Provincias Unidas por el Agua

Catamarca: medio siglo de lucha antiminera

“En mi generación llevamos 50 años de lucha ininterrumpida”, dice León Cecenarro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Andalgalá (Catamarca). Es que el 22 de agosto de 2021 se cumplirá medio siglo de una gran pueblada que se opuso al proyecto minero llamado… Mi Vida.

En Andalgalá se desarrolló el primer proyecto de megaminería del país, Bajo La Alumbrera, que inició en 1997 y culminó en 2019. Además de que nunca se hizo el informe del cierre de mina, las consecuencias ambientales están a la vista. Cecenarro habla de los “tres caballos apocalípticos” de Alumbrera: el dique de cola, el open pit (el agujero de donde se extraen los minerales) y las escombreras (montañas con toneladas de roca “que generarán ácido hasta el final de la Historia”).

“La megaminería es absolutamente incompatible con la vida –dice desde su experiencia–; para nosotros es la megaminería o la vida de nuestros pueblos, no queremos ser pueblos de sacrificio”. Enumera las complicidades políticas, judiciales y económicas que han padecido en tantos años, además de la brutal represión del 15 febrero de 2010, cuando el pueblo se movilizó y consiguió frenar el proyecto Agua Rica, de la canadiense Yamana Gold. 

Advierte: “Que las comunidades y poblaciones que no han tenido megaminería sepan que cuando las empresas entran no se van más. Meten un proyecto detrás de otro y no les interesa el daño que nos causan en lo ambiental y lo económico”. La provincia de Catamarca llegó a reducir las regalías para las mineras del 3 al 1 por ciento. Durante 22 años de explotación de Alumbrera, solamente se declararon tres minerales (oro, cobre y molibdeno), mientras que hubo otros 53 minerales que se llevaron “totalmente gratis”.

San Juan: no toquen los glaciares

El ingeniero Ricardo Villalba tiene dos hechos destacados en su CV. Por un lado, fue el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) entre 2011 y 2015; por otro, forma parte de la Galería de Verdugos que la Asamblea Jáchal No se toca exhibe para quienes visitan esa localidad sanjuanina. 

El enojo hacia Villalba se debe a que elaboró un manual durante su gestión donde arbitrariamente queda expresado que los glaciares que deben ser protegidos son aquéllos con una extensión superior a una hectárea, algo que no consta en la Ley 26.639 de protección de glaciares. En Jáchal, ese gesto administrativo representó el avance de la actividad extractivista sobre, por ejemplo, el glaciar Almirante Brown, reducido por la construcción de un camino para acceder a los proyectos mineros de Pascua Lama, Veladero y Del Carmen, donde operan empresas como Barrick Gold y Shandong Gold.

“Cuando entra la megaminería se contamina el agua, pero también se contaminan las instituciones, los funcionarios, y se termina contaminando todo el pueblo”, reflexiona el asambleísta local Saúl Zevallos. En la provincia de San Juan, la Emergencia Hídrica restringe el uso de agua para ganadería y agricultura, pero no le pone ninguna restricción a la actividad minera. 

Además de la contaminación por cianuro y otros metales pesados procedentes de la minería a cielo abierto, el río Jáchal vio reducido su caudal por la reducción de los glaciares. Al ingeniero Villalba le vieron la cara en 2016, cuando le reconoció a la asamblea que recibió presiones para elaborar ese manual a la medida de las empresas. Puede que lo vuelvan a ver este año, cuando se inicie un juicio oral en su contra por infringir la Ley 26.639. Zevallos: “Le pedimos al ministro Juan Cabandié que cumpla la Ley de Glaciares y la haga cumplir”.

Neuquén: los daños colaterales del fracking

En la “provincia de Vaca Muerta” son varias las “violencias extractivistas” que padecen sus habitantes, señala Fernanda Soto, integrante de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua. “Nos están fracturando”, dice con relación al uso intensivo del fracking o fractura hidráulica en Neuquén, como sucede en otros territorios.

