"La impunidad está en manos de la Corte Suprema"

A cinco años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, la familia sostiene que la investigación aún no empezó. La causa, frenada por decisión de la Corte Suprema de Justicia, todavía tiene al juez Gustavo Lleral, el magistrado que la cerró en 2018, al frente. 

Verónica Heredia es la abogada que llevó el caso desde el comienzo y conoce no sólo el expediente, sino también la dinámica del horror en casos donde todos los mecanismos del Estado confluyen para garantizar la impunidad: “Cuando apareció el cuerpo fue el extremo del horror. Del caso aprendí que la sofisticación de la desaparición forzada es la aparición de los cuerpos: hacer desaparecer la desaparición”.

En una entrevista a fondo, Heredia habla de la declaración de la nueva testigo de Gendarmería, de los datos revelados en la autopsia que no se siguieron investigando, del llamado atendido en el celular de Santiago, de las pertenencias del tatuador que nunca se encontraron, de la vinculación entre extractivismo y violaciones a los derechos humanos... de cara a lo que viene, la abogada anticipa también un escenario de creciente violencia estatal.

–¿Por qué es importante el testimonio de la enfermera de Gendarmería que se presentó ante la Justicia en abril? ¿Qué aporte hace a la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado?

–Nosotros sostenemos que nunca se hizo una investigación por la desaparición y muerte de Santiago. Primero se estaba criminalizando a la comunidad mapuche, a Santiago, el objetivo era demostrar que en la comunidad mapuche eran prácticamente unos terroristas, instalando que Santiago no estaba ahí, que se había ido, que era de las FARC… cualquier cosa, pero lo decían, lo escribían, lo sostenían desde el Presidente de entonces (Mauricio Macri), la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), diputados, no era cualquier persona que estaba sosteniendo esto. Hasta que se cambió el juez (por la recusación contra Guido Otranto, a fines de septiembre de 2017 lo reemplazó Gustavo Lleral) y ahí fue encontrar el cuerpo de Santiago, ése fue el objetivo desde que asumió la causa. Nunca se hizo una investigación, nunca se lo buscó a Santiago, y luego tampoco se investigó su desaparición. La testigo que declaró en abril de este año ante el fiscal de la causa viene a corroborar lo que todos sabíamos, nuestras hipótesis desde el primer momento, y ella lo viene a sostener desde el lugar de haber estado trabajando en el escuadrón de Gendarmería de Esquel el 1 de agosto de 2017. Desde ese día y todos los días siguientes, ella escuchó y dijo y dio los nombres de sus compañeros de Gendarmería que sostenían que habían detenido a uno, a un hippie, que lo habían llevado al destacamento de Benetton de Gendarmería, que estaban tratando de sacarle información sobre quiénes eran los otros con los que él estaba. Y después de unos días ya escuchó que se les había ido la mano. Y días después que estaban recibiendo instrucciones para ver qué hacían con el cuerpo. Todo esto lo dice en abril de 2022 una persona que trabajaba en Gendarmería, y lo dice desde adentro. ¿Qué da cuenta? De lo que no se investigó. Si viene una persona que se sienta y dice “yo escuché a tal desde el día 1 de agosto”, quiere decir que nadie fue a preguntarle a la gente de Gendarmería, tanto del escuadrón de Esquel como de El Bolsón, que fueron los que participaron en el hecho el 1 de agosto, si habían escuchado algo por lo menos. Esto no sólo da cuenta de lo que habíamos escuchado desde afuera, sino de lo que no se investigó.

–Desde el 1 de agosto de 2017, ¿la única declaración indagatoria a gendarmes fue a Emmanuel Echazú como imputado? ¿No se profundizó en la causa la hipótesis de la responsabilidad de Gendarmería?

–Hasta 2018, que es el momento en que cierra la causa Lleral, el único imputado era Echazú. En septiembre de 2019, la Cámara de Comodoro revoca este archivo y el sobreseimiento de Echazú y dice “hay que seguir investigando”. La Cámara de Casación dice que hay un montón de pruebas para hacer, incluso para determinar la data de muerte de Santiago, porque ni siquiera se sabe, y dice en esa sentencia que tiene que ser otro juez el que tiene que resolver. Quiere decir que desde 2019 es otro el juez el que tiene que resolver, pero sigue estando Lleral. Pero cuando tanto la Cámara Federal de Apelaciones como la Cámara de Casación dicen hay que seguir investigando, obviamente las pistas son hacia todos los gendarmes, como mínimo. En enero de 2020, la exministra de Seguridad Sabina Frederic hace una imputación; primero una investigación en Gendarmería, interna, administrativa, y termina haciendo una denuncia penal a Noceti y a Méndez (Juan Pablo Noceti era el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y Fabián Méndez uno de los gendarmes a cargo del procedimiento que derivó en la desaparición de Santiago Maldonado). Esa causa también está incorporada a la causa de Santiago Maldonado sin que tampoco se haga nada. Así que hoy tenemos, como mínimo, a Echazú, a Noceti, a Méndez, a Escola… un montón de personas, desde el jefe de gabinete para abajo, de Gendarmería, que deberían estar por lo menos sospechados dentro de un proceso que está totalmente paralizado. 

