Hidrógeno Verde: despojo territorial y falso progreso

Con la premisa latente de impulsar el crecimiento de la economía y generar un mayor ingreso de divisas, en los últimos meses el Gobierno salió a promocionar el hidrógeno verde a nivel internacional. Actualmente existen varios proyectos de producción de hidrógeno "limpio" que despiertan el interés de inversionistas extranjeros y avanzan en suelo nacional: en las provincias de Jujuy, Chubut y Tierra del Fuego, por nombrar algunos ejemplos. Pero el proyecto más avanzado es en Río Negro.

A fines de abril de este año, la Legislatura rionegrina declaró de interés público la iniciativa privada, que presentó la firma de origen australiano Fortescue Future Industries S.A, para la realización de todas las obras de infraestructura necesarias para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, con destino exclusivo a la producción del denominado hidrógeno verde y sus derivados. 

El proyecto prevé la concesión de al menos 625 mil hectáreas de “tierras fiscales”, para la instalación de parques eólicos que abastecerán la gran demanda de energía que requerirá la planta de H2V.

Además, en los anexos del acuerdo, se hace referencia a una "Planta industrial" de aproximadamente 650 hectáreas en Punta colorada, Sierra Grande, donde se construirá:

-Una planta desalinizadora que suministre agua a la planta de generación de hidrógeno verde. 

-Una planta de producción de hidrógeno y amoníaco verde, con generadores de nitrógeno y una planta de sintetización de amoníaco.

-Y la "Zona Portuaria" que consta de una playa de descarga de materiales y equipos y un embarcadero.

La misión que se persigue es extraer el hidrógeno para luego envasarlo y exportar vía marítima a través de la creación de una Zona Franca en Sierra Grande. La concesión es por 50 años, con la posibilidad de extenderlo 25 años más, y el inicio de la producción se prevé para 2026. 

A cambio la provincia recibirá un canon inicial de 25 dólares por año por hectárea en producción (tierra afectada a la infraestructura de generación de energía eléctrica), y 1,5 dólares por año por hectárea "retenida" (tierras fiscales para la ejecución en etapas futuras, que no estén siendo utilizadas para la generación de energías de fuentes renovables).

VÍCTIMAS DEL PROGRESO

Este acuerdo del gobierno de Río Negro con la firma Fortescue Future habilita la licitación en forma de concesión de vastas extensiones de tierras, parte del territorio ancestral en la Patagonia, habitado casi en su totalidad por comunidades originarias y pobladores dispersos. 

Orlando Carriqueo, werken (vocero) del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, considera que “los problemas van a venir cuando intenten instalar los parques eólicos y cuando esos parques generen una afectación importante en el territorio. Entregar tierras de esta manera a una empresa extranjera, no es más ni menos que extranjerizar la tierra. Las poblaciones mapuches siempre hemos sido víctimas del ¨progreso´”.

“La empresa -Fortescue- se dedica a la minería, tampoco tenemos seguridad alguna sobre si el día de mañana no pretenderá hacer exploraciones y cateos sobre las tierras cedidas. El negocio es la tierra, y Río Negro se ha dedicado a través de sus gobiernos a hacer desastres con las tierras. Tenemos un montón de conflictos territoriales donde el Estado tiene una posición antimapuche. ¿Por qué? Porque no entienden que las comunidades tienen derecho a vivir ahí, y eso es grave institucionalmente, políticamente, porque habla de un gobierno de tinte autoritario, racista, que desconoce a las comunidades”, dice Carriqueo.  

Hace años que los pueblos originarios le reclaman a la provincia de Río Negro la aplicación de la Ley Nº 2.287 -Tratamiento integral de la situación jurídica, económica y social, individual y colectiva de la población indígena-, la cual reconoce y garantiza la existencia de las comunidades y sus organizaciones, así como el derecho a la autodeterminación dentro del marco constitucional. Las comunidades también denuncian que desde hace más de una década no se hacen relevamientos, ni se cumple la Ley Nº 26.160, sancionada a fines de 2006 supuestamente para dar respuestas a la emergencia territorial y al despojo que padecen sistemáticamente. 

IMPACTOS AMBIENTALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS

A menudo les toca defender como pueden sus hogares frente al atropello de las empresas mineras. En esta ocasión, de ser necesario, los pueblos originarios están dispuestos a denunciar ante los tribunales internacionales los incumplimientos de empresarios y  gobiernos, cuando ingresen a sus territorios sin el consentimiento previo, libre e informado -como establece el convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas- para apostar a la producción de hidrógeno verde, sin la debida consideración sobre el uso y abuso de los recursos naturales y el impacto sobre el ambiente y las poblaciones.

