“Las trans sobrevivientes son las olvidadas de la democracia”

por Estefanía Santoro
Fotos: Agustina Salinas
15 de octubre de 2022

Lara María Bertolini, la activista que logró que por primera vez una Universidad reconozca en sus registros la identidad femineidad travesti, reflexiona sobre las deudas del Estado con el colectivo travesti trans, el peligro de los discursos de odio y las batallas a seguir dando para ampliar derechos.

Cuando tenía cinco años, su lugar preferido de juego era el placard de su mamá, donde había perfumes, pelucas, aros y mucho maquillaje. Amaba probarse zapatos y ponerse tapados mientras se miraba al espejo, hasta que un día la descubrieron y le fue prohibida la entrada a ese lugar lúdico que la hacía feliz. Lara María Bertolini dice: “En vez de encerrarme en un clóset, me prohibieron entrar al clóset de la identidad donde se construye el juego en la niñez. Eso lo viví, abuso mediante de un familiar hasta los 12 años. Fue una experiencia muy traumática”. 

A los veinte, Lara descubrió la cuestión identitaria tan oprimida por las construcciones patriarcales y la imposición de ser “el gay macho y que no se le note”, en sus propias palabras. En la década del 90, trabajando para una importante entidad bancaria, comenzó su transición y por ese motivo la despidieron. 

Durante tres meses buscó trabajo incansablemente, mientras sus deudas aumentaban: “Fue una marca muy importante para mí, estuve meses comiendo arroz con limón porque no tenía un mango. Un día me paré por primera vez abajo de un puente en Cochabamba y Paseo Colón, en el barrio de San Telmo, donde viví por más de 20 años, y comencé a ejercer la prostitución”. Fueron 15 años de esa vida. “Luego empecé a ver que ahí no tenía posibilidad de un futuro, así que empecé a estudiar corte y confección”, rememora. 

El nuevo oficio le permitió sobrevivir. En 2003 dio sus primeros pasos como modista de barrio hasta convertirse en modista de alta costura. Lara habla de su transición laboral en paralelo a su búsqueda identitaria: “Este proceso, donde pude elegir dejar la prostitución por una cuestión de motus propio, ya que no había políticas públicas, me llevó en el remanso de esos años de la costura y de ser modista también a construir mi identidad”. Hubo un quiebre en 2006. “Abracé mi identidad, no como femeneidad travesti, sino como mujer trans”, explica.

 

Identidad militante

En 2016, Lara se incorporó al activismo en la colectiva Lohana Berkins junto a militantes como Susy Shock, Violeta Alegre y Marlene Wayar. Ese espacio le permitió repensar su identidad como hoy la define: femineidad travesti. “Entendí que las identidades travestis o femineidades travestis tienen un conflicto que es netamente la falta de derechos políticos y sociales, aun con todas las leyes construidas, por eso creo que hoy la identidad va más allá del género y de la sexualidad. Hoy vemos identidades que son construcciones originarias de los pueblos, que pasan fronteras, países y también muchas mutan a identidades políticas, por eso entiendo que la identidad travesti y sobre todo la femineidad travesti, es puramente política”. Habla de “combatientes de trincheras” y aparecen en el listado Marlene Wayar, Diana Sacayán, Lohana Berkins, “grandes travestis activistas combatientes en fronteras natas”. 

Ese año la vida de Lara dio un giro importante, ya que pudo acceder a la Universidad, algo que le estuvo vedado durante su juventud. Otro otro cambio en su vida se produjo cuando la entonces Porcuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, leyó el germen de lo que luego sería el libro Soberanía travesti: una identidad argentina (Acercándonos Ediciones, 2020), donde Lara explica cómo podría implementarse el cupo laboral travesti-trans en el país. 

Gils Carbó acompañó de manera vigorosa la lucha por el cupo laboral trans, que se sancionó en el Congreso de la Nación en julio de 2021 (Ley “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, N° 27.636). Además, la jefa de los fiscales la convocó a trabajar en la Justicia Federal, en un cargo administrativo que conserva hasta hoy.

