Todo fuego es político

por Lautaro Romero
Fotos: Agencia Télam
11 de octubre de 2020

Investigadores, guardaparques y habitantes del monte explican cómo se llegó al ecocidio cordobés que ya dejó casi 200 mil hectáreas de bosque nativo quemado. Organización comunitaria, desidia gubernamental y futuros posibles para el territorio en extinción.

Córdoba no tiene paz. La provincia es un infierno por la ola de incendios que arrasan todo a su paso. Ya son casi 200 mil hectáreas quemadas en pocos meses, superando por lejos el registro de 2013, de 106 mil hectáreas.

Pastizales, regiones del chaco serrano, del espinal, caldenal y las estepas pampeanas. Bosques nativos, zonas rojas y amarillas de preservación. Algarrobos, quebrachos, cina cina, cocos, palmas, molles, mistoles. Árboles de todo tipo, especies autóctonas con más de cien años de vida reducidas a cenizas, entre animales muertos y comunidades campesinas y familias rurales que han perdido su hogar: el monte. 

Según un relevamiento minucioso de un grupo de investigación del Instituto Gulich (UNC-CONAE) durante prácticamente dos décadas –entre 1999 y 2017– en las sierras de Córdoba hubo 5.378 incendios que afectaron 700.835 hectáreas, mayormente del norte de la provincia. El relevamiento abarcó de mayo a diciembre, los meses de mayor riesgo de incendio.

Cabe destacar que el 90% de los incendios son de origen antrópico. Esto quiere decir que la actividad humana es el principal desencadenante de estos eventos. Los motivos pueden ser varios, accidentales o intencionales: desde quemar basura a cielo abierto o hacer un asado y no apagar bien el fuego, hasta la quema para renovar la pastura y el desmonte de sectores de alto valor de conservación para cambiar el uso del suelo y urbanizar zonas naturales. 

Pero, ¿quiénes están detrás de los incendios en Córdoba? ¿Quiénes son los responsables de este desastre ambiental que año tras año deteriora las superficies de bosques nativos que quedan en la provincia y se esparcen en el Gran Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, en las costas de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y las islas del Paraná, en Paraguay y la Amazonía? Y quizás la pregunta más difícil de responder: ¿cómo llegamos a esto?

"Gran parte de la superficie quemada corresponde a áreas protegidas. Eso deja en evidencia el abandono y la falta de políticas públicas en esas áreas."

 

Una herramienta ancestral reconvertida por el capitalismo

Hace tiempo que el ser humano dejó de quemar los pastizales de las serranías, del litoral y las selvas sudamericanas con intenciones de uso ancestral, como hacían las comunidades originarias hace varios siglos atrás: quemar para aportarle cenizas y materia orgánica al suelo, y de ese modo cultivar y después rotar.

Hoy el fuego se transformó en un negocio.

Joaquín Deón, geógrafo e investigador del CONICET, entiende que detrás de estos incendios hay un modelo agroexportador basado en el agronegocio, que “depreda para hacer de la diversidad, del verde nativo, la homogeneidad verde del dólar y la soja genéticamente modificada”. 

Joaquín completa el concepto: “Son paisajistas, arquitectos, ingenieros de empresas constructoras y desarrollistas inmobiliarios, como por ejemplo el grupo Verde Norte, Edisur, Euromayor, que construyen barrios cerrados en cumbres y valles. En las serranías no se puede plantar soja pero sí se puede blanquear el capital de la venta agropecuaria en grandes complejos turísticos, en loteos de élite con vistas a una naturaleza cada vez más deteriorada. Un mar de soja en la llanura. Complejos de golf, palmeras, piscinas inmensas, lagunas privadas con agua turquesa. Una europeización del paisaje, con especies foráneas como siempreverdes, pinares y coníferas, que fueron sembradas con fines productivos en la década del '50”.

En Valle Hermoso está la reserva natural Vaquerías, donde Joaquín Piedrabuena trabaja como guardaparques. Para él, “antes era habitual el desmonte, pero ahora es más cuestionado y resitido”. ¿Qué cambió? “La gente está muy alerta, escucha, se moviliza por estas cuestiones. Gran parte de la superficie quemada corresponde a áreas protegidas. Eso deja en evidencia el abandono y la falta de políticas públicas en esas áreas. En algunos casos se quemaron por completo, en otros se combatió el fuego para que no se expandiera. Un área protegida no es tal sólo porque se le declara, sino en tanto se le destinen recursos, equipamiento, presupuesto y personal que pueda prevenir y combatir los incendios”. 