Habla de “la parte que no se publicita del mediático yacimiento Vaca Muerta”, que implica consecuencias sociambientales “nefastas, perversas y sin remedio”. Soto recuerda una gran resistencia popular en 2013 contra el pacto YPF-Chevron, respondida con represión policial. “Hoy se comprueba en el territorio lo que ya se venía denunciando”, principalmente la contaminación del agua, subterránea y superficial, debido a fugas, derrames e incorrecto almacenamiento de los residuos. También denuncia los movimientos sísmicos en los territorios fracturados, que incluso se sienten en la capital provincial.

Hay otros daños colaterales en la provincia: el desalojo de comunidades mapuche, el aumento del costo de vida (junto al empobrecimiento de la población local) en las áreas de explotación y también “consecuencias psicológicas”, como el aumento de consumo de sustancias problemáticas. Incluso los altos índices de “violencias machistas y sexistas que en muchos casos culminan en femicidios y transfemicidios”, debido al modelo de masculinidad que impone la industria extractivista. “Nos encontramos guardianando la vida, en primera línea las mujeres”, apunta Soto.

En el norte neuquino, la resistencia actual es contra la instalación de represas en el río Nahueve, que viene de la mano de inversiones árabes. El resultado de este proyecto sería la inundación de tierras donde hay habitante y también se les quitaría a muchas familias la posibilidad de tomar agua de las vertientes y realizar sus actividades productivas. Hay, además, un cementerio mapuche que quedaría sepultado por el agua. Pese a que no hay licencia social, las obras ya comenzaron.

Río Negro: una provincia con varios frentes abiertos

El curso de agua que le da su nombre a Río Negro, tiene una extensión de más de 700 km y atraviesa toda la provincia hasta desembocar en el mar. En ese trayecto sufre diferentes situaciones que lo contaminan (fracking, residuos cloacales, actividad industrial, emprendimientos inmobiliarios, granjas de cría intensiva), mientras que la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) y los organismos de control miran para otro lado. Hay una presentación hecha ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que todavía no tuvo definición.

Maite Aranzábal, integrante de las Asambleas Unidas del Kurru Leufú, aporta cronología: en 2005, las movilizaciones populares y acciones colectivas llevaron a la sanción de la Ley 3.981, que prohibía el uso de cianuro y mercurio en la minería. En 2011, el ex-gobernador Carlos Soria y gran parte de la legislatura provincial derogaron esa ley. La vocera y miembro informante fue nada menos que la actual gobernadora, Arabela Carreras.

Los frentes de conflicto son múltiples. En Ingeniero Jacobacci, el proyecto Calcatreu (de la empresa transnacional Patagonia Gold) pretende extraer oro y plata a cielo abierto utilizando cianuro y otras sustancias altamente contaminantes. En Valcheta, el megaproyecto Amarillo Grande de la empresa Canadiense Blue Sky pretende extraer uranio en una superficie de casi 300.000 hectáreas. Esto traerá contaminación radiactiva en todo ese territorio. 

En Allen, capital nacional de la pera, las chacras son reemplazadas por cientos de pozos y torres de perforación para la fractura hidráulica (fracking). Derrames, explosiones y afecciones de salud (cánceres, pérdida de embarazos) en la población que convive con el extractivismo petrolero, destruyen un ecosistema de más de cien años de regadío. “Somos un pueblo de sacrificio”, dice una pobladora local.

En la zona de San Antonio Oeste y Las Grutas opera la empresa Alcalis de la Patagonia (Alpat), propiedad de Cristóbal López y Fabián De Sousa, que extrae carbonato de sodio del mar y deja residuos tóxicos en la tierra y el agua. Recibió una condena judicial por el daño ambiental que provocan sus desechos. Como en Chubut, el pueblo rionegrino lanzó una iniciativa popular para prohibir la megaminería contaminante. El final también está abierto.