El drama de vivir y morir envenenados por los agrotóxicos

¿Lo concebible de lo inconcebible? ¿La naturalización de lo antinatural? Argentina, país fumigado, país regado del veneno de los agrotóxicos. Chascomús, uno de los ejemplos latentes. Las imágenes no mienten ni ocultan: fumigaciones a metros de donde una familia cuelga a secar la ropa; a tiro de piedra de donde las personas intentan desarrollar sus vidas; a pasitos de donde dos amigos se juntan a pescar en un espejo de agua.

El 18 de octubre la Fiscalía de Chascomús abrió una investigación preliminar por la aparición de centenares de peces muertos en los arroyos afluentes de la legendaria laguna local. La Asamblea Paren de Fumigarnos denunció que la masiva muerte de peces ocurrió días después de que se aplicarán agroquímicos en los campos cercanos y durante los días de lluvia. Cabe destacar que la aplicación de agrotóxicos durante una intensa tormenta aumenta el poder de dispersión del veneno.

Chascomús detenta la distinción de ser la zona con mayores niveles de mortalidad de fauna ictícola de la provincia de Buenos Aires y además, su población se encuentra sumamente expuesta a los daños en la salud de sus habitantes.

En medio de este desastre ambiental provocado por los terratenientes de la Sociedad Rural Argentina, en complicidad con las autoridades políticas de turno, y tras dos años de trabajo parlamentario, con participación de especialistas, vecinxs, productores agrícolas, y empresarios, el bloque de la Alianza UCR Cambiemos presentó -el 29 de octubre- un despacho de comisión en donde se propone modificar el proyecto de Ordenanza 4758/16 para el uso de agroquímicos. 

En este despacho se anularon 34 artículos con respecto al proyecto original, quitando el Anexo I sobre los “Requisitos que debe reunir un Depósito de Productos Agroquímicos y/o Plaguicidas de Carácter Comercial”. 

De esta manera, se despojó a la normativa del carácter de contralor que ejerce el Estado sobre las actividades que -por tratarse de sustancias peligrosas para la salud y el ambiente- exigen un eficaz control y resguardo de la población. 
También se anularon varios artículos del capítulo VII, “De la Salud”, en el cual se abordan las medidas de prevención y control en la salubridad de lxs trabajadores rurales, los puesteros y sus familias. 

"Comúnmente, los debates en este tipo de normativas, giran en cuanto a la distancia de prohibición de uso de agrotóxicos. Esta distancia, que según evidencias médicas, alertan sobre el daño genético producido, cuando se utilizan a menos de 1500 metros de las viviendas y escuelas, también sufrió una reducción, al proponer -dicho bloque- una prohibición de 200 metros durante los primeros dos años, de ser aprobada la norma; y luego ir agregando 200 metros más cada dos años, hasta llegar a los 750 metros efectivos para el año 2025", denunciaron desde la Asamblea. 

"La ordenanza fue presentada en junio de 2016 y quedó cajoneada hasta que en marzo de 2017, época en la que se comenzó a fumigar en la zona, y comenzaron a haber problemas en algunos de los barrios, preocupados por la exposición a agrotóxicos de mujeres embarazadas, ancianos, niños muy pequeños", afirma Kanki Alonso, miembro de la asamblea.

Explica además que "en este contexto estaba este proyecto cajoneado hacía siete meses. A partir de ese entonces comenzó a organizarse la gente en lo que terminó siendo la asamblea Paren de Fumigarnos de Chascomús, donde participan vecinos y vecinas de diferentes barrios de la zona". 

"Generalmente son de barrios periurbanos, periféricos, o cercanos a la zona de la ciudad, pero con el problema de la exposición a los plaguicidas. De esta asamblea también participan científicos del Conicet, quienes están en Chascomús, en el instituto IIB-INTECH - Instituto de Investigaciones Biotecnologicas, que depende de la Universidad de San Martín", señala.

