“Nuestra venganza es poder llegar a viejas”

La mamá y el papá de Ivana sabían dónde vivía pero jamás fueron a buscarla, ni siquiera a visitarla. “Me crié con mi madre travesti, jamás extrañé a mi familia porque las golpizas eran fuertísimas. Empezaron a echarme de a poco, cuando no te sirven la comida, cuando no te dan el desayuno, esa indiferencia desde la propia familia especialmente de mi mamá fue muy dura. Mi papá nunca me golpeó, recuerdo haberlo visto llorar en silencio”, relata Ivana en la presentación de la acción legal que realizaron el 1° de noviembre en el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

Cuando Ivana tenía 18 años, el único lugar donde se veía a las travestis como ella era en la sección de policiales de los diarios. Viajaba seguido a la capital de Jujuy para trabajar. “Sabía que me esperaba la cárcel por ser travesti y trabajadora sexual, sabía que ese era mi destino, pero eso no impidió que mi identidad travesti florezca. Fue su madre quien le dijo: "Andate para Buenos Aires, que ahí vas a tener más posibilidades que acá."

Ya en Buenos Aires, en la década del ‘90,  a Ivana llegaron a detenerla hasta tres veces por semana. “En esa época la sociedad era más violenta y fascista que ahora, no sólo la policía, la gente me hacía bajar del colectivo, del taxi, me echaban del supermercado, decían: ‘¿cómo puede estar acá una persona como esa cuando hay niños alrededor?’”, cuenta Ivana. La discriminación era extrema y ser travesti era como estar comentiendo un delito. 

Castigadas por su identidad

Como Ivana, muchas travestis de su edad vivieron historias similares, sus vidas estuvieron atravesadas por la exclusión familiar, la discriminación social pero sobre todo por la violencia policial. Fueron perseguidas, golpeadas y hostigadas por su identidad de género. El Estado ejerció contra ellas detenciones ilegales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hasta 1997, la Policía Federal Argentina podía detener a cualquier persona que usara ropa del sexo opuesto al asignado al nacer. Los edictos policiales eran una herramienta de control preventivo que “habilitaba las detenciones masivas y arbitrarias, así como la facultad de detener personas por averiguación de identidad, configurándose tipos sociales ‘sospechosos’ que coincidían con las poblaciones más vulnerables al control penal”. 

La democracia no volvió para las travestis en el 1983, recién en 1998 mediante la sanción del Código de Convivencia Urbana -y tras un incesante trabajo de activistas del movimiento LGBT- fueron derogados los edictos policiales. Sin embargo, la violencia de las fuerzas de seguridad hacia travestis y trans nunca cesó, está a la vuelta de la esquina siempre.
 
En búsqueda de la reparación

Desde hace cuatro años, 13 sobrevivientes travestis y trans comenzaron un proceso de investigación para recopilar documentos. Empezaron a conectarse entre sí, algunas hoy viven en otros países, fueron obligadas a exiliarse para escapar de la violencia estatal. El objetivo es que el Estado reconozca la violencia institucional que ejerció hacia ellas, que establezca una reparación integral y les garantice el derecho a la seguridad social, para ello cuentan con el patrocinio legal del CELS y el acompañamiento del Archivo de la Memoria Trans.

Algunas de ellas son activistas de su comunidad, como lo es María Belén Correa, fundadora del Archivo de la Memoria Trans, y la investigadora Lara María Bertolini. Concretamente exigen que el Estado argentino extiende los alcances de la Ley 24.241 de “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones” y les dé una prestación básica universal. 

“Las 13 sobrevivientes dejamos nuestros archivos policiales, nuestra historia y nuestra unión para poder establecer que las mujeres y feminidades trans seguimos construyendo jurisprudencia, legislación, democracia y justicia a pesar de todo. Estamos aquí para que nuestros propios archivos y existencias hablen y para que nuestra venganza sea poder llegar a viejas y que lo hagamos con dignidad. Queremos enseñar lo que es el reclamo de la dignidad, estableciendo que la identidad es el principio de la dignidad humana”, asegura Bertolini.

Democracia heteronormativa

Ivana se convirtió en una archivista de oficio, hizo un trabajo artesanal, juntó todas las pruebas que documentan la violencia policial e institucional que vivió, y en 2018 fue la primera de las 13 que consiguió su legajo de ingresos a la comisaría. “Mientras en 1983 la Argentina festejaba la democracia, en nuestras vidas eso no pasaba. Las detenciones policiales arbitrarias, los vejámenes en calabozos, las brutales golpizas, los transfemicidios y travesticidios que se producían a diario, no se detuvieron. Se potenciaron. Esta situación jamás nos permitió poder acceder a la salud, a un trabajo digno o cualquier acción referida a la seguridad social, como principio universal de derecho humano”, reflexiona Ivana en la presentación, a sus espaldas, una pared empapelada con los documentos que evidencian las detenciones que vivió. 

La democracia para las travestis y trans llegó recién en 2012, con la Ley de Identidad de Género. Pero para ellas la reparación siempre es parcial. Mientras esa victoria sucedía, muchas hermanas y compañeras, que no resistieron tantas décadas de persecución se iban muriendo. 

Hoy ser trans y pasar el umbral de los 50 años es ser una sobreviviente y no poder acceder a una jubilación, ni a una pensión. La violencia institucional y las condiciones estructurales de discriminación de los requisitos para acceder: superar los 65 años y contar con 30 años de aportes. Durante décadas, fueron empujadas a una forma de vida clandestina, con su condición de sujetas de derecho suspendida, a veces parcial y a veces completamente. Esas vulneraciones repercutieron en otros derechos: no tener las posibilidades para el libre desarrollo personal, el derecho a la salud, a la integridad personal, a la educación y a una vida digna.

Ser travesti o trans y tener más de 50 años es haber superado la expectativa de vida de su comunidad que hoy apenas llega a los 35, pero también es tener que sostener esa supervivencia todos los días cuando el odio hacia su identidad se recrudece y se legitima desde el gobierno nacional. El Estado que ejerció contra ellas una negación sistemática de sus derechos debe reconocer todas las veces que vulneró sus vidas, en su mayoría, vidas que hoy son arrojadas a la pobreza porque no hay cupo, ni política “inclusiva” que las contemple. Pero están organizadas y exigen justicia para vivir con dignidad.

“Han llegado hasta aquí mediante el ejercicio del derecho a ser y del deseo de vivir. Ha llegado la hora de que el Estado Argentino reconozca el daño y actúe en consecuencia. Ahora es más urgente que nunca, porque quienes han sido responsables de querer borrarnos de la faz de la tierra y sus herederos políticos arremeten cuestionando nuestra igualdad ante la vida y sosteniendo que somos producto de una moda pasajera”, dice la docente e investigadora trans, Quimey Ramos, en la presentación de la acción legal. Leyó una reflexión que escribió ella misma con los ojos apunto de desbordar de lágrimas y agrega: “Ahora más que nunca, nuestro compromiso íntegro es acompañar a estas travestis hasta que sea justicia: nunca más niñas y jóvenes excluidas, perseguidas y presas por ser travestis y trans.”