La segunda muerte de Ramón Carrillo

Cuando se convirtió en 1949 en el primer ministro de Salud de la historia argentina, Ramón Carrillo ya sabía que la clave para construir un sistema sanitario era la prevención. “La medicina moderna tiende a ocuparse de la salud y de los sanos y el objetivo principal es ya no curar al enfermo sino evitar estar enfermo”, sostuvo en una de sus primeros discursos como funcionario, en días que el peronismo iniciaba una transformación que todavía hoy está en discusión. Había pasado medio siglo, y el país no tenía un sistema integrado de salud, aunque si dos ministerios de guerra. En poco tiempo, Carrillo construyó las bases con las que hoy todavía se sostiene la atención sanitaria, un modelo que se apoya en la intervención estatal, y que garantiza la atención gratuita como un derecho (incluido en la reforma constitucional de 1994). Este sueño del sanitarista puede cambiar drásticamente el año que viene, cuando el gobierno de Mauricio Macri ponga en marcha la Cobertura Universal de Salud (CUS), el plan recomendado por el Banco Mundial que busca atender a los 15 millones de argentinos que están por fuera de la seguridad social, y hoy asisten al sistema estatal. La puesta en marcha, recientemente acordada con los gremios de la CGT, implica un cambio de paradigma, una transformación en la raíz del sistema que Carrillo soñó. Los especialistas advierten que al limitar las prestaciones, y abrir el juego al sistema de aseguramientos, se permite una “virtual privatización” de la salud, que en otros países –como Colombia o México –generó enormes falencias a la hora de atender la salud de los más humildes.

Según informó el Ministerio de Salud, la CUS se pondrá en marcha el año que viene, con el apoyo de los sindicatos, que a través de sus obras sociales pondrán millonarios fondos para su funcionamiento. Pero hay dudas sobre cómo se sostendrá la atención en el tiempo, por lo que se formaron grupos que rechazan la reforma.

Cambio de paradigma

En agosto de 2016 Macri anunció la puesta en marcha del CUS, y un año después terminó de acordar con los gremios de la CGT su implementación. Pensada para todo el país, este año se iniciará un plan piloto en la localidad mendocina de Guaymallén, y en 2018 se lanzará a nivel nacional. Las provincias deben adherirse, y hasta ahora lo hicieron en total unos 14 gobiernos. Para su lanzamiento, las obras sociales sindicales aportarán unos 8 mil millones de pesos para el inicio de la CUS, según se confirmó en la primera reunión de la Unidad Ejecutora, a fines de septiembre.

“La cobertura universal existe en la Argentina desde la época de Ramón Carrillo, esto que está haciendo el gobierno no es ni cobertura, ni universal ni de salud”, afirmó Jorge Rachid, médico sanitarista especialista en seguridad social y salud pública. Para Rachid, la cobertura “es un sello de pobreza en la frente”. “El CUS identifica un universo de 15 millones de personas que se atienden en el sistema público hospitalario, a quienes le darán un carnet, con ese se van a atender en todos  lados, pero este carnet no tiene Programa Médico Obligatorio, tiene Programa Medico Mínimo, que incluye una serie de prestaciones”, alertó el especialista.

Para Rachid, el CUS “es un cambio de paradigma, que va a un sistema de aseguramiento, de privatización, es el principio del vaciamiento de la seguridad social”. “El CUS significa que se abandonan los planes de prevención, el apuntalamiento de la salud, que es el verdadero planteo que tenemos los sanitaristas, porque en realidad lo que da dinero es la cronificación, las enfermedades. El sistema nos necesita enfermos, nunca sanos, nunca muertos, porque así no le damos dinero”, insistió el especialista.

Lejos de las críticas, desde el gobierno insisten con los beneficios del plan. “Esto es universalizar el sistema de salud, para que llegue a todos”, dijo Jorge Lemus en la presentación de la prueba piloto, en Mendoza, donde se comenzará a atender a unas 120 mil personas.

