La disputa por Costa Salguero es apenas una muestra de los negocios inmobiliarios impulsados por Horacio Rodríguez Larreta en la ribera porteña. La marginación urbana ya no es entre Norte y Sur, sino entre Este y Oeste.
Bienvenidxs a Buenos Aires, la ciudad de la tierra ociosa y el hacinamiento. De los complejos de edificios con gimnasio y piscina y las villas sin servicios esenciales.
La Ciudad donde la oligarquía del cemento dicta las reglas y el Gobierno, la justicia y los legisladores, acatan.
Donde por un puñado de dólares podés comprarte normativa urbanística para tu negocio inmobiliario.
Donde el Plan Procrear, el principal programa de acceso a la vivienda en el país, lo maneja Eduardo Elsztain, el mayor terrateniente de la Ciudad, a través del Banco Hipotecario.
La Ciudad donde, en el año de la pandemia y las necesidades insatisfechas, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta presentó más proyectos vinculados a los negocios inmobiliarios que a la suma de iniciativas sobre salud, educación y ayuda económica.
Donde en los últimos doce años se privatizaron 473 hectáreas de tierra pública mientras decenas de escuelas públicas alquilan sus predios.
La Ciudad que considera “innecesarios” los inmuebles del Estado y los subasta con gente adentro.
Donde uno de cada tres habitantes alquila y uno de cada siete vive en una villa, mientras el 72% de los departamentos de Puerto Madero están completamente vacíos.
Donde el ladrillo sirve para especular, mientras lxs laburantes necesitan 324 sueldos para comprar un departamento.
La Ciudad que, como parte del diseño urbano con el sello del PRO, pretende vender Costa Salguero para que la especulación inmobiliaria se apropie de toda la Costanera y extienda Puerto Madero hacia el norte y el sur.
Una de las consecuencias de este plan será una nueva forma de desigualdad socio-espacial. Según Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la dicotomía ya no es entre el Norte y el Sur, sino que ahora se da entre el Este (con un sector ribereño exclusivo para ricos) y el Oeste (donde vive el 90% de lxs porteñxs, con todos los servicios públicos colapsados).
En la nueva Ciudad, la mayoría de la población –amontonada y expulsada de sus barrios por el negocio inmobiliario– es quien defiende y pelea cada centímetro de espacio verde y cada bocanada de (buen) aire.
Pasen y vean los negocios que se cocinan entre el Ejecutivo porteño y la Legislatura.
Bienvenidxs a Buenos Aires, la ciudad del río y de la plata.
El Barrio Náutico (Costa Salguero)
En 2021 se termina la concesión de Costa Salguero y de Punta Carrasco, íconos del menemismo ubicados en una zona donde el metro cuadrado ronda los U$S 9.000. Todo indicaba que ambos predios pasarían a formar parte de un gran parque público para lxs porteñxs, tal como lo indican los artículos 8 y 27 de la Constitución de la Ciudad y también su Plan Urbano Ambiental.
Sin embargo, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta tiene planes diametralmente opuestos: impulsa la creación de un barrio náutico de más de 7 hectáreas, con bloques de edificios de hasta 10 pisos, helipuerto y espacio para amarrar veleros.
El Gobierno porteño ya comenzó a proyectar el Colector Cloacal Norte para abastecer de servicios sanitarios a los futuros emprendimientos inmobiliarios que se construirán sobre las tierras públicas vendidas y qué sólo serán accesibles para el 5% de la población porteña. En contrapartida, el 15% de la población que vive en las villas de la Ciudad sigue sin acceder formalmente al agua potable, al saneamiento cloacal, a los tendidos eléctricos seguros y a la conectividad.
La audiencia pública donde debe discutirse el destino de ambos predios tuvo un récord de inscripciones (más de 7.000 personas y organizaciones), en lo que pareciera ser un palo en la rueda para las intenciones inmobiliarias del jefe de Gobierno. La visibilidad de este asunto deja en claro que no hay licencia social para la privatización encubierta del río y que la Ciudad debería ser planificada en función de quienes la habitan.
El negocio de las oficinas (Catalinas Norte II)
Durante la presidencia de Mauricio Macri se autorizó la privatización de aproximadamente 28 hectáreas de tierras públicas ubicadas en la Ciudad a través de decretos sin autorización del Congreso Nacional. Las ventas no sólo fueron inconstitucionales, sino que además fueron una estafa a las arcas públicas. Según un informe de la Oficina Anticorrupción realizado este año, se detectó que por la venta de 17 inmuebles a un precio menor al establecido por el Tribunal de Tasación, el Estado Nacional perdió casi 75 millones de dólares.
Dentro de los inmuebles subastados estuvo el denominado Catalinas Norte II, un predio de más de 9 hectáreas (91.337 m2) ubicado en la Dársena Norte de Puerto Madero, donde se prevé construir 174.000 m2 de oficinas premium.
