“Las modificaciones que proponen a la Ley Micaela es lo mismo que derogarla”

por Estefanía Santoro
10 de enero de 2024

A cuatro años de la promulgación de la Ley Micaela, un avance legislativo que tiene como objetivo capacitar en perspectiva de género a funcionarixs y trabajadorxs del Estado, el Gobierno plantea modificaciones que ponen en peligro la vigencia de esta ley. Hablamos con Néstor García, papá de Micaela. 

“La Negra”, como ella se presentaba cuando la conocían y como le decían sus amigxs y compañerxs de militancia, hacía danza desde los cinco años. Tiempo después comenzó a incursionar en la gimnasia aeróbica deportiva y a los 14 años ganó su primer campeonato nacional. Se llevó el triunfo de varios panamericanos y clasificó en dos mundiales hasta que se encontró con la militancia que la enamoró. Dejó de entrenar para poder dedicarle más tiempo a su compromiso con los pibes y las pibas de los barrios. 

A los 21 Mica cursaba el profesorado de Educación Física en Gualeguaychú (Entre Ríos), ciudad donde vivía. Como muchas jóvenes de su edad, abrazaba la defensa de los derechos humanos y los feminismos; militaba en el Movimiento Evita.

El 1° de abril de 2017 Micaela García salió a divertirse a un boliche con amigas. A la salida del boliche, durante la madrugada de ese  1°de abril fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual. Wagner cumplía una condena de nueve años de prisión por la violación de dos mujeres, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.

La lucha por justicia de la mamá de Micaela, Andrea Lescano, y su papá, Néstor “Yuyo” García, así como el impacto social que generó el caso, expusieron la carencia en perspectiva de género en los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a trabajadorxs y funcionarixs. 

Después del femicidio de Mica, Néstor y Andrea -junto a amigxs y familiares- crearon la fundación Micaela Garcia “La Negra”, espacio desde el cual realizan capacitaciones de género a organizaciones, articulan con el Estado y con asociaciones a nivel nacional que trabajan en la temática, también acompañan a personas que atravesaron una situación de violencia de género, realizan un seguimiento de los casos y las ponen en contacto con profesionales para brindarle asistencia. 

Foto: Télam / Raúl Ferrari.

"Las personas -cuenta Néstor- a veces solo necesitan confiar y saber que alguien está al tanto de la situación, por si les sucede algo más grave; otras veces hay que acompañar con una asesoría legal o con profesionales en salud mental. Vamos viendo cuál es la necesidad concreta de cada persona y ahí buscamos qué asistencia hay en el lugar donde viven. Ya llevamos ocho cohortes de las primeras capacitaciones de las que participaron organizaciones gremiales, ONGs, organismos del Estado, facultades y municipios".

La fundación brinda además talleres de peluquería, costura, tejido y nutrición, cursos de orientación vocacional, ayuda primaria, secundaria, terciaria y clases de inglés, como herramienta laboral para personas que sufrieron violencia de género y no cuentan con independencia económica. 

El resultado de todos esos años de trabajo fue la sanción de la norma 27.499 “Ley Micaela”, promulgada el 10 de enero de 2019. Esta normativa obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

–¿Cómo surgió la idea de la ley Micaela? 

-La ley Micaela fue una idea de la abogada Flora Acselrad que había sido secretaria de Carmen Argibay, cuando se desempeñaba como ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ambas trataban cuestiones de género. Durante la semana que buscamos a Micaela, el tiempo que estuvo desaparecida, Flora recordó un montón de conversaciones que tuvo con Carmen y cuando se encontró a Micaela, el sábado ocho de abril a la tardecita, ella creó un proyecto de capacitación obligatoria en los derechos de la mujer y la temática de género para todas las personas que trabajan en el Estado, entendiendo que el femicidio de Micaela se podría haber evitado y que dejó en evidencia la falta de perspectiva de género que existía en ese ámbito. 

En la mayoría de los femicidios se visibiliza un Estado que no da respuesta, como lo demostró el juez Carlos Alfredo Rossi, al darle la libertad condicional a Sebastián Wagner, a pesar de que el informe psicológico del servicio penitenciario de la provincia desaconsejaba esa libertad. El día anterior al femicidio de Micaela, en dos oficinas de la Justicia y en la policía no se le tomó una denuncia al papá de una chica de 13 años que Sebastián Wagner intentó violar porque la jueza no estaba en la ciudad. Le dijeron que vuelva la semana siguiente para hacer la denuncia. Wagner estaba cumpliendo condena por violación, por lo tanto, se debería haber actuado de otra manera. 

