“Santiago fue empujado hasta el río a balazos”

por Saverio Lanza
01 de septiembre de 2018

Chuzo González Quintana, uno de los abogados que presentó pruebas ante la CIDH, cuenta lo que pasó en la lof de Cushamen hace 13 meses. Y da detalles de una persecución gubernamental, judicial y mediática que no se detiene.

Carlos “Chuzo” González Quintana es abogado, integrante de la mesa de Derechos Humanos de Córdoba y de la ONG Naturaleza de Derechos. Además, es uno de los denunciantes, junto a su colega y compañero de ruta Fernando Cabaleiro, de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tanto González Quintana como Cabaleiro conocen aquello que se respiró en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen durante los aciagos últimos días de julio, y primeros momentos de agosto, del año pasado. Además de haber recogido los relatos de otras represiones, anteriores y posteriores a la que sufrió Santiago.

Yo mismo ingresé a los calabozos de El Maitén, donde había gente mapuche torturada, baleada y prisionera sin pruebas.

González Quintana dialogó con Revista Cítrica, no solamente acerca de sus consideraciones sobre lo que ocurrió con Santiago, sino que además relató la persecución y el espionaje que sufrieron -y aún sufren- tanto Matías Santana, como Soraya Maicoño, Romina Jones, Ariel Garzi, Ailinco Pilquiman, Cabaleiro y el propio González Quintana.

El abogado denunció a la gestión de Cambiemos conducida por Mauricio Macri, al asegurar que el Poder Ejecutivo "busca aleccionarnos para condicionar nuestro compromiso con los DDHH en la Argentina, y con todas las causas que patrocinamos, y que tienen que ver con personas y movimientos sociales colectivos que resisten las políticas de ajuste, hambre y represión de este Gobierno".

 

¿Qué pasó con la desaparición seguida de muerte de Santiago?

Luego de la aparición sin vida del cuerpo de Santiago en las márgenes del Río Chubut, el Gobierno nacional comenzó a instalar a través de los medios concentrados de prensa, la hipótesis del ahogamiento accidental, descontextualizando el escenario represivo acaecido en la pu lof el primero de agosto de 2017. A partir de allí, a instancias del abogado estrella del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, comenzaron a criminalizar a testigos, familiares de las víctimas de la represión, y a los abogados de DDHH que intervenimos en el caso. Un año después, y luego de verdaderas operaciones mediáticas montadas desde el propio Ministerio, podemos decir que gran parte de la opinión publica ha sido engañada, manipulada y condicionada a creer una versión farandulera de un hecho que merece la mayor preocupación de quienes trabajamos por la vigencia plena de los DDHH, en un país verdaderamente democrático y respetuoso de la vida, la libertad y la Justicia.

A trece meses de esa represión que usted menciona, ¿qué teoría tiene de lo que pasó con Santiago? 

Nosotros no tenemos dudas respecto a la participación de Gendarmería en el desenlace fatal que tuvo este muchacho de 28 años, esa mañana de agosto, cuando fue a solidarizarse con una lucha ancestral que él creía legítima y digna. Santiago es un ejemplo para muchos y -afortunadamente- en el camino que uno anda, puede encontrarse con muchos “Santiagos”. De hecho, pudo habernos pasado a nosotros también, ya que -más de una vez- por el trabajo que veníamos desarrollando desde enero de ese año en favor de la comunidad "En Resistencia de Cushamen", nos tocó estar en la pu lof, en los puestos de guardia, acompañando a la gente que recupera el territorio -desde marzo de 2015- de la multinacional Benetton. Hemos estado allí, nadie nos ha contado esta historia. Hemos estado en contextos represivos casi como reporteros de guerra, siendo abogados de DDHH. Yo mismo ingresé a los calabozos de El Maitén, el 10 de enero, donde había gente mapuche torturada, baleada, físicamente en muy mal estado, prisionera sin pruebas, sin motivo alguno más que el haber ido a solidarizarse con un reclamo por el territorio y permanencia pacífica en él.

