Criaturas privadas de la libertad que vieron la violencia contra sus madres detenidas, desidia judicial para brindar atención médica y un nacimiento en cautiverio. A un mes del desalojo en Lof Lafken Winkul Mapu, la vulneración de derechos de las infancias es un emergente del racismo del Estado argentino.
En la política argentina no existe grieta alguna cuando se trata de violentar los derechos de las comunidades indígenas, incluso si se trata de niñeces. Desalojos, represión, vidas vulneradas y necesidades básicas insatisfechas es la forma que adoptó el genocidio indígena en el siglo XXI. Hay nueve niñxs, en un rango que va de una recién nacida a una criatura de nueve años, en absoluto estado de abandono. Hace un mes, cuando se produzco el operativo represivo en Lof Lafken Winkul Mapu, en la zona de Villa Mascardi, que comenzó el calvario: allí fueron detenidas siete mujeres, sus madres.
Un audio que circula por WhatsApp alerta sobre la violación de los derechos más elementales de estas niñeces mapuche. No reciben contención estatal ni atención médica después de que fueran desalojadxs de manera violenta de sus hogares y arrancadxs de su territorio por un Comando Unificado de fuerzas represivas. Escucharon cómo esos hombres armados como para la guerra les gritaban a sus madres, las obligaban a tirarse al piso y las trataban como a peligrosas delincuentes.
“En el momento del desalojo, las niñas y los niños fueron separados de sus madres, los llevaron a la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Río Negro y luego de mucha presión política, del pueblo y de organizaciones logramos que devuelvan los pichikeches a su abuela”, explica Soraya Maicoño, integrante del Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut), donde se produjo en agosto de 2017 el operativo represivo que derivó en la desaparición forzada y posterior muerte de Santiago Maldonado.
Soraya aporta contexto político: “Si hay algo que une a todos los gobiernos es el odio racial, en ese punto coinciden evidentemente todos y esto lo decimos no porque sea una teoría, sino que lo estamos experimentando”. Para ella, ese germen de racismo “alimenta los discursos fascistas como los que hay en Bariloche, que existen desde hace muchos años” y ahora se han colado incluso en la agenda del Gobierno nacional.
Niñeces con libertad restringida
En un mes pasó de todo. Tres de las detenidas fueron sobreseídas (Andrea Despó Cañuqueo, Débora Vera y Florencia Melo), aunque en el medio hubo un traslado a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza y hasta fines de octubre seguía vigente el secreto de sumario (nadie sabía de qué las acusaban) en la causa llevada adelante por la jueza federal Silvina Domínguez.
Cuatro de ellas siguen con prisión preventiva por la acusación penal de “usurpación por despojo” en el territorio militarizado desde comienzos del mes pasado: la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan, Martha Jaramillo, Romina Rosas (quien parió en cautiverio a su hija) y Celeste Ardaiz Guenumil.
Las personas que pudieron visitar a las mujeres mapuche todavía detenidas aseguran que algunxs de lxs niñxs enfermaron y necesitan urgente atención médica. A través de sus abogadxs solicitaron en reiteradas oportunidades la presencia de personal médico que se acerque al lugar para darles atención. Ni la jueza ni la Fiscalía a cargo responden, mientras la salud de lxs niñxs se agrava.
“En el momento del desalojo, las niñas y los niños fueron separados de sus madres, los llevaron a la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Río Negro y luego de mucha presión política logramos que los devuelvan a su abuela.”
La primera en ser liberada fue Andrea Despó Cañuqueo, amelcafe (actriz) mapuche, docente e integrante de Cátedra Abierta de Pueblos Originarios de Trelew. Hoy continúa exigiendo la libertad de sus lamien (hermanas) y denuncia el abandono de les niñes que se encuentran con libertad restringida. “Muchas personas creen que están en sus casas cumpliendo prisión domiciliaria, pero ellas no pueden hacer eso porque su domicilio era la comunidad de donde fueron desalojadas”.