El pueblo mapuche presiente que el conflicto es inminente. En consecuencia las comunidades realizaron una presentación formal ante la Justicia, para que se garantice la protección efectiva de sus derechos. 

“Hay un compromiso de que van a respetar el marco normativo, pero no lo ponen expresamente. Y como siempre, lo hacen a posteriori de aprobar el proyecto”, revela Carriqueo. “La gobernadora dijo que van a hacer audiencia pública y consulta a la población, pero yo descreo porque con el tema minero siete comunidades hemos tenido que presentar un amparo ambiental colectivo con una medida cautelar porque el Estado ya le había dado permiso para los cateos. Cuando fuimos a la conciliación obligatoria, el fiscal y los abogados de minería y medio ambiente dijeron que ellos no estaban obligados a respetar la consulta previa porque se rigen con el Código de Minería y el procedimiento del Código Civil. Fue tan claro, que el juez le preguntó a la abogada: ¿Qué pasa si eventualmente llegan a donde hay una comunidad? ¿Qué hacen? ´No tenemos ningún procedimiento especial previsto´, le respondió…”.

El progreso lo padecen las comunidades originarias, las poblaciones rurales y los territorios. Los bosques. Las sierras. Los glaciares. Los mares. La biodiversidad. La flora y fauna.

Si bien en el Plan Estratégico Hidrógeno Verde Río Negro, se establecía el uso de agua dulce de los ríos Limay y río Negro como "recurso hidrico disponible", lo cierto es que en el Anexo II se estipula la creación de una planta desalinizadora para abastecer la planta productora de H2V. 

Un estudio realizado por científicos del Instituto para el Agua, el Medioambiente y la Salud (UNU-Inweh -organismo de la ONU basado en Canadá-); la Universidad Wageningen (Holanda) y el Instituto Gwangju de Ciencia y Tecnología (Corea del Sur), ha advertido que las plantas desalinizadoras producen un 50 por ciento más de salmuera que lo previamente estimado.

El mismo estudio advierte que la salmuera que se desecha en las plantas desalinizadoras, "aumenta la temperatura del agua del mar y reduce la cantidad de oxígeno en el agua, lo que causa graves daños a la vida acuática". Otros impactos negativos al ambiente se producen por el vertimiento al mar de residuos como el cloro. En paralelo, en el proceso de absorber agua marina para desalinizar mediante mallas filtradoras, muchos animales son succionados y mueren atrapados en las redes. 

Los cóndores andinos, casi extintos, que actualmente habitan la Meseta de Somuncura, en Río Negro, también son víctimas del progreso, ya que es ahí mismo, en el corazón de esta área natural protegida (creada por decreto provincial Nº 356/1986 e incorporada al Régimen Provincial de Áreas Naturales Protegidas, ley provincial Nº 2.669 de 1993) y en plena área de vuelo de estas aves, donde se instalarán masivos parques eólicos para producir hidrógeno verde. Cabe destacar que en la Primera Fase de implementación de la “Guía de Buenas Prácticas para el Desarrollo Eólico en Argentina: Gestión de Impactos en Aves y Murciélagos” -elaborado por la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Nación-, se plantea la necesidad de garantizar la viabilidad de un proyecto al identificar los riesgos propuestos con respecto a la susceptibilidad del hábitat y las comunidades de aves y murciélagos, para poder seleccionar un emplazamiento que evite áreas y especies sensibles, lo que conduce a una reducción significativa de riesgos en las siguientes fases, y finalmente disminuirá los costos del proyecto. 

Cabe destacar que el accionar de Fortescue Future está sujeto a las leyes nacionales, provinciales y municipales que rigen la preservación del ambiente. Especialmente, se prevé la realización de un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para identificar, prevenir o mitigar los efectos que acciones o proyectos públicos o privados puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos naturales, debiendo obtener su aprobación por parte de la autoridad ambiental competente, conforme lo establece la Ley Provincial N° 3266 y, en igual sentido, la Ley General del Ambiente N° 25.675. Ambas normas estipulan que, dentro del procedimiento de EIA, debe llevarse a cabo la etapa de participación ciudadana, a través de una Audiencia Pública; sumado a que, en lo que refiere a las comunidades originarias, no debe omitirse el cumplimiento de lo que recepta la normativa, para la obtención del consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier tipo de proyecto que sea susceptibles de afectarles directamente, de conformidad con la Ley Nacional N° 24.071 -de ratificación del Convenio OIT 169-.