Esa represión del 10 de enero, en la que me tocó estar poniendo el cuerpo y el conocimiento, fue la verdadera antesala de lo que sucedió el primero de agosto. Santiago no estaba allí de vacaciones, ni pescando en el río. Fue empujado hasta allí a balazos limpios, en una verdadera cacería. Hemos entrevistado a testigos presenciales de la represión que afirman que Santiago fue capturado en la costa. Al no poder cruzar el río, allí lo vieron con vida la última vez. Y durante 78 días nada se supo de él. Se rastrilló la zona 7 veces (dos en el preciso lugar donde el 17 de octubre apareció flotando sin vida). Mientras tanto, el gobierno, utilizando la prensa hegemónica, se encargó sistemáticamente de encubrir los hechos, negando la presencia de Maldonado en la pu lof. Haciéndolo aparecer en decenas de lugares, como viajando a dedo a Gualeguaychú; andando en bicicleta en la ruta; durmiendo en un monasterio en Mendoza antes de cruzar a Chile, y refugiarse con la RAM; cortándose el pelo en San Luis; viajando a Tolhuin -con una pareja de turistas- rumbo a Ushuaia; o siendo herido por un puestero de Benetton en la localidad chubutense de “El Hoyo”. Miles de versiones que abonaban esta sentencia de la ministra Bullrich -al cuarto día de desaparecido Santiago- cuando decía “no vamos a tirar un gendarme por la ventana”. Luego, dos días antes de las elecciones legislativas, cuando la movilización social ganaba las plazas de cada rincón de esta patria, aparece de manera inesperada el cuerpo sin vida del joven más buscado del país, y luego de que -días antes (en el ultimo rastrillaje)- Sergio Maldonado dijera que temía de que “plantaran el cuerpo de su hermano en cualquier momento”.

Y también ocurrió luego de que -el entonces juez de la causa, el confeso “antimapuche”- Guido Otranto dijera: “Yo creo que este joven está ahogado en alguna parte del río”. Entonces, la Justicia debe investigar a fondo este doloroso hecho. Y lo debe hacer de manera imparcial y objetiva, para arribar a la verdad, y determinar las responsabilidades materiales y políticas de un crimen que se venía anunciando en la región, y que tuvo como continuidad lo sucedido con Rafael Nahuel el 25 de noviembre en Villa Mascardi.

Cuando pasó lo de Santiago, usted volvió al sur, después de haber estado en la represión de enero. Estuvo 7 días, y se entrevistó con miembros de la lof. ¿Qué le contaron?

Luego de haber denunciado -como hecho nuevo- la desaparición de Santiago Andrés Maldonado el 1 de agosto, dentro del expediente de la CIDH, que ya habíamos abierto por la represión del 10 de enero, desde ese episodio, donde también participó Gendarmería con más de 300 efectivos fuertemente armados, nosotros volvimos a la zona de conflicto en varias oportunidades, concretamente tres veces, entre enero y agosto. De hecho, estábamos en Bariloche, trabajando en los informes para la CIDH, cuando en el “puesto Villegas” detienen al Lonko Facundo Jones Huala, el 27 de junio del año pasado, y que hoy continúa ilegalmente preso, y que hace días la Corte Suprema confirmó su extradición a Chile. Estuvimos allí en varias oportunidades, y luego de lo sucedido el 1 de agosto, regresamos dos veces más, y una tercera en febrero de este año. Durante la primera quincena de septiembre nos instalamos nuevamente en la zona para trabajar en la recepción de lo que nosotros llamamos “información sumaria”, que no es otra cosa que la recolección de testimonios brindados en primera persona, “in situ”, en el lugar de los hechos, por los testigos presenciales del caso. Toda esa información recolectada durante esos días fue enviada al organismo de la OEA el 23 de septiembre en lo que denominamos “informe final”. Allí compartíamos el relato de Matías Santana, Soraya Maicoño, Romina Jones, Ariel Garzi, Ailinco Pilquiman y un testigo que aún no había prestado declaración en la causa, que nosotros denominamos “Testigo E” -por esencial-, y estábamos convencidos de que su relato era clave para llegar a la verdad de los hechos. Lo hicimos preservando la identidad de los mismos, como indican los protocolos de testigos protegidos, y arbitrando e instando a que -utilizando todos los medios disponibles- se lograra llevar a este testigo ante el juez, a los fines de declarar en el expediente. Lejos de eso, se lo expuso con nombre y apellido, reproduciendo el contenido textual de su relato, luego de que el Estado filtrara esa información sólo reservada a las partes, entregándole ese documento celosamente custodiado, nada menos que al escriba Claudio Andrade, del diario Clarín. Los testimonios de quienes llegaron al margen del río junto a Maldonado, y que afortunadamente consiguieron cruzarlo, (si no podríamos haber tenido más desaparecidos y muertos) fueron coincidentes en sus relatos y afirmaron haber visto cómo cargaban un bulto dentro de un camión tipo Unimog, a metros de la costa del río.