Para su venta, el Gobierno dividió el terreno en lotes que se los repartieron entre las únicas tres empresas que se presentaron a las subastas:
*Consultatio SA, de Eduardo Constantini, que aportó 850.000 pesos a la campaña de Macri.
*TGLT, el conglomerado que absorbió a Caputo SA, la constructora de Nicolás "Nicky" Caputo, el "amigo del alma" del ex Presidente.
*Fideicomiso BAP, que maneja un fondo encabezado por EdmondSafra, dueño del Banco Safra en el que Gianfranco Macri (uno de los hermanos de Mauricio) tenía el dinero no declarado que luego blanqueó en 2016.
Las subastas fueron una puesta en escena: en la mayoría hubo un solo oferente y en ninguna existió una puja entre los participantes, que terminaron quedándose con las parcelas al precio de base. Por eso la OA señaló una cartelización de las tres empresas que resultó en una pérdida de U$S 52 millones respecto del valor del mercado, y denunció penalmente a Macri, el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Un Nordelta en la Ciudad (Solares de Santa María)
Solares de Santa María pretende algo inédito: ser el primer barrio cerrado de la Ciudad. En el predio de 70 hectáreas, ubicado en la Costanera Sur, por lo menos 50 serán inaccesibles al público. Allí se prevé la construcción 11 torres de 160 m de altura (52 pisos), un lago para embarcaciones con canales de acceso al Río de la Plata y hasta una zona privada de pesca.
El proyecto, que carece de estudio de impacto ambiental, modifica áreas costeras y tiene consecuencias profundas en el ambiente, ya que habilita canales de acceso al río y autoriza obras en el canal de la Reserva Ecológica que incluyen la colocación de compuertas que elevan el nivel del agua.
Con una inversión que ronda los U$S 1.500 millones, es el proyecto más ambicioso que tiene IRSA, la corporación inmobiliaria más grande del país y el mayor terrateniente urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
Para concretarse, necesita que la Legislatura le otorgue a este terreno la zonificación que la empresa desea. En la última década ya tuvo tres intentos fallidos, pero todo indica que la ley se acomodará a sus necesidades antes que termine 2020. Al menos, ése fue el compromiso del alcalde porteño.
Un diseño urbano a la carta
En la Ciudad de Buenos Aires, la planificación urbana la definen los desarrolladores inmobiliarios.
Ejemplo 1. El FunRoom, el Kids Place, la zona Gourmet & Wine, TheFire Place... El proyecto Link Towers, dos torres de 33 pisos en el corazón de Puerto Madero, se presenta así: exclusivo y excluyente. La obra, próxima a inaugurar una de sus torres, se erige en un terreno del Dique 1 del barrio más caro de la ciudad.
Como la ley no permitía construir un proyecto de estas dimensiones en el Dique 1, los funcionarios de Interpretación Urbanística, Obras y Catastro del Gobierno porteño “interpretaron” el Código de Planeamiento Urbano para adaptarlo justo como necesitaba este exclusivo emprendimiento. Una muestra más de una vieja costumbre de la administración macrista-larretista: la Ciudad diseñada a la medida del capital.
Ejemplo 2. Faltaban pocos minutos para que terminara la sesión legislativa cuando Diego García Vilas, presidente del bloque Vamos Juntos, solicitó el tratamiento de un expediente que no estaba incluido en el temario. El proyecto, presentado por el jefe de Gobierno, proponía un “convenio urbanístico” demasiado parecido a una coima: cambiar metros cuadrados por dólares.
Así, un lote de Puerto Madero (ubicado en Juana Manso 350) donde por ley se puede construir hasta 30 metros de altura, podrá elevarse hasta los 140 metros, previo pago de 2,5 millones de dólares. Mejor no ser mal pensados: el dinero recaudado, deja en claro el proyecto votado, “será destinado a gastos erogados como consecuencia de la Emergencia Sanitaria con motivo del coronavirus y de la Emergencia Económica y Financiera”.
"Va a estar bueno Buenos Aires", decía una frase de campaña que sigue dando vueltas por las callecitas porteñas.
“La Ciudad está capturada por el poder inmobiliario”
Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, pone el foco en la Legislatura porteña, donde se aprobaron a fin de año cuatro proyectos para construir torres y edificios en la Costanera y otros barrios, pese a la falta de espacios verdes y el rechazo de una sociedad que se organiza y resiste.
Más torres, menos vista al río
El poder inmobiliario avanza sobre Buenos Aires. Hay vigentes más de cien convenios urbanísticos para construir megatorres que podrían generar impactos sociales y ambientales en barrios de casas bajas y alto valor histórico. La Costanera, cada vez más exclusiva.
¿Playas públicas o propiedad privada?
En Comodoro Rivadavia tres estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPSJB) fueron detenidos mientras realizaban un trabajo audiovisual en una playa pública de la zona Chacras del Faro, territorio que reclama como propio el terrateniente Reinaldo Van Domselaar. ¿Qué defiende la policía, la Justicia y los medios de comunicación?