En ese sentido cuenta que "tras un año de conversaciones con el Gobierno y de exposición en medios locales, el intendente decidió -por decreto- conformar una mesa de estudio sobre el proyecto de ordenanza; y tras seis reuniones que se hicieron durante los meses de verano -una vez por semana- de 2018, donde estuvieron con representantes de las comunidades, y también de la Sociedad Rural, el representante del Senasa dijo que 'no tenía modo de cumplir o hacer cumplir la ley 10699, a causa de no tener recursos y de tener que cubrir un área demasiado grande con asiento en Dolores'". 

"Esta es la ley provincial que regula el uso de los agrotóxicos. En este contexto, un ingeniero agrónomo, perteneciente al bloque de Unidad Ciudadana, fue el que presentó el proyecto. Se fueron debatiendo todos los artículos de la ordenanza hasta que no quedó ninguno sin debatir. El artículo que presentaba mayor conflictividad fue el de la distancia de fumigación: desde el costado de la Sociedad Rural había datos que hablaban entre los 50 y los 100 metros; y los ambientalistas y vecinos hablaban de los estudios de AIASSA -y otros al respecto- que hablan de daños genéticos a menos de 1500 metros. Ese fue un punto que en el Concejo Deliberante dijeron que ellos 'lo iban a resolver', y allí se dieron por terminadas las reuniones", explica. 

Detalla además que "a partir de ese momento el proyecto fue a comisión, y cuando debía ser votado fue rebotado hacia la comisión, y cuando volvió a salir de esta comisión, no tenía ninguna modificación en absoluto, con lo cual fue y vino, con el compromiso de que, en menos de un mes, la reglamentación saldría. Cada vez que el proyecto fue tratado, los vecinos y vecinas de Chascomús -preocupados con la problemática de los agrotóxicos- se hacían presentes en el Concejo Deliberante". 

"También participaban los representantes de la Sociedad Rural, en medio de un clima de conflictividad, que duró varios meses, desde abril de 2018 hasta la actualidad. La problemática continuaba desarrollándose, ante lo cual se sumaban mas actores, más barrios acompañando, ante la gravedad de la situación, por los peligros reales que trae consigo el uso de químicos letales cercanos a la población, para fumigar las plantaciones de la zona", dice Kanki. 

"En el contexto de la creciente problemática, la Alianza UCR Cambiemos reconoce que debían haber admitido el tratamiento de la normativa con anterioridad, y que fue un error haberla mandado a comisión. La forma de resolución que tuvieron fue la de presentar en despacho este proyecto de ordenanza con modificaciones, como si fuese una propuesta propia, habiéndose vencidos todos los plazos de la propuesta, porque ya había sido discutida", especifica. 

"Con esta resolución se atenta contra los mismos trabajadores y las familias que se encuentran en las zonas alcanzadas por los agrotóxicos. Este ataque no se basa en la excusa de la producción, sino que se refiere a quitar del proyecto el control preventivo de salud, es decir, que quitan 34 artículos del anexo que regulan los establecimientos de venta y acopio, sabiendo que en Argentina hubo un montón de episodios de incendios y accidentes, como el de hace apenas unos días, en el cual hubo un accidente con un camión que derramó varios bidones de glifosato en el centro de Chascomús. En este sentido, el Estado dejaría de reglamentar y hacer cumplir las normas sobre el hecho de que esas sustancias peligrosas no signifiquen un riesgo para los vecinos y vecinas de la zona", denuncia el activista.

Daniel Conte, miembro de la asamblea, expresó a la radio local FM Por Siempre que “la problemática de la fumigación en distintas zonas barriales que limitan con la zona rural es realmente preocupante". Dijo además que "si no se estudia este conflicto, las consecuencias en adultos y niños puede llevar incluso a la mortalidad, sobre todo en niños, teniendo en cuenta que existen sitios donde funcionan establecimientos educativos”.