 

Educar en la diversidad

Lara protagonizó otro hito importante en 2022. Después de cinco años de lucha y ante la negativa de la Justicia patriarcal, la Universidad Nacional de Avellaneda la reconoció en sus registros como “femineidad travesti”. La casa de estudios del conurbano bonaerense es la primera institución educativa que incorporó esa denominación de género en sus instancias administrativas, lo que significa un avance y un hecho inédito desde la sanción de la Ley N° 26.743 en 2012.

Hoy celebra ese avance: “Esto surgió de una necesidad imperiosa de ciertos grupos sociales que requieren su registro identitario para poder también combatir las acciones y los discursos de odio, por ello la Universidad entendió y suscribió mi registro identitario como femineidad travesti. Mi caso es un ejemplo de cómo escuchando a las identidades, no sólo travesti, transgénero, transexuales, sino todo aquella identidad que convive en nuestra sociedad más allá de aquellas que recomienda el Estado dentro de sus límites conocidos, podemos ampliar y prevenir acciones discriminatorias, discursos y acciones de odio dentro del sistema universitario argentino y que impacte de lleno en todo el sistema administrativo del Estado argentino”. 

“Es la primera vez que una Universidad se toma el trabajo de reconocer una identidad de muchas que están surgiendo desde los movimientos sociales”, reflexiona. Tiene muy claro el camino de los cambios sociales: “Primero debe ser cultural, legislativo y luego jurídico”.
Lara dice que la Universad de Avellaneda, donde estudia Abogacía, “está marcando una época” y “abriendo el camino para que muchas universidades hagan lo mismo”. A su militancia por el reconocimiento de las identidades, le sumó también un compromiso desde el Derecho. Es investigadora y ayudante de cátedra de la materia Nociones de Derecho Civil.

–¿Cómo comenzó la lucha por lograr que el Estado te reconozca como femineidad travesti?

–Después de que se reconoció el travesticido de Diana Sacayán. Con la fundamentación que hizo Luli Sanchez, la abogada de la familia Sacayán, el Ministerio Público Fiscal desde la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y, principalmente, el alegato del Dr. Ariel Yapur, se dio a entender que el crimen de Diana fue por su identidad de género travesti. Yo pensé “si la reconocieron travesti asesinada, ¿por qué no nos pueden reconocer a nosotras en vida?”. Ahí empecé a trabajar con el abogado Emilio Buggiani y en el año 2018 la jueza federal Miryam Cataldi reconoció mi identidad femineidad travesti usando las fuentes materiales del Derecho: leyes, convenciones internacionales, principios de Yogyakarta, el Código Civil y Comercial de la Nación y un montón de estudios de género feministas. Sin embargo, el Poder Judicial, que siempre tiene esa pata patriarcal, lo rechazó. Tanto el Renaper (Registro Nacional de las Personas) como el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires, apelaron la decisión de la jueza diciendo que no se puede inscribir esa categoría. Y la Cámara rechazó el fallo negando los estudios de género, la Ley de Identidad de Género y las convenciones internacionales. Frente a esta situación me presenté ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sigo esperando una respuesta desde el 2019. Yo tengo 52 años, el promedio de vida de las personas trans es de 35 a 40 años, ya superé el umbral en más de un 50 por ciento. ¿Qué espera la Corte, que me muera? No solo están jugando con el derecho personalísimo de la identidad, sino que juegan con el riesgo real de muerte que tenemos las personas travestis y trans, sobre todo femineidades y mujeres trans, ante la violencia estructural por los discursos de odio y las acciones de odio.

–¿Qué representa el avance que se consiguió en la Universidad con tu identidad?

