La silla vacía de las infancias porteñas

Señales desatendidas

La comunidad docente de la escuela explicó que la niña presentaba una clara vulnerabilidad de derechos debido a la precaria condición social de su familia. Por eso desde 2017, cuando comenzó Primer Grado, se pidió la intervención del Equipo de Orientación Escolar (EOE), una instancia de asistencia para estudiantes primarios que padecen diferentes dificultades.

Durante 2018 y 2019 se presentó un certificado médico que indicaba que M., dado su peso, necesitaba de un refuerzo hipercalórico de vianda escolar. Dicho refuerzo no se le otorgó. Recién en 2020, el EOE derivó su situación y solicitó la intervención a la Defensoría zonal de la ciudad. Esa solicitud se reiteró en 2021 y se actualizó en 2022, pero hasta el momento a la escuela nunca se le informó si hubo alguna intervención de dicho organismo. 

La muerte de la niña en el distrito más rico del país despertó el enojo de agrupaciones docentes contra el Gobierno de la Ciudad. Si bien la Fiscalía está investigando el fallecimiento de M. y la autopsia determinó que su estado de nutrición era “regular”, y que su deceso se produjo por una neumopatía bilateral, los reiterados pedidos de ayuda a la Defensoría se hicieron sin recibir respuesta. 

Tras la el fallecimiento de M., la escuela decretó duelo el martes. El miércoles los docentes hicieron una jornada de reflexión y, hoy, un jueves frío, las puertas volvieron abrirse. Las maestras tienen una difícil tarea: volver a encontrarse con los compañeros de la menor y explicarles qué pasó. Encerrada entre fábricas y depósitos, la calle Lafayette de Barracas luce desoladora. El colegio parece un fuerte: los balbuceos de algunos cursos apenas se oyen desde las ventanas. En la entrada, una mujer con guardapolvo blanco, y que prefiere no dar su nombre, llora al acordarse de M. “Todos la conocíamos. Era muy buenita”, cuenta.

“Acá lo que falló fue el Estado”, dice Aylén Galente, docente de la escuela y maestra de M. en años anteriores. “El Gobierno burocratiza cada vez más. Los casos como el de M. se pierden en papeleos interminables y no permite que les docentes intervengamos”, señala. Al estar a pocas cuadras de la villa 21-24, la escuela adquirió una fuerte impronta social con los estudiantes y sus familias. Esto hizo que trabajen con distintas organizaciones tejiendo redes de contención en los diferentes cursos.

Sin embargo, las trabas permanentes del Gobierno porteño a la comunidad educativa dificultan que se actúe con eficacia. “Les trabajadores no podemos accionar como debemos. Eso hace que los eslabones vayan perdiendo humanidad”, vuelve Ailén. “La escuela hizo todo lo que pudo, el EOE también. La Defensoría está colmada de estos casos. Hoy, después de dos años de informar lo de M., no tuvimos una respuesta”. 

Yael Casella trabaja en un EOE. Dada la falta de presencia del Gobierno en los sectores más vulnerables, asegura que “tienen cada vez más solicitudes de intervenciones en niños de diferentes escuelas”. “Hay un sistema educativo colapsado”, señala Casella. “También fallan otros dispositivos, como el de salud, dado que la ambulancia del SAME nunca llegó. La falta de subsidios hace que la falla sea transversal a las estructuras básica de contención de los niños”.

Las organizaciones sociales también mostraron su repudio. Carlos Desages es integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la 21-24. “La calidad de lo que consumen los chicos en las escuelas ha decaído. Es deplorable”, cuenta. “Las políticas tienen que ser en función de las necesidades y no de un presupuesto. En la pandemia, si no fuera por las trabajadoras de los comederos y merenderos, hubieran perecido muchos niños”, agrega.

En cuanto a la responsabilidad de lo ocurrido, Carlos destaca que “fallamos todos, pero el Estado es el que tiene la obligación de garantizar la salud de todos los niños al estar suscripto a tratados internacionales”. 

Los números flacos de la Ciudad

Más de la mitad de los pobres de la Ciudad de Buenos Aires son niños, niñas y jóvenes que tienen menos de 29 años, según datos de la Dirección de Estadísticas y Censos del distrito del año 2020. Esto equivale a 410.000 personas, es decir, el 54,2% de los 767 mil pobres. Los más afectados por esta realidad son los menores de 14 años, que representan el 37,7% o, dicho de otra manera, 4 de cada 10 chicos y chicas.

Gregoria Segovia dirige el comedor "Trencito de Vida’", donde la familia de M. asistía todos los días. El lunes, una de las hermanas de fue a buscar alimentos. Le extrañó no ver a M: “Fue un golpe muy duro cuando me enteré. La conozco desde chica. A ella y sus hermanas”.

Gregoria es paraguaya y fundó el comedor hace más de 30 años, cuando llegó al país. Hoy, junto a otras personas, cocina almuerzos para 255 personas de todo el barrio. “La calidad de lo que el Gobierno manda bajó mucho. La leche, por ejemplo”, dice y levanta un paquete de leche en polvo marca Richard. “Antes nos mandaban primeras marcas. La gente a veces nos rechaza lo que tenemos por el gusto”, explica.

En cuanto a lo sucedido con M., la integrante del comedor asegura que faltan “más profesionales” para controlar a los chicos en lugares como el suyo. “Antes venían nutricionistas y los pesaban acá adentro, pero esto se terminó. Me gustaría que vengan más médicos para que los revisen”. 

La comunidad docente y las organizaciones sociales marcharán el lunes 22 de agosto a la Jefatura de Gobierno en reclamo de justicia. Hasta el momento, el alcalde de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, no se manifestó al respecto. Posiblemente, para él, M. solo sea otra silla vacía entre las infancias porteñas.