Sobre las responsabilidades: “Uno de los graves problemas es que no se investigan las causas de los incendios. Esa falta de preocupación hace dudar respecto del origen. En algunos casos es más evidente que en otros, como por ejemplo sectores en la periferia de la ciudad de Córdoba, que han sufrido incendios en años consecutivos y ahora hay una serie de countries. Es una lógica perversa”.

Los empresarios mineros también son verdugos en este proceso de acaparamiento de tierra y avasallamiento sobre las comunidades locales y las reservas naturales. Así sucede en Villa Allende, con la cantera El Gran Ombú S.A., Cantesur y Minera El Mogote, por nombrar algunas de las empresas que agotan los recursos y hacen caso omiso a las leyes nacionales y provinciales que prohíben este tipo de actividades en zonas de bosque nativo.

"Primero se defienden las personas y los bienes materiales, y lo que no entienden es que no podemos darnos el lujo de perder bosque nativo, eso también es parte de nuestra vida"

 

¿Para qué están las leyes, si no se cumplen?

Los bosques nativos representan el 19,2% del total de la superficie de este país. Son ecosistemas que aportan beneficios al medio ambiente y también a las poblaciones del campo y las ciudades: favorecer la biodiversidad, proteger la provisión de agua potable, ayudar a disminuir los porcentajes de carbono –una de las principales causas del calentamiento global– con la liberación de oxígeno, optimizar el suelo con el aporte de materia orgánica y disminuir la erosión del mismo, además de ser hogar de innumerables especies de animales y plantas. 

La Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos, sancionada en 2007, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Lo dice específicamente el Art. 40: “En los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial”. 

Sin embargo, el Gobierno de Córdoba y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, entienden que es necesario avanzar sobre una modificación de ley, para “preservar los bosques nativos sin olvidarnos de los aspectos productivos que coexisten alrededor de las cuencas forestales”.  

El ordenamiento territorial (OTBN), fomentando la participación de organizaciones socio-ambientales, implica zonificar los bosques nativos en tres categorías de conservación: 

*Rojo: sector de alto valor que no pueden desmontarse; 

*Amarillo: sector de mediano valor que podrán ser sometidos a aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica;

*Verde: sector de bajo valor que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de la ley. 

No hay dudas en que la tasa actual de deforestación en áreas de categorías roja y amarilla ha crecido exponencialmente: de la totalidad de desmontes registrados entre 2008 y 2018, el 34% ocurrieron en áreas de categoría roja, el 35% en áreas sin categoría y sólo el 31% en áreas de categoría verde. 

Las miles de hectáreas de áreas protegidas quemadas en Córdoba y en el resto del país por el desmonte y el extractivismo del agronegocio exportador son muestra del abandono, la complicidad de los gobernantes, la falta de políticas públicas y las innumerables fallas a nivel de implementación. En los casos más graves, las reservas naturales se quemaron por completo. Lo cierto es que no hay recursos, equipamiento, presupuesto ni personal para prevenir y combatir los incendios de una forma adecuada. 

El geógrafo Joaquín Deón reflexiona: “Hay leyes que prohíben que esto suceda pero no se hacen cumplir. Quedan desamparadas bajo leyes provinciales, como la 9814, que en su artículo 14 permite el avance de obras públicas a los fines de cambiar la categorización de bosques rojos o amarillos protegidos que merecen recuperarse. Entonces esos territorios pueden ser transformados, se puede cambiar el uso del suelo para construir grandes complejos inmobiliarios. O el artículo 37, de la misma ley, que permite la megaminería en todas las categorías rojas y amarillas de la ley de bosques. Avanzan sobre comunidades nativas y campesinas, las despojan de su hogar. Hay estrategias claras: cierre de caminos públicos, desvío de ríos y arroyos, desmonte y transformación de los bosques”. 

