El 9 de septiembre es la fecha elegida para visibilizar las muertes evitables que suceden en los lugares de trabajo. Según el informe 2020 del espacio Basta de Asesinatos Laborales, hubo 1295 casos que no fueron noticia. Hoy movilizaron a Tribunales para que esas muertes no queden impunes.
Aunque no figura entre las efemérides de la CGT ni es merecedor de palabras del ministro de Trabajo, el 9 de septiembre es un dÃa simbólico para la clase trabajadora en Argentina. Se ha fijado –a la fuerza, con dolor, por urgencia– como la fecha de visibilización de los Asesinatos Laborales. Muertes silenciadas de personas que perdieron la vida por condiciones inseguras en su lugar de trabajo. O sea, fueron a ganarse el pan… y no volvieron a sus hogares. Hubo 1295 casos solamente el año pasado.
Fue el 9 de septiembre de 2016 cuando murió David Ramallo, mientras realizaba tareas en un taller de la LÃnea 60. Eva lloró a su hijo: “En ese momento no sabÃa ni mi nombre, tenÃa muchÃsimo dolor”. Pero se propuso visibilizar el caso con la ayuda de los compañeros de David. Y entonces descubrieron otros dos nombres: Diego Soraire (trabajador del INTA) y Richard Alcaraz (obrero de la construcción). Los tres muertos, en el trabajo, el mismo dÃa. Asà nació el espacio que le pone nombre a estas pérdidas: Basta de Asesinatos Laborales (BAL).
Comenzaron a juntarse (“al principio éramos cinco en una plaza”, dice Eva), a buscar información, a conectar a las familias. El primer informe, presentado en 2019, arrojó 375 asesinatos laborales registrados el año previo; una persona fallecida cada 20 horas por ir a trabajar a un lugar inseguro.
En 2020, pandemia mediante, se presentó el tercer informe de BAL. Santiago Menconi, delegado de la 60 y activista en BAL, decÃa entonces: “En los relevamientos anteriores nos encontramos con que en Argentina fallecÃa un trabajador cada 14 horas en promedio, oscilando entre 300 y 500 casos. Este año dimos un salto negativamente cuantitativo de 1295 casos”. De ese total, 985 muertes fueron por COVID-19.
Un trabajo de (in)seguridad
La lista de empresas que participaron en los asesinatos laborales la encabezó Murata, que brinda servicios de seguridad. Nueve muertos tuvo. Uno de ellos, Miguel Olmedo (64 años, enfermedad coronaria de base, a punto de jubilarse), habÃa pedido licencia paga según las disposiciones gubernamentales por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Le reconocieron apenas 14 dÃas, le descontaron dinero del sueldo y lo desplazaron a cumplir tareas a una “zona roja” al comienzo de la pandemia: la Villa 31 de Retiro. “Murió unos pocos dÃas después de Ramona”, dice Nidia, su hija, uniendo la pérdida de Miguel con la de la cocinera de un comedor popular del barrio.
Miguel quedó internado el 15 de mayo y falleció el 28. Nidia dice que apenas pudo despedirse de él cuando pidió reconocer el cuerpo. “Buscando en las redes para pedir justicia nos encontramos con BAL”, relata. En ese espacio conocieron otro caso de asesinato laboral en Murata: el de MartÃn Pino, muerto en 2018. Y también conocieron a Eva.
La polÃtica de la calle
Hoy estuvieron juntas en la calle, Nidia y Eva. Movilizaron con otras decenas de personas a Tribunales para visibilizar tantas muertes silenciadas y muchas veces impunes. En la causa por la muerte de David Ramallo, el fiscal Marcelo Retes (denunciado por atender sus tareas, en plena crisis sanitaria, desde una oficina en Arkansas, EE.UU.) basó su investigación en una pericia que acusaba al trabajador por negligencia.
Gracias al empuje de Eva y la Comisión Interna de la 60, el juez Manuel Gorostiaga decidió convocar a los testigos propuestos por la querella familiar (y descartados por el fiscal), testimonios clave para desnudar que se trató de una muerte evitable.
Sobre la investigación por la muerte de Miguel Olmedo, su hija dice: “Nosotros presentamos pruebas y testigos a la causa. Y cuando convocaron al Ministerio de Justicia, se dijo incompetente para intervenir en el caso. Vamos a seguir luchando hasta que haya justicia”. Nidia y Vanesa, hijas de Miguel, fueron hoy a Tribunales; su mamá quedó en casa por cuidados de salud.
¿Cómo es posible que una sola empresa, Murata, haya tenido nueve muertes en pocos meses? “Tiene la protección del Gobierno de la Ciudad, que terceriza las tareas de seguridad”, dice Nidia. La familia creó una página de Facebook para que la muerte de su papá no quede en el olvido. También están juntando firmas para reclamar "Basta de muertes en Murata".
“Yo no podrÃa haber llegado hasta acá sola”, dice Eva, quien una vez más, como cada 9 de septiembre, le puso el cuerpo a una lucha que es colectiva y se multiplica, como también se multiplican los asesinatos laborales. Aunque no sean efeméride de la CGT ni tema de interés para el Ministerio de Trabajo.
Algunos trabajos dignifican y otros matan
Se produce un asesinato laboral cada 20 horas. Historias de trabajadores y trabajadoras que perdieron la vida por responsabilidad de los empleadores, ausencia del Estado y complicidad de las burocracias sindicales.
La Esperanza: negligencia, falta de control y negociados
La explosión en el ingenio azucarero de San Pedro, Jujuy, causó al menos 12 muertos. Hay trabajadores desaparecidos y muchos heridos. Las inversiones que nunca llegaron y las advertencias sobre desperfectos que hicieron operarios en las semanas previas. Una responsabilidad compartida entre la empresa y el gobierno jujeño.
Un sábado sin David Ramallo y sin justicia
El asesinato laboral del técnico electricista de la LÃnea 60, David Ramallo quedó impune. Este sábado, su madre Eva Puente se acercó a la cabecera en Barracas para compartir su dolor y mantener vivo el legado de su hijo.