¿Cómo fue lo sucedido con el testigo E?

La cuestión que primeramente debe aclararse es que no fue Clarín quien lo denominó “testigo E”. Esa manera de llamarlo fue una decisión nuestra, en primera medida, para protegerlo, ya que los protocolos internacionales de testigo de identidad reservada obligan a ello. Incluso también se debe tener especial recaudo respecto del lugar físico donde se recepta el testimonio, cuestión que, por cierto, es más una información sumaria -desde el punto de vista técnico procesal- que un testimonio con las formalidades que los códigos de procedimiento exigen. Quien receptó esa información en el preciso lugar de los hechos fui yo, y siempre respetando esas pautas protocolares. Aquella persona, a quien yo no había visto antes, y que después no volví a ver, estaba con su rostro cubierto. Solicitó expresamente hablar sin mostrar su fisonomía, y me relató detalladamente lo que esa mañana del 1 de agosto le tocó presenciar en la pu lof. Gendarmería estaba intentando despejar la ruta 40, la cual ya se encontraba con media calzada liberada, por lo tanto, la orden del juez Otranto -teóricamente- se había tornado abstracta. Luego vino la represión, los disparos a quemarropa a los integrantes de la lof hasta que finalmente éstos se repliegan dentro del territorio. Gendarmería ingresa, los persiguen hasta las márgenes del río, Santiago Maldonado intenta cruzarlo, es ayudado por esta persona hasta que se torna imposible llegar a la otra costa. Santiago desiste voluntariamente y regresa a la costa de origen. Allí puede observar cómo lo cargan entre tres personas al unimog que habían hecho ingresar hasta el río mismo.

Esa fue la última vez que se ve con vida a Santiago Maldonado y eso -exactamente- fue lo que informamos a la CIDH, solicitando además medidas protectorias en favor de Matías Santana, Ariel Garzi, Soraya Maicoño, Ailinco Pilquiman, Romina Jones y esta persona a quien denominamos “Testigo E”, porque su relato era esencial para el esclarecimiento de los hechos. En ese mismo informe enviado a la OEA el 19 de septiembre, se solicita especialmente también que el organismo arbitre todos los medios necesarios a su alcance a los fines de garantizar la comparecencia de este testigo y los demás que aún no habían declarado ante el juez, brindándole la debida protección a sus personas, ya que la exposición mediática a la que estaban siendo sometidos sus pares mapuche era demencial, y hacía peligrar la vida de estos y la de sus familiares directos.

Nada de eso hizo el Estado. Todo lo contrario. Fue el propio Ministerio del Interior y de Seguridad el que filtró el informe que era sólo reservado a las partes, y se lo facilitó nada menos que a Clarín. Rápidamente, bajo la pluma del pseudo periodista Claudio Andrade, comenzó a montar verdaderas escenas dantescas frente al Caso Maldonado, y -particularmente- frente a la declaración del “Testigo E”, cosa que jamás debió haber trascendido a la prensa, puesto que -como afirmo- era una información sensible, sólo reservada a las partes intervinientes en el expediente de la CIDH.

¿Es verdad que ese testigo ya había ido a declarar ante Otranto pero no fue recibido por el juez?

El día que Otranto ordena adelantar uno de los allanamientos previstos en el territorio recuperado mapuche, estaban citados a declarar tres integrantes de la comunidad. Cuando estos llegaron a Esquel encontraron que en el juzgado no había nadie que receptara esos testimonios. Claro, el juez había dispuesto modificar arbitrariamente y sin comunicación fehaciente a las partes querellantes la fecha de un nuevo rastrillaje que estaba previsto para un día miércoles, y lo llevó adelante un día lunes. Fue aquella famosa mañana en que irrumpieron en la pu lof más de 250 efectivos de Prefectura y Policía Federal, precintaron a tres mapuche, detuvieron a una mujer que fue trasladada a Esquel, y -sin control alguno- caminaron el territorio libre e impunemente durante mas de cinco horas.