–¿Del nuevo testimonio se desprende que Gendarmería tenía línea directa con Patricia Bullrich? Porque eso abonaría la responsabilidad política en la desaparición forzada.

–Totalmente. Ella (la testigo) afirma que Escola reportaba e informaba del procedimiento a la ministra de Seguridad. A tal punto que él viajó días posteriores a Buenos Aires llevándole toda la in formación que había recabado directamente a la ministra de Seguridad. Y por esto mismo es que desde el propio Ministerio de Seguridad imputan a Noceti y también a Escola. Claramente está acreditado, por lo menos para empezar a investigar, que las órdenes que recibieron eran de Noceti. Además, hay una filmación de un canal de Esquel donde Escola dice directamente que recibía instrucciones del Ministerio de Seguridad. Y también hay una radio, de Esquel creo, donde Noceti dice que él había instruido qué hacer en caso de flagrancia. Por eso yo en ese momento afirmé “tenemos una desaparición forzada producto de flagrancia”. Porque estaban tirando piedras, eso habilitaba tanto a Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, a ingresar, detener, disparar, porque estaban en flagrancia. Esto lo dijo Noceti, las instrucciones eran de Noceti, y esto está en el registro de julio y agosto de 2017. 

–Otro punto que tampoco se profundizó fue el llamado que realizó Ariel Garzi, amigo de Santiago, a su celular durante algunos segundos.

–¿Qué pasó? Nada. Porque cuando quisieron hacer la corroboración de la empresa, como era un teléfono de Chile, fueron y preguntaron a la telefonía de Chile. Resulta que la telefonía de Chile dice “no, nos fuimos a EEUU”; mandaron oficio a EEUU, dijeron “no, estamos en Uruguay, Dubai…”, así consta en el expediente, que mandan un oficio, lo traducen... todo esto pasa en un tiempo que la causa se cerró. ¿Qué pasó con esa llamada y qué pasó con el celular físico que tampoco nunca se encontró, como tampoco nunca se encontró la mochila de Santiago? Una de las hipótesis que nosotros manejamos es que esa fogata que hicieron era justamente para deshacerse de la mochila de Santiago. Porque lo habían detenido en ese momento, con su mochila. Entonces lo detuvieron y para sacarse de encima la mochila hicieron esa fogata, porque no hay ninguna explicación de por qué hicieron esa fogata, por qué quemaron todo eso.

–A partir del nuevo testimonio también se reaviva la hipótesis del traslado de Santiago. En su momento se había hablado de un Unimog que ingresó a la Pu Lof, incluso había una fotografía del vehículo. Esa línea de investigación nunca se siguió.

–Totalmente. Todo lo que pasó ahí adentro nunca se reconstruyó. Es lo que decimos: cómo van a cerrar una causa si no saben lo que pasó. El ingreso de la camioneta, del Unimog, de los gendarmes, hasta dónde llegaron al río, que ellos mismos reconocen que dispararon, que ellos mismos reconocen que dispararon con balas de plomo también; todo esto no se reconstruyó. Incluso otra de las cuestiones que sostenemos, porque es constancia del expediente, es que la División Criminalística de la Policía Federal Argentina hizo un esquema de dónde se encontró el cuerpo y dónde el testigo dijo que había ingresado Santiago. Y efectivamente, consta en el expediente el informe de Criminalística, como 80 metros río abajo es donde indica el testigo, que coincide con el 5 de agosto, cuando va el perro y marca, siguiendo el rastro que le habían dado de Santiago. El ingreso al agua es el mismo lugar que el testigo dice que ahí ingresó Santiago, río abajo de donde se encontró el cuerpo. No tiene sentido que el cuerpo haya aparecido río arriba, boca abajo, con marcas en la cara (mordedura de depredadores en el rostro). Son todas inconsistencias. Nosotros seguimos insistiendo que hay que empezar a investigar.

–Apareció un mensaje de Darío Nieto, secretario privado de Macri, sobre el juez Lleral, en referencia a que era un juez propio. Y se relaciona con la afirmación de Estela, la mamá de Santiago, cuando contó que Lleral la llamó para anticiparle que iba a cerrar la causa porque estaba recibiendo presiones. ¿Son dos caras de la misma moneda?

