¿Cómo seguimos después de la derrota por los glaciares?
por Guillermo FolgueraFotos: Rodrigo Ruiz
12 de abril de 2026
El biólogo y filósofo Guillermo Folguera hace un balance de la discusión que se dio en todo el país en defensa de la Ley de Glaciares mientras el lobby corporativo avanzaba en el Congreso. Estrategias fallidas, alianzas posibles y una pregunta urgente sobre la democracia y el futuro.
El pasado 8 de abril, 137 diputados votaron a favor de la modificación de la Ley de Glaciares. Tres se abstuvieron.
137 diputados (y tres que optaron por un incómodo silencio cómplice) votaron para vaciar una ley que protegía infinidad de ecosistemas y la principal fuente de agua de un tercio del país.
137 diputados más tres transformaron el inventario de glaciares y ambientes periglaciales del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en un mero listado que solo será de utilidad ante el requerimiento de las Corporaciones.
137 que se apropiaron de las palabras trabajo, cuestión federal y progreso. Palabras potentes y esenciales, sin dudas, pero que estos diputados desfiguraron hasta convertirlas en vacíos eufemismos con los que disfrazaron la entrega del agua (y con ella, de nuestra vida) a las Corporaciones.
137 diputados y un trío que no escucharon a las más de 100 mil personas que se anotaron para hablar en la supuesta audiencia, supuestamente pública.
Estos 137 diputados y los tres que les contaba negaron la importancia de los glaciares para las localidades y arrasaron contra (al menos) 7 millones de personas afectadas directamente. No había por dónde perderse. Y, sin embargo, se perdió.
El vaciamiento de la Ley de Glaciares dejó en evidencia, otra vez, el carácter débil y ficcional de esta democracia y de las instituciones representativas. Veamos algunos ejemplos:
*la audiencia pública no vinculante en la que solo se le permitió participar al 0,4% de personas inscriptas, pese a ser una instancia cuyo fundamento es la participación ciudadana;
*la información relevante en la materia que nunca fue considerada para la votación; los legisladores y sus compromisos e intereses directos con las Corporaciones;
*los estudios de impacto ambiental transformados en meras instancias burocráticas;
*la invisibilización deliberada de los datos respecto de la contaminación y los impactos de las mineras en proyectos que ya están en desarrollo en provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, entre otras.
En otras palabras, violaciones constitucionales y de los acuerdos internacionales, un proceder antirreglamentario a lo largo del proceso y a la vista de los más de 45 millones de habitantes de este país.
Todo eso junto y a la vez en un puñado de días.
¿Demo-qué?
Extractivismo acá y allá
.
El mercado internacional requiere oro, plata, cobre, litio y tierras raras para sus negocios, que se haga papable y garantizar la entrega; y los legisladores de nuestro país, que deberían representarnos como pueblo, votaron para que así sea. Por supuesto que este cambio (i)legal estuvo en sintonía con otras modificaciones y políticas públicas desplegadas en los últimos años, las que ponen sobre la mesa un plan de gobierno netamente extractivista e inconstitucional.
Veamos: el Régimen de Incentivos para Grandes Inversones, conocido por sus siglas como RIGI; los innumerables decretos de necesidad y urgencia, la Ley Bases y el DNU 70/23 que ataron de pies y manos al pueblo; la reforma laboral; la baja en la edad de imputabilidad, la aprobación de la megaminería en Mendoza o de las salmoneras en Tierra del Fuego.
Este vaciamiento también operó y sigue operando sobre las instituciones públicas de salud, educación, académicas, tecnológicas y de comunicación. Un modelo de depredación corporativa y financiera del país que se ha acelerado con la llegada de Javier Milei a la presidencia pero que no se reduce a su figura.
Tampoco se trata de un escenario únicamente de Argentina, pues podemos reconocer la aceleración de despojos, genocidios y guerras en diferentes territorios en el mundo. Acaso la muestra cabal de eso sea la empresa israelí Mekorot, expandiendo su figura en varias provincias de nuestro país para garantizar que el agua sea destinada a los extractivismos.