En este contexto desesperante y penoso, integrantes de organizaciones sociales, académicas y culturales, por medio de la plataforma Change.org, le envían una carta abierta al Gobierno de Córdoba para que tome una serie de medidas que permitan reducir la ocurrencia de futuros incendios en este año y los siguientes; como también garantizar que parte de las consecuencias que provocan la quema de montes y pastizales sean mitigadas. 

Ya son casi 200 mil hectáreas quemadas en pocos meses, superando por lejos el registro de 2013, de 106 mil hectáreas.

Entre las recomendaciones, se destacan: 

*Realizar modificaciones en el Plan Provincial de Manejo del Fuego, bajo el amparo de la ley Nacional 26.815, a fines de incrementar su eficiencia en materias de prevención, vigía y detección temprana de incendios. 

*Invertir en planes de educación ambiental a nivel formal en todos los niveles educativos, e informal a diversos sectores de la población. También la necesidad de trabajar con los productores rurales para que desistan de utilizar el fuego como método para el rebrote de pasturas. 

*Actualizar el mapa de zona rojas y amarillas de la ley provincial 9814 de bosques nativos, para establecer espacialmente qué áreas protegidas fueron afectadas por los incendios, y que se realice un control efectivo para que no se produzcan cambios en el uso del suelo

*Suspender las resoluciones que determinan avanzar sobre grandes extensiones de áreas con vegetación leñosa para hacer cortafuegos. Revocar la resolución Nº 227 de la Secretaría de Ambiente por su carácter inconstitucional.

*Exigir que el Ministerio Público Fiscal investigue y persiga las causas de los incendios que tienen a toda una provincia en estado de alerta. 

 

Guardianes del Monte

En Córdoba muchas personas tienen intenciones de participar en el combate contra los incendios forestales, pero al mismo tiempo no guardan interés en formarse como bomberos. En simples palabras, solo quieren salvar el monte y todo lo que allí habita. 

Vecinxs y paisanxs conforman brigadas forestales para combatir el fuego. Lo hacen a la par de los bomberos, guardaparques y aviones hidrantes. Como Cristóbal Varela (35), titiritero, que falleció semanas atrás en San Esteban, tras sufrir quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. O como José Robles (54), dueño de una parrilla, que perdió la vida al inhalar monóxido de carbono. 

Articulan con integrantes de distintas asambleas ambientales para asistir a brigadistas y a la gente voluntaria que le hace frente a las llamas. Arman botiquines, les llevan comida. Juntan donaciones y artículos necesarios como borcegos, linternas, handies, guantes, mochilas de agua, nafta para los traslados y ruedas de auxilio.

Javier Astrada vive en la localidad de Bialet Massé, en el Valle de Punilla. Forma parte de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CODEBONA) y dedicó parte de su tiempo a brindar ayuda en Villa Carlos Paz y en la zona de Río Pinto, un lugar turístico reducido a kilómetros y kilómetros de campo quemado, con pequeñas chacras donde pequeños productores sembraban maíz y tenían algunas vacas. Javier dice que esa zona ha sido de las más afectadas.

Javier: “Para nosotros esto es un ecocidio. Por un lado, hay intencionalidad; y por otro, es un desastre ambiental lo que está sucediendo. Estas sierras, a través de arroyos y vertientes, llevan agua al dique San Roque y son parte de un ecosistema serrano vivo que además alimenta de agua potable a parte de Córdoba Capital. Es muy duro todo. Además de las brigadas forestales, otros grupos conformamos colectivos con el objetivo de juntar remedios para los animales que se han quemado, también comida y donaciones de ropa para las familias, alimentos para quienes están haciendo guardias de cenizas –en general, civiles–. Sabemos que en la primera línea de fuego están los bomberos, pero atrás hay un montón de vecinos y paisanos que conocen los lugares, que saben cómo llegar y quieren tener participación activa porque es el lugar donde viven”.

El panorama político es muy complicado. El gobernador Juan Schiaretti, tras meses de angustia y daños irreversibles, recién cuando el tema apareció en la agenda nacional recurrió a la ayuda de Nación. A Schiaretti eso le valió una denuncia penal, que hace unos días fue ingresada en la Mesa Permanente de Tribunales 2 y recayó en la Fiscalía del Distrito 2 Turno 5. La impulsan el biólogo Raúl Montenegro y el Abogado Juan Smith. 

