Mientras se anuncia el Censo 2022 para conocer las diversas realidades del país, comunidades originarias enteras no tienen documentación identitaria. En ese contexto nació la campaña “Ni un Indígena sin DNI”. El NOA sigue siendo la gran deuda estatal.
Mientras una de las imágenes de la difusión oficial del Censo 2022 es el retrato de un varón con rasgos y vestimenta indígenas, en el Norte del país hay comunidades enteras que no tienen DNI. Son lxs nadies, lxs invisibles de siempre, las generaciones sucesoras de quienes sobrevivieron al proceso de persecución y exterminio que comenzó con la conformación del Estado Nación. Un siglo y medio después, la violencia continúa con otras formas cada vez que se lxs despoja de sus territorios y sus derechos.
La región del NOA (Salta, Jujuy, Formosa y Chaco) es donde más se siente una problemática tan invisibilizada como los reclamos de las comunidades: la falta de documentos. Solamente en la zona de Tartagal (al noreste de Salta), hay al menos 2.500 wichís sin DNI. “Sabemos que hay más por los testimonios que nos comenzaron a llegar”, dicen quienes impulsan la campaña “Ni un Indígena sin DNI”, una iniciativa nacida del trabajo conjunto de los medios populares Mink'a Comunicación y TeleSISA.
Comunidades enteras sufren las consecuencias de los modelos feudales y racistas que reinan en las provincias del norte del país, que también se traducen en la falta de acceso a la documentación. Por eso la campaña, en el contexto de la difusión masiva del Censo 2022, busca instalar algunas preguntas al resto de la población: ¿Cómo puede reflejarse en el Censo Nacional la situación que atraviesan personas que ni siquiera tienen un reconocimiento básico por parte del Estado? ¿Cómo se puede revertir, en estas condiciones, la habitual violación de derechos básicos, como el acceso al agua potable, trabajo, vivienda digna, salud y educación?
Quienes sostienen experiencias de comunicación cercana a los territorios explican: “A nuestros medios de comunicación diariamente llegan noticias sobre la muerte de niñxs Wichí por hambre, sed, enfermedades no tratadas, niñas víctimas de feminicidio. Al escuchar a lxs comentarios encontramos que allí el Estado no está presente, lo que hace efectivo un sistema racista que despoja a indígenas de sus derechos. Uno de los elementos faltantes que les permite el acceso a determinados derechos, tanto a mayores como a niñxs, es el DNI. Por lo tanto, si no se le otorga a una persona un documento de identificación, ¿cómo se pretende que podría obtener el resto de sus derechos básicos?”.
Paula Alvarado Mamani: "Ser NN para el Estado significa que no existen. Eso también es genocidio, es una política de anulación y aniquilación de la persona, es la continuación del genocidio".
Familias NN
El reclamo no es nuevo. En marzo de 2019, el cacique Wichí Modesto Rojas, coordinador de la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA) y perteneciente a la Comunidad Misión Fwolit Lantawos de Tartagal, le entregó a Magdalena Odarda, directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), un listado de los DNI faltantes. Sin embargo, hasta el momento no hubo ninguna respuesta del INAI, ni a nivel provincial ni nacional. Hoy esa lista de DNI faltantes creció a raíz de los nuevos nacimientos. Rojas aseguró que ese mismo listado fue también entregado a la Defensoría del Pueblo de la Nación.
“El INAI debe pronunciarse al respecto, pero hacen oídos sordos, por eso decidimos visibilizar”, dice la abogada Paula Alvarado Mamami, perteneciente al Pueblo Kolla de la comunidad Tres Ombúes de La Matanza e integrante del medio TeleSISA. Enumera los organismos del Estado que tienen responsabilidad en el asunto: el INAI, la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior.
Desde la campaña "Ni un Indígena sin DNI" se preguntan: "Si no se le otorga a una persona un documento de identificación, ¿cómo se pretende que podría obtener el resto de sus derechos básicos?".
Alvarado Mamani dice con respecto al Censo: “En febrero presentamos un amparo colectivo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, junto con organizaciones de personas con discapacidad y personas trans, que son grupos que van a quedar fuera del Censo porque para poder acceder al mismo deben tener DNI. Hay muchos hermanos y hermanas indígenas que no van a ser censades”.
La defensora de los pueblos originarios asegura que la falta de DNI deriva en la privación de derechos políticos, sociales y culturales: “Ser NN para el Estado significa que no existen. El Estado está anulando la identidad de una persona y eso es lo más grave, porque esa persona no solo no accede a un colegio, para el Estado es nada porque no existe en ningún registro. Eso también es genocidio, es una política de anulación y aniquilación de la persona, es la continuación del genocidio”.
El cacique Rojas dice: “Las personas que no tienen DNI viven una realidad muy triste todos los días. No reciben ayuda económica del Gobierno, en la Municipalidad no los reciben y en el hospital tampoco. Cuando van a los médicos les entregan remedios pero no los atienden, no les dan un diagnóstico ni pueden realizarle estudios. Si una persona está grave no la pueden internar porque no tiene documento. Hay familias enteras sin documentos, hay niños sin DNI porque sus papás nunca lo tuvieron”.
Solamente en la zona de Tartagal (al noreste de Salta), hay al menos 2.500 wichís sin DNI.
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Salta llegó varias veces a las comunidades para realizar operativos de documentación, sin embargo, son trámites que no se concretan. Rojas: “Esas constancias que tomó la gestión anterior, las nuevas autoridades no las continuaron. Cuando comencé el listado de personas indocumentadas tenía más de 700, ahora nos dimos cuenta que son casi tres mil porque hay muchos que fueron al registro y no los atendían”. ¿Cómo se expresa la contradicción del discurso público con la gestión estatal concreta? “Mientras los funcionarios festejan el Día del Aborígen, hay chicos sufriendo porque no tienen agua, no tienen medicamentos, ni documentos”.
Abren la canilla y salen gusanos
Habitantes de San Antonio de los Cobres caminaron tres días hasta la capital salteña para reclamar por agua que puedan consumir. El acueducto que Urtubey prometió en 2014 iba a tardar seis meses, pero aún no existe. Mientras, aumenta la cantidad de personas enfermas.
Vienen del monte
Más de veinte mujeres wichí del Chaco salteño se organizaron para comercializar sus tejidos de chaguar, que hilan de manera artesanal y tiñen con tintas naturales. Eligieron un nombre, Thañí, una etiqueta y un modo de defender su trabajo.
“Que el gobernador se quede a vivir con una comunidad indígena para conocer nuestros problemas”
En Salta habitan diversas comunidades originarias que sufren el despojo territorial, las muertes por desnutrición y la ausencia del Estado ante estas urgencias. Cristina Pérez es referenta de una asociación que consiguió con lucha y organización un fallo internacional para recuperar sus tierras.