–Lo que hizo la Universidad Nacional de Avellaneda es lo que tendría que haber hecho el Estado con la Ley de Identidad de Género. A medida que fueron pasando los años, se sumaron más recomendaciones internacionales. En el 2015, el Código Civil y Comercial hace una marca fundamental en el artículo 51, donde habla de la inviolabilidad de la persona y la identidad humana; pero como el Estado no hizo nada, la violencia siguió creciendo y la discriminación aumentó. El término autopercepción habla de la percepción de la persona y que esa persona se hace cargo de esa percepción, pero no coordina ni obliga a la población a respetar a esa persona que se autopercibe. Yo me puedo autopercibir femineidad travesti, pero al no inscribirla, quien decida hacerlo, no hay ninguna exigencia por parte del Estado a que se la respete. Quedamos en una violencia estructural donde las categorías sexuales hasta hoy inscriptas no nos protegen, no hay debido proceso jurídico así como no hay debida protección jurídica. Ante los discursos de odio que generan acciones de odio, empecé a hablar muy seriamente con las autoridades de la UNDAV, con todo el material probatorio fundamentado, que se podía inscribir una identidad de género. Habiendo registrado la identidad femineidad travesti y dentro del campo de género, una Universidad nacional y popular abre el campo del género, no en los valores que determina el Estado, sino en los valores propios que determina cada persona por su identidad, respetando los principios básicos de la Ley de Identidad de Género. Hoy la Universidad Nacional de Avellaneda, al reconocer mi determinación identitaria –que es muy contrario a la autopercepción, porque yo determino mi identidad, la nombro, la reconocen y, por lo tanto, tiene que haber un respeto y un trato digno identitario–, me brinda protección dentro de la Universidad según los parámetros de protección contra la violencia de género. 

–Esto que describís da cuenta de que muchas veces, a pesar de los avances legislativos, las leyes quedan en letra muerta o no se cumplen. ¿Qué creés que hace falta para cambiar eso?

–La letra muerta de las actuaciones legales actuales, como la Ley de Identidad de Género del 2012 y la Ley de Educación Sexual Integral del 2009, no hablan en específico de la identidad, hablan del género como una cuestión básica del articulado legal. En la práctica, la reglamentación no exigió el registro identitario desde las identidades de género, como establece la ley. Habla de géneros que se inscriben como sexo; si es una Ley de Identidad de Género, deberían inscribirnos con el género. La restricción de la ley, que habla del comportamiento entre pares cis géneros heterosexuales con los valores familiares heterosexuales, no marca otras posibilidades sexofectivas para la educación sexual integral. Entonces, es tan grande el avance en derechos sociales y lo que yo llamo específicamente derechos identitarios sociales de los grupos sociales más vulnerados, que es necesario que las ideas estén participando en aquellos lugares donde solo las titulaciones académicas posibilitan la expresión y la verbalización. Yo no tengo un título, tengo un montón de recorrido de vida y estudios en la Universidad y en cuanto a las cosas que van sucediendo, voy razonando. Al presentar todo esto, la Universidad Nacional de Avellaneda entendió que había que hacer los cambios registrales porque la Ley de Educación Superior así lo permite en su artículo 2, inciso C; pero, además, es una decisión política de importancia porque ante la tibieza de varios gobiernos de no avanzar en la reglamentación y en la normativización de las identidades que hoy existen en nuestra sociedad, se crea un velo identitario donde los discursos de odio y las acciones de odio siguen protegiéndose por la inoperatividad del Estado.

–¿Qué opinión tenés sobre los diversos colectivos travesti trans que reclaman la efectiva implementación del cupo laboral?