"Hay sectores en la periferia de la ciudad de Córdoba que han sufrido incendios en años consecutivos y ahora hay una serie de countries. Es una lógica perversa"

Como miembros de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Montenegro y Smith exigen que al gobernador "se lo investigue por haber demorado en forma injustificada el pedido de apoyo a otras jurisdicciones, lo cual impidió contar con Bomberos Voluntarios y tecnología suplementaria para apagar fuegos”. Por su parte, el Director de Defensa Civil provincial Diego Concha, utiliza su cargo de funcionario público para autorizar a la Policía a hacer uso de la fuerza en caso de que un civil “trabaje” en un incendio. 

India Ortiz, de la Asamblea ambiental de Cosquín: “La realidad es que un gran porcentaje de los incendios los apagó la gente porque los bomberos no llegaban o no eran suficientes. Como no hay bomberos especializados en incendios forestales, terminaban aceptando los consejos de los baqueanos del lugar que indicaron hacer contrafuegos para controlar los incendios. Estamos en manos de gente que quiere destruir los pocos recursos que nos quedan. Exigimos que las políticas públicas para abordar la problemática del fuego sean direccionadas a la prevención de los incendios, con sistemas de vigilancias permanentes, recursos humanos y acceso a la información sobre estrategias de prevención”.

 

El desmanejo político del fuego

Federico Kopta es biólogo y presidente del Foro Ambiental de Córdoba. Desde su visión, durante este 2020 se crearon todas las condiciones para que los cordobeses tengan el peor año de incendios al menos en la última década. Señala que el desmantelamiento del Plan Provincial del Manejo del Fuego es una de las principales causas de semejante desastre ambiental. 

Kopta explica: “Hace 14 años que no invierten en educación en las escuelas para prevenir el fuego, teniendo en cuenta que el 99% de los incendios son producidos por la mano del hombre, ya sea en forma intencional o accidental. Desde hace siete años se desactivaron 63 puestos de vigías que existían en cada uno de los cuarteles de bomberos voluntarios en zonas de riesgo de incendio. La falta de vigías hizo que las acciones de extinción inmediata se vieran demoradas por la falta de aviso. Eso implica mayor cantidad de incendios y de mayor magnitud, que se necesiten más recursos y personas para apagarlos. El trabajo de los bomberos con los productores también se desactivó. Era un elemento formativo y educativo con respecto a la prevención del fuego y el uso del fuego”. 

¿Qué rol le toca a la dirigencia? “El Gobierno debe cambiar su política, generar procesos participativos para el plan de manejo del fuego, y actualizar el mapa de bosques que impide que se cambie el uso del suelo, que no pierdan la categoría que ya tienen, avanzar sobre el ordenamiento territorial y la suspensión de audiencias públicas de forma virtual, que reducen la participación ciudadana”.

Mediante el Decreto 1157/17, a partir del 1 de agosto de 2017 el gobernador Schiaretti dio de baja al fondo especial que recibía el Plan de Manejo del Fuego (90 millones de pesos al año) para invertir en educación, capacitación, prevención y compra de aviones hidrantes, entre otros puntos.

"Para nosotros esto es un ecocidio. Por un lado, hay intencionalidad; y por otro, es un desastre ambiental lo que está sucediendo."

“Hace años que se desfinanciaron esas áreas”, dice el guardaparques Joaquín Piedrabuena. Aporta desde su experiencia: “Cuando hay fuegos simultáneos no dan abasto, así fue que los vecinos fueron a combatir las llamas, a punto de perder la vida. La responsabilidad pura y absoluta de esto es de las autoridades de la provincia. No podemos esperar que en lugares donde a los vecinos se les está quemando su casa, se queden de brazos cruzados esperando a que lleguen los bomberos. Hicieron lo posible. Los bomberos son héroes en todo esto, pero hay una cabeza que dirige que no quiere reconocer que tienen muchas dificultades en el manejo del fuego. Este año quedó probado”. 

¿Qué salida adoptar? “Nosotros exigimos una reformulación del plan provincial, que se reincorporen los planes de alerta temprana, las actividades educativas para evitar cualquier evento imprudente, accidentales, por parte de la población. Y también que se conforme un cuerpo de combatientes de incendios forestales. Primero se defienden las personas y los bienes materiales, y lo que no entienden es que no podemos darnos el lujo de perder bosque nativo, eso también es parte de nuestra vida”.

