertes. Yolanda jamás recibió ningún tipo de atención psicológica, ni mucho menos compensación económica, y así llegó a las puertas de un juicio que debía comenzar el 3 de febrero pasado y finalmente se supendió.
“El padre nunca cumplió con la cuota alimentaria, desaparecía y venía una vez cada dos o tres meses. Cuando recuperé mi libertad (NdR: estuvo 23 días detenida) me llamaron del juzgado de familia para ver si el padre estaba cumpliendo con la cuota alimentaria. Le pregunté si me estaban haciendo una broma de mal gusto: ¿cómo puede ser que no sabían que ya hacía más de un mes que mis hijos fallecieron? La mujer que me llamó se quedó callada, no supo qué decirme”.
El día del incendio Yolanda permaneció varias horas sin saber qué había pasado con sus hijxs, la ambulancia tardó en llegar y sólo recibió insultos y amenazas. “Cuando vi el fuego quería entrar a toda costa a la casa y cerca de un metro de distancia de la puerta cuatro policías me agarraron y me corrieron”, cuenta y recuerda que tenía puesta una bolsa grande de residuos para protegerse de la lluvia y con el calor del fuego empezó a derretirse en su piel.
“Pedí que me suelten y empezaron a retarme y a preguntarme por qué había dejado a mis hijos. Yo les dije que había salido a comprar para cocinar, nunca pensé que pasaría esto. Yo quería saber si los chicos estaban adentro o habían podido escapar, pero nadie me decía nada. Me sacaron para afuera y me pusieron en una camioneta de la Policía. Cuando me estaban llevando me quisieron pegar, no sé quién fue porque había mucha gente y yo estaba con la cabeza para abajo”.
Yolanda nunca estuvo sola
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Luego de permanecer 23 días detenida, los abogados defensores de Yolanda, Luciano Camaño y Alberto Díaz Aranda, junto a una gran movilización social, lograron que recuperara su libertad y que se desestimara la prisión preventiva. Sin embargo, el juez de la causa, Federico Oyarzú, rechazó de entrada los reiterados pedidos de sobreseimiento.
El 4 de febrero de 2025, a pocos días de cumplirse el cuarto aniversario de la dolorosa muerte de sus hijxs, iba a comenzar el juicio. La carátula de “abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo” podía significar más de 20 años de prisión.
“Nadie me decía nada sobre lo que había pasado y cuando vi que sacaban dos bolsas negras en la camilla me descompuse, no me dejaron declarar y me llevaron detenida. En ese momento sentí como si una piedra gigante cayera sobre mi cuerpo, me tiré del pelo, me golpeaba contra la camilla y la enfermera solo me miraba. Durante todo el camino al hospital, que son 20 kilómetros, estuve en ese estado”.
Yolanda no estuvo sola. En Salta, un grupo de activistas transfeministas y comunicadoras la acompañaron para exigir justicia por sus hijxs, lograron instalar el caso en medios nacionales y crearon una campaña de difusión para pedir su absolución. Denunciaron que se trató de un claro ejemplo de cómo se criminaliza la pobreza en Salta, que afecta especialmente a las mujeres sin recursos que son jefas de hogar.
El 5 de febrero, la Sala 1 del Tribunal de Juicio del Distrito Orán emitió un fallo en el que establece el “sobreseimiento total y definitivo” a favor de Yolanda Vargas. Esta decisión llegó después de que la Justicia suspendiera el 31 de enero el inicio del juicio. El pedido de sobreseimiento era un requerimiento que venía sosteniendo la defensa de Yolanda.
–¿Qué le dirías a la Justicia?
–Que vean lo que hicieron conmigo, porque en la causa no se hicieron las pericias como corresponde, no se hizo un trabajo de investigación como se debe. Los testigos que declararon son un ex comisario y otras personas que ni siquiera vivían conmigo como para exponerme como “mala madre”. No hubo nada para probar eso porque no es verdad que yo era una mala madre, la única declaración en mi contra es de un padre que nunca estuvo.
–¿Qué significó todo este proceso para vos?
–El Estado no está nunca para las personas de bajos recursos ni para las mujeres trabajadoras que son madres solteras y que luchan todos los días para sostener a su familia. Lo que viví yo le puede pasar a cualquiera. Si me llegaban a poner presa luego del juicio, lo iban a hacer luego con otras madres, por eso luchamos para que caiga. No gané solo yo, ganamos todas las madres solteras. Para que no les pase lo mismo que me pasó a mí, para que podamos tener una vivienda digna y un trabajo digno para mantener a nuestros hijos.
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