Disparar aunque cueste una vida
El gobernador Arcioni designó como jefe de la policía provincial a un excomisario condenado por reprimir a una comunidad mapuche tehuelche, a pesar de los señalamientos de pueblos originarios, organizaciones de DDHH y hasta el ministerio de Justicia de Nación.
“Conozco bien su trayectoria”, argumentó Arcioni ante la tímida consulta por su decisión de designar como jefe de la policía provincial a un excomisario condenado por reprimir a una comunidad mapuche tehuelche. “Tuvimos una causa hace 20 años, es una causa que ya está en el olvido”, se defendió César Brandt, que en 2012 recibió una condena de seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación a ejercer cargos públicos por “abuso de autoridad”, fallo que quedó firme en 2014. Pero la comunidad mapuche tehuelche de Vuelta del Río no olvida el accionar de Brandt, jefe del operativo que en 2003 arrasó con las viviendas, la huerta y los animales de quienes viven en este paraje en el noroeste de Chubut, sobre la ruta 40 entre Cholila y Esquel.
“Hoy el gobernador premia al comisario”, afirmó Rogelio Fermín, en entrevista con radioescuela La Namunkurá de Puerto Madryn. El vocero de la comunidad Vuelta del Río revivió aquella violenta jornada: “(de Brandt) sí me acuerdo, era un sábado cuando llegaron, maltrataron a mi madre y padre; intentaron arrear los animales… nos iban sacando del lugar, era soportar ese momento. Brandt estaba a cargo del operativo. Fue un impacto terrible en la comunidad. La policía nos demolió la casa (era precaria, de adobe); rompieron las chapas, tiraron las paredes, cortaron alambres de los corrales, sacaron la instalación de agua, la quinta donde producíamos verdura… el cerco lo usaron de leña para hacer el asado. Éramos 3 contra 25 policías”, puntualizó. A pesar del hecho, el desalojo fue fallido y las familias pudieron rehacer su vida allí.
En 2003, Brandt arrasó con las viviendas, la huerta y los animales de quienes viven en este paraje en el noroeste de Chubut, sobre la ruta 40 entre Cholila y Esquel.
Este violento desalojo, encabezado por Brandt, hoy premiado con la jefatura policial por Arcioni, contó con la pata judicial. El juez que ordenó el procedimiento, José Colabelli, también fue premiado tras ser destituido. “Por el desalojo le hicieron juicio político al juez Colabelli, lo destituyeron… pero después fue reincorporado (por decisión del Superior Tribunal de Justicia en 2010, que le devolvió su cargo como juez penal de Esquel). Hoy está retirado de la justicia. Pero a la comunidad no vino nadie a intentar reparar el daño hecho. Y hoy el gobernador premia al comisario”, expresó Fermín.
A través de un comunicado, el ministerio de Justicia de Nación formalizó las preocupaciones de las comunidades originarias de la zona ante la designación, que no pudieron evitar. “La designación es preocupante”, afirmó Eduardo Hualpa, coordinador de Acceso a la Justicia de dicho ministerio en Patagonia. “El camino es la mesa de diálogo, consultas a pueblos indígenas, respeto para la propia visión de los pueblos”, resumió Hualpa como rumbo alternativo al encarado por la gestión Arcioni. Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), es “inadmisible que el rol de Jefe de Policía sea ocupado por un funcionario que vulneró los derechos de las comunidades indígenas. Su designación resulta una amenaza para la protección de derechos”. Tanto Justicia como comunidades mapuche y organizaciones sociales exigen que se revise la decisión.
Desde la asunción de Arcioni a la gobernación en 2017, los casos de violencia institucional crecieron en una provincia que se destaca por su histórica matriz represiva. Represión a docentes y estatales que se manifestaban por su salario; represión, persecución y judicialización contra vecinos que resisten al avance de la megaminería, sobremanera en diciembre 2021; una pandemia administrada como si fuera una emergencia en Seguridad con el exministro Massoni encarcelando a trabajadores de Salud, comerciantes, abogados, gente de a pie con la excusa de violar el aislamiento social (incluso una policía de Puerto Madryn fue condenada por vejaciones durante la cuarentena); requisas abusivas contra jóvenes en la vía pública; estigmatización a pueblos originarios; militarización de la zona afectada por los incendios de 2020; ejecución de un vecino de Las Golondrinas en un operativo ilegal del GEOP en su propia casa y denuncias por manipulación de la escena del crimen; nulos resultados en la (no) investigación de Gastón León, joven desaparecido desde 2018 en Puerto Madryn; escandalosas capacitaciones al personal policial; son sólo algunos hechos de una larga lista que (casi) siempre queda impune.
Desde la asunción de Arcioni a la gobernación en 2017, los casos de violencia institucional crecieron en una provincia que se destaca por su histórica matriz represiva.
Hasta el cierre de esta publicación, ningún partido político de la provincia se había pronunciado en contra de la designación de Brandt. En Chubut, la violencia policial es política de Estado.
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