 

Cerca de la autodestrucción

Todavía hay focos activos pero controlados con guardias de cenizas en Villa Amancay (Calamuchita) y al sur de la provincia, en Achiras, Alpa Corral y Las Albahacas. También en el departamento de Cruz del Eje, donde se trabaja sobre los puntos calientes.

El panorama no era tan alentador en el Valle de Traslasierra, más precisamente en la localidad de La Paz (departamento de San Javier), donde ocho cuarteles de bomberos voluntarios y brigadistas con aviones hidrantes combatían el fuego frente a un clima adverso: temperatura en ascenso, baja humedad, mucho viento y una extrema sequía. Según la Administración Provincial de Recursos Hídricos, el último año en Córdoba se produjo el menor registro pluviométrico en 65 años.

También hay que mencionar la crisis hídrica, que se suma al aporte de humo y gases de efecto invernadero que aumentan la emergencia climática global. En el monte, a cada instante, disminuye la biodiversidad y la cobertura vegetal se convierte en cenizas, lo que favorece las inundaciones. En tanto, las crecidas de los arroyos, con torrentes enormes, arrastran toboganes de piedras, ramas, troncos, palos y restos de animales muertos producto de los incendios. Los cauces se contaminan, colapsan y las aguas se vuelven no aptas para el consumo.

Los lagos y embalses disminuyen su capacidad de almacenamiento y proliferan algas o cianobacterias que a su vez generan toxinas. Cuando mueren las algas, la descomposición de ese material le quita oxígeno al agua y es previsible una alta mortandad de peces. La fauna autóctona que sobrevive al fuego, al desmonte y al cambio del uso del suelo, migra a otros lugares, donde competirá con otras especies por el hábitat y el alimento. Como efecto en cadena, éstas son algunas de las consecuencias a corto y mediano plazo que dejará este desastre ambiental.

Mientras esto sucede, el Gobierno de Córdoba, en articulación con la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA-UNC), firma convenios para “recuperar” las miles de hectáreas afectadas por los incendios. Consiste en un plan de reforestación: un millón de semillas y 5.000 plantines ya desarrollados, a los que se sumarán 15.000 en un plazo de tres meses. 

Vecinxs y paisanxs conforman brigadas forestales para combatir el fuego. Lo hacen a la par de los bomberos, guardaparques y aviones hidrantes.

Para Federico Kopta, el plan tiene que ver con una acción publicitaria y no con intenciones reales de resolver los problemas de fondo: “El trabajo de reforestación con especies nativas en la sierra es extremadamente artesanal y arduo. En Córdoba hay grupos que lo vienen haciendo desde hace más de 20 años. Hay una experiencia acumulada muy grande por parte de estas organizaciones no gubernamentales. Pero una cosa es ese tipo de trabajo y otro lo que se plantea desde el Gobierno: se habla de una reforestación compensatoria, es decir, hacer números de cuántos árboles hace falta plantar en lugares lejanos a las sierras, por ejemplo, en Villa María. Esto es absurdo, porque los ecosistemas afectados justamente no están en la zona llana”. 

Explica su escepticismo: “A los árboles hay que plantarlos con criterio, con semillas de origen del lugar para asegurar la genética de las poblaciones. No es sencillo. No es reforestar al lado de un camino. Lo fundamental no pasa por ahí, sino por la prevención. Nuestros ecosistemas han evolucionado y adoptado cierta resiliencia con el fuego. Después de los incendios, muchos árboles y arbustos rebrotan, aunque pierden mucha masa de ramas a causa del fuego. Una vez que un bosque se transforma en un campo de cultivo, se generan cambios irreversibles”.

En un contexto de pandemia, avanza el plan humano de destrucción de los ecosistemas. Los gobiernos no escuchan y le dan escaso valor a las alternativas reales que proponen las comunidades locales para terminar con el ecocidio: la agroecología y la ganadería de baja intensidad para el sustento cotidiano, el fortalecimiento del trabajo campesino en la producción de frutos y medicina del monte. Poblaciones que se unen en asambleas participativas de base y crean brigadas forestales en defensa de la tierra, del accionar colectivo y en la lucha permanente para que los bosques sigan reverdeciendo.
 

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