No obstante, para llevar a cabo este proyecto, el Gobierno sólo le pide a la empresa una "Gestión ambiental del proyecto", acompañado de una "caracterización e identificación de los componentes ambientales". También le solicita que asuma el "compromiso" de remover las instalaciones y asumir el costo de remediaciones, reparaciones, modificaciones que la autoridad de aplicación entienda necesarias para devolver las tierras cedidas en uso a las condiciones previas a la ejecución del proyecto. En cambio, el proyecto que se aprobó en la Legislatura de Río Negro pareciera ignorar el derecho a la participación de las poblaciones locales, establecido por la Ley proceso de consulta y el derecho al consentimiento previo, libre e informado a las comunidades originarias; incumpliendo con lo establecido por la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 OIT.

¿LA ENERGÍA DEL FUTURO?

Estamos en presencia de una crisis climática global sin precedentes en la cual se evidencian las responsabilidades y consecuencias del modelo productivo industrial extractivo y el consumo desmedido que perpetúa la civilización. No nos detenemos ante nada. Una y otra vez, día tras día, nos alimentamos de una necesidad constante de materia y energía, de combustibles fósiles y recursos no renovables. 

En lo que parece ser un callejón sin salida, después de tanto daño que le hemos hecho al planeta y a los seres vivos que en él habitat, el hidrógeno verde (H2V) se presenta hoy como “la energía del futuro”, en la búsqueda de un camino posible hacia la descarbonización y la reducción de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

¿Por qué se lo llama hidrógeno verde? Porque es obtenido mediante el uso de fuentes de energías limpias y renovables -como la eólica y solar-, mediante la electrólisis de agua - dulce o desalinizada- (proceso que separa el hidrógeno del oxígeno), y sin la quema de combustibles nocivos. Por eso el hidrógeno verde se postula como la base hacia una transición energética que los países de la Unión Europea, Australia, China, Alemania y EEUU planean llevar adelante en los próximos 30 años. ¿Cómo? Fundamentalmente importando hidrógeno verde producido en otros países, algunos del Sur Global, donde a fin de cuentas quedan los pasivos ambientales.

TRANSICIÓN Y CAMBIO DE MODELO

En Argentina el uso del hidrógeno no es nuevo. Está relacionado principalmente con la industria química (producción de fertilizantes, refinerías de hidrocarburos, industria aceitera) y hasta ahora el hidrógeno más utilizado en el país es del tipo gris (aquel que se produce a partir de gas natural y del cual no se realiza captura de dióxido de carbono, siendo este parte del daño ambiental persistente). En el mercado local de hidrógeno azul o gris se consumen 327,695 MM ton / año principalmente en las industrias petroquímica (85%), química (8%) y refinación (7%).

Fortescue Future, enfocada en la producción de hidrógeno verde en Río Negro, es una firma subsidiaria de la empresa minera australiana Fortescue Metals Group, de la que Andrew Forrest (de los diez empresarios más ricos de su país) es el ex Director Ejecutivo y actual Presidente. Forrest ya conoce el territorio argentino. En noviembre de 2018 adquirió una empresa argentina de exploración, Argentina Minera S.A, obteniendo sus 48 concesiones mineras para explorar cobre en San Juan. Actualmente posee los proyectos de minería de cobre en Calderón - Calderoncito, Rincones de Araya, Vanesa I y II, en la alta cordillera de San Juan, departamento de Calingasta. Inmersos en la faja norte-sur de pórfidos de cobre (de un tamaño dos veces mayor a la mina Veladero, actualmente la más grande de la provincia) que incluye entre otros proyectos a Pachón-Los Pelambres, Altar-Piuquenes y Los Azules, a unos 310 km de la Ciudad de San Juan.

La iniciativa en Río Negro contempla la construcción de una planta generadora de 650 MW en una primera etapa, ampliable a varios GW de potencia en fases posteriores. “Estamos hablando de una planta en una primera etapa de 600 megas, y con potencial para escalar a dos gigawatt y luego a 15 GW”, señaló Agustín Pichot, ex capitán de los Pumas y actual representante de Fortescue en Latinoamérica, al medio EconoJournal. Lo que no dice Pichot, es que toda esa energía generada es de uso exclusivo para la producción de hidrógeno destinado a la exportación.