Críticas e interrogantes

Uno de los interrogantes que plantea el CUS es el financiamiento de las prestaciones que brindará, ya que los fondos de 8 mil millones de pesos aportados por el acuerdo con la CGT son para su puesta en marcha, pero no para su ejecución. Ese es uno de los temas que preocupa a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), que junto a sus gremios y organizaciones sanitarias formó la multisectorial No al CUS, que busca que las provincias que no adhirieron al plan –entre ellas Buenos Aires y Santa Fe –no lo hagan. “Hay que aclarar que todavía la CUS es una estrategia, la plata para el seguro no está”, afirmó Jorge Yabkowski, titular de la Fesprosa. El dirigente remarcó que “un seguro sanitario implica tres condiciones: una población nominalizada, una canasta de prestaciones y una financiación por una cápita, que tiene que poner alguien. Bueno, esa plata no está en el presupuesto nacional, no está en ningún lado. Los ministros dicen ‘ya vamos a ver’, pero los fondos no aparecen”.

En este sentido, por el momento el CUS no tiene asignados fondos en el proyecto de Presupuesto 2018, según confirmó a este medio Fernando Corsiglia, titular de CICOP, el gremio médico bonaerense que forma parte de la Fesprosa. Por el momento, esos 8 mil millones son los únicos seguros, lo que asigna unos 534 pesos anuales por paciente asegurado. “Son cifras insignificantes, tal vez esa es la estrategia oficial, brindar atención con esos números, lo cual será un gran problema”, agregó Corsiglia que recordó que sólo el presupuesto en salud en la provincia son unos 29 mil millones de pesos. La información oficial marca que la CUS utilizará mil millones de pesos en tres años para prestaciones, que distribuido en los 15 millones de pacientes no supera los 23 pesos.

Además, otro problema es la legalidad de utilizar los fondos de las obras sociales sindicales para financiar el plan. Es que según subrayó Rachid, “esta transferencia merecerá más adelante un juicio incluso penal, por inconstitucionalidad, porque esos fondos que la CGT entrega alegremente tienen como destino la atención de los trabajadores aportantes, no puede tocarse ni malversarse, menos enviarse a un fideicomiso. Es una barbaridad”.  Según la mirada de Rachid, para financiar la CUS lo que se puede generar es un “sistemas de prepagos”, que van a operar directamente sobre el plan. “Seguramente en su función de controlar las metas de inflación, el gobierno tratará de poner el menos dinero posible, empezando a ceder áreas de la seguridad social al sector privado de la salud”, alertó.

Malos antecedentes

Como una imposición del Banco Mundial, el FMI y con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la CUS tiene varios antecedentes en la región, pero dos ejemplos marcan los límites y las distorsiones que se generan en su aplicación. Se trata de lo que sucede en Colombia con la Cobertura Universal de Salud y en México con el Seguro Popular. El primero lleva 20 años de vigencia, y es el espejo más claro donde se reflejan las inequidades del sistema, mientras el mexicano se puso en vigencia en la presidencia de Vicente Fox, con resultados dispares.

“En Colombia el CUS generó en el sector salud un proceso de judicialización, el mayor de la historia. En ese país para operarse del apéndice hay que ir a la Justicia a pedir un amparo”, graficó Rachid. El paquete básico de prestaciones incluye cuatro consultas a especialistas por año, un número limitado de placas radiográficas, una resonancia magnética cada 18 meses y el descuento del 40 por ciento en la compra de medicamentos, entre otras cuestiones. “Todo lo que exceda esto, es facturado y pagado por el paciente a precio hospitalario. Una característica más grave es que sin turno, el paciente se puede atender en la clínica privada, empezando a desviar recursos de la seguridad social, hacia los sectores privados de la salud”, completó.

En el caso mexicano, Gustavo Leal Fernández, integrante del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera su puesta en marcha “el último eslabón de una cadena de reformas fallidas”, que comenzaron a principios de la década del ’80, y que atentaron “contra el federalismo” del sistema sanitario de ese país.  

La clave de los alcances de la CUS se verá cuando se consolide el paquete de prestaciones, que hoy no está claro ni confirmado. Esa será tarea de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), un proyecto del oficialismo trabado en el Senado, que completa la transformación del sistema sanitario argentino, que rápidamente abandona a Ramón Carrillo para subirse a la ola aseguradora del Banco Mundial.