–Sí, totalmente. En el celular de Nieto, secretario de Macri, no solo se encontró ese mensaje, sino que también se encontró, creo que 16 meses antes (en 2016), tenía registrado el teléfono de la mamá de Santiago. ¿Por qué va a tener ese teléfono? Nos lleva a pensar que sabían de Santiago antes de que pase todo esto. Lleral antes de publicar la sentencia la llamó a la mamá de Santiago y le dijo que era para avisarle que había estado muy presionado él y todo su equipo de trabajo. Usó una frase como que “se habían jugado la vida”, y que tenía que cerrar la causa y que esperaba que tuviera paz. Entonces la mamá le pregunto “¿hay alguien detenido, algún responsable?”. “No”, le dijo Lleral. Entonces le dijo: “Hasta que no haya justicia no voy a tener paz”. Que la conversación existió no lo negó Lleral, negó el contenido. Pero que la llamó, la llamó. 

–Vos tenés una larga trayectoria jurídica en casos de desapariciones forzadas. De hecho, por tu intervención en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del caso de Iván Torres (2003), se incorporó en el Código Penal el delito de desaparición forzada (2011). ¿Qué aprendiste con el caso de Santiago y qué comprobaste de lo que ya sabías?

–Primero, uno se horroriza porque sabe lo que va a pasar. Veía cómo iban transitando los hechos y era corroborar que efectivamente una desaparición forzada implica no solo la fuerza de seguridad, sino quien tiene que investigar. Las fuerzas de seguridad, primeras sospechosas en una desaparición forzada, trabajan con un juez y un fiscal y también forman parte de la desaparición forzada. Cuando en su momento nos convocaron a la Cámara de Diputados, cuando se iba a aprobar la ley 26.679 (para incorporar la desaparición forzada en el Código Penal), recuerdo que nos había convocado a la mamá de Iván y a mí Victoria Donda. En su momento le dije que no estaba de acuerdo cómo quedaba redactada la ley, que obviamente era un avance pero que no alcanzaba. La tipificación del delito tiene que abarcar no solamente la fuerza de seguridad que actúa, sino todas las posibilidades de la no prevención, de la no investigación, del encubrimiento; todos estos hechos que no son aislados, sino que forman todo el conjunto de la desaparición forzada. Por eso la complejidad del delito penal.

–¿En qué situación se encuentra la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

–Sergio, Andrea y yo hicimos la denuncia ante la Corte Interamericana y eso sí es un expediente que está tramitando y que tenemos muchas expectativas de que de allí va a surgir una condena al Estado argentino. El 4 de agosto tengo que presentar las observaciones de fondo; quiere decir que hemos avanzado en el sistema a tal punto que lo que queda es que la Corte dicte un informe de fondo si entiende que el Estado, tal como sostenemos nosotros, ha vulnerado los derechos fundamentales del debido proceso, todas las garantías judiciales, la falta de justicia… una causa totalmente paralizada es la prueba más evidente que no hay justicia. No hay justicia en este país donde la vicepresidenta de la Nación dice que no tenemos Poder Judicial... imagínense qué nos queda para nosotros. 

–¿Fue una desilusión que Alberto Fernández no tome una decisión política en torno al caso como sí la tomó Macri cuando era Presidente?

–Si hay algo que no me ilusiona son los presidentes. No me genera ninguna ilusión, no es que me haya decepcionado. 

–Sobre este punto, Santiago Maldonado estaba participando activamente de una resistencia mapuche. Esa línea se omite cuando se habla del caso.

–Nosotros pedimos a un grupo de expertos, conformado por periodistas mexicanos, un equipo de antropología de Colombia, abogados especialistas en desapariciones y derechos humanos en Colombia, un especialista en derecho indígena de Chile, que hicieran un informe. Comenzamos desde el inicio: el reclamo por las tierras ancestrales que estaba acompañando Santiago, y habían detenido a Facundo Jones Huala. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Siempre ha sido la violencia. Y su máxima expresión es la desaparición forzada. Y hablamos de la sofisticación de la desaparición forzada, que es la aparición de los cuerpos: haciendo desaparecer la desaparición. Con en este caso aprendí esto: la sofisticación de la desaparición forzada que es la aparición del cuerpo. Porque cuando apareció el cuerpo fue el mayor extremo del horror. ¿Dónde aparecía? ¿Cuándo aparecía? Un 17 de octubre. Era la máxima expresión del horror. Eso aprendí: de la desaparición forzada puede haber algo peor y es que el Estado se sofistica. Siempre.