Finalizado ese allanamiento, y al no haber podido estar presente la familia de Santiago y su abogada, Sergio Maldonado comunicó a los medios -esa tarde- su preocupación por el temor de que planten el cuerpo de su hermano en cualquier lugar del territorio recuperado. Al finalizar la semana, el propio juez Otranto adelantaría irresponsablemente una opinión a la que -como jefe judicial de la investigación- está vedado. Dijo: “Santiago Maldonado se ahogó en el río Chubut”. Esa fue la última opinión pública del caso que diera antes de ser apartado de la causa. Su trabajo estaba hecho.

¿Es a partir de allí que se inicia una nueva persecución; la que incluye a usted también?

Sí, luego de la extraña aparición del cuerpo de Santiago, sin vida, en los márgenes del río Chubut, aquella mañana del 17 de octubre del año pasado, 200 metros río arriba del punto en donde se detectaron rastros de vida por última vez, y en un sitio que había sido recorrido -al menos- en dos oportunidades en los rastrillajes multitudinarios que Otranto y Ávila encabezaban por ese entonces, el Gobierno nacional, luego del triunfo electoral de las PASO (19 de octubre) se envalentona y comienza una feroz embestida contra la comunidad, los testigos presenciales del caso, las organizaciones de DDHH que acompañábamos el pedido de Justicia, los abogados que interveníamos de uno u otro modo con esta finalidad y fundamentalmente contra la propia familia de la víctima. Nos estaban espiando, siguiendo, escuchando día y noche en cada lugar donde nos movíamos.

No olviden el famoso caso del “Capitán Morgan”, un servicio que se nos infiltró en un hostel donde nos alojábamos con el doctor Cabaleiro -en Esquel- y que -un día después de “acompañarnos” esa noche y “velarnos los sueños”- apareció a la par del abogado de Gendarmería Fernando Soto en varios reportajes ofrecidos en la puerta del juzgado de Otranto.

Luego vinieron las campañas difamatorias en los grandes medios de Buenos Airers. Feinmann, Leuco, Lanata, Majul, Fernando Bravo, etcétera, se transformaron en voceros de la teoría del ahogamiento accidental y de la conspiración kirchnerista para desestabilizar un Gobierno democrático.

Nos agraviaron, nos endilgaron conductas delictivas, nos expusieron alevosamente para -luego de esto- derivar en sendas denuncias por traición a la patria, falso testimonio, falsedad ideológica, estafa procesal, asociación ilícita y usurpación de títulos y honores. Esa causa está abierta y en trámite de investigación. Y que -más que nada- busca aleccionarnos para condicionar nuestro compromiso con los DDHH en la Argentina y con todas las causas que patrocinamos y que tienen que ver con personas y movimientos sociales colectivos que resisten las políticas de ajuste, hambre y represión de este Gobierno nacional.

¿Cómo está la causa actualmente?

Esa denuncia, formulada por la propia ministra Bullrich en febrero, ingresó en la fiscalía de Esquel -o sea, de Silvina Ávila-. Se están llevando adelante medidas probatorias. En gran medida dependía del resultado de las escuchas telefónicas, que el juez Lleral ordenó destruir porque las calificó de escuchas ilegales. Un verdadero espionaje judicial por parte de Otranto a la familia de la víctima y a algunos testigos del caso. Y como la Cámara de Comodoro Rivadavia revirtió eso, ahora se envalentonaron. Es decir que le revocaron el fallo a Lleral, y se las declaró válidas a las escuchas. Este fallo fue apelado, está en Casación Penal de la Nación. Pero es gravísimo, porque le ha dado un visto bueno al espionaje de Otranto en relación a las escuchas. Revocó el fallo, las declaró legales, y por lo tanto se pueden utilizar absolutamente para cualquier cosa.

 

Así las cosas, a trece meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado la causa no sólo no avanza. Hace unos días trascendió que la Procuvin (y también el Ministerio de Seguridad) ocultó un informe sobre lo ocurrido el 1 de agosto en la pu lof, en el que se detallaba el “desmedido, irregular e ilegítimo” operativo de la Gendarmería y se consignaban detalles que contradicen las versiones oficiales, tales como material fílmico, fotográfico y audios de efectivos y vehículos de esa fuerza a la vera del río, la confirmación que desde al menos el día 4 agosto -a tráves una foto sumada al expediente- se sabía de la presencia de Santiago Maldonado en el lugar y otras pruebas que, sin embargo, fueron desestimadas por el juez Otranto (y el actual, Gustavo Lleral), quienes también contaron con la información consignada por la Procuvin, que luego fue apartada de la causa.

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