–El cupo laboral trans en la Ley 27.636 es claro: dice “travesti, transgéneros y transexuales”. Muchas veces otras identidades fuera de las nombradas toman nuestra lucha y se la apropian. El Estado incorporó menos personas trans y más personas de otras identidades que toman el cupo como propio, cuando en realidad la máxima violación a todos los derechos sociales lo tienen las mujeres y femineidades trans. Ése es el primer punto. Como segundo punto, hay una cuestión de discriminación por el conocimiento y por la imagen. Muchas veces se toman personas trans jóvenes y personas trans con altas calificaciones y estándares educativos. Hay muchas personas trans que han podido estudiar desde el 2012 hasta hoy pero no son la mayoría de las femineidades trans y mujeres trans que salen de la prostitucion y de la supervivencia. Lo que ha hecho esta ley es olvidarse de las trans mayores de 50 años, ninguna de ellas ha sido respaldada para poder hacer un rescate de esas viejas trans que aún siguen prostituyéndose con toda la violencia estructural que hay. Se ha olvidado de reparar el daño, por eso reclamamos la reparación histórica, sin olvidar la indemnización del delito de lesa humanidad dado que el Estado Argentino operativizó la misma desde sus fuerzas de seguridad, con edictos y contravenciones, con la complicidad e inobservancia por las diferentes administraciones de los partidos políticos que fueron responsables, los gobiernos de todo tipo. Hay un olvido muy grande y es una mecánica estructural del Estado, entre quienes destaco a les legisladores. Imaginá que sos perseguida en dictadura, pero ésta dura más de siete décadas, no por una cuestión política y derechos humanos, sino una dictadura por el hecho de existir, Sigue habiendo una gran falta de conocimiento y protección jurídica para las niñeces trans y para las adulteces trans. Hoy varias veces hemos visto los reclamos de las viejas sobrevivientes trans de Panamericana y Camino Negro y otras zonas de Buenos Aires, quienes tuvieron que desplazarse obligadamente de sus provincias de origen. Hoy algunas tienen 50 y otras con mucha suerte tienen 70 años y son las olvidadas de la democracia.

–Los discursos de odio se acrecientan y cada vez más se dirigen al colectivo travesti trans. ¿Cuál sería una respuesta posible?

–Con respecto a los discursos de odio, hay que tener en claro que cuanto más sostengamos la negación ante éstos, mayores acciones de odio vamos a tener. No podemos tener grietas dentro de ningún gobierno democrático en donde por cuestiones meramente políticas no se empiece a tomar la decisión legislativa de sancionar penal y jurídicamente los discursos de odio, y ni que hablar de las acciones de odio. Al momento que se intenta asesinar a una mujer, no solo como magnicidio sino como un femicidio político, es la acción más grande de la política patriarcal. Al ver los derechos de las mujeres y de diferentes tipos de géneros e identidades sociales avanzar, intentan como ejemplo superador a todo matar a una figura política de renombre, una mujer. El femicidio que se intentó hacer con Cristina Fernandez de Kirchner no solo fue un intento de femicidio político, sino que fue una muestra de lo aleccionador que puede ser el sistema político patriarcal, los medios de comunicación patriarcales, el sistema partidario patriarcal y cómo influyen en aquellas personas que siguen abrazando la patriarcalidad en silencio. Hay un nido muy grande de odio que son las redes sociales y los canales de comunicación digitales. Es el nicho más grande jamás investigado en una sociedad que hoy se mueve por medios digitales electrónicos, y los discursos de odio crecen a una velocidad inusitada y una planificación cuasi perfecta.

–¿Hay forma de frenar los discursos de odio en los medios y en la calle?

–A mi entender, estas personas que están representadas socialmente y que motorizan los discursos de odio en lugares políticos, periodísticos y de visibilidad pública de una manera impresionante y totalmente desvergonzada son los artífices responsables de la generación de los discursos de odio y acciones de odio que generan en la sociedad. Las personas no odian per sé, pueden tener el germen de odio, pero si se invita en el discurso a potenciarlas, se les da este ánimo de potenciar el odio por televisión y por los medios digitales con acciones donde estas personas que tienen acceso a la comunicación pública a nivel mundial marcan la agenda del discurso de odio... y después dicen “yo no fui”. Para aquelles que vivimos en una resistencia trans ante la hegemonía patriarcal y capitalista, el cambio debe ser cultural, político, legislativo y, por último, judicial. Creo que falta una combinación en los diferentes campos, nos falta tener fuerza legislativa, política y jurídica dentro de los feminismos para terminar con esta hegemonía asesina del machismo. Hoy lo único que nos queda es ser una, estar, sobrevivir, contenernos y resistir en una trinchera contrahegemónica.
 

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