Explica que las familias tenían sus rucas (casas) en la Lof Lafken Winkul Mapu y actualmente están en una ruca mapuche de Bariloche, “que es un espacio que se utiliza para recibir gente que está de paso y necesita alojarse por algún motivo y donde también se hacen actividades culturales o charlas”. Sobre el lugar de detención elegido: “Es un lugar comunitario de contención que tienen las organizaciones mapuche en Bariloche. Se dio ese espacio para la prisión domiciliaria porque no tenían adónde ir y para que al menos puedan estar juntas con sus pichikeche. Pasaron de estar en un territorio al aire libre a un lugar cerrado donde se sienten observados, porque en la misma cuadra está la Escuela de Policía”.
Durante la represión del cuatro de noviembre lxs niñxs de mayor edad corrieron por el monte asustadxs. Integrantes de la comunidad alertaron a la Justicia que faltaban chicxs y que estaban escondidxs. También le hicieron un pedido a la jueza Dominguez para que alguien pueda buscarles, ya que la Lof era inaccesible a raíz de la ruta cortada y militarizada.
La jueza denegó la autorización. Recién a las siete de la tarde (el operativo fue antes del mediodía) lograron obtener el permiso y a las diez de la noche bajaron lxs niñxs que habían permanecido todo el día sin abrigo ni alimentos.
Andrea refuerza: “Hoy están sin asistencia ni contención, el Estado no les está brindando ningún tipo de atención por el momento traumático que vivieron. De repente fueron desalojados con sus madres, les sacaron todas sus pertenencias. A veces hablan de los ladridos de los perros y los disparos, eso los asustó mucho, son situaciones muy violentas y traumáticas las que vivieron”.
Las personas que pudieron visitar a las mujeres mapuche todavía detenidas aseguran que algunxs de lxs niñxs enfermaron y necesitan urgente atención médica.
Un nacimiento en cautiverio en la Argentina del siglo XXI
Romina Rosas llevaba un embarazo de 40 semanas cuando la detuvieron. Sus derechos y los de su hija nacida en cautiverio también fueron vulnerados. Andrea: “Fue muy duro, tuvimos que luchar para que la partera, que nosotros le decimos puñechefe, pueda asistir a la lamien. Ella ya había asistido a otras dos bebés que nacieron en la comunidad de forma ancestral”. Aclara que un nacimiento en la comunidad es un momento de gran importancia al que le sigue una ceremonia, que en este caso no pudieron realizar todavía.
Andrea explica: “En la comunidad están las placentas de los bebés, eso para nosotros tiene un valor muy grande. La bebé que nació en cautiverio está esperando enterrar su placenta en la comunidad, es una ceremonia muy importante para la persona que nace, como ponerle el nombre. La bebé necesita volver al territorio para enterrar su placenta, por eso y por un montón de otros motivos queremos volver a la comunidad, porque es un derecho vivir en nuestro territorio ancestral y porque también ahí está el rewe (altar ritual) de la machi, que es un lugar del Puelmapu, de nuestra espiritualidad”.
Hay un enojo compartido entre las detenidas, ya que nadie de la escuela a la que concurren sus hijxs se acercó a brindarles ayuda o acompañamiento. Sospechan de la complicidad entre las autoridades educativas y las fuerzas militares que realizaron el violento desalojo aquel cuatro de octubre. Se trata de una escuela rural al que asisten desde hace varios años y donde se logró llevar adelante un trabajo intercultural muy valioso. Por ejemplo, en junio pasado se presentó la bandera mapuche-tehuelche en esa institución educativa, algo que sucede en pocos espacios.
Soraya dice: “Queremos denunciar que en la escuela de Villa Mascardi donde asisten los niños y niñas hoy detenidos sabían lo que iba a suceder. Prestaron su espacio para que funcione una base de operaciones del Comando Unificado y el día del desalojo anunciaron que se suspendían las clases. Sabían lo que le iba a pasar a esos niños y a esa comunidad. Nadie veló por las infancias y ni siquiera nos atrevemos a decir que sea el Estado el que debe ocuparse, porque es el propio Estado el que generó esta situación”.
¿Y esas niñeces cómo viven el presente? “Tienen mucho miedo y eso se ve cada vez que llega algún tipo de citación o de reunión con abogados. Tienen temor de que vuelvan a separarlos de sus madres, no pueden ir a la escuela, no tienen su ropa, sus zapatos, su mochilas y sus juguetes”.
