En el Impenetrable, vía libre a la deforestación

En el Gran Chaco la biodiversidad es arrasada a cada instante por el hombre. En este vasto territorio de sacrificio provisto de bosques nativos y zonas selváticas, la deforestación marca el pulso para que avance la frontera agropecuaria destinada a la ganadería industrial y la soja, y deja al desnudo el deseo -insaciable- de los sectores concentrados que buscan perpetuar los negocios inmobiliarios. 

Se calcula que en la provincia de Chaco, entre 2016 y 2019, se perdieron 130 mil hectáreas a causa de los desmontes. Mientras que, según el monitoreo satelital de Greenpeace, la pérdida de monte nativo durante 2020 en el Norte de Argentina fue de 50 mil hectáreas. Hablamos de una profundización de la crisis climática, de enfermedades, inundaciones, incendios, sequías, erosión del suelo, pérdida de alimentos, maderas y medicina, poblaciones marginadas, desaparición de especies en peligro de extinción como el Tatú Carreta y el Yaguareté,  gigante que aún sobrevive en el Impenetrable. 

Mapas, topadoras y vacío legal

El 20 de septiembre el Gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, presentó un decreto (Nº2157/22) bajo la modalidad ad-referéndum (es decir, sin margen alguno a posibles modificaciones y ajustes que resulten de las discusiones y tratamiento legislativo) que actualiza el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN). El proyecto de ley, que podría tratarse en la Cámara de Diputados, introduce modificaciones a determinados polígonos de bosques nativos, pasando de Categoría II (amarilla) a Categoría III (verde). Es decir, habilita los desmontes en  áreas boscosas que se encontraban protegidas desde 2009. Además, introduce tres polígonos para “proyectos especiales” (de color blanco) con un total de casi 400 mil has., presentados como predios sin cobertura boscosa, lo que supondría ser una especie de blanqueo de los desmontes ilegales. 

No alcanzó con las multas -muchas veces insuficientes, al igual que los controles y la prevención- ni tampoco con el fallo judicial que dispuso la Sala Primera en lo Contencioso Administrativo de Chaco -en noviembre de 2020-, que ordenaba el cese de la deforestación y suspendía las autorizaciones de cambio de uso de suelo hasta que se realice un nuevo ordenamiento territorial, si tenemos en cuenta que en Chaco venció en 2014, y que los OTBN deben actualizarse cada cinco años.

Los desmontes continúan como si nada. En consecuencia organizaciones que defienden el ambiente y los derechos humanos, investigadores, pueblos originarios (Qom, Moqoit, Wichí, Chorotes y Pilagá, entre otros), pequeños productores y comunidades campesinas que subsisten de lo que les brinda el bosque; denuncian que el mapa del OTBN es ilegal, regresivo y no responde al cuidado del ambiente, la vida, ni a los intereses de quienes habitan este territorio. No respeta la Ley Nacional de Bosques Nativos 26.331 -sancionada en 2007-, tampoco el derecho de los pueblos indígenas a una Consulta Libre, Previa e Informada. Manifiestan que los funcionarios hicieron caso omiso a los aportes realizados por la ciudadanía en los talleres de discusión y no cumplieron con la etapa de validación anunciada al inicio del proceso de OTBN y que está prevista por la ley. El mapa, mucho menos, cumple con los principios del Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente 25.675.

“Actúan con desprecio. Nosotros aprendimos a convivir en diversidad e interculturalidad, pero cuando llegaron los invasores europeos, a ellos no les importaba nada la diversidad”, reflexiona Lecko Zamora, referente del pueblo Wichí. “A ellos les importaba quitar el oro, la tierra, los árboles. Sus descendientes, después de 300 años de colonización, crearon un Estado. Tenemos 200 años de República pero continúan violando nuestros derechos, establecidos en la Constitución Nacional. Hemos sacrificado vidas. La masacre sobre los pueblos indígenas es muy grande. Históricamente fuimos avasallados. Lo que ocurra en este territorio nos perjudica a todos. Por eso tienen que prevalecer los valores humanos y espirituales, la solidaridad, el cariño, la ayuda, el amor, el respeto”. 

“Los gobernadores deben crear un espacio para escuchar a los hermanos indígenas, para que les cuenten sus problemas y sus necesidades. De esa manera va a haber justicia y democracia, interculturalidad. Tenemos muchas cosas para apostar a una nueva sociedad. Esta sociedad está construida con valores occidentales que ni siquiera son de este continente. Hay que seguir con la resistencia”. 

                                  

Desde el gobierno que conduce Jorge Capitanich afirman que “se realizaron más de 20 audiencias públicas y talleres en distintos puntos del Chaco con el objetivo de lograr consensos entre todos los actores involucrados”. También indican que esta nueva propuesta de mapa de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia del Chaco, “garantiza” la preservación de la biodiversidad y un desarrollo “armónico” de las actividades productivas. 

Ahora bien: ¿cuánto de todo esto es verdad?

Mediante un comunicado la organización Somos Monte Chaco expresó: “En los mapas presentados los predios que han sido desmontados ilegalmente, según los datos brindados por la Dirección de Bosques de la Provincia, son presentados como predios sin cobertura boscosa (blancos), en violación a lo que establece la resolución 236/2012 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)”.  

Continúa: “Habilitar cambios de usos de suelo en estas áreas de los departamentos de Almirante Brown, Güemes y San Martín -en el norte de la provincia- actualmente bajo categoría II disminuye los estándares de protección vigentes sobre una región boscosa de más de 300 mil hectáreas y riñe con el principio de progresividad ambiental y no regresividad. ¿El gobierno en serio propone dejar en amarillo los predios recategorizados y protegidos por la justicia, y mientras tanto bajar de categoría y desmontar todo alrededor? Esto carece de toda seriedad y resulta inadmisible. Los impulsores del desmonte no son los productores familiares locales, sino funcionarios del Estado, empresas de otras provincias o incluso con capital multinacional que promueven un modelo de agronegocio que nos daña y lejos de solucionar el problema de la pobreza, la acentúa”.