La votación para modificar la Ley de Glaciares en Diputados culmina un ciclo de seis semanas desde que obtuvo su media aprobación en el Senado. Por entonces, las protestas no eran tan numerosas y el cerco mediático primaba. Pero a partir de allí resultó muy impactante reconocer cómo centenas de organizaciones, colectivos, asambleas y habitantes de todo el país crecieron en su organización.
Hubo una audiencia pública con más de 100 mil personas inscriptas que, pese a que fueron censuradas en el recinto, amplificaron sus voces a través de la organización social y comunitaria. Un cerco mediático vulnerado. Una información que llegó a instancias mundiales.
Un nuevo capítulo escrito en la historia del movimiento socioambiental.
Aun así, se perdió. Y fue una derrota dura.
¿Y ahora qué hacemos?
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Por un lado, urge reconocer que hubo muchísimos aciertos hasta aquí en el marco de una campaña plurinacional que se gestó y se sostuvo para defender una de las leyes fundamentales de nuestro país, la que sin duda molestaba a las grandes corporaciones y grupos financieros internacionales, y por eso la vaciaron.
Sin embargo, las manifestaciones sociales lograron interpelar también a ciudadanos y ciudadanas de las grandes urbes. Los glaciares se acercaron. Es que está todo conectado. Y así como el plan de despojo y saqueo es cada vez más evidente, la conciencia social y la necesidad de organizarse en comunidad también. Son movimientos directamente proporcionales.
El día después deberá profundizar esos mismos pasos: ocupar los ámbitos públicos, integrarse territorialmente, articular entre generaciones, avanzar con estrategias judiciales. Siempre sabiendo que cada uno de esos pasos y estrategias deberán hacerse colectiva y simultáneamente. No son acciones excluyentes.
La defensa de los glaciares, por supuesto, no se ha agotado. En los próximos meses, las resistencias sociales se trasladarán a cada uno de los territorios y proyectos involucrados. Y eso lo saben los gobernantes, por ejemplo, en Mendoza, una provincia en la que la represión y judicialización hacia las comunidades que resisten es cada vez mayor.
A pesar de eso, el pueblo sigue de pie en cada instancia que expone las múltiples consecuencias de los proyectos mineros que pretenden instalarse en su territorio. Y aunque Mendoza sea uno de los epicentros de los intereses del poder, por supuesto que no es la única.
El escenario también vaticina que es probable que buscarán avanzar en Chubut. Y en Río Negro, Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, La Rioja, Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, Tucumán, La Pampa.
Sí, un largo listado.
Esto recién está empezando.
Nuevos caminos
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¿Qué más tiene el día después? El trabajo articulado entre diferentes activismos. Resulta preciso caminar junto con trabajadores y trabajadoras, organismos de derechos humanos, pueblos originarios, jubilados y jubiladas, personal de salud, trabajadores de la educación, estudiantes, feminismos. Claro que en diferentes instancias han existido hasta aquí articulaciones, pero evidentemente se trata de un aspecto a profundizar. Porque si el plan de despojo es uno solo, la organización social para enfrentarla también deberá serlo.
Y algo más. Creo que es preciso algo más.
Nos guste reconocerlo o no, todo lo señalado no está alcanzando para frenar este proceso y mucho menos para alinearlo con nuestros deseos. En el día después de la aprobación de la Ley de Glaciares, urge inventar cosas nuevas para llegar al resto de la sociedad.
Ese número de más de 100 mil personas inscriptas en la audiencia pública puede darnos evidencia de que gran parte de la sociedad está considerando la pregunta por el agua, el aire y la tierra como propia. Ahora bien, ¿cómo llegamos?
Quizás sea momento de ensayar otras experiencias. Durante esta campaña fueron presentados un par de proyectos para forzar un plebiscito nacional. Se trata de la posibilidad de una consulta pública vinculante que empiece a ser una forma de democracia más directa. Algunas personas manifestaron sus dudas por ciertos aspectos técnicos y por lo que podría significar que los resultados no sean los esperados. Hay dudas, siempre las hay.
Quizás sea momento de confiar en el camino recorrido durante todos estos años y también en los pueblos que habitan cada territorio. Creo que es momento de probar una política pública que incluya el gran interrogante acerca de cómo queremos vivir.
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