"Hoy están sin asistencia ni contención, el Estado no les está brindando ningún tipo de atención por el momento traumático que vivieron. De repente fueron desalojados con sus madres, les sacaron todas sus pertenencias."
La avanzada fascista y la criminalización mapuche
En Río Negro la militarización y la persecución hacia las comunidades mapuche crece y está alcanzando niveles de violencia muy elevados. En las últimas semanas, en Bariloche, se realizaron una serie de allanamientos en diferentes viviendas en simultáneo. “Con quienes más se enseñaron fue con los niños y las niñas”, asegura Soraya. Ejemplifica: “Llegaron a interrogar a un niño de cinco años, lo apuntaron a los ojos con una pistola que tiene un láser que le marcaba los ojos y el niño se quejaba a los gritos porque le dolía”.
Cuenta que también entraron en la casa de la mamá de la machi Betiana y allí “rompieron todos los cuadernos y juguetes”. ¿Cómo se explica esa actuación policial? “Hay un ensañamiento y una violencia explícita, y lo mismo me puede pasar a mí en cualquier momento. Están vulnerando todas las infancias mapuche, no solamente y particularmente la de estos nueve niños y niñas detenidos”.
Una situación de similares características está sucediendo en Neuquén, según las palabras de Soraya: “En Villa La Angostura desalojaron a una comunidad que estaba en un litigio con Parques Nacionales. La Justicia aún no se había expedido sobre el tema, sin embargo, fueron desalojados. La situación es gravísima porque estamos viendo que están haciendo todo sin tener en cuenta ningún derecho constitucional que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, se están vulnerando los derechos de las mujeres y los derechos de las infancias”.
Desde las comunidades mapuche organizadas llaman al acompañamiento de la sociedad entera para cuidar a las infancias indígenas que se encuentran en prisión domiciliaria junto a sus madres: “Invitamos a todo aquel que pueda acercarse a estar con los niños, sean artistas, docentes o personas que realicen actividades con las infancias”, dice Andrea. Menciona que “hay horarios de visita donde se pueden realizar algunas actividades para que los pichikeche se sientan un poco más contenidos y queridos”.
Hay un enojo compartido entre las detenidas, ya que nadie de la escuela a la que concurren sus hijxs se acercó a brindarles ayuda o acompañamiento.
“Es una situación muy dura la que están atravesando las madres, hay un montón de cuestiones burocráticas y de incertidumbre para ellas que no saben cómo se van a resolver”, dice la docente. El pedido a “todas las personas que trabajan con las infancias” es que “se solidaricen y puedan brindar un poco de alegría y juegos a estos pichikeche”.
Lo que expresa el caso de la Lof Lafken Winkul Mapu: “Las infancias mapuches están descuidadas y sus derechos están siendo vulnerados totalmente. Llamamos también a la movilización de la gente mapuche y no mapuche que cree que otra sociedad es posible y que se sensibiliza con esta situación de violencia y de despojo que están realizando con nuestro pueblo”.
El atropello contra las mujeres mapuche llega a la CIDH
Por la detención de las cuatro mujeres presas junto a sus niñes y la vulneración de derechos que viene sufriendo la Lof Lafken Winkul Mapu, el CELS y un grupo de organizaciones solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se dicten medidas cautelares favorables a la comunidad.
"Esta lucha es por la tierra, la vida y un buen vivir que merecemos todos"
Celeste Ardaiz Huenumil, una de las siete mujeres mapuche detenidas en Lof Lafken Winkul Mapu, hoy se encuentra con prisión domiciliaria. Relata la violencia sufrida, el escenario de odio que justifica la represión y los motivos por los que van a seguir resistiendo.
La palabra mapuche que desoye el Estado
Participamos del parlamento realizado en Bariloche para denunciar la detención arbitraria de cuatro mujeres indígenas desde octubre pasado, cuando fueron violentamente desalojadas de su territorio. Una acusación floja de papeles, el diálogo trunco con el poder y una comunidad obligada a la clandestinidad.