Nosotros influimos sobre las personas que integraban las comisiones de la Cámara de Diputados para que trataran el proyecto y una vez que salió la ley, la Fundación se dedicó con mucho esfuerzo, primero a que las provincias adhieran y segundo a que se implementara de una manera que intentara cambiar la realidad. Y eso es lo que estamos haciendo hasta el día de hoy.

La importancia de la ley

La Ley Micaela representó una forma de reparación no punitiva para la familia de Micaela, pero además una política pública que promueve un cambio cultural, cuyo principal objetivo es prevenir y erradicar la violencia machista, los femicidios y transfemicidios a través de la capacitación y la concientización de dicha problemática. Una herramienta fundamental que genera acciones concretas para alcanzar una sociedad libre de violencias y desigualdades de género.

Esta normativa viene a romper con prejuicios e ideas naturalizadas y legitimadas por el régimen patriarcal que dominan en una sociedad machista como la que vivimos. Supone además que las capacitaciones que reciben lxs funcionarixs del Estado sirvan también para evitar y erradicar esas violencias que existen incluso en sus espacios de trabajo, al desnaturalizar situaciones que antes no concebían como una forma de violencia. Una transformación que, sin lugar a dudas, mejora las relaciones laborales y se cristaliza en el conjunto de la sociedad.

La ley en peligro

El proyecto de Ley Ómnibus presentado por el gobierno de Javier Milei propone modificar artículos de la Ley Micaela que ponen en peligro su correcta implementación: elimina las capacitaciones, dejando esta obligatoriedad solo para quienes se desempeñen "en los organismos competentes en la materia", sin dejar en claro a qué trabajadorxs alcanzaría. Además, sustituyó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad - que era la autoridad de aplicación de la norma - por el Ministerio de Capital Humano. 

Asimismo, propone sustituir la expresión "temática de género y violencia contra las mujeres" por "temática violencia familiar y contra la mujer", reduciendo la problemática como aquello que solo sucede dentro del hogar y sin mencionar otras identidades de género. Por último, introduce la posibilidad de modificar el material de las capacitaciones a cargo del Ministerio de Capital Humano.

- ¿Qué creés que pasaría con la norma si se realizan las modificaciones que propone el proyecto de Ley Ómnibus?

- La ley establece capacitaciones obligatorias para todas las personas que integran el Estado en sus tres niveles y jerarquías y para los tres poderes del Estado, la modificación que pretenden hacer en el artículo uno - que para nosotros es la que va el hueso de la cuestión - es sólo capacitar en violencia familiar, eso significa desconocer la violencia institucional, política y laboral que está presente en los organismos del Estado, que es violencia de género asociada a esas tres modalidades, que el propio Estado reproduce y que claramente el gobierno actual ejerce, por ese motivo no quiere intervenir. 

 

La otra modificación que propone es que la obligatoriedad de la ley sea solamente para personas que trabajan en las áreas de género de los organismos del Estado, que son quienes menos necesitan la capacitación porque se supone que ya están empapadas en la temática. El juez Rossi no pertenecía a un área de género y las personas que no le quisieron tomar la denuncia al papá de la chica de 13 años que el día anterior al femicidio de Micaela fue a denunciar tampoco trabajaban en el área de género, por lo tanto, el motivo por el cual la ley Micaela surge sería eliminado radicalmente. Si se llega a modificar en ese sentido prácticamente es lo mismo que derogarla. 

 

Hay otra cuestión que nos preocupa y es la modificación que pretenden hacer en los artículos cuatro, cinco y seis. Ya no sabemos si son errores por hacer un proyecto de ley a las apuradas o si tiene alguna intención. Esos artículos se contradicen en relación a quién tiene que diseñar la capacitaciones y quién tiene que implementarlas, y tampoco habla de la capacitación de las máximas autoridades de los poderes. 

- ¿Por qué crees que este gobierno ataca a una ley tan importante como esta?

- Primero porque no le interesa la temática, no creen que haya una desigualdad estructural en perjuicio de las mujeres ni de la comunidad LGTBIQ+ en el acceso a derechos. Muchos dirigentes del espacio que hoy nos gobierna lo han manifestado públicamente. Otra cuestión es que ellos consideran que garantizar este tipo de derechos es un gasto. Todo lo que sea inversión - como lo vemos nosotros, en donde el Estado tiene que invertir para garantizar plenos derechos de las personas, es algo que este gobierno no está dispuesto a hacer. Claramente está gobernando en beneficio de los poderosos y de los que más recursos tienen. Aunque creo que algo se ha ganado con la ley Micaela, por eso no se animaron a derogarla, como sí pretenden con otras leyes; sin embargo, pretender estas modificaciones es prácticamente lo mismo que derogarla.